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Luego de un año intenso marcado por celebraciones universitarias importantes (los ochocientos años de la fundación de la Universidad de Salamanca, los cien de la reforma universitaria de Córdoba, los cincuenta del movimiento estudiantil de 1968), el 2019 arranca en un escenario poblado de incertidumbres y relativamente vacío de grandes celebraciones universitarias (la excepción será quizá la conmemoración los noventa años de la primera autonomía de la UNAM, la de 1929). Con la complicada y confusa definición de los asuntos presupuestales federales para las universidades, una sensación de insatisfacción, pesimismo y resignación parece haberse adueñado del clima universitario nacional. La impresión es que hoy como ayer, son las voces de la Secretaria de Hacienda y de la Presidencia de la República, acompañadas por el soundtrack de la 4T, las que definieron y decidieron (sin muchas explicaciones) el monto del financiamiento federal para la educación superior.


Sin embargo el presupuesto no está ligado a las políticas gubernamentales para la educación superior y la ambigüedad del contexto político parece traducirse en las aún imaginarias políticas universitarias, con su propia carga de singularidades y complejidades específicas. La reducción presupuestal como principio ordenador es una señal de la desconfianza abierta o velada del nuevo gobierno hacia las universidades públicas. Pero, bien visto, tampoco es una novedad. En la historia financiera remota y reciente de las universidades los condicionamientos y reducciones presupuestales forman parte de sus hábitos institucionales, factores que determinan en mayor o menor medida temas como los de la cobertura, el desarrollo de la investigación, la calidad de la docencia y de la difusión cultural universitaria.
El problema es que la confirmación del recelo gubernamental hacia las universidades parece nutrirse de fuentes muy distintas y contradictorias. De un lado, las sospechas de malos manejos financieros, de despilfarros y abusos, que hacen o han hecho los administradores de las universidades, y de sus grupos fácticos o formales de poder. De otro lado, creencias o prejuicios acumulados en torno a la irrelevancia, la impertinencia o la insignificancia del conocimiento que producen las universidades y sus investigadores. Más allá, por los problemas de eficiencia terminal, de empleabilidad de sus egresados, de compromisos específicos para resolver los problemas de corrupción, pobreza y desigualdad que están en la agenda declarada de la 4T impulsada por el oficialismo obradorista.
El resultado es lo que hay: una densa niebla que impide identificar con claridad el diagnóstico gubernamental sobre las universidades en el marco más amplio de la educación superior. Es una niebla, o neblina, que cubre las relaciones causales entre problemas y soluciones que alimentan la voluntad, las creencias o las intenciones gubernamentales, donde las propuestas del nuevo oficialismo (la creación de 100 nuevas universidades, las becas a 300 mil estudiantes universitarios) parecen ser producto más del voluntarismo presidencial que de un ejercicio intelectual y técnico capaz de articular las propuestas e identificar prioridades claras para el desarrollo de las universidades públicas federales y estatales.  En otras palabras, aún no se definen las políticas en que se traducirán las creencias e intenciones en acción pública organizada.
Si en los últimos cinco sexenios federales el problema identificado fue el de la baja calidad de las universidades derivada de la ausencia de mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, y la solución la acumulación caótica de esquemas de acreditación, aseguramiento de la calidad y financiamiento público condicionado, diferenciado y competitivo, junto a la expansión de una oferta pública no universitaria y el estímulo a una oferta privada de calidad y consistencia muy diversa, en el nuevo gobierno no queda claro si se mantiene el mismo diagnóstico o si plantea un nuevo modo de abordar las políticas universitarias mediante la formulación de un esquema distinto de causas y efectos, de problemas y soluciones, para las universidades públicas.
Muy probablemente esta discusión será abordada por los nuevos responsables de la subsecretaría de educación superior de la SEP, la agencia directamente encargada de formular el programa sectorial correspondiente para el período 2019-2024. Sería riesgoso eludir un balance riguroso o superficial de lo ocurrido en este campo en los últimos cuarenta años, una experiencia que ha marcado rutinas institucionales y académicas que difícilmente pueden ser modificadas por nuevas políticas o nobles intenciones. Mientras tanto, las señales cruzadas, las ocurrencias, las explicaciones a medias, las especulaciones malignas y las interpretaciones heroicas poblarán el terreno de la retórica discursiva entre las universidades, sus autoridades y comunidades académicas. Como siempre, los intereses de los diversos actores se han comenzado a expresar y anuncian una temporada difícil, confusa, potencialmente conflictiva. A estas alturas, se observa  una movilización discreta, de impulsos contenidos y expectativas de bajo perfil e intensidad, que circula lentamente entre pasillos, oficinas y cubículos de los campus universitarios arropada en un espeso manto de niebla. Asemejan ejercicios de sombras y fantasmas bailando confusamente en la oscuridad, aguardando por políticas que ofrezcan mínimos de sentido y certidumbre a la acción universitaria.

Adrián Acosta Silva
Investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidahttp://campusmilenio.mx/administrator/index.php?option=com_k2&view=item#k2TabImaged de Guadalajara.

Modificado por última vez enMiércoles, 16 Enero 2019 23:06
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