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Expertos y universidades exigen revisar obligatoriedad de la educación superior Destacado

El Foro Implicaciones de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior en México reunió a titulares de las instituciones de la asociación encabezada por Jaime Valls Esponda junto con el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez. El Foro Implicaciones de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior en México reunió a titulares de las instituciones de la asociación encabezada por Jaime Valls Esponda junto con el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez. ANUIES

Gracias a la autonomía, las universidades públicas han mantenido un espacio de libertad de pensamiento e innovación, la pertinencia y calidad de sus funciones sustantivas, adaptándose a las nuevas circunstancias de un entorno dinámico y en constante transformación y atendiendo las necesidades de una sociedad que evoluciona.
El marco constitucional de la autonomía universitaria es un reconocimiento a la necesidad de que la educación superior, la investigación científica y la difusión de la cultura, se lleven a cabo respetando los principios de libertad de cátedra y de discusión de las ideas. De ahí emana su utilidad social.


Así lo señaló Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) durante la inauguración del Foro Implicaciones de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior en México, llevado a cabo en el Centro de Innovación y Desarrollo de la asociación.
Tras la iniciativa que propone reformar los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución, cuyo objeto es modificar y regular el andamiaje institucional de los tipos de educación básica, media superior y superior, la Anuies organizó un foro para analizar su impacto en el sistema educativo mexicano, particularmente en el tipo superior.
En la inauguración, Valls Esponda comentó que a partir del 10 de julio de 1980, las universidades e instituciones de educación superior autónomas, tienen la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas, ya sea con el fin de educar, investigar, difundir la cultura, de acuerdo con los principios del artículo tercero constitucional, respetando la libertad de cátedra, de investigación y de libre examen de discusión de las ideas, así como determinar sus planes y programas, fijar los términos de ingreso y promoción y permanencia de su personal académico, administrar su patrimonio y normar las relaciones laborales.
Valls Esponda recordó que la propuesta de la Anuies en relación con el artículo 3º Constitucional, consiste en restituir la fracción VII vigente y que se señale, donde corresponda, que las universidades y las demás instituciones de educación superior públicas autónomas se regirán por sus leyes específicas.
Con el propósito de que la modificación constitucional relativa a la obligatoriedad y universalización de la educación superior alcance su concreción en todo el país, dijo, será necesario acordar una política de Estado con visión de largo plazo que la haga factible; será útil, además, considerar la experiencia de reformas constitucionales previas que hicieron obligatoria la educación preescolar y media superior, sin que hasta el momento se hayan logrado las metas planteadas en los artículos transitorios que señalaron su gradualidad.

El derecho a la educación, derecho humano: Luciano Concheiro
Al inaugurar el foro, Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior, aseguró que la propuesta del gobierno busca una transformación profunda que cierre “el ciclo de hacer efectivo el derecho a la educación en su carácter de derecho humano del sistema educativo nacional que reivindica el derecho de niñas, niños y jóvenes a una educación integral, de excelencia con equidad”.
Asimismo, expuso que las instituciones de educación superior tienen mucho que aportar al debate sobre la reforma constitucional en materia educativa, la cual plantea la necesidad de transformar el marco jurídico constitucional que rige el derecho a la educación.
La propuesta adiciona, como principios de la educación pública en México, la universalidad, la integralidad, la excelencia con equidad, continuó. De esta forma, a partir de la aprobación, será obligación del Estado, garantizar que la educación cumpla con los siguientes postulados: universalidad, gratuidad, laicidad, obligatoriedad, educación como derecho humano, democrática, integral, equitativa y de excelencia.
Señaló que, si bien los trabajos del Foro concentran la mirada en la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior, se fundan en el marco de compromiso social de las Instituciones de educación superior, con los principios que establece el marco constitucional en materia educativa, de garantizar el derecho a la educación de los jóvenes mexicanos.

“Obligatoriedad no es universalidad”
En la primera mesa del Foro, Efectos de la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior en el quehacer de las instituciones públicas, particularmente de aquellas autónomas por ley, Juan Carlos Romero Hicks miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, puntualizó que la razón de ser de las universalidades son sus alumnos, su forma de ser, sus profesores. La universidad no es solamente una preparación o una fábrica de profesionistas, es una institución donde se crea, se comunica y se adquiere conocimiento. ‘’Pero el financiamiento y presupuesto es insuficiente, así como la distribución territorial y de su infraestructura, por ello debemos tener otros modelos educativos, son los retos que tenemos que atender’’. Si no lo hacemos así, dijo, lo haremos de manera demagógica, del discurso a la realidad no lo vamos a cumplir. El reto es llevar la utopía a la realidad.
De igual manera, expuso que es necesario ver las implicaciones y efectos que traería la reforma. “Primero, obligatoriedad es diferente de universalidad. Estamos de acuerdo en la previsión de la cobertura. Sin embargo, quien estaría en educación superior sería una persona que toma decisiones de mayoría de edad y que tiene afectaciones elementales de manera muy directa que debemos anticipar”.
El primero, explicó, es la autonomía universitaria. Y este diálogo no se ha hecho. Estamos frente a la construcción de un Plan Nacional de Desarrollo y es muy importante la deliberación. En segundo lugar, la palabra calidad tiene impacto sobre principios de inclusión, equidad y pertinencia. “La excelencia es el fin; la calidad es el camino”.
Por su parte, Roberto Rodríguez, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y columnista de Campus, expresó que autonomía es capacidad de decisión en libertad, no es otra cosa.
Es decir, para el caso de las universidades autónomas, es un conjunto de facultades que sus leyes orgánicas les confieren, que son derechos, pero también obligaciones.
“Las universidades no están separadas del Estado, son parte de él, pero son autónomas. Son parte de la administración pública, pero de la administración pública descentralizada. Desde el ángulo de su autonomía, soy de la opinión y sostengo, que las universidades autónomas pueden, deben y están obligadas a fijar estos términos, de cuáles pueden ser las formas de sus ingresos, más allá del subsidio federal y los estatales, así como su régimen de admisión de estudiantes”.
Una imposición desde el Estado, sobre estas facultades autonómicas, es una amenaza a la autonomía como la conocemos, agregó.
Por su parte, el Diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, precisó que la autonomía de las universidades sirve para que cada institución haga un balance global de presupuesto, capacidades y recursos técnicos, y sobre la base de un plan, pueda plantear la oferta que tiene.
Asimismo, Imanol Ordorika Sacristán, miembro del Seminario de Educación Superior, comentó durante su intervención que, durante cinco décadas, los estudiantes a lo que llaman “rechazados”, han luchado por entrar a las universidades públicas, no porque sean baratas sino porque son las mejores.
“Obligatoriedad en educación superior quiere decir una cosa completamente diferente a la (educación) básica. Por supuesto que no obliga a los padres a mandar a los hijos adultos a la escuela. ¿A quién obliga? Al Estado mexicano”.
Pidamos a cambio, continuó, que ese compromiso esté acompañado de un presupuesto justo. “Y eso cuesta. Le decíamos a los diputados: hagan un proyecto coherente entre lo legislado y el proyecto de gobierno que otorgue los recursos suficientes, y la certeza a las universidades, para poder crecer y alcanzar al menos el cincuenta por ciento de cobertura”.
Francisco Javier Avelar González, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), recordó que la autonomía es un valor social imprescindible para el desarrollo democrático de nuestro país y es factor de movilidad social. “Sin la capacidad de gobernarse, de administrar su patrimonio, y decidir sobre sus grandes temas de estudio, no hay autonomía posible”.
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, declaró que, sin autonomía, se estarían dando pasos hacia atrás. Además, expuso que, en caso de aprobarse la reforma, el Estado debería absorber los costos que corresponden a las cuotas.
Recordó además que, si bien es cierto que las universidades públicas autónomas recaban recursos a través de diversas cuotas, también es verdad que estos se destinan íntegramente al servicio de la comunidad, y particularmente, de los estudiantes.

Gratuidad frente a calidad
Para Raquel Sosa Elizaga, encargada del Sistema de Universidades Públicas Benito Juárez del Gobierno Federal, el significado de la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior, tiene que ver con privilegiar el interés público del sistema educativo por encima de cualquier interés privado.
Señala que, a partir de 1992, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación, se insertaron en el modelo educativo ciertos elementos de carácter empresarial para establecer un esquema de competencia inadecuado entre académicos y alumnos.
En ese sentido, Gloria del Castillo Alemán, directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México, coincide en que es urgente establecer tanto la obligatoriedad como la gratuidad en la educación superior, pero no a costo de los estudiantes y de los aprendizajes de quienes acceden a este nivel educativo.
“Es necesario contar con elementos técnicos y políticos para poder, no solamente garantizar estos dos elementos, sino realmente para que todos los estudiantes que accedan aprendan lo que tienen que aprender y les estemos dando las herramientas para el futuro”, consideró.
Elia Marum Espinosa, Académica del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), apuntó que el tema de la obligatoriedad, aunque se instaure en la legislación no tendrá resultados si se siguen implementando los mismos modelos educativos que actualmente ya están rebasados.
“Entonces nos encontramos con que para el estudiantado y para el profesorado la calidad significa la formación del propio estudiante para contar con las habilidades suficientes para poner en práctica la responsabilidad social, pero para los directivos y rectores no, para ellos implica cumplir con estándares e indicadores”, puntualizó.
Por eso, plantea, se debe hablar de calidad como un proceso de construcción social continuo, y de esta manera no se le debe ver como una meta en sí misma.
En su oportunidad, Hugo Casanova Cardiel, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, señaló que, en medio de temas de esta importancia, el futuro de la educación superior no debe plantearse ni definirse a partir de ocurrencias.
“Estamos en un momento de muchas sombras y pocas luces, y también expreso mis reservas con las pretensiones partidistas, a los rectores hago un llamado para que no nos dejemos apabullar con el discurso de los partidos políticos; nuestra tarea es otra, y la autonomía tiene que ver con una autonomía de pensamiento”, comentó.
Precisa que los conceptos de obligatoriedad y gratuidad están muy lejos del concepto de calidad que se había manejado en gobiernos anteriores, pero también lo está del concepto de excelencia que impulsa la actual autoridad educativa.
En ese sentido, Germán Álvarez Mendiola, Académico del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Centro de Investigaciones Avanzadas (CINVESTAV), argumentó que no hay correlación entre gratuidad y calidad.
“No hay correlación entre gratuidad y cobertura, en todos los países donde se han presentado grandes avances en el acceso se han presentado problemas de calidad; lo que tenemos en el proyecto de ley sobre gratuidad es una gran indefinición”, sostuvo.

Resolver desigualdades
Al hablar sobre la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior y su relación con la equidad y la inclusión social, Marion Lloyd, Académica del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM e integrante del Seminario de Educación Superior, dijo que hay muchos mitos en torno a este tema.
Explicó que no hay país en el mundo con acceso universal y gratuito a la educación superior, además, no la actual diversificación de la oferta educativa no termina por atraer a los jóvenes de las zonas más vulnerables.
“Hay que pensar en una política de Estado mucho más centrada en resolver esas brechas entre regiones, entre poblaciones indígenas y no indígenas”, enfatizó.
Angélica Buendía Espinosa, Académica del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), señaló que el asunto de la gratuidad y la obligatoriedad es un asunto que ha preocupado a la comunidad científica desde hace varios años.
Sostuvo que el acceso universal a la educación superior no garantiza en sí mismo una mayor equidad y mejores oportunidades para los jóvenes que provienen de las comunidades o estratos más desfavorecidos económicamente.
Claudia Santizo Rodall, Académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Cuajimalpa, apuntó que pensar en gratuidad y obligatoriedad de la educación superior, implica resolver y trabajar para atender el grave rezago escolar con el que llegan los jóvenes a esas instancias.
“No es suficiente tener acceso a la escuela, al aula, se requiere la comprensión de lo impartido para tener una mayor recompensa que la obtención de una calificación aprobatoria; requiere participar en ambientes sociales y culturales que faciliten la equidad”, comentó.
Para Miguel Ángel Casillas Alvarado, Académico del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior (CIIES) de la Universidad Veracruzana (UV), el acceso a este sector educativo es inequitativo y los egresados tienen desiguales oportunidades de integración al mercado laboral.
“El acceso a la educación superior debe ir acompañado de una estrategia integral que permita la permanencia y frene los elevados índices de deserción”.
Por su parte, Eduardo Carlos Bautista Martínez, rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), plantea que la inclusión y la equidad no dependen de la voluntad de una sola persona, sino de la comunidad en su conjunto para hacer las cosas de manera distinta.
“Tenemos que ir construyendo una política pública más efectiva, que atienda con mayor precisión y alcance este reto que sigue presente porque desafortunadamente en los hechos nos encontramos con situaciones como inequidad y exclusión”.
La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, advirtió que la gratuidad podría convertirse en una política pública paternalista y asistencialista que no dará resultados adecuados.
Dijo que antes de pensar en acceso universal, se debe partir de una realidad en la que no exista un proyecto nacional para sostener la labor que hacen estas instituciones educativas en el país.
La gratuidad de la educación superior impactaría en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los jóvenes porque el recurso que se ingresa a las universidades por concepto de cuotas se destina a ese rubro, opinó el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Juan Eulogio Guerra Liera.
“Si le sumas una cobertura universal, esto es todo mundo dentro de las universidades sin tener la infraestructura, el equipamiento, sin tener la infraestructura humana y además hay rezagos estructurales que tienen implicaciones como pensiones y jubilaciones, más de 70 mil o 90 mil horas no reconocidas en las universidades, aspectos de una autonomía acotada presupuestalmente hablando y que creo que en el objetivo coincidimos pero debemos armonizarlo, esto es que lo que se deje de recibir en las universidades que implica entre un 6 y 25 por ciento de ingresos propios, vendría a impactar primeramente porque lo que ingresa se aplica en el proceso enseñanza-aprendizaje de los jóvenes, serían los primeros en tener ese desfase”, dijo Guerra Liera.  


Doble pérdida en la investigación educativa
El pasado viernes, falleció en la Ciudad de México, a los 71 años, el investigador y sociólogo de origen alemán, Eduardo Weiss Horz. Era considerado uno de los investigadores y pedagogos más influyentes en el país. Era uno de los pilares del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav). Fue editor de la Revista Mexicana de Investigación Educativa de 2002-2004 y miembro fundador y director del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), de1994 a 1996. Su principal línea de investigación fue, en los últimos años, el impacto negativo de la obligatoriedad de la educación media superior.
Dos días más tarde, el domingo, falleció Corina Schmelkes del Valle, también integrante del COMIE y hermana de Sylvia Schmelkes del Valle, Consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Campus reconoce el legado de ambos investigadores y expresa sus condolencias a la familia de ambos.

Salvador Medina

Redacción Campus

Modificado por última vez enMiércoles, 20 Febrero 2019 23:44
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