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Universidades públicas: ¿Justas por pecadoras? Destacado

Universidades públicas: ¿Justas por pecadoras?

1. La Estafa Maestra ha dañado enormemente la imagen de las universidades públicas en general. Todavía en la primera mitad del año pasado (encuesta Mitofsky) constituían, como conjunto, la institución más valorada por la ciudadanía, por delante del ejército y la iglesia. Sin embargo, y paradójicamente, conforme avanza la investigación y vinculación a proceso de algunos (pocos) personajes menores, aquella imagen pública se ha venido difuminando. A esa situación ha venido a sumarse recientemente la noticia dada a conocer por la Unidad de Investigación Fiscal del SAT, relativa a la congelación de cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por un monto de $150 millones de  dólares provenientes de Suiza.


Los dos acontecimientos son muy diferentes, empero, ambos producen el mismo efecto nocivo. Los hechos son de tal calado que ya el presidente de la República ha respondido a la inquietud de los comunicadores que asisten a las conferencias “mañaneras”. En la del pasado día 12, lo afirmado por AMLO fue contundente: “las universidades no pueden significar cotos de poder, no pueden ser islas dominadas por caciques, trátese de un sindicato o de cualquier organización gubernamental, aunque sea autónoma, al final de cuentas, todos tenemos la obligación de informar”.
Una declaración de tal jerarquía política parecería avalar la percepción de desprestigio que, en torno a las universidades públicas, se ha instalado en vastas franjas de la población. De ahí lo delicado del tema. Por ello, e independientemente del desdoro para las IES involucradas, la situación acarrea un enorme riesgo para el conjunto de ellas: que las distinciones que históricamente han obtenido en la normatividad nacional le sean retiradas, so pretexto de hacer un mal uso de ellos. Como intento explicarlo a continuación, sería equivalente a que la enorme mayoría de IES “justas” pagasen por las pocas que están en posición de “pecadoras”.

2. La Estafa Maestra, tal como se dio a conocer en el vasto reportaje de septiembre de 2017, difundió una sofisticada trama entre once entidades de la Administración Pública Federal y ocho IES. Y digo difundió, porque la Auditoría Federal de la Federación había  dado suficientes señales de alarma desde 2013, inclusive, acompañadas de las denuncias penales correspondientes, para que fueran atendidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR), respectivamente. Dichas dependencias, basadas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, eludieron someter a concurso la adquisición de ciertos bienes o la contratación de servicios, encargándole dicha actividad (convenio de por medio) a las IES.  Se trataba lisa y llanamente de una triangulación irregular de contratos que involucró a 128 empresas fantasma y cuyo quebranto al erario público alcanzó, hasta aquella fecha de año  medio atrás, $7,600 millones. De ese total, y por permitir la triangulación, las IES recibieron mil millones.
Entre esas irregularidades —léase como eufemismo— hay verdaderos actos nefandos a los cuales se prestaron dos IES: a) un concierto en el Zócalo para lanzar la Cruzada Contra el Hambre, con costo de 75 millones; c) el supuesto reparto de 550 mil despensas, por 500 millones de pesos, de las cuales sólo se entregaron 3,500. Las dos acciones estaban  a cargo originalmente de la Sedesol.
No obstante la gravedad de las actividades que involucraban a dependencias (Sedesol, Pemex, Banobras,  SEP, entre otras) y a IES (entre ellas cuatro universidades públicas autónomas y tres de la SEP), tanto la SFP como la PGR prácticamente no hicieron nada frente a los acontecimientos. Esta última no realizó consignación alguna y la primera se limitó a dictar algunas sanciones administrativas  y una sorprendente recomendación por parte de su titular: “poder acotar dicho artículo”, refiriéndose al primero de la Ley de Adquisiciones,  relativo al papel que las universidades pueden jugar en su interrelación con entidades del sector público y la posibilidad para que ellas puedan reemplazar a la dependencia respectiva en la adquisición de bienes y contratación de servicios. Justo es decirlo, hasta diciembre del año pasado tampoco las universidades parecían haber procedido a desfacer los entuertos correspondientes.

Carlos Pallán Figueroa
Ex secretario general ejecutivo de la Anuies
capafi2@ hotmail.com

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