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¿Declaratoria de un desencuentro? Destacado

¿Declaratoria de un desencuentro?

Los actuales movimientos en el sector científico y tecnológico son relativamente inusuales. No es la primera vez que se registra un desencuentro entre las autoridades del sector y algunas personalidades y organizaciones de representación de la comunidad científica. De hecho, buena parte de las políticas del sistema expresan las huellas de los intercambios, algunos más ríspidos y públicos que otros, pero pocas veces tersos.
Sin embargo, la controvertida iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, presentada por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera de la fracción parlamentaria de Morena, refleja no solamente una cierta disputa entre María Elena Álvarez Buylla —la titular del Conacyt— y organizaciones del sector, ahora también podría trasladarse al Congreso y probablemente entre éste y la dirección del organismo rector de las políticas científicas.


Los recientes encuentros organizados por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la Cámara de Diputados son una muestra de las tensiones. En primer lugar, los foros no fueron organizados por la Cámara de Senadores, como era lo esperable, dado que es la cámara de origen.
La Cámara de Diputados apareció como un mejor espacio para la interlocución con los inconformes, seguramente porque la diputada Marivel Solís Barrera, de la fracción de Morena, preside la Comisión de Ciencia y Tecnología. En el Senado, la presidencia de esa misma comisión corresponde a la senadora Beatriz Paredes, integrante de la bancada del PRI. Por su parte, el Foro Consultivo, uno de los convocantes, no solamente es uno de los organismos de contacto entre autoridades y comunidad científica previsto en la ley vigente, también es una de las entidades que propone suprimir la polémica propuesta de ley de la senadora morenista Rivera.
En segundo lugar, los encuentros quedaron denominados como “Conversatorios para el análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”. Esto es, no fueron sesiones expresamente convocadas para discutir el controvertido proyecto de ley y aunque éste era el elefante en la sala, no fue el eje de la convocatoria.
El propósito de los conversatorios (ocho mesas en dos jornadas en San Lázaro) fue, dijeron los organizadores, para recibir aportaciones de expertos y actores clave. Sin embargo, no participaron autoridades del sector central y pues sí, tal parece que fue un muestrario de propuestas sobre los temas previstos en cada mesa y una válvula de escape a las muestras de inconformidad con el proyecto de ley.
En tercer lugar, en la segunda jornada del conversatorio que se realizó el 13 de marzo en la Cámara de Diputados, ese mismo día Conacyt celebró en sus instalaciones el foro “Ciencia por México: los Ejes del nuevo Conacyt en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”. Un encuentro al que acudió la senadora Beatriz Paredes, pero no la diputada Solís Barrera. Tal vez no tiene sentido especular si se trató de un foro opuesto o en competencia al realizado por los diputados, pero lo que sí es relevante es que se trata de participantes centrales del sector —tanto autoridades federales como legisladoras y miembros de la comunidad científica— que discuten lo mismo en espacios diferentes; escuchan el eco pero no parecen tener comunicación directa entre sí.
El resultado de los foros realizados por Conacyt está por conocerse. En el caso de los conversatorios, al finalizar las mesas de trabajo, emitieron un breve documento que denominaron “Declaratoria”, firmada por las titulares del Foro y de la Comisión de Ciencia. Ahí quedaron planteados una docena de puntos que son más bien un pronunciamiento a favor del papel que puede desempeñar la ciencia y la tecnología en el desarrollo nacional y un posicionamiento sobre los temas críticos que puso en tela de juicio la iniciativa de ley de la senadora Rivera.
Por ejemplo, entre otros, destaca su respaldo a la idea de plantear en la Constitución Política el “derecho humano al acceso a los beneficios de la ciencia y sus aplicaciones, y de manera particular a que este sector sea considerado desde la Carta Magna como un área prioritaria para el desarrollo nacional” (tercer punto). Un tema pendiente en los intentos de reforma y que también está presente en la discusión actual sobre el artículo 3º constitucional.
También su llamado a que las modificaciones normativas o las acciones a poner en marcha en el sector, sean acompañadas “por un diálogo amplio y permanente entre todos los actores que lo integran” (punto cuatro). O bien su convocatoria a cumplir lo que dice la ley vigente en materia de inversión en el sector (al menos uno por ciento del PIB en gasto nacional) y reconocer el papel del sector privado en el impulso a las actividades científicas y tecnológicas.

Redacción Campus

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