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La ética de la ambigüedad Destacado

Los recientes escándalos de corrupción que recorren la república de los medios en todo el país han tenido su origen en las arcas de los gobiernos de los estados. Tabasco, Aguascalientes y Jalisco se han convertido en temas de indignación moralista, el deporte nacional de moda desde hace algún tiempo entre ciertos medios, intelectuales y analistas de las cosas públicas. Las administraciones de los exgobernadores Granier, Reynoso Femat  o Emilio González, de distintos orígenes partidistas (el PRI, el primero, y los otros dos del  PAN), se han colocado en el centro del ojo público —es decir de los medios— para tratar de mostrar con frecuencia cansina, y en tono grave y quejumbroso, cómo la corrupción, como la estupidez, no tiene límites.


El asunto ni es nuevo, ni nada garantiza que no sucederá otra vez, en la escala federal, estatal o municipal. No es extraño que la ambición por el poder casi siempre vaya unida o emparentada con la ambición por el dinero. Y en México, el discurso de la descentralización y la federalización que se impulsó desde hace más de dos décadas, con el aplauso unánime y entusiasta de partidos políticos, empresarios y medios de comunicación, pronto comenzó a mostrar la ineficacia, la debilidad o la incapacidad del Estado para controlar el uso y distribución de los recursos públicos. A pesar de los intentos de controles hacendarios, de proliferación de contralorías y auditorías federales, estatales y municipales, de creación de organismos autónomos o semiautónomos como el IFAI, la corrupción es, o parece ser,  una bestia ingobernable.   
Que un gobernador, o varios de sus funcionarios más cercanos, se vean envueltos en actos de corrupción, es un asunto viejo. La discrecionalidad en el uso de los recursos públicos es una práctica más o menos extendida en México o en otras partes del mundo, incluyendo Italia, Alemania, Francia o los Estados Unidos, países que frecuentementa aparecen como modelos de honestidad y moralidad pública. Ante la creciente red de disposiciones burocráticas, de proliferación de programas “etiquetados”, de amenazas abiertas o veladas para quienes están tentados a desviar los recursos, se impone la religión de las creencias que guían las prácticas de los funcionarios: no importan los medios para cumplir con sus responsabilidades, importan los fines. Ante la incómoda red de restricciones legales y prácticas del ejercicio de los recursos públicos, que significan obstáculos para que las cosas funcionen más o menos bien, muchas autoridades deciden actuar, gastar, y luego explicar y justificar  ese gasto para resolver problemas. El resultado suele ser lo que vemos desde hace mucho tiempo: un ejercicio discrecional de los recursos, cobijado por un ampuloso discurso de moralidad republicana, que frecuentemente termina en actos de corrupción.   
Pero las relaciones entre corrupción, política y poder están llenas de imágenes  que se han vuelto lugares comunes. Platón advertía, con la sabiduría de los antiguos, de los riesgos de la vida política, y reconocía que su República solo podría ser obra de un milagro. Maquiavelo, el profesor del realismo político,  señalaba mucho tiempo después con toda claridad la necesidad de distinguir y separar la moral de la política, el deber ser con el es, de asegurarse de ver la realidad como es y no como quisiéramos que fuera.  Lord Acton, el célebre barón inglés, pronunció en 1887 una frase que posee la contundencia de la brevedad: “El poder tiende a corromper; el poder absoluto corrompe absolutamente”. Un siglo antes, en 1787, Benjamín Franklyn señalaba que hay dos pasiones que influyen sobre los asuntos de los hombres: “Estas son la avaricia y la ambición; el amor al poder y el amor al dinero”.
Las connotaciones negativas de la política se extienden hasta los comienzos del siglo XX, cuando el viejo Weber advertía del hecho de que ingresar a la política significaba estar dispuesto a recibir el beso del diablo: “Quien se dedica a la política” —escribía Weber en el invierno de 1918— “establece un pacto fáctico con los poderes satánicos que rodean a los poderosos...Quien busque la salvación de su alma y la redención de las ajenas no la encontrará en los caminos de la política, cuyas metas son distintas y cuyos éxitos sólo pueden ser alcanzados por medio de la fuerza.” No hay aquí exorcismo posible para lidiar con intereses diversos, ambigüedades, incertidumbres, insuficiencias de tiempo y recursos. Hacer política es tomar decisiones, como todo en la vida, con la diferencia de que los políticos profesionales toman decisiones a nombre o en representación de otros, y eso les significa vivir con el dilema permanente, y a veces corrosivo, de actuar con  la ética de la convicción  o con la ética de la responsabilidad.
Pero el problema de fondo en México tiene que ver que desde hace tiempo no contamos con una clase política profesional, sino con un conjunto muy variado de empresarios, actores, actrices, locutores, burócratas menores, ex funcionarios mayores, ex fubolistas, que se han dedicado a la política como una actividad más de sus trayectorias. Es decir, tenemos una clase no-política, no profesional, que entiende el ejercicio político más como una rutina o un espectáculo que como una responsabilidad o una convicción. Por sus hechos, muchos de los políticos surgidos de la transición mexicana han decidido actuar conforme a la ética de la ambigüedad, una forma extraña, anfibia, de tomar decisiones, calcular riesgos y elegir comportamientos. Es decir, toman protesta solemne para cumplir y hacer cumplir las leyes, se asume que, de no hacerlo,  la nación se lo demandará; pero al mismo tiempo, su comportamiento se rige por los cálculos políticos, por la ignorancia, a veces por la irresponsabilidad. Esa ambigüedad gobierna sus actos, define la ecuación cotidiana de la forma y el fondo, la vieja relación del código amigo/enemigo. Ahí, frente a la insoportable levedad y brevedad del poder público, se impone el interés personal del largo plazo, ese que alimenta la necesidad de acumular fortuna para los tiempos malos. Pero acaso las acciones que unen al Sr. Granier de Tabasco, con el Sr. Ocampo de Jalisco (alto funcionario del gobierno panista anterior, actualmente en la cárcel por desvío de recursos en el sistema público de aguas), respondan más a la impecable lógica marxista del viejo Groucho, cuando aconsejaba cariñosamente a su hijo imaginario: ”Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna”. Ahí, en esa versión irónica, venenosa del poder, extraída ni más ni menos que del contexto estadounidense de hace menos de un siglo, se encuentra parte del secreto de las hechuras éticas y prácticas de la corrupción política.

Adrián Acosta
Investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara.

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