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Con incierto futuro.Hace unos días, la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Sinalo dio luz verde a la autonomía de la Universidad de Occidente, un proyecto que desde meses atrás fue respaldado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Con esto, se aprobó también la nueva Ley Orgánica que regulará los ejes internos de la institución. Además, un reglamento de 56 artículos y ocho transitorios lo que dará pie para integrar en breve la primera Junta de Gobierno, la cual será quien elija al rector. Sin embargo, en los artículos transitorios se establece que la actual rectora y los directores de unidades culminarán el periodo para el que fueron designados. Es decir, Sylvia Paz Díaz Camacho concluirá su periodo hasta el 5 de enero del año 2020.



Viene lo bueno. Pero una cosa es la autonomía y otra la responsabilidad y el peso que lleva consigo. Porque implica, ante todo, que la institución tenga la suficiente capacidad para autogobernarse y establecer sus propios esquemas de regulación. Además, con esta legislación que entró en vigor la ahora Universidad Autónoma de Occidente podrá acceder a recursos y partidas federales: Una situación que desde ya luce complicada debido a las limitaciones financieras con las que operan las universidades públicas del país en este año, situación que se mantendrá bajo la misma tendencia para el 2019. Y en ese marco, también es un reto financiero no descuidar el apoyo que actualmente se le otorga a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la cual cuenta con las credenciales suficientes y los logros necesarios en el estado y en la región, así como a nivel nacional e internacional.

Encuentro de altura. Por cierto, el 1 y 2 de marzo la UAS será sede del Congreso Internacional de Valores por la Paz 2018, en el que participarán conferencistas locales, nacionales e internacionales para compartir sus experiencias, convocados por la Unidad de Bienestar Universitario, y que se enmarca en el Plan  de Desarrollo Institucional Consolidación Global 2021. Entre los ponentes estarán Francois Vallaeys, presidente de la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA) de Francia; Guillermo Hernández Duque Delgadillo,  de la ANUIES; Nuria Sanz, directora de UNESCO en México; Mario López Martínez, de la Universidad de Granada, España; Roberto Beltrán Zambrano, de UNESCO, Ecuador; y Juan Manuel Jiménez Arenas, director del Instituto para la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, España. Así que atentos a este foro.

SIN sorpresas. Si La elección del pasado martes en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) cayó dentro de lo previsto y lo estimado. Las 58 escuelas, facultades e institutos de la institución se adhirieron a Salvador Hernández Vélez para ocupar la rectoría.  Ahora la posibilidad será para el nuevo encargado de la UAdeC porque uno de los retos inmediatos que tiene es desprender a la universidad de los gobiernos estatales en turno. Muchos exrectores han pasado a las filas de las administraciones locales y han usado la rectoría como trampolín para perfilar su carrera política. Para muestra, la elección de rector que tuvo que adelantarse porque Blas Flores Dávila se incorporó a las filas del gobierno estatal. Y cuente también a José María Fraustro Siller y Mario Ochoa Rivera. Porque potencial académico y científico lo tiene la UAdeC, pero ha perdido terreno para posicionarse a nivel nacional debido a tanta interrupción en los periodos rectorales de los últimos años.

Una cosa son los desfalcos.  Muchos saben que la situación de algunas universidades públicas es apremiante. A las limitaciones presupuestales de este año, se le suman los estados financieros que no han sido saneados en los últimos tiempos, o los que  han sido mal manejados por rectores anteriores que utilizaron a las instituciones de educación superior para consumar desfalcos. Y eso, para los legisladores y ciertos sectores muy identificados como opositores de las universidades públicas es material más que suficiente para justificar la falta de apoyo y el abandono. Por eso hay que estar atentos al curso que siga el caso de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). Los recientes decomisos de 14 inmuebles propiedad del exrector Juan López Salazar hechos por la Fiscalía General de Nayarit son apenas la punta de la madeja.

Más líneas de investigación. Como se sabe, López Salazar y su presunto operador financiero, Milton Romero González, están acusados de peculado, ejercicio indebido de funciones públicas y enriquecimiento ilícito por un monto superior a 300 millones de pesos. Una acción que ocurre justo cuando el actual rector de la institución, Jorge Ignacio Peña González, subió de tonos sus reclamos y sus peticiones de rescatar financieramente a la UAN. Justo cuando la presión financiera ahoga a la universidad. Lo importante de todo es que la indagatoria se conduzca sin revanchas y sin tintes políticos, pero sobre todo, que no sea utilizada para negar recursos a la universidad. Las separaciones pertinentes deben hacerse y las formas deben cuidarse mucho en un asunto que amenaza con crecer y ponerse mucho más complejo.

Informe en la UdeG. Hace unos días, Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), rindió su último informe de actividades, la antesala para el término de su gestión, después de la cual seguro continuará ligado al ámbito de la educación  superior del país. Entre los logros de los que habló destacaron los 44 mil nuevos espacios que se han abierto en las aulas de la institución para alcanzar las metas planteadas de cobertura, desde el nivel medio superior hasta el posgrado. Además, se abrieron 16 nuevas escuelas preparatorias y 23 módulos, lo que la convierte en la universidad con el mayor sistema de educación media superior más grande del país. Eso, sin olvidar que se crearon 20 nuevas licenciaturas para diversificar su oferta educativa.

Carlos Reyes

Modificado por última vez enJueves, 15 Febrero 2018 03:14
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