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La autonomía universitaria debe sujetarse a las leyes nacionales: rector general de la UAM Destacado

La autonomía universitaria debe sujetarse a las leyes nacionales: rector general de la UAM UAM

El principio de autonomía es cien por ciento compatible con los de transparencia y acceso a la información, sostuvo el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Al participar en la presentación del libro Estudio sobre los alcances del derecho de acceso a la información en universidades e instituciones de educación superior públicas dotadas de autonomía derivado de la reforma constitucional en materia de transparencia, señaló que se trata de un derecho humano semejante a la ética universal.


Las universidades, en sus funciones sustantivas –enseñanza, investigación, divulgación y expresión libre de ideas– así como en el financiamiento y el destino del gasto en educación deben ser transparentes ante la sociedad, precisó.
La autonomía universitaria debe sujetarse a las leyes nacionales, pero también permite un autogobierno con participación –como en el caso de esta casa de estudios y otras escuelas nacionales autónomas– de profesores, estudiantes y personal administrativo en los órganos colegiados de gobierno para dictar sus propias normas, estructuras orgánicas, requisitos de ingreso y titulación, entre otros asuntos.
En la presentación del libro del doctor Jorge Islas López, ex abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Rector General puntualizó que no se puede hablar de autonomía absoluta sino de alguna enmarcada en una legislación específica, acorde con las normas nacionales e incluso internacionales.
El autor del libro, precisó Peñalosa Castro, apunta que las instituciones de educación superior (IES) dotadas de autonomía, si bien no son órganos independientes constitucionales como sí lo son el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral e incluso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sí son entes de derecho público que gozan de una soberanía otorgada por la ley, que realizan funciones consideradas como políticas de Estado.
También la crítica del autor, dirigida a aquellos “que han querido utilizar un falso concepto de autonomía para impedir que el Estado tenga su necesaria presencia en las IES, se trata de un rechazo al orden público que pretende crear un estado de excepción, una extraterritorialidad”.
Las universidades públicas funcionan gracias a un subsidio que al final de cuentas proviene de los recursos que todos los mexicanos “contribuimos con todos nuestros impuestos”; si la institución vive de las contribuciones de la sociedad es claro que debe rendir cuentas transparentes del uso que les da a los recursos recibidos, sin que esta información menoscabe su derecho de libertad de cátedra, investigación y de libre expresión de las ideas.
El doctor Peñalosa Castro coincidió con el autor en que el principio de autonomía es cien por ciento compatible con los de transparencia y acceso a la información, pues ambos son temas fundamentales para la universidad pública y aunque la UAM lo ha hecho de manera sistemática desde su creación, trabaja en un reglamento al respecto.
El doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la UNAM y director del Seminario Estudios sobre Globalidad de esa casa de estudios, comentó que no hay ninguna contraposición entre la autonomía universitaria y la responsabilidad de las instituciones de rendir cuentas claras de recursos, porque en principio todos los organismos públicos deben hacerlo, independientemente de quién los administra.
Lo que más conviene a la sociedad y a las IES es que a la primera no le quede la menor duda de que esos recursos están siendo usados de manera escrupulosa “y para ello hay que someterse al escrutinio de las instancias que tienen la facultad de hacerlo”.
El texto es importante porque todavía hay quienes desde las universidades confunden sin ningún fundamento la autonomía con la opacidad, porque usan este argumento para por lo menos propiciar o dar espacio a esta última. “Una cosa es administrar de manera independiente y otra cosa es no rendir cuentas detalladas de cómo lo administramos”.
El doctor Islas López aseveró que la reforma constitucional de 2014 y la creación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ayudó a establecer nuevos parámetros en los cuales ya entran las universidades públicas al igual que todas las entidades de los diversos órdenes de gobierno para adaptarse a esta nueva ordenanza.
En la actualidad el país cuenta con un marco legal mucho más sólido, consolidado y eso ha generado que haya más solicitudes y en consecuencia muchas más respuestas, “lo que ha hecho que las instituciones públicas tengan mejores condiciones “aún con muchos retos por delante”.
El propósito de la publicación fue hacer el análisis de cuáles son los retos e implicaciones de las nuevas disposiciones normativas de acceso e información pública, y un reto fundamental es romper las ataduras y las malas inercias de la opacidad que todavía se encuentran en algunas instituciones.
En la presentación del libro estuvieron también los doctores Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del INAI; María Patricia Kurczyn Villalobos y Diana González Obregón, comisionada y miembro del consejo consultivo del mismo instituto.
 

Redacción Campus

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