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La pérdida de derechos en las leyes reglamentarias, un riesgo de la constitución capitalina: Foro en la UAM Destacado

La pérdida de derechos en las leyes reglamentarias, un riesgo de la constitución capitalina: Foro en la UAM UAM

Uno de los mayores riesgos de la Constitución de la Ciudad de México es que los derechos en ella consagrados se pierdan en las leyes reglamentarias, coincidieron académicos y defensores de los derechos humanos en la segunda mesa del Foro La constitución de la ciudad de México; realidades y retos.
En la actividad organizada por las cinco unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el doctor Miguel Concha Malo destacó que la nueva Carta Magna habla ampliamente de la protección de las garantías individuales, al incorporar todas aquellas incluidas a nivel federal y en los tratados internacionales reconocidos por México.


El presidente del Centro de Derechos Fray Francisco de Vitoria recomendó estar pendientes de que la Asamblea Legislativa –con la excusa de que la resolución de  controversias está todavía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)– elabore leyes u ordenamientos que no correspondan al nuevo precepto legal.
El investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y ex diputado federal exhortó a cuidar que efectivamente la legislación secundaria no signifique, por parte del Congreso local –como ha estado pasando en algunas materias– un retroceso.
En México sucede con frecuencia que los derechos establecidos en la Constitución “no aparezcan en la ley reglamentaria” y que se “descafeínen o se vuelvan confusos y ambiguos en las normas correspondientes”.
En cuanto a derechos humanos debe distinguirse cuáles están reconocidos, porque si bien se admiten los establecidos en convenios globales y en el plano federal, el constituyente de la Ciudad de México quiso ir más allá “al nombrarlos”, porque “un derecho no existe si no tiene nombre”.
Un ejemplo de esto es el reconocimiento –inexistente en otros textos– al cuidado de las personas que no pueden valerse por sí mismas por padecer alguna enfermedad o por incapacidad, ya que el Estado no se hace cargo de ellas y es algún familiar el que dedica tiempo, trabajo y esfuerzo al asunto, de lo contrario aquéllas morirían en el abandono.
De ahí la necesidad de reconocer que éste tiene que ser tutelado por el Estado, con el fin de evitar que esas personas queden desamparadas y que quienes cuiden de ellas reciban apoyo para que lo hagan de la mejor manera posible.
Una vez reconocidos se tiene que organizar la política para fomentarlos y protegerlos; además el gobierno tiene que observar cómo se pueden no sólo hacer cumplir, sino que el ciudadano tenga la capacidad de demandar su acatamiento.
“Si los derechos no son exigibles y el ciudadano no puede hacer que se respeten, entonces no sirven, lo que evidencia un Estado de derecho que está quebrado, en el sentido de que es un sistema que no puede ser retomado por la sociedad para exigir su cumplimiento.
La doctora Luisa Mussot López, investigadora del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la UAM, afirmó que la Constitución de la Ciudad de México representa un instrumento para la protección y el reconocimiento de la dignidad de las personas.
El texto tiene por tanto una fuerte carga política e ideológica en términos de construir los caminos para acceder a las garantías, la exigibilidad y la protección de los derechos, lo que a su vez supone una lucha continua por visibilizar y reconocerlos, y de hacerlo, además desde una perspectiva de igualdad y de no discriminación.
Hay elementos que son de “gran tensión” en el debate de la concreción de los derechos y las normas. Por un lado, advirtió, “vivimos en un proceso de la apología de la desigualdad terrorífica, en el que por una parte pretendemos, a través de este gran instrumento, reconocer la protección de la dignidad humana en términos de igualdad y no discriminación, y por otra, estamos insertos en una lógica de individualización, en la que el mérito personal para la consecución de ganancias permite que vivamos en una urbe donde está legitimada la desigualdad y el privilegio”.
La sociedad pasa por una transculturización, en la que se apela a un discurso y una narrativa de derechos, pero paradójicamente “vivimos en esa realidad que tenemos interiorizada por desgracia de manera general, en la que se piensa en una lógica de privilegios, más que en una de igualdad”. Este es uno de los puntos desde donde puede discutirse lo que sería el sistema integral de derechos, comentó.

Redacción Campus

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