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Nuevo modelo de respaldo financiero para universidades públicas Destacado

La eliminación de la doble pensión y la ampliación de la edad de jubilación están entre las medidas recomendadas. La eliminación de la doble pensión y la ampliación de la edad de jubilación están entre las medidas recomendadas. Especial

Frente a una situación financiera apremiante, diez universidades públicas del país analizan ya un nuevo mecanismo que les permita salir de esa limitante económica.
Respaldadas por las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las instituciones de educación superior trabajan en un plan de acción para atender los problemas derivados de un manejo tardío de los problemas estructurales que absorben su presupuesto.
Se trata de construir nuevas estrategias y propuestas para resolver asuntos como las plantillas y prestaciones no reconocidas, las pensiones por jubilación sin aportaciones de los trabajadores, así como el subsidio federal y estatal insuficientes.


El objetivo es que se analicen al interior de las universidades públicas afectadas los mecanismos necesarios para revisar y actualizar los sistemas de prestaciones y pedir un mayor compromiso de parte de los sindicatos de esas instituciones.
Además, con el apoyo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), diseñarán el nuevo esquema que les permita salir avante y enfrentar la problemática económica que les impide desplegar todo su potencial.
El plan de acción acordado contempla la elaboración y conclusión de un diagnóstico compartido entre las universidades públicas, la Subsecretaría de Educación Superior y la Dirección General de Educación Superior Universitaria.
El punto de partida de esta nueva estrategia es el informe detallado sobre el estado financiero de las instituciones de educación superior, las medidas que han tomado internamente y las necesidades de recursos extraordinarios, presentado hace unos días a las autoridades.
Asimismo, como lo plantea el propio Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Superior de la SEP, las instituciones se han comprometido con la elaboración de un plan de acción y una agenda de trabajo con interlocutores relevantes para avanzar en la solución de esos problemas.

Partir desde cero
Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), asegura que el primer paso en este nuevo mecanismo que se busca ya se ha dado porque las autoridades tienen ya en la mesa el diagnóstico que se quiere tener de las universidades públicas estatales referente a su situación financiera, académica, así como los indicadores que les permita tener un panorama claro rumbo a una agenda más específica.
 “Esto es importante porque la mayoría de las universidades tenemos los mismos problemas que son adeudos con instituciones como el SAT, el IMSS, el Infonavit, entre otros”, afirma.
Agrega que de alguna manera, ante el recorte del presupuesto de los últimos meses, se ha priorizado el mantenimiento de la plantilla laboral, las prestaciones “y que las universidades estén en gobernabilidad y estabilidad para permitir que la sociedad pueda inscribir a sus hijos y recibir educación”, expuso.
Lo importante, plantea el rector de la UAS, es que se trace una ruta que implica acercamiento con las diferentes instancias, de diputados federales, estatales, gobernadores, senadores, e incluso con los candidatos a la presidencia de la República, y las actuales autoridades.
Y uno de los puntos a seguir, desde un inicio, es plantear los problemas estructurales y gestionar juntos, para que, por primera vez, las universidades se puedan acercar a las instituciones con las que tienen problemas y hacer convenios.
Y es que las Universidades Públicas Estatales enfrentan un déficit de 330 mil millones de pesos, en promedio, por concepto de jubilaciones y pensiones, cantidad que aumentará a 534 mil millones de pesos, de no hacer las reformas correspondientes.
De acuerdo con el actuario Roberto Díaz García, sólo cuatro casas de estudios tienen resuelto su sistema de pensiones de por vida, y las cuales son el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) y las Universidades Autónoma de Baja California (UABC), Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y la Autónoma de Nuevo León (UANL).
Esto, debido a que ya que aplicaron en tiempo y forma las modificaciones estructurales para las generaciones actuales y futuras.
El especialista sostiene que son 27 las universidades públicas del país que han realizado reformas a sus esquemas de prestaciones, jubilaciones y pensiones.
Algunas otras, como la Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) y la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), no han implementado ninguna medida para solventar estos problemas estructurales.

Reformas aún insuficientes
A decir del actuario, entre las reformas que se han implementado en las distintas instituciones de educación superior destacan la eliminación de la doble pensión, la ampliación de la edad de jubilación, de más años de antigüedad, el salario regulador acorde con los cinco años anteriores previa actualización, así como la aportación de las y los trabajadores del 2 al 10 por ciento y la institución del 2 al 22 por ciento, en promedio.
Díaz García plantea que para modificar los sistemas de referencia hay dos opciones: incrementar las aportaciones y/o modificar los esquemas de prestaciones.
El también miembro de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), apunta que, en términos generales, los esquemas de pensiones y jubilaciones en México tienden a sobreproteger a la base trabajadora y a sus familias, porque otorgan pensiones a quienes por su edad no lo requieren y perjudican directamente al patrón e indirectamente a las y los empleados.
Incluso, argumenta, estos últimos no sólo corren el riesgo de no recibir pensión, sino de perder su fuente de trabajo ante la insuficiencia financiera de la institución.
El asunto, dice, es que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la seguridad social es la protección que la sociedad debe otorgar ante contingencias económicas y sociales derivadas específicamente de la pérdida de ingreso a causa de una enfermedad, maternidad, riesgo de trabajo, invalidez o vejez, únicamente.
Sin embargo, hay quienes se jubilan por antigüedad y tienen la capacidad de seguir trabajando, lo que contradice la ley.
“No debe haber pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión; como en el caso particular de la UABJO, donde el gasto por concepto de jubilaciones está llegando al 50 por ciento de la nómina general, lo que ninguna institución podría soportar”, señala.
Por eso, considera, es fundamental que la comunidad universitaria haga las reformas y dar viabilidad a los sistemas para garantizar las pensiones cuando se requieran.
“Aunque sea un derecho constitucional, la Carta Magna no dice cómo ni cuándo deban otorgarse; es decir, sí está contemplada la seguridad social, pero no los términos y las condiciones, porque nadie, ni siquiera el gobierno, está obligado a lo imposible”, finaliza.
Por eso, apunta el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, la construcción de esas nuevas alternativas deben tener alcances nacionales y regionales, y lo más importante, es que se establezcan y construyan en un marco de corresponsabilidad y confianza.
“No hay tiempo que perder, después de valorar los diferentes elementos al alcance es preciso poner manos a la obra y delinear una estrategia que nos permita atender el problema de mayor importancia”, señala.
De lo que se trata, apunta, es de revisar los detalles para ubicar la complejidad y magnitud del problema y que esto no se quede solo en el análisis interno de las instituciones.
“Sino que lo veamos como un problema que va más allá de las propias universidades y que puede ir construyendo un problema de mayor envergadura; trataremos de implementar una solución a corto, mediano y largo plazo”, afirma el Subsecretario.
Lo que es cierto también, como lo plantea el funcionario, es no generar o levantar expectativas amplias y positivas de solución al problema financiero de las universidades.
El primer paso, como lo aceptan las propias instituciones de educación superior, es tener bien dimensionada su condición financiera para atenderla cuanto antes.

Alternativas a mediano plazo
En ese sentido, Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), advierte que una de las prioridades de su gestión al frente de esta casa de estudios tiene que ver con la recuperación del equilibrio presupuestal y mantener en ruta el futuro de la universidad.
“Hemos desplegado una estrategia de tres vías: primera, gestionar el incremento de los subsidios conforme a los actuales costos educativos; segunda, disminuir el gasto, mediante el ahorro y la optimización de recursos, y tercera, aumentar de manera sustancial los recursos autogenerados”, apunta el rector de la UAEM.
Por ello, en el caso de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEMOR), la cual estuvo inmersa en los últimos años, en asuntos más político-electorales que académicos, comenta Matías Quiroz Medina, secretario de Gobierno de ese estado, con el presupuesto asignado deber hacer un uso eficiente de los recursos.
Se trata, explica el funcionario estatal, de que las actuales autoridades universitarias realicen una reingeniería para resolver los problemas estructurales y sobrecargas que tiene su nómina.
“Desde luego, como se lo ha pedido la Secretaría de Educación Pública (SEP), la universidad tiene que resolver asuntos que afectan su nómina, como el personal de confianza, a efecto de aligerar sus responsabilidades y poder ir solucionando sus problemas estructurales”, dice.
De otra forma, advierte el funcionario, el problema persistirá e incluso terminará por absorber al cien por ciento los recursos que la Federación y los gobiernos de los estados entregan a las universidades públicas del país.
Y es que, de acuerdo con un estudio de la propia Subsecretaría de Educación Superior, el problema de la falta de recursos en estas universidades, viene desde hace aproximadamente 35 años.
Anteriormente, las universidades se confiaban y contrataban lo que requerían para abrir nuevos posgrados, y solicitar profesores de tiempo completo, que contrataban sin tener la suficiencia presupuestaria, porque a final de cuentas, no había limitación en la asignación de los recursos.
Una vez que contrataban, hacían el trámite ante la Secretaría de Hacienda, que a final de año reconocía las plazas, luego con las prestaciones se pedían varios días más de aguinaldo, pero la carga financiera fue creciendo.
Ahora, la diferencia es que aunque a través de los gobernadores y de los diputados se soliciten recursos adicionales, la baja de los precios del petróleo y otros factores externos impidió que se continuará el apoyo financiero y las universidades empezaron a resentir el problema.
Por eso, el punto de acuerdo que algunos senadores presentaron hace unos meses, va en ese sentido. Porque el rescate financiero de las universidades públicas del país, especialmente 10 de estas, entraña nuevas alternativas, pero sobre todo, nuevas obligaciones.  


Alcances posibles
De acuerdo con estimaciones de Adrián Acosta, investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), dos tercios de las y los trabajadores académicos de las universidades públicas del país, de entre 41 y 60 años de edad, son la franja que representa la mayor carga para las nóminas y la que espera alternativas para su jubilación.
Explica que la sobrepoblación de la nómina tiene que ver con la decisión de la comunidad académica de jubilarse, ya que al determinar su situación laboral se presentan una serie de paradojas que implican dilemas de decisión.
En ese sentido, la primera decisión tiene que ver con los estímulos y “desestímulos”, como los apoyos económicos extras que perciben antes de la jubilación, los cuales pierden en este proceso y ello se resume en un ingreso mensual mínimo.
Además, tiene que ver la sustentabilidad financiera de las universidades, donde los fondos no son suficientes y eso no es atractivo para que las y los profesores decidan jubilarse; es decir, el sueldo que tendrán como jubilados les resulta poco.
Aunado a esto, dice Acosta, se encuentra el problema del relevo generacional, ya que cada vez las universidades tienen académicos de edades mayores y el sector aumenta, contrario al ingreso de personal joven, lo que representa un problema de sustentabilidad.
Mientras que en 2006, la edad promedio de jubilación de los académicos universitarios era de 48 años, la taza de retiro arrojaba sólo 28 por ciento, como consecuencia de los bajos salarios y la pérdida de estímulos, en detrimento de la nómina de las universidades.
De ahí que, plantea el investigador, la búsqueda de estrategias para generar sustentabilidad económica en las universidades involucra a las instituciones y a la sociedad, pues sólo a través de éstas podrá asegurarse el futuro de las nuevas generaciones.
Sostiene que “el desarrollo de la sustentabilidad para solventar jubilaciones, pensiones y potencializar la economía de las universidades públicas implica un análisis institucional y de política pública que debe conjuntar a las instituciones de educación con los gobiernos federal y estatales”, a fin de garantizar un sistema satisfactorio, suficiente y sustentable.
Al mismo tiempo, en un estudio elaborado por Javier Mendoza Rojas, investigador de la UNAM, establece que “en la asignación de recursos a las universidades públicas estatales hay una opacidad significativa; todavía es el resultado del modelo políticamente negociado e inercial que vive el país”.
 “Las universidades públicas siguen creciendo, siguen creando nuevas carreras, nuevos campus y la presión financiera es mayúscula, combinada con la falta de visión a largo plazo, con un marco jurídico disperso, impreciso e insuficiente, con una incertidumbre permanente en el cumplimiento de los convenios de apoyo financiero firmado con los gobiernos estatales y federales”, apunta.
Por eso, advierte, hay grandes brechas e inequidades ante los problemas estructurales, críticos y graves que viven las universidades públicas.
Tan sólo en 2016 el presupuesto asignado por alumno a la UABJO fue de 45 mil pesos en promedio, en comparación con instituciones como la Autónoma de Tamaulipas (UAT) que recibe 91 mil 13 pesos por cada estudiante.
Por ello, comenta, es necesario que los recursos fluyan siempre y cuando haya un proyecto de reestructuración administrativa que contemple la disminución de costos, revisión de esquemas de prestaciones y modificación de pensiones y jubilaciones.

Carlos Reyes

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