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Represión contra protestas estudiantiles tiñe de sangre a Nicaragua Destacado

Partidarios de Ortega atacaron con armas de fuego a los manifestantes en varias ciudades durante una marcha convocada para honrar a las madres de jóvenes asesinados. Partidarios de Ortega atacaron con armas de fuego a los manifestantes en varias ciudades durante una marcha convocada para honrar a las madres de jóvenes asesinados. Especial

Nicaragua enfrenta su crisis política más sangrienta en tiempos de paz, con un saldo de más de 100 muertos, más de mil lesionados y un sin número de desaparecidos—una mayoría de ellos estudiantes universitarios. Lo que desató una controvertida reforma al sistema de seguridad social se ha desembocado en un movimiento nacional para exigir la renuncia del presidente Daniel Ortega. Los manifestantes acusan al ex líder sandinista de instalar una dictadura familiar como la de Anastasio Somoza (1934-1979), a quién él mismo derrocó. También denuncian la represión brutal por parte del gobierno y sus aliados contra el movimiento, que estalló el pasado 18 de abril.
La revuelta de los estudiantes, al que se han sumado amplios sectores de la sociedad, ha provocado la furia de Ortega. Grupos de derechos humanos acusan al presidente de mandar “parapolicías” para aplastar a las protestas, además de alentar los ataques por parte de sus simpatizantes sandinistas. Al 1 de junio, la cifra de muertos de ambos lados ascendió a 105, según el recuento del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. El gobierno sólo reconoce a poco más de 20 víctimas.


Una marcha masiva del 30 de mayo, convocada para conmemorar a las madres de los jóvenes asesinados, también terminó en un baño de sangre. Partidarios de Ortega atacaron con armas de fuego a los manifestantes en varias ciudades, matando a 16 personas e hiriendo a más de 70, según reportes de prensa. En el episodio más violento, francotiradores dispararon contra un grupo de jóvenes reunidos en el Estadio Nacional Dennis Martínez, localizado en la zona universitaria de la capital, según twitteó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Ante la escalada de la violencia, Ortega se muestra implacable. “Nicaragua nos pertenece a todos, y aquí nos quedamos todos”, el mandatario declaró a miles de simpatizantes el 30 de mayo, en un mitin a poca distancia de los sucesos violentos. Ortega agregó que el país “no es propiedad privada de nadie”, en clara referencia a los grupos empresariales que ahora exigen su renuncia. El ex guerrillero fue acompañado por su esposa y también vicepresidente, Rosario Murillo. Por su parte, Murillo ha acusado a los manifestantes de tratar de “desestabilizar” y “destruir” el país.
El día siguiente, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que agrupa a los distintos grupos opositores, anunció que recrudecería las protestas contra el régimen de Ortega y Murillo. La agrupación denunció “la peor masacre en los tiempos de paz” y exigió “el cese inmediato del actuar de las fuerzas parapoliciales, organizadas por el régimen, para detener la violencia que todos los días tiñe de sangre a Nicaragua”. Agregó en una rueda de prensa: “No estamos para discursos ni para palabras bonitas, exigimos acciones concretas que demuestren que quieren una salida pacífica a la crisis, así como el respeto a la vida y el cese a la represión”.
Otro de los incidentes más violentos ocurrió el 28 de mayo en la Universidad Nacional de Ingeniería, en Managua. Esa tarde, “turbas sandinistas” abrieron fuego a jóvenes que habían tomado control de la universidad, matando a un estudiante y lesionando a unos 40 más, según Amnistía Internacional. Un policía después falleció debido a lesiones sostenidas en el ataque. Los asaltantes, que llegaron en motos, fueron identificados por la televisora independiente Canal 15 como paramilitares ligados al gobierno.
El mismo día, un grupo de asaltantes encendió las instalaciones de Radio Ya, un canal pro gobierno ubicado en la misma zona de la capital. Los líderes estudiantiles negaron responsabilidad por el ataque.
El catalizador del conflicto fueron las reformas fallidas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Las medidas, que fueron anunciadas el 16 de abril y publicadas en el Diario Oficial dos días después, aumentarían las aportaciones de los trabajadores y las empresas, y disminuirían la cantidad de las pensiones en un 5 por ciento. Las medidas de austeridad buscaban rescatar la institución, que entró en números rojos a partir de 2013. Sin embargo, los críticos—que incluyen el sector empresarial y la Iglesia católica—acusaban al gobierno de aprobar las reformas sin el consentimiento de la población.
El día 18, miembros de la coalición opositora Frente Amplio por la Democracia se enfrentaron contra miembros de la Juventud Sandinista en la ciudad de León, frente las instalaciones del INSS. El mismo día, estudiantes de la Universidad Centroamericana protestaron contra la reforma en Managua, chocando con partidarios de Ortega. El día siguiente, las protestas se extendieron a varios departamentos del país, en donde los manifestantes tomaron carreteras, oficinas gubernamentales y varias universidades.
La reacción del gobierno ante las protestas fue fulminante. En varias universidades, policías antidisturbios dispararon con libertad contra estudiantes armados solo con morteros caseros, según grupos de derechos humanos. El día 19, murió el primer estudiante, lo que radicalizó aún más el movimiento.
Aunque Ortega revocó la reforma cinco días después, no logró apaciguar a sus opositores. Éstos exigen la renuncia del presidente, a quien acusan de corrupto y autoritario—además de asesino. Después de los ataques del 30 de mayo, los principales grupos empresariales enviaron una carta dirigida al “Comandante Ortega”, en que exigieron el cese inmediato de la violencia y la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales.
Los empresarios denunciaron la represión contra los estudiantes, quienes “haciendo uso del derecho fundamental de poder protestar pacíficamente, fueron reprimidos, lo que trágicamente dejó un saldo de 70 muertos, 800 heridos y una cantidad de desaparecidos aun no cuantificada”. También acusaron a Ortega de revivir la polarización de la guerra civil nicaragüense (mejor conocido como la Revolución Sandinista), que cobró más de 50 mil vidas entre los años 70 y el final del conflicto en 1990.
Ortega, quien llegó al poder con la derrota de Somoza en 1979, está sirviendo su cuarto periodo como presidente y su tercero desde 2006. En ese año, el auto declarado marxista-leninista y ex líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) hizo alianzas con los sectores más conservadores del país. Entre las concesiones que pactó con la Iglesia católica fue la derogación de una ley que permitía el aborto terapéutico para salvar la vida de las mujeres, poniendo fin a una de las mayores conquistas de la Revolución Sandinista. También facilitó la liberación en 2009 del ex presidente Arnoldo Alemán, quien había sido sentenciado a 20 años de cárcel por corrupción, a cambio de un pacto político con los partidos de derecha.
En 2014, el Congreso, que es controlado por los sandinistas y sus aliados, cambió la Constitución para permitir la reelección ilimitada de presidentes. La enmienda preparó el terreno para la reelección de Ortega en 2016, con su esposa como compañera de fórmula.
En los últimos años, sin embargo, el ex guerrillero ha perdido credibilidad y aliados—sobre todo desde que tomó la decisión de aplastar las protestas con toda la fuerza del Estado. El 23 de mayo, el liderazgo católico anunció la suspensión indefinida del diálogo mediado por la iglesia, ante la falta de propuestas por parte del gobierno.
La estrategia de mano dura de Ortega también ha atraído la condenación de la comunidad internacional. La Comisión Inter-Americano de Derechos Humanos, que mandó una comisión para investigar la actuación de las fuerzas de seguridad en el país, encontró serias violaciones a los derechos humanos. A su vez, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea (a través de la Eurocámara) y numerosos gobiernos extranjeros han condenado la actuación represiva del Estado nicaragüense.
A su vez, Helen Aguirre, directora para medios hispanos en la Casa Blanca y asesora del presidente Donald Trump, comentó sobre otro reporte de Amnistía Internacional. “Claramente el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha roto con el orden constitucional nicaragüense; estamos viendo un ataque del régimen dictatorial que se ha enfrentado de manera letal en contra del pueblo”.
La actual crisis es un fuerte golpe a las ambiciones políticas de Ortega. Durante años, el ex guerrillero aprovechó sus relaciones con poderosos líderes izquierdistas de la región—sobre todo, Hugo Chávez y Fidel Castro. Su amistad con el líder venezolano le permitió acceder a millones de dólares en petróleo y otra ayuda, a precios regalados, mientras que Cuba proporcionó médicos de forma gratuita. Sin embargo, tales apoyos se han disminuido en los últimos años, debido a las crisis y cambios de régimen en ambos países.
La victoria de los sandinistas y sus más de 15 años en el poder tampoco han traducido en mejoras económicas para esta población de 6 millones. Nicaragua sigue siendo uno de los países más pobres de América Latina, con un ingreso per cápita de apenas 2 mil 150 dólares en 2016, según datos del Banco Mundial.
A su vez, más de 20 por ciento de nicaragüenses mayores a 10 años son analfabetos y el sistema de educación superior del país es de los menos desarrollados de la región. En 2014, hubo unos 125 mil estudiantes inscritos en las 10 universidades subvencionadas por el Estado, y un número ligeramente mayor en las 50 universidades privadas, según un estudio publicado en 2016 por la agrupación de universidades Cinda (Educación Superior en Iberoamérica: Informe 2016). (El gobierno no cuenta con cifras globales de la matrícula a nivel superior, pero se estima que 60 por ciento de los estudiantes está inscrito en instituciones privadas). Mientras tanto, de los 2 mil 754 profesores del sector público, sólo 17 por ciento contaba con doctorado y 45 por ciento con maestría, según el mismo reporte.
No obstante, los estudiantes universitarios, y los del sector público en particular, representan una minoría privilegiada en el país. Nicaragua gasta cinco veces más por estudiante universitario que por estudiante de nivel primaria: mil 140 dólares contra 235 dólares, según datos del Ministerio de Educación de 2015.
Ahora, el sector universitario representa la mayor amenaza para el gobierno. Al reaccionar con tanta violencia contra los manifestantes, Ortega avivó las llamas del conflicto—quizás preparando el camino para su propia derrota.  

Marion Lloyd

Académica y periodista

 

Modificado por última vez enMiércoles, 06 Junio 2018 21:47
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