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La autonomía universitaria en México a 100 años de la Reforma de Córdoba, Argentina Destacado

La autonomía universitaria en México a 100 años de la Reforma de Córdoba, Argentina ANUIES

Agradezco la invitación del Comité Organizador de la CRES 2018, para participar en esta Mesa de Debate que aborda La Autonomía Universitaria, de gran significación en este espacio y en este tiempo, por la conmemoración del centenario del Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de Córdoba, fechado el 21 de junio de 1918.
Las movilizaciones estudiantiles que se sucedieron en el mes de junio de 1918 en Argentina, que originaron el Manifiesto de Córdoba, y que posteriormente se expandirían en América Latina, establecían nuevos postulados para la educación superior, que pueden resumirse en la democratización y la autonomía universitaria. A 100 años de ese acontecimiento, hoy podemos analizar la pertinencia de esa reforma disruptiva y sus ulteriores resultados en el desarrollo de la educación superior en América Latina.


Un año antes de ese importante suceso, en el estado de Michoacán, México, el 15 de octubre de 1917, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, había obtenido su autonomía, como resultado de los procesos de la Revolución Mexicana y del Constituyente de 1917 y de “la convicción de Pascual Ortiz Rubio”, intelectual liberal, entonces gobernador de Michoacán, quien a la postre sería Presidente de México. Le siguieron la Universidad Autónoma de Sinaloa en 2018, que igualmente cumple este año su primer centenario de autonomía, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en 1923, de una propuesta generada por el Gobernador Rafael Nieto en 1921, con el propósito de que “(el Instituto Literario) constituya una entidad moral independiente y alejada de los vaivenes de la política”. Se pretendía pues protegerlas de los conflictos políticos muy frecuentes en esa etapa posrevolucionaria del México de principios del sigloXX.
Desde entonces, la autonomía ha sido considerada como una conquista social irreversible de las universidades públicas en México. Quizás las más significativas, por su impacto contemporáneo, fueron las de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) obtenida en 1945 y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en 1973.   
El 9 junio de 1980 la autonomía de las instituciones de educación superior (IES), se elevó definitivamente a rango constitucional y fue producto fundamentalmente de discusiones en los años previos por aspectos laborales que afectaban a las instituciones y que no se contemplaban en la legislación laboral. La regulación del trabajo universitario exigía una regulación distinta de la del trabajo en general; la autonomía quedó consignada de la siguiente manera:
Artículo 3º. Fracción VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este articulo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio…
En general, el concepto de autonomía significó para las universidades :
•Autorregulación: formular y aprobar internamente la legislación y la normatividad que regula sus relaciones internas, sin contravenir el orden jurídico nacional.
•Auto organización académica: es el valor fundamental de la universidad pública.
•Autogestión administrativa: administrar su patrimonio, observando las disposiciones en materia de rendición de cuentas y de transparencia en la información, tanto al interior como al exterior de la institución universitaria.
•Autogobierno: establecer su propio sistema de gobierno.
En lo que se refiere al trabajo universitario, uno de los aspectos más relevantes de las reformas constitucionales fue  el calificativo que le otorgaron de  especial  y que las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se regularan en los términos y con las modalidades que estableciera la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características propias de un trabajo especial.
Por otro lado, aunque el concepto de autonomía permaneció inalterable por muchos años; no ha estado exento a que grupos internos y externos a las instituciones hayan  pretendido vulnerarlo, en favor de sus propios intereses; de tal manera que, en el año de 2009, ante un conflicto específico en una universidad autónoma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  tuvo que  intervenir para precisar sus alcances. De una garantía constitucional, el concepto evolucionó para ser concebida por ese máximo tribunal como  una garantía institucional. En este sentido, la Corte precisó:
a) La Autonomía constituye una protección especial a favor de las universidades públicas para resguardarlas de intromisiones o intereses externos, lo que les permite cumplir con sus fines.
b) Que el autogobierno es la facultad de gobernarse a sí mismas; por lo que tienen independencia para tomar decisiones sin intervenciones externas.
c) Que la autonormación les permite autorregularse, es decir, aprobar las normas que habrán de regir a su interior.
d) Que tienen las facultades de inspección y control para vigilar la actividad que desarrollan por sí mismas.
e) Que poseen la capacidad de dirimir los conflictos de cualquier naturaleza, que surjan al interior, siempre que constitucional o legalmente la solución de tales litigios no esté reservada a un régimen jurídico específico distinto del universitario.
Hoy en día la autonomía en México y en el mundo, no puede prescindir de factores externos que afectan su misión. La globalización, el acelerado desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como las nuevas condiciones políticas y económicas globales y locales, presentan nuevos retos que acotan en los hechos la autonomía de las instituciones.
Por otra parte, cada vez es más frecuente la intromisión de los gobiernos en las universidades: cambio de las leyes orgánicas sin el consentimiento o conocimiento de la universidades, la injerencia de algunos gobiernos en los procesos de designación o elección de autoridades universitarias, o la imposición de contralores internos, por citar algunos ejemplos. Ello vulnera la estabilidad institucional y someten a las comunidades universitarias a un clima de zozobra e incertidumbre.
Todos esos nuevos elementos del entorno que impactan a las universidades y les impulsan a imaginar nuevas transformaciones internas. Por ejemplo, los claustros académicos que tradicionalmente se mantenían cerrados, se abren ahora a la colaboración de pares de otras instituciones nacionales y del extranjero para desarrollar un trabajo en colaboratorio (UNESCO 1998); la movilidad internacional de estudiantes ha modificado los modelos educativos y curriculares, y ha logrado la apertura de la antes inflexible administración escolar, ha obligado al aprendizaje de lenguas extranjeras y a la adquisición de competencias globales y blandas (Bolonia, 1999).
En términos del financiamiento, la inestabilidad de la economía mundial ha provocado ajustes en los presupuestos internos, que ha orientado a las instituciones a buscar recursos alternos, a generar nuevos esquemas de vinculación que le han hecho económicamente más competitivas, bajo estrategias de universidad – empresa, creación de spin offs universitarios, incubadoras y aceleradoras de empresas, ecosistemas de innovación, etc. que, en ocasiones, provocan transformaciones estructurales a la identidad y al ethos universitario.
A  la par de esto, las declaraciones internacionales que establecen el carácter de bien público social de la educación superior (CRES 2008), o bien la necesidad de asumir la responsabilidad social de la educación superior (UNESCO, 2009), plantean a las instituciones un compromiso ético, solidario y moral, que les conduce a la innovación social y a la generación de una sociedad del conocimiento (UNESCO, 2005).
En esta materia, y de cara a la cuarta revolución industrial, se ha generado una gran incertidumbre en el quehacer institucional y en el desarrollo de las profesiones, no sólo en el tema de la innovación educativa y las nuevas formas de aprender con el uso de las TICs, si no en los perfiles profesionales que demanda el mercado de trabajo global para los próximos 10 años. ¿Cómo deben aprender ahora los estudiantes? ¿Cuáles son las competencias profesionales y blandas (soft skills) que los empleadores demandan y que no están ahora en el curriculum universitario? ¿Cuál es el nuevo modelo universitario del siglo XXI que debemos impulsar? ¿Qué características debe tener? ¿Qué papel juegan las alianzas regionales? ¿Cómo hacer de la autonomía una cualidad que potencie la transformación de las universidades, antes que un obstáculo para el avance académico?
A 100 años de la Reforma de Córdoba, aún sigue siendo pronto para responder a esas nuevas interrogantes, aunque debemos orientar nuestros esfuerzos para reconstruir un nuevo concepto de autonomía regional, sustentado en la colaboración, la solidaridad y la complementariedad de las organizaciones e instituciones de educación superior, un concepto que dé rumbo y orden a la educación superior, la ciencia, tecnología e innovación, reconocidas como bien público social, con el claro compromiso político, programático y financiero-presupuestal de los gobiernos y los organismos internacionales, para facilitar el tránsito hacia la sociedad latinoamericana y caribeña del conocimiento.

Jaime Valls Esponda
Secretario General Ejecutivo
ANUIES, México

Modificado por última vez enMiércoles, 18 Julio 2018 02:41
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