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Anuies: Las propuestas para el sexenio. Diagnóstico Destacado

El sistema de nivel superior debe brindar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. El sistema de nivel superior debe brindar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Especial

El documento Visión y acción 2030. Propuesta de la Anuies para renovar la educación superior de México, que fue presentado a los candidatos presidenciales el pasado mes de mayo, aborda dos grandes temas. En primer lugar, se ofrece una reflexión sobre el contexto general que enmarca la actualidad y los desafíos centrales, para los próximos años, del sistema de educación superior del país. Se documentan, asimismo, un conjunto de elementos problemáticos, de distinta naturaleza, que representan las principales áreas de oportunidad del sistema a juicio de la asociación. Son éstas: gobernanza, cobertura, calidad, responsabilidad social y financiamiento. En segundo lugar, el documento presenta y justifica las propuestas del organismo representativo de las instituciones que agrupa sobre los mismos temas. En esta colaboración nos ocuparemos de la sección diagnóstico y dejaremos para la siguiente la descripción y comentario de la parte propositiva.


En la sección de contexto se abordan tres dimensiones de la problemática contemporánea. Primera, el desarrollo de nuevas formas de producción y suministro de servicios, esto es la denominada cuarta revolución industrial, con énfasis en una nueva generación de instrumentos y procesos basados en la automatización robótica y en la intensificación de flujos de comunicación digitales.
Segunda, los retos de desarrollo económico y social convenidos en la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” formulada en el marco de la Organización de las Naciones Unidas en 2015. En el documento Anuies se sostiene que uno de los objetivos de la agenda interpela directamente al sistema de educación superior al proponerse “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (Agenda 2030, objetivo 4) y que, por lo tanto, una nueva generación de políticas de educación superior debe dar prioridad a los temas de inclusión, equidad y calidad. Pero se afirma también que varios puntos de dicha agenda deben ser atendidos por las políticas de alcance sistémico y por los planes de desarrollo institucional, por ejemplo: lograr seguridad alimentaria, garantizar una vida sana, promover el crecimiento económico sostenido y el empleo, construir infraestructuras resilientes, reducir la desigualdad social y enfrentar el cambio climático y sus efectos. Las universidades y las IES tecnológicas, en virtud de sus capacidades de investigación básica y aplicada, están en condiciones de aportar conocimientos y aplicaciones enfocadas a la atención de los propósitos indicados.
La sección contextual añade, con acento crítico, un conjunto de aspectos en los que México presenta rezagos considerables, en especial si se atiende a la comparación internacional. Es el caso de las grandes brechas en la distribución del ingreso, la disparidad de los perfiles de crecimiento económico entre las regiones del país, y notables deficiencias en la diseminación de los bienes y servicios públicos entre la población. Se señalan, en particular, la persistencia de rezagos educativos en los rubros de cobertura, calidad, pertinencia y logro académico de los estudiantes. Por último, se hace notar el contraste en los grados de competitividad, capacidad de innovación y capacidad científica y tecnológica del país con respecto a las naciones de mayor desarrollo relativo. A este conglomerado de retos, se apunta en el documento, debe contribuir la educación superior del país en los próximos años.
Luego de los apuntes de contexto, se indican en el documento los desafíos que conciernen directamente al sistema de educación superior. El primero se refiere a la gobernanza, es decir la participación de las instituciones y sus comunidades, en la toma de decisiones relevantes que atañen al sistema en su conjunto, a los subsistemas institucionales y a cada una de las entidades. Se indica que el déficit de gobernanza dificulta la implementación de políticas públicas transversales para la planeación, la programación y la presupuestación; el logro de acuerdos para el reconocimiento de créditos; la movilidad de estudiantes y docentes; la colaboración y complementariedad de capacidades entre distintos subsistemas que funcionan como estancos; y la vinculación con el nivel medio superior.
Con respecto a la calidad se subraya la notable heterogeneidad que prevalece en el conjunto institucional. A pesar de la implementación de procesos de evaluación y acreditación principalmente en el segmento universitario, es un hecho que no todas las IES se han comprometido con la mejora de la calidad educativa. También se hace notar que “no se conoce cómo se utiliza la información resultante; menos aún, qué efectos produce ni cómo se aprovecha para proponer o diseñar acciones de prevención o de mejora.” Por último, se concluye que “no se ha trabajado para lograr consenso entre las IES en torno a la formulación de nuevos criterios y procedimientos de evaluación de la educación superior ni sobre los mecanismos para la implantación de mecanismos de mejora.”
Sobre el tema de la responsabilidad social universitaria, si bien se reconoce que la mayoría de las instituciones públicas identifican este elemento como parte de su misión institucional, lo cierto es que prevalece como un desafío importante adoptar el criterio de responsabilidad social de modo trasversal, para que este alcance a impregnar cada una de las funciones académicas cotidianas: la docencia, la investigación y el desarrollo tecnológico, así como las áreas de difusión y divulgación del conocimiento.
Se dedica en la sección diagnóstica una amplia caracterización de la problemática financiera que aqueja al sistema público en su conjunto. Se sostiene que el actual modelo carece de los atributos de certeza jurídica y presupuestal indispensables para la planeación y programación de largo plazo. También se sostiene la prioridad de regularizar los subsidios obtenidos a través de fondos concursables, y en general la de vincular con claridad los propósitos de ampliación de cobertura y mejora de calidad con la debida ampliación del presupuesto. 

Roberto Rodríguez Gómez

UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales

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