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Recapitulación: la semana pasada califiqué como “alboroto” al efecto producido por la medida de austeridad anunciada por AMLO, tres semanas atrás, consistente en reducir sensiblemente el ingreso total del presidente de la República, y reiterando el límite constitucional fijado para cualquier otro servidor público de los tres órdenes de gobierno y organismos autónomos. En otras palabras, nadie percibiría ingresos por encima de los del primer mandatario. La tinta y espacio ocupados por el asunto ha sido enorme, estimulado en amplia medida por los embrollados y subjetivos sistemas de remuneración en esos ámbitos y que, en ocasiones, como ya se decía ahí, las comparaciones casi resultan imposibles al intentar sumar peras, manzanas y limas.


La situación se presenta también en las IES públicas, aunque no con ese grado de sofisticación que, a veces, solo pareciera eludir a un auténtico régimen de transparencia. La preocupación entre rectores de universidades autónomas es mayor ya que, como se ha documentado, en muchas de ellas los emolumentos de sus titulares sobrepasarían los límites (108 mil pesos netos) de la propuesta del futuro presidente. Aunque hay dudas en torno a la eventual medida, y es necesaria mucha más información, como se hizo ya notar, también hay desde ahora respaldos, notadamente, el del rector general de la UAM.
Aunque los problemas de diversificación y heterogeneidad de ingresos en los niveles superiores de servidores públicos en los tres órdenes de gobierno son de un grado mayor de complejidad que en el caso de los rectores, la posibilidad de abordarlos con un mínimo de objetividad pasa por el mismo camino. Este consiste básicamente en volver a la letra del Artículo 127 Constitucional, ya mencionado, de tal forma que al unificar el léxico en remuneración o retribución se proceda en los términos ahí marcados. Algo parecido al total de ingresos anuales, desglosados individualmente, en numerario o en especie.

Las Universidades en Estados Unidos: en esa dirección y válido para las universidades, mucho podría servir el informe anual que sobre percepciones económicas de rectores se acaba de publicar en el Chronicle of Higher Education (20 de julio en papel, 16 de julio en versión electrónica mas amplia). Tal informe se realiza desde 2010 y contiene información referente a 1,400 rectores y directores de IES, 250 de universidades y sistemas públicos, así como de 600 instituciones privadas. El dato que ahí se encuentra se refiere a la remuneración total del año de cada funcionario, consignando cada uno de los componentes de ingreso (salario básico, bonos, otros ingresos, pagos exentos de impuestos, otros beneficios, previsión de retiro).
En tratándose de universidades públicas, los rectores que más ganan son los de las siguientes instituciones: Louisville (4.3 millones de dólares), Auburn (1.8), Sistema de la Universidad de Texas (1.5) Temple (1.4), Texas A&M (1.3). Al igual que en el caso de las privadas, el prestigio universitario ganado en rankings nacionales e internacionales suele no corresponderse con la remuneración de sus altas autoridades; así, por ejemplo, las cabezas de PennState y Berkley perciben un millón y 522 mil, respectivamente.

Conclusión:
• Instrumentar una medida como la propuesta de AMLO requiere conocer a cabalidad las infinitas maneras de remunerar a los servidores públicos de todo el país, incluyendo, desde luego, a los de las universidades autónomas. Como lo ha expresado Diego Valadéz (Reforma, 31 de junio), parte del problema es el “estilo patrimonialista de la vida pública nacional¨, mismo que no obstante la existencia del artículo 127 Constitucional, éste no se ha materializado en un estándar salarial, de tal modo que “la retribución salarial no obedece a un criterio racional y homogéneo¨.
• La medida propuesta, para ser implantada integralmente, requiere que se cumpla plenamente con el texto constitucional. El panorama es tan confuso que posiblemente sea necesaria una ley reglamentaria sobre esta temática… si la cosa va en serio.
• De ser así, el conjunto de IES públicas se regirían por los sistemas al cual pertenezcan, federal o estatal. Caso distinto es el de las universidades autónomas, que, si bien jurídicamente podrían permanecer sin cambios, haciendo uso de su autonomía, políticamente entrarían en contradicción con una política pública como la que ha sido anunciada.

Carlos Pallán Figueroa

Ex secretario general ejecutivo de la ANUIES

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