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Reforma educativa: Promesas de campaña y legalidad

Extraño, extrañísimo que ningún reportero o comunicador le haya hecho la pregunta al ganador de la elección presidencial del 1de julio: ¿qué pasará el lunes 20 cuando formalmente arranca el año escolar y con él, la aplicación efectiva de la reforma educativa (RE)? Nadie se la formuló  a AMLO a lo largo del mes, pero ahora, con su nueva investidura constitucional de presidente electo, la cuestión reviste mayor importancia.
Desde el punto de vista formal, la RE se integra por un conjunto de leyes que tienen, por tanto, un carácter de obligatoriedad. ¿Los 30 millones de votantes, que implícitamente avalaron la propuesta de derogar la RE, son suficientes para que tal aplicación no tenga lugar? Las acciones de grupo de la CNTE que han impedido la distribución de libros de texto, y anuncian, en Oaxaca, que el año escolar arrancará con un “plan alternativo” ¿no tendrán consecuencia alguna?


En fin, tanto para el gobierno entrante… como al que todavía le quedan mas de cien días de ejercicio constitucional, la cuestión de legalidad se presenta como una prueba de fuego para ambos. Para el primero, porque la promesa de campaña choca frontalmente con el principio Juarista ampliamente reiterado a lo largo y ancho del país: “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”. ¿Cómo zafarse de esa disyuntiva cuando se formule la pregunta en cuestión? Para el segundo, porque la más importante de las 13 reformas estructurales, aprobada en todos sus términos (Constitución y leyes secundarias) en 2013, indica que su parte sustancial (El Modelo Educativo, los nuevos planes y programas, los nuevos libros de texto) se quedará  sin haberse implantado en toda la República. Pero, además, ¿cómo proceder ante el boicot de los mentores ya anunciado?
En ambos casos, junto con el tema de la legalidad, los símbolos están presentes. Para el gobierno entrante, honrar el compromiso de campaña (“cancelar la mal llamada reforma educativa”) significa, desde ayer, desdeñar el cumplimiento de la ley, si así se procede. Y, no obstante haber expresado que la modificación legislativa de la RE se procesará con carácter prioritario a partir de septiembre, la probable violación a ese mandato se consumaría. En esta materia, constitucionalmente no existen “violaciones chiquitas”. Como lo expresó antier Tatiana Clouthier, al estrenarse como articulista de El Universal: “que quede claro, que los tiempos y formas sí importan y que éste gobierno por venir ya tiene un sello diferente”.  
Para el gobierno federal la disyuntiva es aún más evidente. Aplicar la RE es un mandato y una responsabilidad legal. Ante anuncios y amenazas ya ha empezado a hacerlo, por conducto de la SEP.  Desde el 29 de junio interpuso una denuncia ante la PGR, contra representantes de la CNTE en Chiapas, Michoacán y Oaxaca por impedir la distribución de 11 millones de libros de texto. Le corresponderá resolver ahora frente a la amenaza de la Sección 22 de Oaxaca, relativa a que, a partir del 20 de agosto, se implantará el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (con base en “pedagogía alternativa” y con materiales educativos propios, todo ello desplazando al Nuevo Modelo Educativo y restringiendo el uso de los libros de texto, mismos que “sólo servirán como un material más para el maestro”).
Aunque hay ambigüedades en la información proveniente de las oficinas del presidente electo, la promesa de campaña, de “echar atrás” la RE, se concretaría, lo más pronto posible, a partir del primero de septiembre, pero sólo lo que corresponde a la Ley General del Servicio Educativo, en la parte que relaciona la evaluación de profesores con consecuencias de orden laboral. Lo restante, que es mucho, y que involucra a la Constitución, y, por lo menos, a tres leyes federales, se deja para la consulta que, ya anunciada por Esteban Moctezuma, se iniciará el próximo 27, involucrando a profesores, padres de familia, expertos y sociedad civil, actividad que se prolongará durante dos meses, dándose resultados a principios de noviembre. Ya para entonces, el año escolar deberá tener un rumbo definitivo:  con el enfoque pedagógico utilizado y materiales didácticos complementarios, por mencionar los más evidentes.
En suma, la pregunta no formulada hasta ahora, con motivo del inicio del año escolar, sigue en el aire. Compromete al gobierno actual, pero aún más al entrante. En ese ambiente también parece flotar otra máxima Juarista: “las leyes tienen para todo el remedio, sin necesidad de apelar a la fuerza”.

Carlos Pallán Figueroa

Ex secretario general ejecutivo de la ANUIES

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