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Regla de tres 765 Destacado

 Félix Salgado Macedonio anunció su intención de realizar una auditoría a la UAGro. Félix Salgado Macedonio anunció su intención de realizar una auditoría a la UAGro. UAGro

Lo que viene. Las nuevas formas para ejercer los equilibrios en la educación superior ya son evidentes. Han cambiado, en cuestión de meses, y con toda seguridad en los meses por venir se van a ajustar a la visión política que poco a poco se va a posicionar, y se van a alinear a los nuevos actores que aparecen desde ya en la escena del acontecer nacional. Las universidades públicas del país, y al parecer también las privadas, han comenzado a virar hacia las políticas de financiamiento que se avecinan. Pero también hay que decir que no son todas, que hay muchas que se sostienen en sus principios y desde la autonomía, desde la autoderminación y la autogestión señalan los desafíos que hay que enfrentar y confrontar. No han abandonado la crítica ni los cuestionamientos y eso es lo que debe prevalecer. Y los meses por venir son una prueba muy fuerte a esas bases que la educación superior no debe olvidar.



Vayamos al inicio. Para entender lo que pasa hoy, vayamos atrás unos meses, al mes de junio, cuando el secretario de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán, se comprometió con los rectores del país a realizar las gestiones correspondientes para que en el Presupuesto de Egresos 2019 se consideren los recursos suficientes para evitar que los problemas estructurales entorpezcan la operación de las universidades públicas y tengan consecuencias sobre los procesos educativos y la gobernabilidad. Fue un gesto que se agradeció y se respaldó en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies). Y desde esa fecha se comenzó a trabajar. Pero el escenario político electoral cambió las posibilidades y estrechó el margen de esa negociación, que no el compromiso irrestricto de las autoridades educativas encabezadas por Granados Roldán.

Los acercamientos.  El tablero político movió las fichas en otra dirección y el triunfo en las urnas de Andrés Manuel López Obrador cambió las cosas. La certeza de tener continuidad en materia de cobertura, calidad, evaluación, financiamiento e internacionalización se diluyó. En parte porque no hay todavía una visión muy clara y definida de lo que viene, y otra porque nunca se dio el acercamiento con el candidato ganador, quien no acudió a la cita con los rectores en su debido momento. Y algunos rectores, en ese momento, optaron por sumarse al movimiento político que obtuvo la mayor cantidad de votos en la elección. Buscaron, como ellos mismos lo reconocen, los nuevos aliados y a los actores que sí tienen el poder de concretar las peticiones y resolver los asuntos pendientes que arrastra la educación superior del país. Y las expresiones para avalar a los que detentarán el poder el sexenio próximo se hicieron más obvias, aunque en algunos casos se perdieron las formas y se hicieron de manera incondicional.

Las señales mal leídas. Y en estos días, varios rectores han operado en esa dirección. Medardo Serna González, en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), se distanció de las autoridades educativas federales y estatales, y olvidó que todavía lo son. Optó por acercarse a la dirigencia local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y acudió a los que llamó sus verdaderos aliados. La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, a sabiendas que en su estado el encargado de operar los recursos será el ex rector Gilberto Herrera Ruiz, por aquello de las dudas, se dice dispuesta a reducir sueldos del personal universitario para estar en consonancia y en la moda de la austeridad republicana. Pero asume posturas personales a nombre de la UAQ e ignora la legislación que también rige estos temas.

Más evidencias.  Y la intervención de los nuevos políticos y quienes van a integrar el Congreso de la Unión a partir de septiembre va en serio. Félix Salgado Macedonio, quien salió del exilio mediático para llegar al Senado de la República, anuncia que ordenará una auditoría a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), una vez que asuma su cargo como legislador. Lo que no dice es que esas decisiones van en contra de la autonomía de las instituciones, y que los recursos que les son entregados a los universitarios llevan años auditados y avalados por la Auditoría Superior de la Federación. Y, contra todo, han estado por encima de campañas mediáticas que han pretendido, una y otra vez, demostrar que la educación superior recibe dinero en exceso. Y ya desde ahora Salgado Macedonio dice que “no puede haber universidad pobre y un rector rico”. ¿A poco no le suena común?

Una cosa es lo institucional.  Y es que, desde ahora, se lo puedo adelantar, en la forma de hacer política, gestionar recursos, proponer programas y políticas tendientes a mejorar la educación superior, las universidades, cosa que no debiera ser, se van a fragmentar. Por lo pronto se perciben dos visiones que van a determinar el rumbo en los meses por venir. Por un lado, la postura institucional, preservando las formas, que ha mantenido hasta ahora la Anuies, y que ha sido respaldado por la mayor parte de los rectores. En ese contexto ocurrió la reunión del actual Secretario Ejecutivo Nacional con quienes serán, al menos así se ha propuesto, las nuevas autoridades educativas del próximo sexenio. Buscar acuerdos, coincidencias, expresar críticas y no callar cuando hay observaciones a los planteamientos que quieren implementarse, eso es quizás lo más conveniente y debe conservarse a como dé lugar. La otra postura, la que han asumido algunos actores, es la del alineamiento incondicional, lo cual va a permitir una mayor injerencia en los asuntos de las universidades y pone en un riesgo mucho mayor esa autonomía que ha sido defendido a capa y espada durante décadas.

Una muestra nada más.  No hace mucho, en un sondeo que ni por mucho es representativo, en un diario de circulación nacional opinaron algunos rectores sobre el nuevo gobierno que entra en funciones el 1 de diciembre. Algunos de ellos, de manera lamentable pierden el piso y rayan, por qué no decirlo, en la exageración innecesaria. Ahí está por ejemplo Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dice que por primera vez se instrumentarán “estrategias por los desposeídos” y de tajo se olvida de los programas de becas que durante han años han impactado precisamente en esos sectores de la población. O el rector de la Universidad Iberoamericana (UIA), David Fernández Dávalos, quien le atribuye cualidades, al presidente electo, que rebasan toda proporción. “Si este personaje no existiera, es posible que hace tiempo la violencia se hubiera manifestado de manera más generalizada. Afortunadamente, la insurrección ha sido de carácter electoral”, considera. ¿Dónde está la crítica y las voces analíticas que desde la educación superior deben prevalecer?

Sin tacto en la UACJ. Otro asunto con el que no se tuvo ni el más mínimo reparo, fue abrir la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) a un evento sobre seguridad y pacificación en pleno proceso de sucesión en esa casa de estudios. Su rector, Ricardo Duarte Jáquez, no previó o no quiso hacerlo, que el próximo 17 de agosto se elige a su sucesor, en medio de varios cuestionamientos por la intromisión en el proceso del gobernador Javier Corral para incidir en el tema, y quien por cierto fue uno de los asistentes a este evento. Eso sin contar con la participación y asistencia de muchos partidarios y militantes de Morena, incluido el presidente electo. Lo mejor hubiese sido buscar otro foro para realizar el evento, pero como lo que quieren es legitimar este proceso de consultas para definir el rumbo de la seguridad pública del país, qué mejor que acercarse a la UACJ. Al parecer, Duarte Jáquez no quiso contravenir esa óptica.

El colmo. Y a todos esos cambios de señales se ha llegado al extremo, lo cual ya es un foco rojo que debieran ya atender las universidades públicas del país. Cuando Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) anuncia que se sumaron a la marcha de ayer organizada por Morena, es un llamado a interferir directamente en decisiones de los universitarios y en una afrenta a la autonomía. Y eso, solo es reflejo del poder que el exrector y morenista, Gerardo Sosa Cástelan, y el sindicato de la institución, también abertamente simpatizante del partido que estará en el poder, tienen al interior de esta casa de estudios. La marcha cierto, es en contra de esas auditorías que el gobierno del estado de Hidalgo insiste en hacer a la institución. Pero cuando ésta es convocada por un partido político, lo mejor es no prestarse a la disputa que Morena tiene abiertamente en esa entidad con el gobernador Omar Fayad. Esto no beneficie en nada a la educación superior del país y no quiere verse todavía. De mantenerse esta tendencia, las universidades públicas estatales van a enfrentar problemas y conflictos que no se veían en décadas.

Carlos Reyes

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