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La hora de la UNAM Destacado

La hora de la UNAM

Una vieja idea sobre el conflicto social es la relativa a que la percepción de la llamada opinión pública —en torno al contenido del mismo— es solo una parte fragmentaria de lo que saben los protagonistas. En algunos enfrentamientos de ese tipo, como imagen, dicha idea se asimila a la de un iceberg: lo visible es sólo una sexta parte del conjunto. Algo así parece estar sucediendo con la actual situación que vive la UNAM.
En las dos semanas transcurridas desde su inicio, marcado por la agresión sufrida por los estudiantes del CCH-Azcapotzalco, ha quedado la impresión que la UNAM está inerme y que su situación se asemeja a lo que vivió en 1999, en aquella toma de instalaciones durante 10 meses. Costó mucho superar aquel conflicto, mismo que, entre sus daños estuvo desprenderse de un buen rector (Francisco Barnés), sumiendo a la casa de estudios, durante un tiempo, en una imagen de desprestigio y minusvalía.


El gran mérito del rector De la Fuente fue combinar prudencia con inteligencia y, muy importante, conseguir el apoyo de la Presidencia de la República. El y el rector Narro, ocho años cada uno, elevaron de nuevo la UNAM al sitial que le corresponde dentro del elenco de las mejores universidades de Latinoamérica, consolidando el orgullo y prestigio Puma. Pero no concluyeron la misión que seguramente debió haberles encomendado la Junta de Gobierno, particularmente al ser electos para un segundo periodo: terminar con la indebida ocupación del auditorio Justo Sierra / Che Guevara.
Esta situación, de fortaleza y debilidad, fue legada al rector Graue. En sus primeras declaraciones, casi tres años atrás, ofreció superar aquella debilidad y hasta algunas acciones menores se realizaron con ese objetivo. Sin embargo, el asunto es delicado y explosivo. Alguna vez se dijo, inclusive, que era de seguridad nacional. Sin embargo, la gran paradoja subsiste: la institución promotora, defensora y guardiana, en cierta medida, del Estado de Derecho en el país no debe tolerar la ocupación de una de sus instalaciones más emblemáticas, en la cual, además, presumiblemente se transgreden de manera cotidiana normas del orden jurídico nacional y de la propia casa de estudios.
En la hora actual “la UNAM es víctima de una regresión”, según ha expresado Diego Valadéz, y tiene razón.  Pero la situación debía ser muy delicada y peligrosa para que el rector Graue fuese al epicentro del conflicto. En los anales de la UNAM —de 1945 en adelante— ese gesto no lo había tenido ningún rector. Y, no obstante el sabotaje que impidió la firma de aceptación del pliego de peticiones de los estudiantes, la acción ha sido muy importante como medida de control de daños.
Ni la propia Asamblea del CCH ni la reunión de la Asamblea Interuniversitaria —entidad que congrega a más de 80 instituciones de todo el país— están ya solicitando la renuncia del rector. Inclusive, esa última la rechazó expresamente en votación. Las siete peticiones de la Asamblea insisten en algunas que, a su vez, se venían reivindicando en el CCH: violencia de género, seguridad, transparencia y rendición de cuentas, esclarecimiento de hechos del 3 de septiembre. A ellas se han agregado: democratización, presupuesto y educación superior pública y gratuita (coincidente con la iniciativa ya anunciada por el presidente electo).
A dos semanas de distancia, el misterio aún envuelve al conflicto desatado a principios de mes. Que no lo sepa a ciencia cierta la opinión pública puede ser normal, por la posible gravedad del mismo. Pero la autoridad universitaria, así como la federal y de CdMx requieren tener el cuadro informativo más aproximado de lo que ahí sucede, en qué consiste exactamente y obrar en consecuencia. Lo avanzado en 18 años no merece ser alterado súbitamente.
Pilón: La voz del INEE. El pasado martes 11, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para que las autoridades federales y estatales “suspendan de manera inmediata e indefinida  la evaluación docente”… prevista para el mes de noviembre. La Junta Directiva del INEE reaccionó de inmediato, respondiéndole a la Cámara con un enunciado de las  responsabilidades que derivan de la Constitución y las leyes en materia de evaluación. Una manera elegante de decir que, como los exhortos no son disposiciones legales, se dan por enterados sin que la institución vaya a adoptar ninguna medida respecto a lo solicitado.

Redacción Campus

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