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Recientemente renunciaron los rectores de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Recientemente renunciaron los rectores de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Especial

Sin razón de ser.  El asunto de la reforma educativa tiene que ser de interés nacional. Por donde se le quiera ver, se trata de una modificación constitucional que fue pensada para el beneficio de millones de niños y jóvenes que requieren, y merecen, mejores herramientas para insertarse en el panorama académico con resultados cualitativa y cuantitativamente más eficaces. Cierto que desde antes de su implementación, a la reforma ciertos sectores se dijeron inconformes y le dieron la espalda al tema. Y contra todo, se concretó, y en este ciclo escolar comenzó a implementarse en todo el país. Los resultados, como ocurre en el ámbito educativo van a tardar en llegar unos años, porque no hay transformación inmediata, y menos cuando se habla del asunto escolar. Desde esa perspectiva, no tienen razón de ser las voces y las fuerzas políticas que exigen su cancelación. Aunque lo griten en la plaza pública, a todas luces es tirar a la basura un proyecto que fue bien pensado.



Llevar la contraria.  Aunque sólo fue un punto de acuerdo el que se aprobó en la Cámara de Diputados, con la mayoría del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), debe verse y entenderse como un aviso de lo que se viene, si no hay contrapesos y no se alza a tiempo la voz, en el terreno de la educación en este país. Al menos le sirvió, a detractores y a quienes la apoyan, para medir el ánimo en torno a la reforma educativa. Si pensaron, los legisladores que tendrían la simpatía de la mayoría, como si se tratara de una consulta o una elección, el cálculo les falló considerablemente. Porque especialistas, rectores, empresarios, maestros, sindicatos, diputados y senadores de oposición, exfuncionarios se unieron a la condena unánime de esta postura atroz e insistente de revertir esta reforma. Y ahora ya saben a qué se van a enfrentar en caso de que pongan en marcha la aplanadora y opere la mayoría calificada en caso de alguna modificación constitucional.

Pensar en claro. Y es que ese llamado a no cumplir con la Constitución, mediante un exhorto a las autoridades educativas para suspender las evaluaciones, que es el meollo y la piedra en el zapato que quieren sacudirse los que hoy ya controlan el Poder Legislativo y en unos meses el Ejecutivo, no tiene lógica. Así que, de manera muy puntual y oportuna, pero sobre todo de manera muy institucional, y eso es lo que se le aplaude y reconoce a la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Otto Granados Roldán, la dependencia dio un golpe en la mesa y, sin dejar dudas, acotó que la reforma va y se aplica tal y como se ha venido haciendo porque se trata de un mandato constitucional. Por encima de las bravatas, las declaraciones estridentes, se trata de cumplir lo dispuesto por la Constitución, las leyes General del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los lineamientos del INEE y el derecho de los docentes a participar en todos los procesos de evaluación previstos para el resto de 2018. Y aunque les escueza, la autoridad educativa es Granados Roldán, quien estará en el cargo hasta el primer día de diciembre y se tiene que escuchar y respetar su voz. Después ya será otro cantar.

Compromisos a modo.  Por ahora, quienes van con toda la intención de tumbar la reforma, tendrán que esperar unos meses más para cumplir sus planes en detrimento de millones de niños. Los que menos interesan en esta maraña de revanchismo y rencores. Ya el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lo dijo el pasado sábado. La reforma se cancela y punto. Porque fue un compromiso de su campaña. Así, sin mayores argumentos. Por eso los acuerdos hechos con gremios y grupos impresentables como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, así como las huestes que años atrás estaban al servicio de la exlideresa Elba Esther Gordillo, van a pesar más en todo este embrollo. Lamentable, a final de cuentas, que un proyecto que ya camina en todas las escuelas del país, se quede a medias por el solo hecho de imponer una visión política negada a la evaluación, a la rendición de cuentas y a la superación profesional.

Mirar de cerca.  Y salvo lo que digan los especialistas, que mucho se han pronunciado ya en torno al modelo educativo que se implementa ya en el ciclo escolar 2018-2019, este apunta a mejorar las habilidades de expresión escrita, comprensión lectora y cálculo matemático de los niños y jóvenes, justo de lo que se ha adolecido y donde había que poner énfasis. Se trata de contenidos muy enfocados en estos temas, cuyos resultados se verán reflejados a mediano y largo plazo. Si se impone en los contenidos educativos esa visión que priva en los discursos de quienes serán los nuevos funcionarios y de quienes están detrás de toda esta ofensiva, hablamos de visiones muy ajenas a lo que demandan los pequeños en los planteles escolares. Por eso la importancia de alzar la voz, pero sobre todo de reconocer el enfoque adecuado, y siempre flexible a ser adecuado y modificado, de esta reforma. Pero empezar de cero, es un golpe muy duro para las nuevas generaciones.

Se pierde la dimensión.  En otro asunto en el que también está en juego la calidad de la educación, muchos medios han perdido la dimensión de lo que ocurre en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y le dan espacio y peso específico a voces y actores que no debieran ser los referentes de lo que sucede en esa institución educativa. Al ya de por sí desvirtuado movimiento que se quiere gestar para debilitar a la Máxima Casa de Estudios y a su rector, Enrique Graue Wiechers, se le suman expresiones que nada tienen que ver con un problema de inseguridad al interior de los planteles universitarios. Los padres de los alumnos de la normal de Ayotzinapa, los detractores del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), los opositores a la reforma educativa, y ya no hablemos de colectivos socialistas chilenos y latinoamericanos que se han colado en las asambleas, hablan de todo menos de cómo contrarrestar la fuerza de los porros. Porque ese, les recuerdo, fue el pretexto para iniciar este entuerto.

¿Agradecer su anuencia?  Ahora, como parte de los acuerdos de la Segunda Asamblea Interuniversitaria, dice la mayoría de los medios, se determinó que Enrique Graue permanezca como rector y esta demanda queda fuera de su pliego petitorio que han tardado semanas en redactar, consultar y aprobar. Lo que se les olvida a quienes están manejándolo de esa forma, es que ninguna asamblea, colectivo o grupo estudiantil tiene la facultad de decidir si un rector permanece o tiene que renunciar a su cargo. Porque la legislación universitaria mandata para esas cuestiones a la Junta de Gobierno y para lo cual se debe seguir un proceso que está establecido jurídicamente.

Fortalecer a la universidad. Así que ni al caso exaltar los acuerdos de la asamblea. ¿O será que el rector tiene que agradecerle a los ahí reunidos que le permitan continuar su gestión? ¿Debe Graue Wiechers rendir cuentas a ese grupo o pedirles su venia para saber si están de acuerdo con las decisiones que está tomando? Porque el rector, hasta ahora, ha hecho lo necesario y solo lo justo para desactivar las malas intenciones. No más. Esperemos que este grupo, que toma las riendas de la UNAM a nombre de la mayoría, no termine por erigirse como el gran dedo al interior de la UNAM, ni se asume como la voz plenipotenciaria que debe definir el rumbo de la institución. Quizás por eso perfilen en su pliego petitorio que las autoridades de la universidad, incluido el rector, sean elegidos a mano alzada, en asambleas multitudinarias. Eso, sin importar, que el elegido sea el más capaz para llevar las riendas de una institución educativa que es emblemática y que no debe caer en manos de la demagogia y el oportunismo político.

Siguen las renuncias. Como lo dijimos aquí hace unas semanas, cosas raras pasan ya en la educación superior. La renuncia hace unas semanas de los rectores de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) y de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), meses antes de concluir sus respectivos periodos, cayó de sorpresa a propios y extraños. Ahora, en esa misma línea, se separa del cargo el rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACam), Gerardo Pérez Montero. Deja el cargo aun cuando le faltaba más de un año para terminar su gestión, y a unos días de rendir su tercer informe de gobierno. Ahora Cindy Rossina Saravia López, asume la rectoría y permanecerá en el cargo hasta el 11 de octubre de 2019. Demasiadas renuncias en tan poco tiempo. En muchos casos rectores temporales que no tienen la solvencia y la fortaleza que les da el cargo de manera definitiva. A estas alturas, muchos se preguntan ya quién es el que sigue.

Sucesión en la UABC.  Por cierto, en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), inició ya el proceso para suceder en la rectoría a Juan Manuel Ocegueda Hernández. La legislación universitaria establece que el periodo para ejercer el cargo de rector es de cuatro años, sin posibilidad de reelección, y el próximo 27 de enero de 2019 concluye la actual administración rectoral. Con la finalidad de presentar un proceso transparente y participación, se realizará una consulta con académicos, estudiantes y trabajadores, la cual se llevará a cabo a través de tres Foros de Consulta que se efectuarán en el campus Mexicali el 01 de octubre; campus Tijuana, 03 de octubre, y campus Ensenada, 05 de octubre. Atentos a este asunto para evitar más sorpresas.

Carlos Reyes

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