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Mayoría legislativa condiciona recursos a universidades públicas Destacado

Sin apoyo financiero, las funciones sustantivas de las casas de estudio podrían verse amenazadas y colapsar. Sin apoyo financiero, las funciones sustantivas de las casas de estudio podrían verse amenazadas y colapsar. cuaroscuro

La crisis económica de las universidades públicas amenaza con agudizarse en los próximos meses frente a los condicionamientos hechos por la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados y Senadores.
Los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) advierten a las instituciones de educación superior que debe haber mayor control de los recursos públicos que reciben y se tiene que acotar la autonomía financiera que tienen para ejercer y distribuirlos.


Los pronunciamientos ya son evidentes y exigen que las universidades públicas se sometan a una mayor fiscalización y sean intervenidas por los órganos de control de los estados para determinar si, en efecto, el gasto se está ejerciendo de manera responsable.
Además, por desconocimiento del contexto educativo que prevalece y ha permeado en las últimas décadas, piden someter a las instituciones a auditorías externas.
Si quieren solventar los compromisos presupuestales en puerta, y si quieren que los recursos fluyan sin mayor problema, deben ajustarse a estas exigencias que sirven para controlar el gasto que las universidades necesitan.
Eso, sin contar con las iniciativas y proyectos que impulsan para investigar a funcionarios y exfuncionarios universitarios con el fin, afirman ellos, de determinar y ratificar que se hizo uso inadecuado del dinero entregado a las instituciones por la Federación.
A diferencia de otras legislaturas, en las que el trabajo pasaba por la negociación, los acuerdos, y el apoyo irrestricto de todas las bancadas parlamentarias a la educación superior, el escenario esta vez es distinto.
Ahora la mayoría en ambas Cámaras le apuesta a la presión, al condicionamiento abierto y sin fundamentos, así como a la exigencia para que las universidades justifiquen, bajo los parámetros políticos e ideológicos del próximo gobierno, la forma en que se invierte el presupuesto.
Pero en esa ecuación se hacen a un lado, por desconocimiento y conveniencia, los indicadores de calidad y eficiencia, el reconocimiento, respaldo y confianza social que tienen, y su papel como detonadoras del desarrollo en el país.

Múltiples señales
Una de las puntas de la madeja es reciente. Hace unos días,  Margarita Valdez, senadora de Morena anunció que se presentará en la tribuna del Senado de la República un punto de acuerdo para exigir a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar dónde están los recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) que presuntamente se usaron en la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).
Una situación que, hasta la fecha, no se ha podido comprobar al punto de presentar las denuncias correspondientes para que se inicie la investigación, en caso de que así corresponda.
Lo que sorprende es que la legisladora reactiva ese tema en medio de dos contextos muy riesgosos y que siempre terminan por cruzarse. A nivel local con el proceso de sucesión en la UJED, donde en breve se elegirá nuevo rector; y a nivel nacional justo cuando inicia la negociación presupuestal en el Congreso de la Unión.
Y en este enredo, algunos medios también reactivan presuntos actos de corrupción, sin presentar pruebas contundentes, en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a la que también vinculan con  esos traspasos de dinero que, a dos años de distancia, no se han denunciado ante la autoridad.
Esta ofensiva se da a unos días que un grupo de rectores de universidades públicas estatales se reunieron con integrantes de la Cámara de Diputados para abordar el problema de la crisis financiera.
A nivel general, los legisladores acordaron intervenir ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para agilizar la entrega de recursos adicionales para paliar la situación.
Por ahí estuvieron Medardo Serna González de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (MNSNH); Gustavo Urquiza Beltrán, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor); Eduardo Bautista Martínez, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO); e Ignacio Peña González de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).
Sin embargo, en lo particular, se advierte hacia dónde apunta la línea legislativa que se va a seguir en el diseño del gasto, pero sobre todo en las condiciones para ejercerlo.
Esto, sin tomar en cuenta la problemática que enfrentan como el bajo promedio presupuesto anual por estudiante, plantillas y prestaciones no reconocidas, así como falta de recursos para el pago de pensiones y jubilaciones, por citar solo algunos.
Medardo Serna, rector de la UMSNH, plantea que no hay excusas para apoyar a las instituciones de educación superior porque han cumplido con su compromiso de incrementar la matrícula y diversificar la oferta académica, sin dejar de lado el tema de la calidad, transparencia y rendición de cuentas.
En ese sentido, Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados del PAN, y exrector de la Universidad de Guanajuato (UGto), ofreció su apoyo y acompañamiento y comprometió el apoyo de su bancada para acceder a esos recursos. El problema es que la mayoría no está con ellos.
Así lo hizo sabe el diputado de Morena, Arturo Roberto Hernández, quien pidió una reunión no sólo con las autoridades hacendarias, sino con los titulares de órganos de fiscalización locales.
Incluso, el diputado habla de citar a comparecer a los rectores para que rindan cuentas ante el Legislativo sobre el gasto que ejercen y no se haga únicamente ante las comunidades universitarias.
Porque a su juicio, basado sólo en ciertas versiones periodísticas, algunas de las instituciones con problemas financieros han incurrido en irregularidades al estar involucradas en el escándalo de la “Estafa Maestra”.
“Tan importante es salvar a las universidades como importante es saber cómo han manejado sus recursos, algunas están involucradas con la estafa maestra. Tengo información que la Auditoría Superior tiene avances importantes en las investigaciones”, lanzó el legislador.
Afirma que la situación en la que se encuentran las universidades se debe al manejo que han hecho de los recursos que se les han asignado año con año.
“Hay algunas que manejan discrecionalmente sus recursos, convirtiendo a sus rectores en verdaderos faraones y a las escuelas en cajas chicas del Estado”, sentencia.
De la misma bancada, la diputada María Chávez Pérez, se pronuncia por hacer una auditoría de la partida económica que entra a cada universidad y de los recursos que les proporciona el Estado.
Esto, dice la legisladora, con el fin de comprobar que los recursos son bien aprovechados.
“Que se haga auditoría a las universidades para ver el uso de los recursos que sean bien aprovechados, si hay un déficit presupuestal a nivel nacional quiere decir que tenemos un gran problema y no lo podemos estar trabajando por encimita”, dice.
Y aunque su coordinador avala a las instituciones de educación superior, uno de los suyos, el diputado Adolfo Torres Ramírez, enfatiza que se han comprobado malos manejos en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) y eso debe considerarse a la hora de diseñar el gasto 2019.
 “Hacemos un llamado para que nuestros compañeros de Morena y el próximo gobierno en el presupuesto para el 2019 se contemplen los recursos con compromisos claros de transparencia y rendición de cuentas. No puede existir en México universidades de primera y de segunda”, señala.

El respaldo es ahora minoritario
En medio de esos condicionamientos y advertencias, aún se escuchan planteamientos que si bien no tienen el peso legislativo de otras ocasiones, se suman a las peticiones de las universidades sin ninguna restricción.
Porque saben, argumentan, que las instituciones de educación superior operan a pesar de las limitaciones, y se han sometido a rigurosos esquemas de rendición de cuentas y transparencia.
El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y hoy diputado del Partido del Trabajo (PT), Alfredo Femat Bañuelos, sostiene que sin el apoyo financiero requerido, las universidades de al menos 10 estados colapsarán pronto cuando se queden sin dinero para pagar a los profesores y trabajadores.
“De no atenderse esta situación, cada una de las universidades públicas estatales mencionadas, entrarán en un colapso financiero que les paralizará, dejando sin clases a 537 mil 615 jóvenes, que representan 32 por ciento del total de la matrícula de las universidades públicas estatales”, comenta.
Y es que si bien hay avances en las universidades, estos se han logrado gracias a serios esfuerzos de ajuste al gasto y programas de austeridad.
 “Esto se hizo a tal grado que sus funciones sustantivas se encuentran en permanente amenaza; por tanto, persisten los rezagos e inercias, muchas de las cuales se han derivado de una compleja situación financiera que aqueja a estas instituciones educativas”, comenta.
En ese sentido, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, de Movimiento Ciudadano (MC), advierte que en México sólo 3.8 de cada 10 jóvenes cuentan con la oportunidad de asistir a alguna universidad o institución de educación superior, pública o privada, y se requieren recursos para mejorar estos indicadores.
Y es que, dice el exrector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), a pesar de que las universidades han aumentado su cobertura en nuestro país y diversificado su oferta educativa, enfrentan una severa crisis.
Esto, derivado por  la plantilla no reconocida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el haber convenido prestaciones con sindicatos no contemplados en el modelo de financiamiento, adeudos de carácter fiscal o a proveedores de seguridad social.
Para la diputada Marcela Guillermina Velasco González del PRI, la educación universitaria es pilar fundamental para el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país.
Porque además que la educación superior también es un elemento esencial para que las personas puedan acceder a una mejor calidad de vida, se necesita que las universidades públicas cuenten con viabilidad financiera, para no poner en riesgo la educación de millones de alumnos.


Confrontar en vez de negociar
Lo cierto es que la línea para condicionar los recursos ganará terreno en el ámbito legislativo porque se trata de la mayoría en las dos Cámaras.
Dice el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Partido Encuentro Social (PES), que se debe revisar la fórmula de distribución del subsidio federal que data del año 1978, ya que “el país ya no es el mismo y existe la exigencia de tener universidades con un mayor nivel y egresados con mayores herramientas para salir a competir al trabajo laboral”.
“Necesitamos que también las universidades sean eficaces y privilegien la calidad de la ejecución del gasto, ya que es posible que existan opacidades en el manejo de los recursos”, puntualiza.
Se trata, agrega, de que “los mecanismos de rendición de cuentas y austeridad se tienen que cuadrar en la gran estrategia para fortalecer el sistema educativo nacional que impulsará la nueva administración federal”.
Por eso, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Mario Delgado Carrillo, señaló que para el próximo proyecto de gobierno es fundamental garantizar la educación superior y que las universidades mantengan su operación, incluso, que aumenten su matrícula, pero con ciertas reservas.
“Es un problema financiero que vienen arrastrando desde hace varios años y se ha ido agravando. Cuentan con nuestro apoyo para gestionar con las autoridades hacendarias que sus demandas sean escuchadas”, argumenta.
Y aunque asegura que respetarán la autonomía de las universidades, pide a los rectores conducirse con austeridad.
“Sabemos que nos pueden acompañar en esta lógica de cuidar los recursos públicos, que nos ajustemos todos a lo que señala la Constitución en su artículo 127; aquí aprobamos ya una ley reglamentaria de que nadie puede ganar más que el Presidente; es una demanda popular”, sentencia.
Y sin dar cifras, porcentajes o alguna aproximación, Juan Pablo Sánchez Rodríguez, también diputado de Morena, dice que trabajarán por establecer en la Constitución la obligatoriedad de la educación superior, además que buscarán la asignación de un recurso “justo y digno para el rubro”.
A ello se suma la diputada Yolanda Guerrero Barrera, también de Morena. Puntualiza que el recurso para las universidades debe estar desglosado y etiquetado para cada rubro.
Que se evite el desvío de recursos y se apliquen responsablemente. “Porque sí hay desvíos al interior de las universidades”, afirma.
Afirma que las universidades públicas son una prioridad que deben dejar de utilizarse como un “botín político” y se dediquen a formar profesionistas y académicos competitivos.
De la misma bancada, la legisladora Alejandra Pani Barragán pide resolver de fondo el déficit de todas las universidades públicas, a través de la aprobación del presupuesto.
“Vamos a estar prestos a revisarlo y avalarlo siempre y cuando sea con los lineamientos de austeridad”, enfatiza.
En esa línea, la diputada Maribel Martínez Ruiz, del PT, se dice dispuesta a apoyar las peticiones de las instituciones de educación superior, siempre y cuando entren en el modelo financiero del próximo gobierno.
 “Esta nueva etapa de austeridad debe llegar a todos. Tenemos que apretarnos el cinturón y revisar lo que no anda bien, para ganar-ganar que beneficie a los docentes y empleados que están a la deriva, así como de los estudiantes”, dice.
Sobre este escenario, el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Eduardo Carlos Bautista Martínez, pone en claro que los problemas más comunes como insolvencia económica para el pago de salarios y prestaciones, déficit en el reconocimiento del aumento de las matrículas estudiantiles y en la contratación de plantillas laborales, se debe atender sin distingos.
“Estamos en un momento importante para el conjunto de las universidades, pero no buscamos sólo un rescate momentáneo”, afirma.
Ignacio Peña, rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, sostiene que la crisis financiera que sufre el sector tiene años y cada vez se profundiza.
“No tenemos recursos para las nóminas de noviembre ni diciembre y prestaciones de fin de año”, reconoce.
Y se trata, dice, de una bola de nieve, a la que le tienen que entrar, con mucha inteligencia y sin condicionamientos, los actuales legisladores. De lo contrario la educación superior está en verdadero riesgo.

Carlos Reyes

Modificado por última vez enJueves, 27 Septiembre 2018 01:09
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