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De la historia cíclica y otras minucias Destacado

La Ley Federal de Organizaciones y Procesos Electorales de 1977 (LOPPE) fue de cierto modo consecuencia de los cambios sociales del 68. La Ley Federal de Organizaciones y Procesos Electorales de 1977 (LOPPE) fue de cierto modo consecuencia de los cambios sociales del 68. Cuartoscuro

Los que nacimos entre 1943 y 1953, y fuimos estudiantes del bachillerato al posgrado a fines de los años sesenta, formamos la falange central de los que se conoce como la generación mexicana del 1968.
Fue un año de excepción en varias partes del mundo, pero ninguna marcó tan profundamente a la sociedad como en México, con el Movimiento Estudiantil y sus secuelas.
Nadie ha explicado todavía a cabalidad las causas del 68 mexicano. Se dice que se han escrito más de 200 libros.  Pero podíamos decir que fue la primera desilusión con el régimen de la Revolución Mexicana, acelerada y radicalizada por un presidente mal encarado y de peor humor, que declaró la guerra a las universidades desde el inicio de su sexenio reduciéndoles drásticamente los presupuestos. La cosa tenía que acabar mal.


En su momento, el 68 mexicano fue una llamarada de esperanza y creatividad que pronto desembocó en la represión, la guerrilla y la guerra sucia. Para mediados de los años 70, mi generación había puesto los presos, los muertos, los guerrilleros. El gobierno, solo la fuerza y la represión. Las medidas de Luis Echeverria a favor de la participación juvenil en la política convencional, fueron meramente cosméticas. No se trataba de  tener una política juvenil. Era un supuesto fácilmente falseable. Otras eran las cuestiones en juego.
Se trataba de la realización del ideal político jeffersionano que nos dejaron los liberales decimonónicos del gobierno popular y representativo, de la libertad de expresión,   del debate razonado, de las elecciones libres y el equilibrio de poderes. Pero también se trataba de las promesas incumplidas de bienestar social incluidas en la constitución de 1917.  Reprimido como movimiento, la salida guerrillera fue obvia sobre todo en tiempo de alta popularidad de la revolución cubana.
A raíz de las desiertas elecciones presidenciales de 1976, dos destacados profesores universitarios y distinguidos políticos, José López Portillo y Jesús Reyes Heroles, pergeñaron una reforma electoral   modesta y prudente,  con dos propósitos claros: desmovilizar a la izquierda radical para encaminarla pacífica y negociadamente a la participación política, y sentar las bases de un   sistema de partidos competitivos.  Ello se logró con la llamada Ley Federal de Organizaciones y Procesos Electorales de 1977 (LOPPE), primera reforma política seria, que introdujo la representación proporcional en la cámara de diputados y marcó  el fin de las reformas políticas otorgadas y la paulatina transición a las  negociadas.
Si este año el Movimiento Estudiantil cumple 50 años, el próximo  la LOPPE cumplirá 40   de su entrada en vigor;  en esos cuatro decenios ha pasado de todo, borbotones de agua bajo el puente.
Se establecieron instituciones sólidas para que el voto cuente y se cuente; quedó fincado un  sistema de partidos de corto espectro  del cual desparecieron los antiguos partidos comparsa. Surgió un mercado político, todavía incomprendido y que aun padece de serios defectos. Y se lograron cotas de participación ciudadana en las elecciones que superan a veces el 60 por ciento del padrón que, al menos en América Latina, nos ponen por encima de Chile, Uruguay o Colombia.  No obstante que muchos candidatos, para justificar sus derrotas, todavía acusan al proceso electoral de corrupto y manipulado, no lo es. Es un sistema complicado y con excesos de litigio, sin embargo la cadena de funcionarios electorales de planta y transitorios que ahora entran en funciones en las elecciones han logrado votaciones que pocos ponen en duda su legitimidad. El ciudadano muestra su confianza participando cada vez más, no obstante las opiniones de la novedosa “argumentocracia” que ha proliferado en los medios.
Los que participamos en la construcción de la LOPPE podríamos sentirnos satisfechos, los resultados han sido mayores que las expectativas de entonces. Pero no creo que lo estemos del todo porque el resultado final no es halagüeño.
Cierto, ningún proceso social o político es estático ni tiene que ser enteramente positivo. Las sucesivas reformas de los últimos 40 años, no obstante los evidentes avances, han dejado serios problemas atrás y no pocos  pudieron haberse evitado.
Para efectos de este escrito, los reduciré a dos: uno financiero-institucional y el otro, de gobernabilidad. Hay más, pero no son de tan alto bordo como estos.
El primero se deriva no tanto del financiamiento público de los partidos, ahora en vías de reducción, sino de los topes de campaña. En esto y en los tiempos de arranque de las actividades proselitista campea un absurdo. Es torpe suponer que una elección es una carrera de caballos en las que caballo, montura y jinete deben dar pesos cercanos a una sola cota, arrancar de la línea de salida al mismo tiempo sin adelantar las pesuñas un centímetro.
Nada hay más desigual que la política. Cuando  a partir de 1997 se empeñaron las elites políticas en igualar condiciones de competencia al máximo, no repararon que de inmediato hacían a todo candidato un delincuente electoral, porque las campañas no cuestan lo que dice la ley. Y lo curioso es que los neoliberales entonces a cargo del gobierno  no repararon en que la política competitiva es un mercado, y que si se interviene, se distorsiona.
La diferencia entre costo real y costo legal se tiene se tiene  que llenar de alguna manera y se hace por medios heterodoxos, por no decir  ilícitos. Aportaciones por debajo de la mesa, compra por terceros de servicios de campaña, desvíos presupuestales  y muchos más.
En este rejuego nadie es inocente. Todos los partidos y candidatos  han recurrido a él, y ello alienta la corrupción pues no faltan quienes pongan a funcionarios federales y locales a desviar dineros de los presupuestos, y si éstos se prestan a hacerlo para la causa ¿por qué no llevarse a casa un tanto por ciento como  comisión? Ya que todos los dirigentes, candidatos y partidos entran en estas maniobras, la limpieza política y electoral se reduce a que no te atrapen con las manos en la masa.
Todo esto hay que repensarlo. La mejor política es  hacer explícito lo que ya es, pero normado que no es lo mismo que prohibido. Hay que quitar topes y permitir una gran apertura a los financiamientos privados de los partidos, incluso que sean deducibles fiscalmente.  Es absurdo querer evitar influencias en política ya que la política es juego de fuerzas. Una apertura en el financiamiento  acompañada de muy serias auditorías y penas severas, no multas, para los que incurran en simulaciones o fraudes es el camino indicado. El empresario rico es tan ciudadano como el empleado pobre. En principio deben tener igual derecho a contribuir recursos a sus favoritos  siempre y cuando las aportaciones sean transparentes  y dentro de ciertos límites. ¿Que la izquierda no se financiará tanto como la derecha? Falso: a la derecha contribuirán pocos quizá con mucho, a la izquierda muchos con poco. Es cuestión de activismo, trabajo político  y venta correcta de perspectivas. Es cuestión de calidad y cantidad.
Aquí podría dejar las cosas, pero es necesario mencionar el costo de la elecciones en México, que es uno de los más altos del mundo: 80 dólares por voto emitido si se suman lo que cuestan el Instituto Nacional Electoral y sus muy bien pagados funcionarios, el Tribunal Electoral de la Federación  y los  subsidios a los partidos en dinero y especie (promocionales gratuitos en los medios de comunicación). Costo altísimo si se compara con Estados Unidos y países de Europa Occidental en que el costo por voto fluctúa entre uno y tres dólares. Nada más por esos tres conceptos se erogarán 28 mil millones en 2018, más piquitos adicionales si hay alguna elección extraordinaria. ¿Por qué ‘no rediseñar al INE para bajar su pantagruélico  costo burocrático, fortaleciendo mejor sus capacidades para llevar a cabo auditorias y supervisiones dejando de lado las sandeces de “promoción de la democracia”? ¿Por qué no dedicar parte del financiamiento a los partidos al costo de las auditorías?
El segundo problema, el de la gobernabilidad, deriva de todas las  reformas negociadas. Bajo muy diversas circunstancias de presión o de necesidades eventuales de las élites negociadoras, empujadas por incontables Organizaciones No Gubernamentales  —que en su mayoría no son más que grupos autodesignados que nadie eligió, orientados a defender temas o puntos de vista específicos— se llegó a un mecanismo proporcional para la integración de las cámaras   que prácticamente obliga a una distribución de curules y escaños en tres porciones, salvo una votación masivamente inclinada por un partido como fue la reciente.  Pero fuera de esa excepción, normalmente se arrinconaba al Ejecutivo al inmovilismo en el Legislativo, o a que las leyes salieran con disonancias y chipotes después de difíciles negociaciones que buscaban unanimidades camerales imposibles.  El Legislativo no puede contribuir al equilibrio de poderes en ninguno de los dos extremos: cuando el gobierno es  hegemónico o cuando está paralizado por la dispersión partidistas de la representación. El propósito de un sistema electoral no es satisfacer a las elites partidarias sino producir gobiernos que gobiernen dentro de la estructura republicana que históricamente nos dimos.
Menos proporcionalidad y menos legisladores, menos burocracia electoral y más supervisión, menos subsidios a cargo de los presupuestos y mayores aportaciones voluntarias de la sociedad a los partidos,  serían fórmulas adecuadas y sensatas, si fuera posible convencer a las élites políticas que negocian estas cosas, pero que por lo pronto no parecen tener alicientes para hacerlo. Hay un muro de intereses integrado por las élites políticas, la burocracia electoral y esa langosta que nos cayó encima, las ONGs, que lo impiden. Y los medios de comunicación juegan su juego de seguir medrando en los intersticios. Todos se benefician a costa del dinero del contribuyente.
Al respecto, y ya término, quiero hacer un brevísimo balance de los resultados de las reformas electorales, credibilidad electoral aparte. Tenemos un obeso complejo de organismos burocráticos encargados de elecciones, a cuya parte federal se le han venido asignando cada vez más atribuciones que ejerce en un marco de organismo autónomo sin tener prácticamente que rendir cuentas  a nadie. Por muy árbitros que sean no pueden ser irresponsables política y financieramente. El mecanismo de los anuncios de propaganda política en los medios electrónico resultó un fiasco al saturar al ciudadano normal con su aterradora repetición. Ante el inicio de una serie de espots la reacción normal es apagar el aparato. Lo he visto. Y yo lo practico.
Hartazgo ciudadano, frustración social, complicaciones en la información con las noticias falsas en redes sociales, la abulia de las directivas de los partidos, todo ello se confabuló para hacer realidad el peor de los temores: el triunfo abrumador de un movimiento político electoral.
Aun no se asienta la polvareda para que se vislumbre con claridad el horizonte, pero éste es ya ominoso con los datos a la mano. Por lo pronto el sistema de partidos tan trabajosamente elaborado a partir de 1977, literalmente  saltó en pedazos.  Ya podrán subir o bajar los subsidios a las siglas partidistas sobrevivientes, pero no tendrán efecto alguno pues la población votó en contra de los partidos establecidos. No es más que  la desilusión del ciudadano con las promesas ilusorias de igualdad de la democracia liberal a consecuencia de los efectos de la marginación social que deja atrás el capitalismo rapaz de los  neoliberales, desde Europa al Cono sur americano, pasando por Estados Unidos y ahora por México. El ciudadano le dio el triunfo a un movimiento, no a un partido, y todos sabemos que un movimiento que logra el poder difícilmente puede convertirse en partido político. Y aunque lo lograra estableciendo una ideología y muy destacadamente una estructura orgánica en todo el país, en el caso de México sería un partido hegemónico, pues nacería desde el poder y para conservarlo. ¿Suena familiar? Si, un nuevo PRI, que esa fue su historia,  un regreso al estado político de cosas prevalecientes antes de 1979. Un partido gigantesco rodeado de enanos que funcionan como comparsas. ¿Tendría razón Tucídides al postular que la Historia es cíclica? 

Luis Medina Peña

Profesor e investigador de tiempo completo en la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas

Modificado por última vez enJueves, 04 Octubre 2018 20:15
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