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Música de bancarrota Destacado

Música de bancarrota Especial

Notas periodísticas, presiones laborales, gestiones desesperadas y reclamos de varias universidades públicas ante autoridades federales y estatales, han mostrado en las últimas semanas el rostro áspero de las políticas de financiamiento público hacia dichas instituciones. En el centro está el tema de las pensiones y jubilaciones de sus trabajadores, acaso el mayor de los problemas financieros de las universidades públicas mexicanas durante los últimos veinte años. Cierto tono de escándalo, ansiedad y dramatismo predomina sobre el asunto, y ya suenan los tambores de guerra de la culpabilidad  que acusan a las instituciones de prácticas de indolencia, despilfarro, irresponsabilidad y corrupción.


Lo preocupante es la interpretación que se hace del problema. Algunos lo denominan como un factor que ha colocado a las universidades en la “bancarrota” financiera, la “quiebra presupuestal”, la catástrofe institucional, la amenaza con el cierre de las universidades públicas. Esa interpretación asemeja a las universidades —como a los municipios y gobiernos estatales—, como empresas privadas, que operan en el mismo esquema de riesgo que cualquier institución privada. Pero las universidades no pueden “quebrar”, ni declararse en bancarrota. No son bancos, ni cajas de ahorro, ni empresas de calzado o fábricas tequileras. Pueden ser paralizadas por los sindicatos, pueden ser castigadas en sus presupuestos públicos, enfrentar crisis de ingobernabilidad, padecer huelgas y paros, pero no pueden ser consideradas en “bancarrota”.
El lenguaje por supuesto importa. Como instituciones  de interés público, las universidades experimentan crisis de insolvencia presupuestal, derivadas de un largo y complicado proceso de expansión flojamente regulada que incluyó el crecimiento de su planta laboral. La cuestión central es cómo sostener esquemas de pensiones y jubilaciones en las condiciones en que fueron pactados hace décadas entre las autoridades universitarias y los sindicatos de trabajadores académicos y administrativos de las instituciones. En dichos esquemas, las reglas acordadas en los contratos colectivos se basaron en dos principios estratégicos: amortiguar los bajos salarios de los trabajadores y enfrentar la larga crisis económica de los años ochenta.
Estos dos principios no emanaron  del vacío. El largo período de masificación de la educación superior iniciado a finales de los años sesenta colocó a las universidades públicas en la necesidad de atender a miles de nuevos jóvenes que ingresaban a la universidad a través de la contratación de cientos de profesores que atendieran las necesidades de docencia que reclamaba la ola estudiantil que llegaba tumultuosamente a las aulas universitarias. El aumento  de la demografía universitaria es la expresión de una lógica de crecimiento institucional de su población estudiantil y laboral basado en la atención a la demanda y a la creciente necesidad de incorporar nuevas funciones —la investigación, por ejemplo— a instituciones básicamente diseñadas a operar como “enseñaderos”.  
Eso ocurrió  en Puebla, Zacatecas, Guadalajara,  Sinaloa,  Sonora o Michoacán. Posteriormente, en los años noventa, ocurriría también en Oaxaca, Guerrero, Morelos, Nuevo León o Nayarit. Mirando solamente lo ocurrido en el personal académico, las cifras ayudan a comprender la magnitud de lo ocurrido: a mediados de los años sesenta, la cantidad de profesores universitarios apenas rebasaba los cuarenta mil, y en 1977 superaban ya los 100 mil. Para el fin de siglo se incrementaron a poco más de 200 mil, y en 2017 rebasaron los 375 mil profesores universitarios. Esas cifras ilustran el efecto de acumulación de las presiones financieras sobre la nómina ordinaria y la destinada a sostener la nómina de jubilados y pensionados de todos aquellos que ingresaron hace veinticinco o treinta años en las universidades públicas.
A comienzos de los años 90, las políticas de modernización intentaron colocar frenos y nuevas reglas de la contratación de profesores, con la Secretaría de Hacienda y la SEP (en ese orden) al frente de la estrategia de contención y regulación de las contrataciones. Cada nueva plaza debería ser aprobada por la SHCP y por la SEP. La autonomía de las contrataciones pasaba a depender de los recursos federales disponibles, recursos crecientemente recortados o limitados por las reglas hacendarias. Sus efectos, sin embargo, no resolvieron el problema: simplemente coexistieron con él. Paradójicamente, la matrícula estudiantil seguía creciendo, y las exigencias de eficiencia, calidad y evaluación gubernamental agravaban el problema.
Pero lo que importa no es solo el tamaño sino la composición de las plantas académicas universitarias. Hoy como ayer, predominan los profesores de asignatura (alrededor del 60 por ciento del total), contra el 40 por ciento de los profesores de tiempo completo. Pero también cuenta la cualificación de ese profesorado: hoy, la mayor parte de los profesores tienen un posgrado, lo cual supone un mecanismo de ascenso en el tabulador de sueldos, que va acompañado de sus porcentajes de antigüedad, lo que sumados a los programas de estímulos y recompensas de productividad académica, muestra un panorama de complicaciones presupuestales crecientes para las autoridades universitarias.
Ello explica que en el año 2002, en la administración del Presidente Fox, se reconociera el problema como “estructural”, y se  implementa por primera vez un programa de financiamiento extraordinario  para las universidades  públicas denominado con un título larguísimo: “Fondo de apoyo extraordinario a las universidades públicas para fomentar la atención a los problemas estructurales de carácter financiero”. Con ese instrumento  se reconocía por primera vez la gravedad del déficit presupuestal de las universidades derivada de los adeudos impositivos universitarios y de las presiones de la nómina de jubilados y pensionados en el presupuesto de las instituciones.
Como muchas otras cosas de nuestra vida pública, ese programa diseñado como emergente y de coyuntura se convirtió en permanente, pero no ha resuelto de fondo las causas del problema. Hoy, el ruido mediático y periodístico ha colocado nuevamente el foco sobre el asunto. Habrá que esperar la respuesta gubernamental y de las propias universidades para diseñar una política factible y realista para enfrentarlo con claridad política y consistencia institucional. De otro modo, la música de la “bancarrota” seguirá dominando el ánimo sonoro del momento.  

Adrián Acosta Silva
Investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara.

Modificado por última vez enMiércoles, 07 Noviembre 2018 23:50
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