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La Estafa Maestra un año después Destacado

La Estafa Maestra un año después

“Si Kafka hubiese nacido en México, sería escritor costumbrista”. La frase, convertida en lugar común, se le atribuye a Monsiváis para ilustrar cómo lo insólito de las situaciones narradas por el autor de El Proceso y El Castillo  resultarían comunes y corrientes en nuestro país, especialmente en los ámbitos de la administración pública de los tres órdenes de gobierno. Se han cumplido ya 14 meses de la publicación del vasto  y documentado reportaje,  La Estafa Maestra,  y no ha sucedido nada…o casi nada. De los 7,700 millones de pesos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014, y calificadas como irregulares (“fraude” les llama el reportaje), 3,400 fueron a dar a empresas fantasmas y, no obstante las denuncias penales interpuestas por aquella dependencia, la PGR  “sigue investigando… no hay un solo responsable en la cárcel por los desvíos, nadie ha enfrentado siquiera un juicio penal por ello”.


Ahora, en un nuevo reporte de la ASF, correspondiente a marzo-octubre 2017, presentado a la Cámara de Diputados el pasado 28 de octubre  se vuelven a identificar más casos de desvíos de recursos similares a los del reportaje en cuestión. ¿El nuevo Congreso y el gobierno entrante le darán un trato diferente? Pronto se sabrá, ya hay indicios sólidos de ello.  El último de octubre, al conocer el pleno de la Cámara de Diputados el Informe General de la Cuenta Pública 2016, éste no fue autorizado por una abrumadora votación: 332 a favor, 41 en contra, ninguna abstención. El efecto es que “se rechaza la Cuenta de la Hacienda Pública Federal… devolviéndose nuevamente a la ASF para el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales”, según expresión de su presidente, Porfirio Muñoz Ledo (Aristegui Noticias, 31 de octubre).
Lo presentado también ese día, el segundo reporte de la cuenta pública 2017, indica que la espiral de irregularidades (para continuar con el eufemismo) siguió su curso en aquél año.  En ese lapso de siete meses, y bajo el amparo de la Ley de Adquisiciones del Sector Público, se continuaron generando contratos entre dependencias (secretarías de estado, organismos descentralizados y otros) y universidades. La finalidad de ambos siguió siendo la misma: las primeras, para eludir las licitaciones que, por ley, debían realizar; y las segundas, para recibir una comisión monetaria por triangular acciones de compra de bienes o prestación de servicios a empresas fantasmas.
El reporte de la ASF indica que de esa cantidad específica se detectaron irregularidades por un monto de 1,900 millones, habiéndose presentado 30 denuncias en la PGR; sólo por lo que corresponde al mes de octubre de aquél año, los datos fueron de 900 millones y siete denuncias ( H. Jiménez y A. Canchola, Universal, octubre 31). La PGR, que ya está al tanto de todo esto, no sólo continúa sin realizar acción alguna, también se mantiene en silencio. Aunque éste segundo reporte de 2017 es aún parcial, ya que la cuenta pública de 2017 sólo se presentará para su aprobación dentro de un año, es esperable que las acciones irregulares se hayan prolongado hasta septiembre del año pasado, cuando se publicó La Estafa Maestra y que, entre otros efectos, provocó la renuncia del Procurador Cervantes.
Casi dos meses después de haber estallado el escándalo, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Areli Gómez, anuncia en la Cámara de Diputados que ya había sancionado a nueve responsables, todos empleados menores de algunas de las dependencias involucradas. Ahora, un año después, rinde mejores cuentas. 17 sancionados e inhabilitados, sobresaliendo entre ellos dos funcionarios de mayor nivel de la Sedatu, cuyos desvíos irregulares los obligan a devolver 373 y 200 millones, respectivamente (R. Herrera, Reforma,  1 de noviembre).
Algunas de estas irregularidades son paradigmáticas en el mal uso de recursos públicos. Según la ASF, y sólo por lo que toca a la Sedesol, dos ejemplos de ello son: a) el concierto en el Zócalo para promover la “cruzada contra el hambre” con un costo de 75 millones; el reparto, en el papel, de 550 mil despensas por un monto de 550 millones, cumpliendo sólo con el 7 por ciento de lo convenido.
El total de lo denunciado por la ASF en ese segundo reporte (con la intención de que lo devuelvan), relacionado con funcionarios específicos de la Sedatu y Sagarpa, así como de las casas de estudio, es de 734 millones de pesos. A un año de distancia lo insólito continúa asumiendo estatus de normalidad.

Carlos Pallán Figueroa

Ex secretario general ejecutivo de la ANUIES

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