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La nota principal de Reforma del pasado lunes  (Recortan 32 por ciento a universidades, C. Salazar), que ocupaba un tercio de la primera plana, encendió las alarmas en todo el sector de la educación superior del país. No podía ser cierto. Tan sólo el pasado 15 de agosto, ante los rectores de universidades públicas, en Anuies, el Presidente Electo había hecho una promesa: incrementar las asignaciones para las IES  en un 5.3 por ciento, respecto al presente año. El anuncio parecía ser  la lucha frontal contra un medio universitario que, en lo general, espera resarcir algunas insuficiencias fundamentales en su operación. Ni en los tiempos del sexenio perdido, de Miguel de la Madrid, se había procedido de esa manera.  Se asemejaba a lo acontecido en la época de Gustavo Díaz Ordaz, en que se contrajo severamente el subsidio a las universidades, pero el sistema era muy diferente: 140 mil estudiantes matriculados frente a los más de cuatro millones de ahora. Una muestra de lo que eso significaba, según la nota, es la siguiente: a) el presupuesto de la UAM se reduciría en 7 por ciento; b) el del Colmex, 18 por ciento; c) los Institutos Tecnológicos Descentralizados pasarían de 3,870 millones a 2,340; d) las Universidades Tecnológicas y Politécnicas de 4,390 a 2,700….¡la catástrofe!


Por lo visto, las alarmas también se encendieron en las más altas esferas del nuevo equipo gobernante. Tres de sus figuras principales, directamente relacionadas con el asunto, salieron a hacer precisiones un día después (I. González y A. Maya, “ofrecen corregir fondos a universidades”, Reforma) en una evidente tarea de control de daños, previniendo con ello las eventuales reacciones del sector. El argumento básico se hizo consistir en un error. Carlos Urzúa, futuro titular de la SHCP, dijo que se trató de “un mal cálculo de sueldos y salarios…un errorcito. Ya se compuso”; Gerardo Esquivel, futuro subsecretario de egresos, afirmó que no está previsto un recorte a las universidades; Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, admitió que “aún no hay cifras, hasta el 15 de diciembre podremos saber en dónde hay aumentos y en donde disminuciones”. Es muy posible que el “errorcito” se deba —lo aventuro— a una de las tantas “corridas informáticas” de proyectos del próximo presupuesto. En el afán de ajustar el gasto y, citando a un clásico, todo parece indicar que “se les chisporroteó”. Sobre esto sería oportuno echar una ojeada a los “pre-criterios de política económica”, ya que, inevitablemente y aunque sea un nuevo sexenio, contienen información objetiva que condiciona severamente cualquier intento de modificación presupuestal sustantiva.
Los Pre-Criterios 2019  contienen los proyectos de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, de tal forma que se tenga cierta certidumbre sobre la marcha de la economía y su reflejo en las políticas públicas. Algunos de sus datos básicos son los siguientes: a) en 2017, dos de las principales variables, Producto Interno Bruto e inflación (índice de precios) tuvieron proporciones de 2.1 y 6.7 por ciento, respectivamente. Para el presente año se pretende que en ambos renglones haya un mejoramiento: el PIB oscilando entre 2 y 3  por ciento  y la inflación en torno a 3.5 por ciento; para 2019 las proporciones respectivas se situarían entre 2.5-3.5 por ciento, la primera, y 3.3 la segunda. El precio del dólar se situaría en $18.40;  b) el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, que rondaría los 5.6 billones, tendría un incremento real de 80 mil millones de pesos (0.1 por ciento del PIB en gasto programable y 0.3 por ciento del no programable), pero habría un “recorte” al primero por 12 mil millones de pesos.
Según se ha expresado en las últimas semanas, el  PEF  estaría fuertemente presionado y dejaría muy poco margen de maniobra al nuevo gobierno, ya que el total de compromisos (gasto no programable) alcanzaría una cantidad cercana a los 4.5 billones, comprendiéndose dentro de ésta los 3 billones que significan los requerimientos financieros de la deuda para el año, el pago de pensiones y las transferencias a estados y municipios, sólo por citar los más conspicuos. Añádase a esto que las cifras de PIB, inflación y paridad cambiaria previstos están ya alteradas por la realidad.
En la actual coyuntura, cualquier desajuste en materia económica y financiera afectaría las grandes variables macroeconómicas y, con ello, a la posibilidad de que las cantidades de ingresos disponibles alcancen a solventar los gastos inevitables y los nuevos proyectos. Ojalá que lo del lunes pasado sólo haya sido, efectivamente, un susto.

Carlos Pallán Figueroa

Ex secretario general ejecutivo de la ANUIES

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