Menu
Realizan segunda Expo Deportes en la UABC

Realizan segunda Expo Deportes en l…

Se llevó  a cabo la segun...

Entregan el Premio Jalisco de Periodismo 2018

Entregan el Premio Jalisco de Perio…

Para reconocer la excelen...

Se suma UdeC a Declaratoria de Gobierno Abierto

Se suma UdeC a Declaratoria de Gobi…

Este jueves, José Eduardo...

Reconoce la UAM el trabajo universitario  en favor del desarrollo nacional

Reconoce la UAM el trabajo universi…

La Universidad Autónoma M...

Presentan Revista “GénEros” 24, que aborda a la mujer en el Virreinato, en la UdeC

Presentan Revista “GénEros” 24, que…

En instalaciones de la Fa...

Remoción de iconografía del Tren Ligero contribuye al deterioro de la cultura visual tapatía, advierte especialista de la UdeG

Remoción de iconografía del Tren Li…

Antes, un golpe de vista ...

Alumnos de la UAM ganaron la fase on campus del premio Hult Prize

Alumnos de la UAM ganaron la fase o…

Tres equipos conformados ...

El culto guadalupano, elemento de cohesión social: experta de la UNAM

El culto guadalupano, elemento de c…

Hoy en día, el culto a la...

Egresan del programa English Access 83 estudiantes del SEMS de la UdeG

Egresan del programa English Access…

Un total de 83 estudiante...

Buscan en UABC  soluciones a la problemática del agua

Buscan en UABC soluciones a la pro…

Se llevó a cabo el “Foro ...

Prev Next

¿Constitución moral? Destacado

Durante toda la existencia de la humanidad los pensadores han debatido el tema de cómo debemos comportarnos. Durante toda la existencia de la humanidad los pensadores han debatido el tema de cómo debemos comportarnos. Ricardo Reyes/ Especial

No hay cosa que pueda llamarse “Constitución moral” si ya existe la Constitución que es la “ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política”, tal como la define el diccionario de la lengua española. El Estado y el gobierno nada tienen que hacer en la soberanía del individuo. Una determinada moral, establecida por el poder político, llevaría a hacer realidad la distopía que George Orwell presenta en su novela 1984: El gobierno totalitario fuerza la voluntad del ciudadano hacia un pensamiento único; el Gran Hermano vigila y castiga, con sus Ministerios de la Verdad, del Amor y de la Paz, y con su Policía del Pensamiento. Conocemos el desenlace.


“El hombre, para ser feliz, tiene que ser dueño de sí mismo”, lo cual no quiere decir únicamente dueño de “unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo”, tal como lo advierte Winston Smith en la novela de Orwell, dado que es todo cuanto posee como suyo con la limitante de que debe reprimir la exteriorización de su pensamiento. La libertad del individuo, en cualquier sociedad democrática, ya está acotada por las leyes; esto es, por la libertad de los demás. Por ello, en lo que hace, o deja de hacer, el ciudadano debe asumir las consecuencias de actos y omisiones. Es lo justo. Pretender uniformar a las personas en un pensamiento y en una conducta es atentar contra la libertad.
En Sobre la libertad, John Stuart Mill advierte que “el mayor peligro de nuestro tiempo se muestra bien en el escaso número de personas que se deciden a ser excéntricas”. El “excéntrico”, como puede deducirse de la palabra misma, es el que se aparta del centro, el que se sale del redil, el extravagante, el hereje: el que aspira “a realizar su vida a su propia manera”. Para Mill, “no hay razón para que toda la existencia humana sea construida sobre uno o un corto número de patrones. Con tal de que una persona posea una razonable cantidad de sentido común y de experiencia, su propio modo de arreglar su existencia es el mejor, no porque sea el mejor en sí, sino por ser el suyo. Los seres humanos no son como los carneros; y aun los carneros no son tan iguales que no se les pueda distinguir”.
Por ello, remata Mill, “todos los esfuerzos del Estado para influir en las conclusiones de sus ciudadanos sobre cuestiones discutibles, son un mal”. Y, peor aún, en asuntos de moral, pues “en dondequiera que hay una clase dominante [y la clase política que tiene el poder, que gobierna, es la más dominante], una gran parte de la moralidad del país emana de sus intereses y de sus sentimientos de clase superior”. Y es que, con frecuencia, el sentimiento de superioridad de quienes tienen el poder los lleva a considerarse infalibles, perfectos. Cuando el gobierno aborrece y estigmatiza la crítica y desprecia la autocrítica, la sociedad civil le estorba y trata de neutralizarla, o aniquilarla, con una sociedad servil.
En “La política como profesión” (El sabio y la política, Universidad Nacional de Córdoba, 2008), Max Weber advirtió que “ninguna ética puede ignorar el hecho de que en numerosos casos el logro de fines ‘buenos’ está limitado por el hecho de que se debe estar dispuesto a pagar el precio de utilizar medios moralmente dudosos o al menos peligrosos y hacer frente a la posibilidad y hasta a la probabilidad de consecuencias dudosas”, pues “ninguna ética del mundo puede decirnos cuándo y en qué medida el fin éticamente bueno ‘justifica’ los medios éticamente peligrosos y sus consecuencias”. Entre esos medios están, por ejemplo, las alteraciones a las leyes de acuerdo con el fin del momento.
Para Weber, “en definitiva, hay sólo dos clases de pecados mortales en el terreno de la política: la falta de objetividad y la irresponsabilidad”, mismos que se cometen por megalomanía y vanidad, pues “la vanidad o, en otros términos, la necesidad de aparecer en primer plano de la manera más evidente posible, induce frecuentemente al político a cometer uno o ambos de estos pecados”. Y se pregunta: “¿En qué difiere la polémica de la mayoría de los representantes de la ética que presume de nueva, de la de los opositores que ellos criticaban, o de cualquier otro demagogo? En su intención noble, dirá la gente. ¡Bien!, pero aquí hablamos de que los medios y los adversarios, con plena sinceridad subjetiva, afirman de la misma manera que sus intenciones últimas son de elevado carácter”. Aun en el caso de la moralidad evangélica, hay que ser cautos, pues, sentencia Weber, “a menos que se quiera caer en trivialidades, la ética del Evangelio es una moral del todo o nada”.
Ahora que el nuevo gobierno en México ha anunciado la manufactura de una denominada “Constitución moral” es importante señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya incluye preceptos morales, pues las disposiciones que ahí se establecen rigen la política, pero también la justicia y distinguen entre el bien y el mal, entre lo legal y lo ilegal, y que de ella se desprenden, en el caso del mal (lo ilegítimo y lo ilegal), las disposiciones que desembocan en el Código Civil y en el Código Penal. ¿No es esto suficiente? Si no lo fuera, ahí están las disposiciones doctrinales de las distintas religiones; por ejemplo, los mandamientos en el catolicismo, varios de los cuales (“honrarás a tu padre y a tu madre”, “no matarás”, “no robarás”, “no darás falso testimonio ni mentirás”, “no codiciarás los bienes ajenos”), llevan al descrédito o tal vez a la cárcel a quien los incumple.

¿Es necesario?
Con malicia, más que con ingenuidad, personas inteligentes, pero cegadas por la ideología y la simpatía que tienen hacia el nuevo presidente de México, le endulzan el oído diciéndole que la “Constitución moral” que promulgará es ciertamente necesaria. ¿Necesaria para qué, si ya contamos con una Constitución Política que rige nuestros actos en la sociedad mexicana y que nos determina en nuestro proceder incluso si ignoramos su letra y su espíritu? Si el adjetivo y sustantivo “moral” (del latín morãlis) se define como lo “perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y, sobre todo, colectiva”, y como la “doctrina del obrar humano que pretende regular el comportamiento individual y colectivo en relación con el bien y el mal y los deberes que implican” (DRAE), debe enfatizarse, como lo hace André Comte-Sponville, en su Invitación a la filosofía, que “la moral empieza en el momento en que somos libres: en esta libertad misma en su juzgarse y regirse a sí misma”.
Quiere ello decir que la acción moral o inmoral, aunque afecte a la sociedad, sólo es responsabilidad del individuo. Comte-Sponville pone un ejemplo irrefutable: Si lo que nos detiene de cometer un robo es la probabilidad del castigo, eso no se llama honestidad ni virtud moral, sino cálculo. Lo realmente moral es estar convencido de que robar es dañino en una sociedad donde uno no desea que le roben. Concluye el pensador francés: “¿Qué debo hacer? y no: ¿Qué deben hacer los demás? Esto es lo que distingue a la moral del moralismo. ‘La moral —decía Alain— no es nunca para el vecino’: quien se ocupa de los deberes del vecino no es moral, sino moralista. ¿Hay especie más desagradable? ¿Existe discurso más vano? La moral sólo es legítima en primera persona. Decir a alguien ‘Debes ser generoso’ no es hacer gala de generosidad. Decirle ‘Debes ser valiente’ no es hacer gala de valor. La moral sólo vale para uno mismo; los deberes sólo valen para uno mismo. Para los demás, la misericordia y el derecho bastan”. Un gobierno moralista desdeña las leyes, la libertad y el derecho.
En términos de literatura, Antón Chéjov afirmó que su arte “consiste en describir exactamente a los ladrones de caballos sin agregar que está mal robar caballos”. Borges complementa la idea: “Si los ladrones de caballos son reales, la opinión de un autor no los modifica”, y, para los asuntos políticos, destina una apostilla al puritanismo y al culto a la personalidad: “Más inmoral que fomentar la lascivia es fomentar el servilismo y la estolidez”.
El Código de Hammurabi es punitivo. Hammurabi (1792-1750 a. de C.), sexto rey de la primera Dinastía de Babilonia, supo que no podía confiar en la moralidad de sus súbditos ni creía, como es obvio, que los seres humanos tiendan, por naturaleza, al bien social. Por ello promulgó leyes rigoristas, con tal de inhibir y castigar el mal en su sociedad. El primer enunciado de su Código establece: “Si un señor acusa a (otro) señor y presenta contra él denuncia de homicidio, pero no la puede probar, el acusador será castigado con la muerte”. He ahí la primera enunciación escrita de la “presunción de inocencia”. Sabía Hammurabi que todos podemos obrar con maldad y acusar, falsamente, a otro, de un crimen, para dañarlo.
Ya hubo un presidente en México, Miguel de la Madrid, priista, quien gobernó de 1982 a 1988, y que usó en su campaña y en su gobierno el eslogan “Por la renovación moral de la sociedad”. Argumentaba: “Es imprescindible la renovación moral de la sociedad. Una sociedad que tolera, que permite la generalización de conductas inmorales o corruptas, es una sociedad que se debilita, es una sociedad que decae. Y, desde luego, acepto: la corrupción en el sector gubernamental es la forma más intolerable de inmoralidad social”. Pero la corrupción, la violencia, la injusticia y el crimen, en general, que se legitimaron en México desde que la Revolución se hizo gobierno (hay que releer Los de abajo, de Mariano Azuela), y que hoy están desbordados (lo que “justificaría”, se aduce, una “Constitución moral”), no son exactamente problemas de moral, sino de impunidad. Se confunde una cosa con otra.
Aunque la impunidad sea parte de la inmoralidad social, aquélla es sobre todo un problema de corrupción política cuando las leyes no se aplican ni con imparcialidad ni con justicia o, simplemente, no se aplican. Aunque De la Madrid decía que “la renovación moral debe ser un compromiso de todos y de cada uno de los mexicanos” (argumento político que hoy se repite, idéntico), la más grande inmoralidad la promueven y fomentan el Estado y el gobierno al no hacer realidad la justicia y la legalidad. No tenemos un Estado de derecho, sino de chueco. Por cierto, amnistiar, esto es institucionalizar la amnesia, en lugar de, primero, aplicar la justicia, es revictimizar, además de legitimar y alentar la impunidad.
Estado de chueco es el que rige en México de acuerdo con la máxima juarista “a los amigos, justicia y gracia, y a los enemigos, la ley a secas”. Incluso si la frase no fuese de Juárez, de todos modos, muestra cómo ha sido el Estado de chueco que tuerce la ley para beneficiar a los amigos y dañar a los adversarios o, simplemente, a los que no simpatizan con quienes tienen el poder. En su libro Chiapas: la razón ardiente (1997), Adolfo Gilly no sólo da por hecho que el apotegma es de Juárez, sino que concluye lo siguiente: “Dura lex sed lex [‘la ley es dura, pero es la ley’] no es aforismo propio de la politicidad mexicana. La ley, más que fijar normas válidas en todos los casos, determina los marcos dentro de los cuales se negocia caso por caso. ‘A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas’, decía Benito Juárez, el padre fundador del Estado moderno en México”.
Personas que han ejercido un espíritu crítico frente al poder, hoy no parecen darse cuenta del perjuicio que ocasionan al alentar y avalar que el nuevo gobierno dicte la moral de los ciudadanos. Quien dicta la moral es un moralista, y si es un gobierno, mucho peor. Que Alfonso Reyes (1889-1959), hombre de letras, haya escrito y publicado una Cartilla moral (1944), se entiende como parte de su ejercicio irrenunciable de reflexión. Pero que un gobierno, y especialmente un gobernante (así sea a través de “especialistas” por él aprobados), norme la moral es un abuso de autoridad. El texto de Reyes es “cartilla” (que no Constitución) con la acepción que le da el diccionario a este sustantivo: “Tratado breve y elemental de algún oficio o arte”, y su propósito es reflexivo y didáctico, pues como el autor sentencia ahí mismo, “podemos figurarnos la moral como una Constitución no escrita”.
No precisamos de una moral dictada por el gobierno, puesto que ya tenemos la Constitución Política, el Código Civil, el Código Penal y todo el cuerpo de leyes que nos rigen y nos determinan en nuestros derechos y obligaciones (incluso si desconocemos las leyes). Lo que necesitamos es verdadera justicia y el fin de la impunidad. La moral de los ciudadanos no es asunto del poder político, sino de cada individuo, y si alguien obra de un modo que merezca un castigo, ya establecido en la ley, habrá de asumir las consecuencias no tanto por la corrupción individual, sino, especialmente, por el daño social que ocasiona.

El gobierno como conductor moral
En El vuelo de la inteligencia (2000), José Antonio Marina advierte que “la gran creación de la inteligencia humana es la ética” y que, por ello, lo que necesitamos los seres humanos no es una “guía de moral”, sino una “pedagogía de los derechos” que enseñe, por ejemplo, que “cuando digo que tengo derecho de propiedad sobre mi casa, quiere decir que voy a poderla mantener aunque mi vecino la codicie y sea más fuerte”, cosa que, por supuesto, se consigue con la aplicación de las leyes (que es obligación del Estado para proteger al ciudadano) y no solicitando al vecino que, por favor, obre con voluntad moral.
El gobierno como conductor de la moral de los ciudadanos es una vieja película que ya hemos visto muchas veces, y es muy aburrida y dañina. En esa película (que tiene como guión las “utopías realizadas” [¡vaya oxímoron más torpe!] y como dirección la ideología del Estado totalitario), se comienza por limitar y luego proscribir la libertad de expresión (en nombre del bienestar común y del progreso de la patria), se continúa haciendo punitiva la crítica contra la revolución o la transformación, y se termina persiguiendo a los que no están de acuerdo con la moral que marca el poder político. En este punto hay preguntas ineludibles: ¿Es moral que el gobernante, contra el sentir del pueblo y de las víctimas y con actitud patriarcal, indulte a los delincuentes sin pasarlos por un proceso judicial (“borrón y cuenta nueva”), esto es “exceptuándolos o eximiéndolos de una ley u obligación”? ¿Es inmoral disentir del gobierno?, ¿es inmoral la crítica del poder?, ¿es inmoral la disensión frente al autoritarismo de cualquier signo? Muchos creen que sí, dado que el nuevo gobierno y sus simpatizantes daban por hecho que una revista de vocación crítica, como Proceso, renunciaría automáticamente a esa vocación para convertirse en gaceta oficialista.
¿Cuál es la mayor fuerza de un gobierno y de un gobernante en relación con la moral? El ejemplo mismo de respetar la ley, sin trampas ni subterfugios. Con ello basta. Pero que un gobernante crea que su moral (espartana o no, laxa o puritana) debe replicarse en cada ciudadano, no es otra cosa que absolutismo. ¿Código moral? Benito Juárez escribió uno, tan íntimo que ni siquiera vio publicado: los Apuntes para mis hijos, que apareció, póstumamente, en 1928. Ahí se refiere al sentido de su vida, su pensamiento, las normas íntimas de su proceder y explica, también, los principios que lo movieron en la política y en sus cargos de autoridad. Se trata de una obra inconclusa, escrita hacia el final de sus días. En las últimas líneas de esos Apuntes leemos: “A propósito de malas costumbres, había otras que sólo servían para satisfacer la vanidad y la ostentación de los gobernantes como la de tener guardias de fuerza armada en sus casas y la de llevar en las funciones públicas sombreros de una forma especial. Desde que tuve el carácter de gobernador abolí esta costumbre usando de sombrero y traje del común de los ciudadanos y viviendo en mi casa sin guardia de soldados y sin aparato de ninguna especie porque tengo la persuasión de que la respetabilidad del gobernante le viene de la ley y de su recto proceder y no de trajes ni de aparatos militares propios sólo para los reyes de teatro”.
Esto es una convicción moral individual; en cambio, la Constitución Política (que ya incluye la moral, pues distingue entre derechos y obligaciones, entre el bien y el mal) es el contrato social que nos obliga a todos a un comportamiento moral para protegernos y proteger a los otros. Si Juárez consideraba una inmoralidad que los gobernantes usaran sombreros o trajes especiales u ostentosos, al no imitarlos él fundaba con ello su moral (o sus principios basados en la moral), y eso que, en el caso de los otros, tal vez nada había de inmoral en vestirse con menos modestia, con menor sobriedad, en tanto su atuendo no lo hubiesen robado o incluido su costo, sin tener derecho a ello, en el presupuesto público. No ignoramos que, respecto de esto último, los ropajes de “reyes de teatro” (y no sólo eso) de nuestros gobernantes y sus familias van, desde hace mucho tiempo, a cuenta del erario, lo que se puede evitar con una disposición que prohíba que los gobernantes y sus familias (y no sólo ellos) paguen, entre otras cosas, sus vestimentas, modestas o lujosas, con las finanzas públicas.

Juan Domingo Argüelles

Poeta, ensayista, editor, divulgador y promotor de la lectura. Sus libros más recientes son Breve antología de poesía mexicana impúdica, procaz, satírica y burlesca (Océano, 2015), Dos siglos de poesía mexicana: el XIX y el XX (Océano/Gandhi, 2015), Un instante en el paraíso: Antimanual para leer, comprender
y apreciar poesía (Universidad Autónoma de Aguascalientes/Laberinto Ediciones, 2016), El libro de los disparates: 500 barbarismos y desbarres que decimos y escribimos en español (Ediciones B, 2016), El último strike (UJAT/Laberinto Ediciones, 2016), En la boca del lobo: La verdadera historia de Caperucita Roja (Fondo Editorial Estado de México, 2016),¿Qué leen los que no leen? (Océano, 2017, nueva edición definitiva), Antología esencial de la poesía mexicana (Océano/Sanborns, 2017), Por una universidad lectora y otras lecturas sobre la lectura en la escuela (Laberinto, nueva edición definitiva, 2018) y Las malas lenguas: Barbarismos, desbarres, palabros, redundancias, sinsentidos y demás barrabasadas (Océano, 2018).

volver arriba