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Ofensiva presupuestal contra las universidades públicas Destacado

El correcto funcionamiento de las universidades públicas las convierte en palanca fundamental del desarrollo nacional. El correcto funcionamiento de las universidades públicas las convierte en palanca fundamental del desarrollo nacional. Espcecial

Las universidades públicas del país están en riesgo. El recorte al gasto destinado a las instituciones de educación superior ya está en la mesa, y es cuestión de días, si no rectifica la mayoría en el Congreso de la Unión, para que se concrete uno de los golpes más duros a este sector.
La palabra empeñada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la única reunión que ha tenido con los rectores y directores generales de estas casas de estudio, no se cumplió. Falló en lo prometido y ahora genera incertidumbre, malestar e inconformidad en la comunidad universitaria del país.


Docentes, académicos, directivos, investigadores, trabajadores y estudiantes lamentan que el Proyecto de Egresos de la Federación para 2019, el primero de este gobierno, incluya una disminución de los recursos destinados a la educación superior, a la ciencia y la investigación.
De acuerdo con las estimaciones hechas por Tonatiuh Bravo Padilla, diputado de Movimiento Ciudadano y exrector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el paquete económico 2019 solo tiene un incremento de 0.3 por ciento para las universidades públicas estatales.
Esto representa, en números fríos, una disminución real de 3.4 por ciento. Aunado a este ajuste, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pierde 6.3 por ciento de recursos en comparación con los asignados en este 2018.
El proyecto contempla también una disminución para el Instituto Politécnico Nacional (IPN), de 4.9 por ciento, para la Universidad Autónoma Metropolitana, de 7. 7 por ciento, para el Centro de Investigaciones Avanazadas (CINVESTAV), de 6. 2 por ciento y para el Colegio de México, de 8.4 por ciento.
Un recorte estimado que alcanza también de manera considerable otros rubros como el subsidio extraordinario a universidades públicas estatales, de apoyo solidario, interculturales, Tecnológico Nacional de México, universidades tecnológicas y politécnicas, cuya inversión tiene un recorte de 43.6 por ciento.
Asimismo, los recursos para operar el Programa Nacional de Becas (PRONABES) tienen una disminución de 52. 6 por ciento, y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia recibiría 7. 8 por ciento menos de ingresos.
Se trata, como lo han enfatizado ya los rectores, de una propuesta  muy alejada del compromiso contraído con los rectores de las  universidades públicas de mantener, al menos para el próximo año, el mismo presupuesto de este año más el porcentaje de inflación.

Malestar e inconformidad
La propuesta del Ejecutivo ha generado, de manera unánime, malestar, indignación, incertidumbre y muestras de inconformidad en toda la comunidad universitaria del país.
Saben que está en riesgo labores sustantivas como el ofrecer educación de calidad, programas de becas, incremento de la cobertura, mantenimiento de laboratorios, equipamiento de aulas y otras áreas.
Como lo planteó la propia UNAM, la sorpresiva e inusitada propuesta de reducción no corresponde a la trascendente e importante labor de la institución.
Tampoco, al “esfuerzo cotidiano que realiza para atender a una comunidad de más de 350 mil alumnos, además de que pone en riesgo el cumplimiento de sus tareas de docencia, investigación y difusión de la cultura”.
Se trata de muestras de rechazo a este proyecto presupuestal que se han ido expandiendo a lo largo de todo el país. Incluso, se han organizado ya las primeras manifestaciones para exigir que se incrementen los recursos para la educación superior del país.
Una situación que podría complicarse y enredarse más de la cuenta, debido al lenguaje y al tono del discurso que ha elegido tanto el Presidente, como la mayoría legislativa para atacar este diferendo.
Hablan de privilegios, gastos suntuosos que deben ser erradicados en las instituciones de educación superior, lo cual no ha caído nada bien al interior de las universidades y centros de investigación.
Para la UAM, el recorte a la educación superior es inaceptable porque pone en riesgo el desarrollo de sus labores académicas, así como el crecimiento programado de su matrícula y la necesaria ampliación de su infraestructura.
Por eso, advierte esa casa de estudios, que las universidades públicas no son espacios de privilegio, sino instituciones que hacen un gran esfuerzo por atender de manera integral al mayor número posible de alumnos.
 Así lo ha entendido la UAM, y ha tenido siempre un impacto en la educación, la investigación, la cultura, la ciudadanización y en general en el bienestar social.
“Por México y para México creemos que el fortalecimiento de las universidades públicas es palanca fundamental del desarrollo y del camino hacia una sociedad con justicia y equidad”, señala la UNAM.
Esta postura tuvo eco también en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), la cual enfatizó que es errónea la política que el Ejecutivo Federal ha mostrado hacia las universidades públicas.
"Hoy vemos con profunda decepción que el actual Gobierno Federal empeora la situación de nuestras universidades públicas con sus políticas, provocando que el desarrollo de las instituciones de educación superior se vea truncado”, plantea.

Negociar hasta el final
El escenario no es sencillo. El recorte planteado por el Ejecutivo viene tras dos episodios que generaron roces en este sector. Primero, un error de cálculo, como lo catalogaron las propias autoridades hacendarias, que preveía un ajuste a la baja en los ingresos de las instituciones.
Después, otro error, pero ahora mecanográfico, que eliminaba la autonomía universitaria que exigió una corrección, hasta ahora de palabra, de parte de las autoridades educativas.
Ahora la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) apela a la negociación de última hora con los legisladores para ver si puede enmendarle la plana al Presidente.
"De concretarse estas reducciones, se agravaría el rezago financiero acumulado en los últimos años, ya que durante el periodo de 2000 a 2017, se observó un incremento de la matrícula pública de educación superior de 116 por ciento, mientras que el crecimiento del gasto federal fue de 71 por ciento", advierte.
Para Germán Álvarez Mendiola, investigador del CINVESTAV, el recorte tiene impactos negativos sobre las actividades docentes y de investigación, como los ingresos, los insumos, las becas de apoyo a estudiantes, la compra de equipo y la contratación de servicios.
Por ello, “es de la mayor importancia que la palabra del Presidente de la República sea honrada. La pérdida de valor de la palabra del Presidente daña al país y destruye tejido social. Educación, ciencia y tecnología deben ser apoyadas sin dudar”, sostiene.
El especialista considera que acabar con dispendios y corrupciones en el sector educativo no se logra con un recorte, sino propiciando reformas administrativas, académicas y de gobierno, y especialmente desarrollando la transparencia y la rendición de cuentas.
En ese sentido, Carlos Iván Moreno, Vicerrector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), advierte que de concretarse esta disminución, se ponen en riesgo las metas de matrícula y calidad de la institución.
Una decisión, explica, que no va en concordancia con el 40 por ciento de la matrícula pública nacional que atienden las universidades públicas estatales y les complica fortalecer esta ruta.
Para Romualdo López Zárate, profesor-investigador de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el reciente anuncio de recorte presupuestal realizado por el gobierno federal Es una sorpresa, una decepción y un mal augurio para las universidades públicas y autónomas de México.
Señala que es preocupante porque las instituciones de educación superior no están siendo consideradas con la relevancia que merecen como generadoras de conocimiento a través de la docencia y la investigación, y es un signo que inquieta de la nueva administración.
Además, expresa, la creación de 100 nuevas universidades no constituye una alternativa factible para impulsar la educación superior en el país, lo cual ya fue planteado “a través de diversos foros al subsecretario de educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, es imposible que una universidad surja de un decreto, más bien es el resultado de todo un proceso cultural que toma mucho tiempo consolidar”.
Por ello, sostiene López Zárate, lo más probable es que sean 100 universidades creadas “al vapor, sin bibliotecas, equipos de cómputo ni profesores capacitados y es preocupante porque a los jóvenes con mayores carencias se les ofrecerá esta opción que no va a reunir los mínimos requisitos de calidad académica”.
La mejor opción, detalla, es dirigir recursos a las instituciones existentes para ampliar la matrícula, lo que es una mejor opción para la juventud mexicana porque la mejor inversión que puede hacer un Estado es en la educación de calidad.
“Pareciera que el Presidente sabe poco de las universidades, puesto que nunca ha sostenido un contacto cercano con la academia y piensa que en ellas existe el mismo despilfarro que en el gobierno o el mismo nivel de corrupción que en los organismos”, lamenta.
Y si se trata de transparencia, el ejemplo que han dado las universidades de entregar sus cuentas a la Cámara de Diputados revela este compromiso.


Ciencia también a la baja
En el caso de la ciencia, el asunto tampoco pinta halagador. El proyecto incluye un recorte de 6.5 por ciento para el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de manera particular una reducción del 12.6 por ciento del Ramo 38, relativo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Dicha reducción sitúa al presupuesto de Conacyt en un nivel 40 por ciento menor al de 2015 y nos regresa al monto de la inversión en el ejercicio fiscal 2011.
El recorte para el Conacyt incluye una reducción de 4 por ciento al Programa de Becas de Posgrado, la desaparición de fondos en infraestructura científica y tecnológica, la reducción de recursos a las entidades federativas para actividades en el sector, así como a un recorte a 38 instituciones científicas y nacionales.
La propuesta presentada, de acuerdo con el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, la Academia Mexicana de las Ciencias y otros organismos, es contraria al compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo con la comunidad científica el pasado 22 de agosto en el Palacio de Minería.
Ahí, garantizó que el presupuesto para este sector no se reduciría y, en su caso, se procuraría aumentarlo en términos reales. Asimismo, incumple con el mandato establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología referente a la inversión anual en este sector, la cual debe ser de al menos uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Por otro lado, también es preocupante que la iniciativa de Reforma Educativa enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión el pasado 12 de diciembre, en la que se propone modificar la fracción V del artículo 3 Constitucional cambiando la obligación del Estado de “apoyar” la investigación científica por “incentivar”.
Esto, “representa un retroceso sobre el papel que tiene el Estado Mexicano en el apoyo a este sector estratégico. Más aún, consideramos que la reforma debe incluir y fortalecer a nivel constitucional el apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación”.
En ese sentido, el director del Laboratorio Nacional de Genómica y Biodiversidad (Langebio), Alfredo Herrera Estrella, advierte que el recorte presupuestal federal que se aplicará en 2019 a la ciencia y la tecnología afectará el desarrollo de investigaciones y desalentará a los jóvenes a realizar proyectos.
“Claro que hay una señal en contra de lo que nos habían prometido, que iba un incremento más allá del que se emplea de acuerdo a la inflación, lo que estamos viendo es que en todas las instituciones hay un recorte, eso es algo muy grave”, señala.
Además, la falta de recursos también impactará en el ánimo de quienes actualmente desarrollan investigación científica.
“No sabemos cómo va a impactar esta ley en los salarios de los investigadores a nivel nacional”, comenta.
En suma, el impacto del recorte presupuestal a los organismos de investigación es a nivel nacional.
En Yucatán, por ejemplo, en el caso del Centro de Investigaciones Científicas (CICY) el “tijeretazo” será del 7.4 por ciento, es decir, 20 millones menos.
Luego de publicarse los montos presupuestales del gobierno federal para 2019, los rubros de educación superior y ciencia y tecnología se ven seriamente afectados, ya que, en total la nueva administración federal recortará unos cinco mil millones a 25 instituciones del rubro de investigaciones sociales, culturales y tecnológicas.
Según se establece, en el caso de la zona peninsular, tanto el CICY, como el Colegio de la Frontera Sur verán una reducción en sus asignaciones presupuestales hasta en unos 30 millones de pesos.
De los 25 centros de investigación más importantes del país, únicamente cuatro lograron aumentos, en tanto que 21 tendrán recortes que afectarán directamente a proyectos y propuestas investigación que se estén gestando.
Esto impacta no solo el avance o permanencia de estos proyectos, sino también el número de becarios, estudiantes y docentes que reciben beneficios por estos proyectos en proceso.
En el caso del CICY, el presupuesto establecido para 2019 será de 261 millones de pesos, en tanto que en 2018 ejerció 282 millones. Otros organismos de investigación que se verán afectados con estos recortes son: Centro de Investigaciones Ópticas AC, que resultó afectado en casi 20 por ciento su presupuesto establecido, de 211 millones a 170.
El CIESAS de la UNAM, con sede en Mérida sufrirá una merma de 4.5 por ciento y deberá realizar sus tareas y actividades con un presupuesto de 281 millones, en tanto que el año pasado ejercieron 295 millones de pesos.  
En el mismo tenor, otras instituciones que resultan afectadas por estas reducciones son: Centro de Investigaciones en Ciencias de Información Geoespacial, un 8.6 por ciento; Centro de Investigaciones en Matemáticas un 3.4 por ciento. Además, Centro de Investigación y Docencia Económica un 6.1 por ciento; el Instituto Nacional de Ecología, un 4.5 por ciento.

Carlos Reyes

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