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La obligatoriedad de la educación superior implica mecanismos sólidos de financiamiento: Adriana del Pilar Ortiz Lanz Destacado

Ortiz Lanz cree que la obligatoriedad del nivel superior debe contemplar recursos suficientes para las casas de estudio. Ortiz Lanz cree que la obligatoriedad del nivel superior debe contemplar recursos suficientes para las casas de estudio. Salvador Medina

La obligatoriedad de la educación superior debe plantear, sin excusa, un nuevo esquema de financiamiento que le asegure a las instituciones públicas acceder a los recursos suficientes para tener una planeación a mediano y largo plazo.
Es momento de establecer reglas mucho más sólidas en materia de financiamiento. De lo contrario, resolver el problema de la demanda de miles de jóvenes que quieren acceder a la educación superior, soluciona sólo una parte del problema y deja a las universidades públicas estatales sin los insumos necesarios para enfrentar este reto.


No se trata solamente de incrementar la matrícula bajo el argumento de una mayor equidad, sino de ofrecer la calidad y la formación integral que demandan miles de jóvenes en el país.
Así lo plantea Adriana del Pilar Ortiz Lanz, ex rectora de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), quien asegura que las instituciones de educación superior deben ser tomadas en cuenta en la construcción de cualquier proyecto que atañe al futuro de ese sector educativo.
En entrevista con Campus, la exdiputada federal e integrante de la LXIII Legislatura, sostiene que la enseñanza superior debe ser una prioridad y ello debe reflejarse siempre en los recursos que se asignan año con año, sin poner contra la pared la viabilidad financiera de las casas de estudio.

Avanzar entre prioridades
Para Adriana del Pilar Ortiz Lanz, quien fue electa como rectora de la UACAM en 2007 para un periodo de cuatro años, y recibió el respaldo universitario para un segundo cuatrienio de 2011 a 2015, a la educación superior no se le han asignado los recursos necesarios ni se le ha dado la prioridad que requiere.
“No es posible que cada año las universidades públicas tiene que acudir a la Cámara de Diputados a hacer gestiones, no es posible que cada año, en el anteproyecto, en el presupuesto de egresos que se manda al Congreso, lo que se encuentra es una serie de reducciones”, comenta.
El asunto central, plantea, es definir, en principio, si la educación superior es parte de la agenda nacional y con ello evitar que su futuro se discuta y se defina en los pasillos legislativos.
“Es decir, siempre tener no sólo los recursos suficientes, sino los incrementos que se requieren para que cada año puedan planear las universidades, pero en especial para que pueda incrementar la matrícula.
“Si queremos una educación de calidad en este país, no podemos estar viendo de qué forma se obtienen los recursos. Y hay algo muy importante, para hacer las cosas bien, hay que planear, y no se puede planear si no hay una certeza financiera”, considera.
Ortiz Lanz explica que, si bien muchos jóvenes quieren entrar a la educación superior, y de una u otra forma las instituciones han ofrecido una respuesta en este sentido, no ha sido del todo suficiente.
“Si hacemos un análisis de lo que ha ocurrido en los últimos años, en las últimas dos décadas en este país, en verdad que el incremento en la matrícula es impresionante”, dice.
“Esto no significa que esté muy bien, que estemos satisfechos, creo que nadie debería estar satisfecho si todavía muchos de los jóvenes que quieren ingresar a la educación superior no tienen el espacio”, reconoce.
Apunta también que, si este crecimiento que se ha dado, no ha sido igual en todo el país, ha sido, fundamentalmente, porque no existe el financiamiento.
“Porque no existe una consistencia en los recursos extraordinarios a las instituciones, porque no hay posibilidad, no hay una forma de planear, sin tener una visión a mediano plazo de la educación superior y ésa es la única forma de mejorar el acceso”, apunta.

Definir con tacto
Por eso, asume la también ex legisladora federal, el tema de la gratuidad y la obligatoriedad de la educación superior tiene que ser analizado desde distintas perspectivas y tomando en cuenta todas las implicaciones que conlleva una reforma constitucional de esa índole.
Propone que, si en efecto se concreta, se deben establecer mecanismos alternos o adicionales que le garanticen a las instituciones de educación superior los recursos suficientes para enfrentar este desafío.
“Estoy de acuerdo en que los jóvenes tengan acceso a la educación superior, y si analizamos las cuotas que cada una de las instituciones públicas, de verdad que son simbólicas, es prácticamente una pequeña parte, una pequeña porción.
“Pero dadas las condiciones que se dan en el financiamiento, son, hasta hoy de gran ayuda, creo que, si vamos hacia adelante, tenemos que implementar un esquema que cambie, un esquema que permita la planeación adecuada, que les permita a las instituciones, no sólo dar una respuesta a los miles de jóvenes, sino una respuesta de calidad, ahí es donde vuelvo a hacer énfasis”, señala la ex rectora de la UACAM, quien también laboró en esa institución como académica y funcionaria.
Detalla que los ingresos que perciben las instituciones de los cobros por algunos servicios, son una ayuda primordial para las universidades públicas estatales.
“Ayuda y ayuda muchísimo a que las instituciones tengan ingresos propios, y que sean sus Consejos Universitarios, el órgano regulador que pueda dar transparencia al ejercicio de esos recursos, autoriza a quienes están a cargo de las instituciones el poder ejercerlos, poder complementar, en muchos casos, y atender asuntos que las deficiencias del presupuesto regular asignado no pueden brindar”, expresa.
Por ello, agrega Ortiz Lanz, la asignación de recursos suficientes debe ser uno de los aspectos que deben contemplarse en caso que la iniciativa de obligatoriedad avance hacia su aprobación.
 “Sí es importante este tema, y sin duda alguna hay que verlo desde esa perspectiva, vamos a hacerlo, vamos a tratar que, en verdad, el recurso que llega a las universidades sea necesario, o de otra forma, que estas universidades sigan conservando este recurso, que siga siendo significativo”, apunta.

Por encima de ideologías
Al hablar sobre su experiencia como diputada federal, como parte de la LXIII Legislatura, Adriana del Pilar Ortiz Lanz, afirma que la sensibilidad hacia el tema educativo no depende solamente de estar o haber estado en algún cargo relacionado con el sector.
Se trata, explica, de entendimiento, de consenso, pero sobre todo del convencimiento, más allá de ideologías o posiciones partidistas, de que el sector educativo representa una de las líneas que deben definir siempre el rumbo del país.
“Me tocó una legislatura donde, si bien no había muchos los que fuéramos o estuviéramos involucrados de manera directa en el sector educativo, lo importante, como siempre se lo decía a mis compañeros, de Movimiento Ciudadano, de Acción Nacional, de Morena, del PRD, el tema educativo es fundamental.
“Puede haber visiones diferentes en cómo hacer funcionar la educación básica, la evaluación docente, todos podemos tener esas diferencias, pero, sin duda alguna, todos, sin excepción, sí le otorgábamos una prioridad a la educación, entonces sí era fácil encontrar consensos”, recuerda.
El problema, comenta, es que la asignación de los recursos no solo se discutía al interior de la Comisión de Educación, y eso implicaba otras dificultades más difíciles de sortear.
“Los tres años lo hicimos de manera unánime, no hubo un solo representante, de ningún partido político, que no haya apoyado este tema, y en términos generales, decíamos que en educación superior tenía que incrementarse los recursos”, apunta.
Y en este convencimiento, argumenta Ortiz Lanz, quien formó parte del Consejo Nacional de la ANUIES y fue presidenta del Consejo de la Región Sur - Sureste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), también se buscó siempre la forma de allegarles financiamiento adicional.
“Teníamos qua abrir fondos adicionales, que en general no es otra cosa que una forma de suplir o cubrir, un mecanismo que atendiera de manera formal los cambios de fondo como no se había hecho”, apunta.
Ahí residía la “trascendencia, tener el recurso, vía este acuerdo, o este fondo, para las reformas o problemas estructurales que tuvieran las instituciones”.
Comenta que, desde su experiencia como rectora, durante dos periodos, y también como legisladora, se trató de fondos que no se asignaran de manera discrecional a cualquier universidad.
“El tener acceso a esos recursos, había reglas de operación, sí, había proyectos que se iban a someter, a ejecutar en las instituciones, de manera que, hace años, esos fondos eran muchos y muy diversos.
“Eran fondos que apuntaban al incremento de la cobertura, a mejorar la calidad, que ayudaron a sostener la viabilidad financiera por los sistemas de pensiones y jubilaciones”, subraya.
No obstante, con el paso de los años, estas bolsas se fueron reduciendo y no porque los problemas de las instituciones se hayan resuelto. A final de cuentas eran fondos no sólo para las universidades autónomas.
“Eran fondos para el sistema de tecnológicos, para el sistema de las universidades tecnológicas, es decir, había una gama de opciones y todas las instituciones de sostenimiento público podíamos competir de manera igualitaria.

Comprometidos
con la transparencia
En ese sentido, apunta la ex rectora, todos los rectores de instituciones de educación superior entregaban cuentas a la Cámara de Diputados, a la Auditoría Superior de la Federación. Una experiencia que, ya como legisladora, se replicó y ratificaba el ejercicio transparente de los recursos asignados.
“Sí hay un control absoluto y una rendición de cuentas. Lo que yo siempre he dicho es, a ver, si vamos a cambiar las cosas, hay que hacerlo con una visión de mediano y largo plazo, hay que cambiarlas para mejorar.
“Creo que ninguna institución de educación superior de este país está negada a tener mecanismos directos de control, por supuesto que no, todas las instituciones están comprometidas con la transparencia y con la rendición de cuentas”, advierte.
Y si alguien ha cometido alguna situación al margen de la ley, apunta, también debe ser castigado.
“Estas cosas son así de claras, lo que no podemos hacer es pensar que, por limitar este tipo de situaciones irregulares, los que sufran sean los alumnos de las instituciones de educación superior, los que aspiran a ingresar, y los docentes, y los investigadores que están en esas instituciones”, considera
“Quien no cumpla la ley, que sea removido inmediatamente, autonomía no es sinónimo de impunidad, es la posibilidad de que las instituciones puedan tomar sus propias decisiones, pero siempre hay un marco legal que nos rige a todos y el hecho de estar al interior de una universidad es una patente de corso para hacer y deshacer”, enfatiza.
Todos, a final de cuentas, plantea la ex rectora, son sujetos obligados a la transparencia y ese ha sido siempre el compromiso absoluto de las instituciones de educación superior y de quienes las dirigen.
“Lo que yo he visto es que quienes dirigen las instituciones de verdad tienen un único fin: el compromiso de hacer mejor las cosas por los jóvenes, por los chavos que están en esas instituciones y por quienes trabajan en las mismas”, comenta.
En este y otros temas, argumenta, el papel de la ANUIES ha sido fundamental y se ha consolidado como un referente en el rubro de la educación superior, en el caso de las instituciones públicas.
“Hay un compromiso con la cobertura, con la calidad, con la transparencia, con la rendición de cuentas, cuál es el problema fundamental de esto es que no se ha crecido a la misma velocidad en el número de instituciones públicas que en las privadas.
“Sí es un referente la ANUIES pero tendría que crecer, que fortalecerse, hay unas comisiones, las Comisiones para la Planeación de la Educación Superior, estas deberían tener otra visión, reforzarse, tener un replanteamiento, y ser las que tengan esta voz autorizada de la autoridad federal para poder tomar decisiones y que estas otras organizaciones como ANUIES, como FIMPES, el Sistema de Tecnológicos que se han unido, sean coadyuvantes y sean parte de esta gran organización que pueda decir cuál es la visión para la educación superior”, apunta.

El escenario a corto plazo
Sobre el futuro de la educación superior en el corto plazo, Adriana del Pilar Ortiz Lanz apunta que se vislumbra complejo y observa preocupación en quienes dirigen las instituciones de educación superior.
“Muy preocupados de cuál es el rumbo que se va a seguir, pero tengo confianza en que se van a tomar las decisiones adecuadas, en que se acelere más este proceso y no estar esperando ya más porque el desarrollo del país no espera, y la educación superior es el pilar.
“Deberíamos estar ya anunciando grandes medidas para la educación superior, grandes soluciones, pero soluciones de fondo, que verdaderamente ataquen los problemas de origen, y soluciones, políticas públicas y propuestas que de verdad permitan tener una visión a largo plazo consistente, de manera permanente”, puntualiza.
De tal forma, añade, que lo que hagan quienes dirigen las instituciones de educación superior sea simplemente planear y administrar, y no tener que dedicarse seis meses a gestionar recursos para poder hacer de sus instituciones un referente.
“El tiempo no espera, los jóvenes no pueden esperar, debemos ya una respuesta, tanto las instituciones de educación superior como la misma sociedad, de manera inmediata, con esta visión de mediano y largo plazo.
“Hace falta mucho, hay un primer aspecto que se tendría que revisar que, evidentemente parte del plan, lo que es un hecho es que tendría que estarse ya contemplando es una Ley de Coordinación de la Educación Superior, es una ley que requiere reformas, un replanteamiento total y de ahí puede surgir muchas cosas positivas”, sostiene.
En ese orden, refiere la ex rectora, se debe avanzar hacia un verdadero sistema de educación superior porque no lo hay, lo cual se refleja en la falta de coordinación de varios componentes.
“Es una propuesta que debe ser construida por y desde las universidades y de todas las instituciones de educación superior; no podemos dejar de darle la prioridad a este sector, tiene que ser algo muy razonado, muy pensado, muy cuidado, donde se escuche a todas las voces”, considera.
A final de cuentas, finaliza, hablar de crear nuevas instituciones de educación superior es hablar de abrir más oportunidades para los jóvenes, pero se debe cuidar lo que “ya tenemos”.
“Y lo que ya tenemos es mucho, ha avanzado un camino importante, y lo que ya tenemos no debe confrontarse con lo nuevo, siempre es un proceso armónico, en un proceso de comunicación.
“Bienvenidas, pero en un plan integral, que se haga de manera directa con todas las instituciones, y por encima de todo, en el que todas avancen en el mismo ritmo, donde ninguna deje de lado la calidad, el procedimiento riguroso de ingreso y egreso, donde todas hagan investigación, generen conocimiento, patentes y puedan tener vinculación directa con el sector productivo”, advierte..

Redacción Campus

Modificado por última vez enJueves, 14 Febrero 2019 01:36
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