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Huelgas, sindicatos, incentivos Destacado

Las políticas de austeridad que promueve el gobierno ponen en peligro diversos beneficios económicos para los docentes universitarios. Las políticas de austeridad que promueve el gobierno ponen en peligro diversos beneficios económicos para los docentes universitarios. Especial

El 1 de febrero estalló la primera huelga universitaria del sexenio obradorista. Protagonizada por el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM), se demanda un aumento salarial del 20 por ciento e incremento de las prestaciones a los trabajadores.  Aunque no hay nada nuevo bajo el sol —el SITUAM desde su existencia ha protagonizado cíclicamente huelgas de este tipo, aunque la última fue en 2008—, el hecho importa porque se sitúa en un contexto diferente, donde un gobierno declaradamente anti-neoliberal ha emprendido una ruta de cambios orientados explícitamente a mejorar el ingreso de los trabajadores.


   El conflicto es un asunto de dineros pero también de política y de políticas, y puede ser representativo de los tiempos por venir. Aunque en sentido estricto es un tema que compete resolver a las autoridades de la UAM, el ejecutivo federal está involucrado pues la fuente de los recursos está determinada por la Secretaría de Hacienda. La autonomía de la gestión de los conflictos salariales de las universidades está condicionada financieramente por el gobierno federal, y esa autonomía muestra su fragilidad cuando estallan las huelgas universitarias.
Luego de un largo ciclo de desinterés y hostilidades gubernamentales frente al sindicalismo universitario —que van desde la era de Salinas hasta la de Peña Nieto, pasando por los dos sexenios del oficialismo panista—la nueva huelga emerge en un contexto político diferente. Los ajustes en los ingresos de los funcionarios públicos contemplados en el presupuesto de egresos 2019 y en  la Ley federal de remuneraciones de los servidores públicos,  afectarán directamente las prácticas tradicionales que las universidades tienen para la organización de sus políticas salariales. La exención de impuestos (ISR), los bonos por productividad, antigüedad y desempeño, forman parte de esas prácticas que pueden ser alteradas por las nuevas políticas de austeridad promovidas por el ejecutivo.
Sin embargo, está en duda el supuesto de que los académicos sean servidores públicos tradicionales. La historia reciente de la profesión académica mexicana ha convertido a este sector en un núcleo especializado, que obedece a contextos dominados por la autonomía de las instituciones donde laboran. Al igual que otros sectores, poseen un perfil que los aleja claramente de las burocracias típicas del sector público. Aunque en un sentido amplio los académicos prestan una función pública, resulta complicado considerarlos en el mismo rango de otros funcionarios federales, estatales o municipales.
Las medidas, de prosperar, afectarán de manera especialmente grave a los académicos de las universidades públicas y de los centros especializados de investigación, los cuales vieron incrementar sus ingresos en base a un esquema  de estímulos y prestaciones asociadas a las políticas federales de los últimos treinta años. Aunque sus salarios base se mantuvieron rezagados a lo largo de este tiempo, las políticas de estímulos actuaron en los hechos como políticas de compensación salarial, legitimando así el “soborno” de los incentivos en el orden meritocrático universitario.
Ello explica el comportamiento antisindical o a-sindical de los académicos observado en el seno de estas organizaciones del conocimiento. El sindicalismo realmente existente se concentró en los trabajadores administrativos y de servicios, quienes no fueron contemplados como beneficiarios de las políticas de estímulos.  Los académicos fundamentalmente se dedicaron a acumular capital académico para acceder a los programas de incentivos (SNI, PRODEP, PROESDE, PRIDES, etc.), para escalar posiciones en los tabuladores salariales, y acumular bonos de antigüedad asociados al mejoramiento del ingreso. El resultado político del proceso fue la crisis de representación de los académicos entre los sindicatos universitarios.  
Para decirlo en breve, a la era de la gran movilización sindical universitaria de los años setenta basada en la demanda de mejoramiento general de los trabajadores académicos y administrativos —homologación, mejores salarios base, prestaciones, contratos colectivos de trabajo—, le siguió desde los años noventa una larga era post-sindical basada en la diferenciación de los trabajadores académicos y administrativos, donde el esfuerzo individual es la base de los mecanismos de incremento individual de las posiciones e ingresos de profesores e investigadores universitarios (deshomologación salarial basada en el pago por méritos). La gramática y la retórica de la calidad, la excelencia y la productividad, se asentaron como el lenguaje básico de esta era inspirada en la teoría de los incentivos y de la elección racional.
Hoy, el discurso de la austeridad ha penetrado en los campus universitarios, suscitando fenómenos que no se veían desde hace décadas, En el CIDE, por ejemplo, sus académicos se ha amparado de los posibles recortes a sus ingresos y están pensando en organizar un sindicato que proteja sus intereses y prestaciones. En otras universidades, los sindicatos movilizan sus fuerzas para exigir incrementos sustanciales a los salarios base, en el cual se comienzan a interesar activamente no pocos académicos.
Con la incertidumbre en el horizonte, ciertas franjas de profesores e investigadores comienzan a considerar nuevas formas de mantener y mejorar sus ingresos, ya no solo a través del acceso a estímulos, sino considerando formas colectivas de acción que incluyan a las prestaciones como parte de sus ingresos regulares y ya no extraordinarios. Eso significa una suerte de regreso al futuro: el resurgimiento del sindicalismo universitario en el contexto de la cuarta transformación. Sería una paradoja interesante.  Acostumbrados a negociar individualmente sus mejoras salariales y laborales, el nuevo ciclo implicaría lógicas de acción colectiva que no se veían desde hace tiempo. Si ello es así, el nuevo oficialismo tendría un desafío más en su ya de por sí abultada agenda de transformaciones: establecer nuevas relaciones con el sindicalismo universitario, especialmente con los académicos.

Redacción Campus

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