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La autonomía en crisis Destacado

Los señalamientos contra las instituciones educativas han  puesto a discusión aún más su independencia. Los señalamientos contra las instituciones educativas han puesto a discusión aún más su independencia. Especial

Las universidades públicas del país viven uno de sus momentos más críticos en los últimos años. Los señalamientos por malos manejos financieros y falta de transparencia, así como las reformas legales que minan su gobernabilidad, les han sembrado un camino cuesta arriba.
Las huelgas que se registran en algunas de estas instituciones operan también en su contra. La radicalidad de los sindicatos afecta no sólo el desarrollo académico de miles de alumnos, sino también impacta de manera directa la viabilidad financiera de las propias universidades.


Aunado a ello, la autonomía de las universidades públicas del país no está garantizada aún. El compromiso de los legisladores está hecho, pero la reforma constitucional que se discute en el Congreso de la Unión no tiene aún sustento jurídico suficiente.
Desde que se detectó que la fracción VII del Artículo 3 constitucional desapareció en la iniciativa de reforma educativa enviada por el Ejecutivo federal, el golpeteo mediático en contra de las instituciones no ha parado.
Incluso, los propios legisladores se dicen convencidos de reparar el error para mantener la autonomía, pero exigen a los rectores someterse a otro sistema de auditorías, del cual no se conoce a fondo la mecánica ni los términos en que éste operaría.
Un condicionamiento que no cayó muy bien entre los rectores y dirigentes de las instituciones de educación superior durante la reunión que sostuvieron apenas a inicios de esta semana.
La autonomía no debe estar a discusión, advierten, ni debe estar sujeta a ninguna negociación o condicionamiento, como se ha querido manejar en los últimos meses.
En suma, las universidades públicas enfrentan un escenario enrarecido que a nivel local también apunta hacia la eliminación de la autonomía universitaria y a establecer un control directo de las autoridades estatales.

La palabra empeñada
Los señalamientos contra las universidades públicas se han venido como cascada en los últimos días. Coincidencia o no, aparecen desde varios frentes y parecen justificar ese interés de regular, controlar, disminuir e incluso eliminar la autonomía universitaria.
Se inician huelgas en demanda de aumentos salariales que rebasan, y por mucho, el tope salarial y las posibilidades financieras de las instituciones de educación superior del país.
Los dirigentes sindicales radicalizan su postura y adoptan el discurso de austeridad, impulsado desde el Gobierno Federal, y asumen también actitudes que no ayudan a solucionar los conflictos.
Desde el terreno fiscal, aparece una investigación por mal manejo de recursos en contra de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), la misma que, desde el propio sindicato y su fundación, apoyó electoralmente al partido en el poder.
Si se trata de pugnas por el control de la institución, o ajustes de cuentas entre los grupos que quieren asumir el control absoluto de la UAEH, en detrimento de su autonomía, es asunto que se develará en los próximos días.
A nivel local, las maniobras para acotar el ejercicio de las universidades públicas también se han incrementado en los últimos días.
Un ejemplo es la iniciativa de ley para modificar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) para que las autoridades estatales tengan mayor injerencia en la elección del rector y otras autoridades universitarias.
En Veracruz, el Gobernador Cuitláhuac Sánchez también opera en contra de la autonomía. Su iniciativa para que el Colegio de Veracruz (COLVER) pierda su capacidad de autogobierno, también opera en contra de las instituciones de enseñanza superior.
Hasta ahora, sólo existe una garantía. Los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados se comprometieron ante rectores y directores de instituciones de educación superior a mantener la autonomía universitaria en la legislación.
Enmendar un error que desde finales del año pasado se reconoció, pero que no ha sido enmendado. Ni una fe de erratas, enviada por propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, ni la publicación en la Gaceta Parlamentaria de este yerro que mantiene en vilo a las universidades públicas del país.
Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato (UdeG), apunta que si bien hay un margen de seguridad a partir de este compromiso, no se sabe con certeza cuál es la ruta que seguirán los legisladores para garantizar este ofrecimiento.
"Eso la harán las comisiones para que llegue al Pleno con la técnica jurídica adecuada, lo que importa es que nos vamos con un margen de seguridad que el texto relativo a la autonomía quedará tal cual", comenta.
Lo que está claro, asume el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Juan Eulogio Guerra Liera, es que los señalamientos que se hacen sobre presuntos malos manejos hacia ciertas instituciones no ayudan en esta dirección.
Explica que las universidades públicas se ven afectadas por estas acusaciones de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por presunto lavado de dinero.
Y es que, bajo esa dinámica, todas terminan bajo sospecha y eso complica la gestión de recursos que año con año las deja con un margen de maniobra muy limitado.
 “De repente ocurre lo mismo como cuando se manejó la estafa maestra de desvío de recursos en las universidades, hoy se dice que hay una universidad que prácticamente funcionó para el lavado de dinero, por un monto de dólares”, apunta.
Corregir el rumbo
Para Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), la única certeza que tienen las instituciones de educación superior es que los legisladores ya trabajan en corregir “el error” que desapareció el término de autonomía universitaria de la Constitución.
“Estaremos acudiendo tantas veces sea necesario a las mesas de trabajo, dado que nos permite tener voz en estos espacios, llevar nuestras preocupaciones, así como participar activamente y contar con información de primera mano sobre la construcción de este proyecto tan importante para el país”, argumenta.
Y en ese sentido, es fundamental que la propuesta sobre la obligatoriedad y universalidad de la educación superior, se aborde en conjunto con las instituciones de educación superior.
Explica que se tiene que analizar el déficit con el que operan diferentes universidades en México y se requiere de un trabajo más profundo, así como de un mayor presupuesto.
Lo que no puede pasarse por alto, comenta la rectora, es que se dedica en función del “desprestigio que sufren algunas universidades públicas a nivel nacional, provocado por el mal manejo de los recursos en algunos casos”.
Lo importante es que se aclaren las responsabilidades de los funcionarios y no se “satanice a las instituciones de manera generalizada”.
En ese sentido, el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Luis González Plascencia, advierte que es momento de apoyar denodadamente los esfuerzos que realiza la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) por defender la autonomía.
“Para defender la libertad de cátedra, así como el debate referente a la gratuidad de la educación superior y su obligatoriedad”, comenta.
González Placencia informó que la UATx, ha participado junto al resto de las universidades públicas del país “en un intenso debate para que nuestros presupuestos no sean reducidos, y se sigue impulsando que se restaure, en el proyecto de iniciativa de reforma al Artículo 3° constitucional, lo relativo a los dos pilares de la educación universitaria: la autonomía y la libertad de cátedra”.
Y es que, como lo explica el rector de la UATx, defender el presupuesto y la autonomía universitaria no es, en absoluto, una resistencia para mantener privilegios.
“Es la defensa de los salarios de nuestros trabajadores, de los recursos para mantener los servicios universitarios y para resolver las emergencias que día a día se presenta en nuestra comunidad”, subraya.
Por ello, el llamado de Enrique Graue, rector de la UNAM, para que los diputados federales de todos los partidos políticos cuiden y respeten la autonomía.
“La preservación constitucional de la autonomía es un elemento crucial para poder responder a la nación y de manera indefectible a la sociedad que nos dio origen”, dice.
“Son ya muchos años de consolidación del concepto de autonomía, desde que el Estado y los legisladores reconocieron en las universidades la importancia de la autonomía, la importancia que ésta tiene para poder transformar a la sociedad, para investigar y poder modificar la verdad y formar conciencias libres y en libertad”, agrega.

Frentes estatales
A nivel de los estados, la ofensiva contra las universidades públicas también  toma tintes de preocupación.
Mediante iniciativas de ley y modificaciones legales, los legisladores locales y los gobernadores pugnan por tener un mayor control de las instituciones de educación superior.
En el caso de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), la mayoría en el Congreso Local, perteneciente al partido en el poder, impulsa una reforma a la Ley Orgánica de la institución.
El objetivo es tener mayor injerencia en la elección de las autoridades universitarias y en los esquemas de gobernabilidad que rigen en la universidad.
En ese sentido, Jorge Ignacio Peña González, rector de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), advierte que la autonomía no es una concesión del poder público, sino una conquista de ciudadanos.
“Su objetivo es muy claro, separar el poder político del quehacer universitario y uno de los principios fundamentales de las universidades públicas, es nuestra autonomía, porque eso no es solo un concepto, sino que es algo que nos ha permitido tomar nuestras decisiones, generar los procesos de formación y conocimientos ajenos a ideologías políticas”, comenta.
Y es que Peña González considera que la autonomía ha permitido el autogobierno sin la presencia del poder político.
“Por ello reconocemos que autonomía es libertad, es igualdad y es autorregulación,  la autonomía no es una concesión del gobierno ni de los actores políticos, sino es un derecho ganado y mal haríamos los universitarios en permitir un retroceso en este tema”, puntualiza.
Porque hay sectores que quieren aprovechar la coyuntura de
la crisis financiera para sacar partida política.
“Los universitarios podemos tener diferencias y podrán no estar de acuerdo; nadie se confunda y ni traten de confundir a los universitarios ni a la sociedad”, señala.
En ese sentido, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, envió una iniciativa para acabar con la autonomía del Colegio de Veracruz (COLVER).
Sin consultarlo ni tomar un acuerdo previo, el documento ya está en manos del Congreso local, lo que se percibe desde ahora como un intento para restarle presencia a las autoridades de esa institución.
La iniciativa, como ocurre en estos casos, vino acompañado de señalamientos de corrupción y malos manejos en el COLVER, para justificar estas modificaciones legales.
De aprobarse esta iniciativa, el Gobernador será quien presida la Junta de Gobierno del COLVER y todas las sesiones y decisiones serán tomadas por la autoridad estatal.
Se trata de un esquema, como lo advierten los legisladores de oposición, que, de prosperar podría implementarse en otras instituciones y organismos que tienen autonomía frente al Ejecutivo local.  


Huelgas minan credibilidad
Las huelgas que se registran en algunas instituciones de educación superior en nada favorecen el clima de enrarecimiento que enfrenta este nivel educativo.
Los sindicatos no operan a favor de la fortaleza y la unidad que requieren en estos momentos las universidades públicas del país.
Las demandas salariales y laborales de los sindicatos van más allá de la capacidad financiera de las instituciones y los dirigentes radicalizan sus posturas.
En el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de esta casa de estudio, (SITUAM), Jorge Dorantes, plantea un incremento salarial de 20 por ciento para reactivar las actividades.
58 mil estudiantes han perdido más de un mes de clases y la postura sindical habla ahora de exigir a las autoridades un plan  de austeridad y reducción de salarios, muy al estilo de lo que ha venido manejando el actual gobierno.
Mientras el rector Eduardo Abel Peñalosa Castro, ha privilegiado en todo momento el diálogo y ha trabajado en presentar varias propuestas para levantar la huelga, los trabajadores se retiran de la mesa y radicalizan sus peticiones.
El mismo Dorantes, amenaza con extender la huelga durante varios días y repite peroratas que hablan más de un desafío que de la búsqueda de acuerdos.
Y en medio de todo esto, 3 mil 88 académicos y proyectos de investigación nacionales y extranjeros paralizados.
“Preparados para romper el récord de una huelga. Yo les dije en la mesa de negociación la huelga va, me canso ganso y se las cumplí, hoy les digo que la huelga no se levanta y me canso ganso”, repite en las reuniones con los agremiados.
Esta postura se replica en otros conflictos como el de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO, que paró durante 25 días sus actividades por una exigencia salarial inviable, en perjuicio de 25 mil alumnos.
Al final, el Sindicato de Trabajadores y Empleados (STEUABJO), encabezado por Fernando López Cruz, secretario general del gremio, aceptó el incremento salarial de 3.35 por ciento, la entrega de 30 basificaciones de trabajadores eventuales, 33 jubilaciones y 120 dictámenes de movimientos escalafonarios.
De lo que se trata, como lo planteó el rector de la UABJO, Eduardo Bautista Martínez, es que se politice y confunda tanto a la opinión pública como a la comunidad universitaria.c

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Modificado por última vez enJueves, 07 Marzo 2019 01:31
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