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Avanza obligatoriedad sin garantías para enfrentarla Destacado

Aunque la gratuidad de una educación universitaria es deseable, no se han tomado en cuenta los efectos económicos sobre las casas de estudio. Aunque la gratuidad de una educación universitaria es deseable, no se han tomado en cuenta los efectos económicos sobre las casas de estudio. Especial

La obligatoriedad de la educación superior avanza sin tener los suficientes amarres financieros para concretarla. La aprobación de estos lineamientos en el Congreso de la Unión pone en alerta a las instituciones de educación superior.
Las implicaciones que trae esta medida coloca en entredicho la viabilidad financiera para lograrlo. Saben que sin un ejercicio de planeación adecuado, las modificaciones constitucionales sólo ocasionarán más desequilibrios.
Los rectores están convencidos de fortalecer la equidad en el acceso y la permanencia en la educación superior pública, pero también advierten que un proyecto de esta envergadura precisa de una política sólida de financiamiento.


Un esquema de asignación de recursos que, desde hace años, se ha impulsado desde la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), pero que no ha podido concretarse.
Además, los rectores perciben, en el documento aprobado recientemente por el pleno de la Cámara de Diputados, ciertas ambigüedades y asuntos que no parecen del todo resueltos.
Por ello, asumen que la discusión y aprobación de las leyes secundarias tiene que enfocarse en aquellas consecuencias de ampliar la cobertura de manera desmedida.
También, comentan, el tema de las cuotas escolares para generar recursos propios, el incremento gradual de los recursos ordinarios, así como la atención que brindan todas las modalidades de educación superior, deben aterrizarse de la mejor manera.
De otro modo, el retroceso para las universidades públicas del país en materia de planeación, calidad, evaluación, pertinencia, gobernabilidad e incluso autonomía, se ponen en juego.

Implicaciones evidentes
Para el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Juan Eulogio Guerra Liera, la gratuidad de la educación superior impactará en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los jóvenes.
Esto, debido a que los recursos que ingresan a las universidades públicas del país, por concepto de cuotas, se destina a este objetivo.
Un efecto, asume, que podría complicarse si se toma en cuenta que las reformas constitucionales pasan también por la obligatoriedad de este nivel educativo.
“Si le sumas una cobertura universal, esto es, todo mundo dentro de las universidades sin tener la infraestructura, el equipamiento, sin tener la infraestructura humana”, plantea.
Se trata, detalla el rector de la UAS, de un entorno que también arrastra una serie de rezagos que no han podido atenderse de la mejor manera en los últimos años.
“Rezagos estructurales que tienen implicaciones como pensiones y jubilaciones, más de 70 mil o 90 mil horas no reconocidas en las universidades, aspectos de una autonomía acotada presupuestalmente hablando y que creo que debemos armonizarlo”, comenta.
En cuanto a la gratuidad, Guerra Liera considera que, de concretarse, las universidades públicas del país dejarían de recibir entre 6 y 25 por ciento de ingresos propios.
“La gratuidad tendría repercusiones ya que en el caso de la UAS se tiene un déficit de mil 735 millones de pesos, y si le quitas, aunque sean cuotas simbólicas, es una cantidad que ya tenemos destinada para casas del estudiante, para becas, para desarrollar cultura y el aspecto deportivo de nuestros estudiantes”, explica.
Un esquema que debe ser discutido a fondo y siempre tomando en cuenta la opinión y la experiencia de las universidades públicas estatales del país.
“Ningún rector ha puesto ni esgrimido la autonomía como un escudo para no entrar a comentar y discutir, o sea, tenemos la intención de hacerlo, lo estamos haciendo, pero es muy importante tener claro los pasos para que las universidades puedan fortalecerse financieramente”, señala.
Todo, dice el rector de la UAS, en el marco de un proceso de mayor transparencia, mayor revisión por parte de los gobiernos y las auditorías, pero sobre todo, sin descuidar la calidad.

El inicio del embrollo
El escenario es incierto aún para las universidades públicas del país. Desde el 12 de diciembre, cuando el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las universidades se han mantenido en alerta.
Y no es para menos, porque estas modificaciones constitucionales apuntan a regular el andamiaje institucional de los tipos de educación básica, media superior y superior.
En  ese sentido, la Anuies organizó un foro para analizar las implicaciones que tendrían las reformas a esos artículos 3, 31 y 73 de la Constitución, así como discutir los efectos de la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior.
Luego de este y otros foros, en los que participaron legisladores, académicos y especialistas, las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen de reforma constitucional en materia educativa que.
Entre otros puntos, establece la obligatoriedad de la educación inicial y superior, y desaparece el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Asimismo, elimina las evaluaciones que afectan la permanencia de los maestros en el servicio y establece que los derechos laborales de éstos se regirán por el Apartado B del artículo 123 de la Carta Magna.
Además, se faculta al Congreso de la Unión a legislar en materia de ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Con estos cambios, el Congreso de la Unión deberá expedir las Leyes Generales en materia de Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar en el año 2020.
En esas legislaciones es donde los rectores tienen puestas todas las alertas. Saben que ahí es donde se juega la batalla decisiva para no trastocar la autonomía, la planeación, la calidad y los esfuerzos que han emprendido las instituciones en los últimos años.
Al respecto, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, comenta que si bien es obligación de las universidades públicas estatales generar las propuestas pertinentes en la materia, el Estado debe ofrecer las garantías necesarias para implementar todas estas nuevas directrices.
Y es que, apunta, la rectora, hay puntos clave sobre los que se debe reflexionar a fondo y sin complacencias de ningún tipo.
“La obligatoriedad abarca actualmente desde nivel básico hasta medio superior, y ahora se pretende incluir el nivel superior; sin embargo, necesitaríamos generar una reflexión mucho más profunda porque los que acuden a nivel superior son personas adultas, entonces más que una obligación es un derecho que se les debe proporcionar”, comenta.
Al mismo tiempo, precisa, se debe establecer con toda claridad cómo se va a estructurar tanto la obligatoriedad como la gratuidad, y quiénes participarán en estas modificaciones.
“Es preguntarse a qué estudios nos estamos refiriendo, porque por ejemplo en este nivel tenemos Técnico Superior Universitario, licenciatura y posgrados, por lo tanto esto es ambiguo, no está bien planteado”, dice García Gasca.
Sobre la gratuidad, la rectora de la UAQ apunta que es un tema que pone en entredicho la autonomía universitaria y tiene que ver con los recursos que se asignan a las universidades públicas, las cuales deberán recibir recursos adicionales año con año.
“Por qué requeriríamos de este subsidio extra, porque todas las universidades recibimos pagos por servicios académicos, por inscripciones, reinscripciones, pagos por titulaciones y certificados. Entonces no queda claro a qué se refieren con gratuidad”, enfatiza.
Además, dice la rectora la gratuidad de la educación superior entraña una política de financiamiento que no esté sujeto a criterios ni tiempos políticos.
 “Pero no podemos asumir que esto pueda ser posible si no existe un presupuesto suficiente para las universidades y en el tema de la autonomía esto tiene que ver con que las instituciones definimos los criterios mediante los cuales se llevan a cabo los procesos de selección y admisión”, cuestiona.

Garantizar el proyecto
En ese sentido, el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Francisco Javier Avelar González, coincide en que mientras no haya aportaciones multianuales para las universidades y los presupuestos no crezcan de manera significativa, será imposible satisfacer las necesidades de la obligatoriedad de la educación superior.
“Lamentablemente los ingresos tienen que negociarse año con año y no se ponen las condiciones para que las universidades busquen proyectos de largo alcance; algunas que lo hicieron están ahora en problemas económicos”, señala.
Por el momento, calcula, para las universidades que no tienen problemas estructurales, el recurso necesario es al menos lo mismo que se da en años anteriores.
“Eso no nos permite tener proyectos de crecimiento porque apenas nos alcanza para cumplir con los compromisos ya contraídos, si nos piden crecer es importante que haya la certezas de que vamos a contar de forma permanente con un presupuesto mayor que se corresponda con este crecimiento”, advierte el rector de la UAA.
Por ello, las universidades están siendo presionadas por la obligatoriedad de la educación superior, que va más allá del compromiso con el crecimiento del país.
“Las universidades hemos establecido nuestro compromiso, nuestra solidaridad para incrementar todo lo posible la matrícula de una forma ordenada, tomando en cuenta la calidad que debemos ofrecer a la sociedad”, señala Avelar González.
De lo que se trata, plantea, es que al garantizar que este derecho progresivo se haga realidad, no se debe desarticular, bajo ninguna circunstancia, los esfuerzos que ya se han realizado en el país en materia de educación superior.
“Hay que decir que las universidades hace ya algunos años han sido muy prudentes en cuanto al crecimiento de la matrícula porque no hay garantía sobre el presupuesto de operación, y eso debe tomarse en consideración”, comenta.
Como lo resume el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Eduardo Bautista Martínez, la inclusión y la equidad no dependen de la voluntad de una sola persona, sino de la comunidad en su conjunto.
“Para hacer las cosas de manera distinta e ir construyendo una política pública más efectiva, que atienda con mayor precisión y alcance este reto que sigue presente”, asume.
Y es que, señala, las diferencias abismales entre las universidades públicas estatales que concentran el 70 por ciento de la población estudiantil en educación superior y el resto de las instituciones.
En términos de cobertura, enfatiza, la Ciudad de México alcanza más del 97 por ciento de atención y presupuesto, mientras que entidades como Oaxaca difícilmente sobrepasan 20 por ciento.
Desigualdades que, si la obligatoriedad y la gratuidad, son mal canalizadas, podrían afectar de manera considerable a las instituciones que ya se encuentran rezagadas desde hace años.

Directrices sin claridad
A decir del modelo que deja entrever el nuevo gobierno, y que no ha sido presentado con la suficiente claridad y precisión, hay muchas interrogantes en las cuales no se ha profundizado ni se ha querido polemizar.
Para el Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Luciano Concheiro Bórquez, en la llamada cuarta transformación, “la educación tiene esencialmente un sentido de recuperación de la libertad a través del ejercicio de la libertad de cátedra, pero sobre todo del compromiso con la sociedad”.
Precisó que el primer eje sobre el que se va a trabajar es la responsabilidad social para “aplicar conocimientos para atender los problemas nacionales, regionales y locales, y vincularse con los distintos sectores de la sociedad para producir bienestar social”.
El segundo eje plantea transformar los modelos y procesos educativos de las instituciones, fortalecer las trayectorias académicas de los profesores e investigadores, vincular el posgrado con la investigación con un enfoque de bienestar social y desarrollo sostenible, y renovar las políticas y procesos de evaluación y acreditación.
El último eje, asumen, se relaciona con aspectos de cobertura, tales como incrementar la matrícula con una perspectiva local, regional y nacional en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta, y crear nuevas universidades a través de criterios de calidad y pertinencia social.
En esa línea, corresponderá a los rectores descifrar, a partir de estos postulados, hacia dónde va el nuevo modelo educativo que quiere implementar el Gobierno Federal.
Por ahora, no hay metas cuantitativas ni indicadores que fijen el rumbo y los objetivos de esta nueva administración con respecto a la política de educación superior que tanto demandan ya las instituciones públicas del país.

Carlos Reyes

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