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Carta a Campus Milenio Destacado

Culiacán, Sin., mayo 21 de 2013.

Dr. jorge Medina Viedas

Director de Campus Milenio

Estimado Señor:

Le agradecemos la oportunidad de publicar nuestra posición respecto al artículo de su autoría “La SEP, Malova y la UAS (El extraño caso del convenio desaparecido)”.

 

 

En primer término afirmamos nuestra condena categórica a cualquier intento que realmente hubiere de agredir financieramente a la Universidad Autónoma de Sinaloa. La UAS indudablemente necesita más recursos para cumplir con calidad sus obligaciones con Sinaloa, y el Estado mexicano tiene la responsabilidad de proveerlos. Simultáneamente, la Universidad ha de corresponder con transparencia y eficiencia en su empleo. La relación UAS-Gobierno del Estado debe basarse en el respeto de la autonomía y en el ejercicio responsable del autogobierno universitario.

Pero la autonomía no debe concebirse como un fin en sí mismo, sino como un medio imprescindible para cumplir a cabalidad las funciones de la universidad. La autonomía se fundamenta en la libertad. Autonomía frente a todos los poderes que pudieran estorbar su función de encauzar y vitalizar la cultura. Autonomía para que exista la libertad de investigar, de recrear todas las corrientes del pensamiento. La autonomía debe mantenerse frente al Estado, los partidos políticos, las fuerzas económicas y las corrientes ideológicas. También frente a fuerzas internas que aspiren a la uniformidad ideológica, al pensamiento único, al monopolio del destino universitario, enquistándose en sus estructuras de poder con fines ajenos a la esencia universitaria. Pierde sentido el autogobierno si se emplea para reprimir las corrientes de pensamiento que disienten. El único camino que le está vedado a la universidad popular hacia la excelencia es aquél que sacrifique la libertad. Sería en todo caso un reflejo caricaturesco de la verdadera excelencia, en el que se habría extirpado la vocación de universalidad que da nombre a la institución.

En esa dirección de pensamiento, el verdadero riesgo a la autonomía de la UAS es su instrumentalización política al servicio de los intereses del grupo que se nuclea en torno al exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda. Este grupo entiende el autogobierno como su derecho a ejercer el poder en la universidad. Cualquier discrepancia con su hegemonía se considera una actitud anti-universitaria, que merece condena moral a través de los medios de comunicación bajo su control, y a veces hasta represión laboral. Así se pretende aplastar toda resistencia a la conversión de la otrora combativa comunidad universitaria en un instrumento de ambiciones políticas de pocos.

Al concentrar el poder de decisión para elegir autoridades en el Consejo Universitario, sin establecer formas controladas de participación de la comunidad universitaria, la Ley Orgánica de 2006 no supo establecer el delicado equilibrio que participación y estabilidad han de compartir en un modelo de universidad democrática. Son inaceptables los excesos contra la estabilidad. Mas el déficit participativo nos degrada moralmente, nos hace vulnerables al totalitarismo y al diktat, y limitando la pluralidad puede afectar el libre flujo y generación de ideas sin el que no hay academia de genuina calidad.

El artículo tercero de la Ley Orgánica vigente enuncia que la universidad debe ser democrática por su gestión y formas de organización. Democracia implica participación de la comunidad en la conducción institucional y en la elección de las autoridades. Sin reglas claras para una participación efectiva, la Ley Orgánica de 2006 convirtió en un enunciado vacío su propio articulado. El giro a la derecha que se dio en el 2006 cumplió sus fines en cuanto a estabilidad, pero dejó serios vacíos en el modelo académico de universidad, en la definición de su función como formadora de profesionales dotados con los más altos valores ciudadanos, capaces de respetar sus deberes con la sociedad, y ejercer sus derechos plenos. Es el momento de repensar la universidad y retomar el centro de la vía, pero al mismo tiempo aprovechar los avances para imponernos normas que nos potencien.

Por eso deseamos una reforma profunda a la Ley Orgánica de la UAS y a la normativa que derivó de ella. La reforma no puede realizarse sin la participación de la comunidad universitaria, y sin tomar en cuenta también las opiniones de la sociedad sinaloense. Todo ello generará las condiciones para el rescate de la institucionalidad amenazada.

Lamentablemente, en su artículo parece confundirse el empeño de modificar la Ley Orgánica de 2006 con el sacrificio de la autonomía. Es, al contrario, un intento de rescatar el verdadero sentido de la autonomía universitaria, cuestionada por el grupo que detenta el poder en la UAS. Por tanto, no existe el dilema político-moral que su artículo atribuye a los que pensamos que otra universidad es posible. Nuestros únicos aliados son los principios. No queremos el poder para medrar sino para transformar. Comenzamos siendo muy pocos; tuvimos que acopiar entereza para enfrentarnos al poder total. Quisimos levantar la cabeza en defensa de la dignidad universitaria. Lo hemos hecho solos, porque no somos títeres de nadie. Lo ético de nuestra acción nos está ganando cada vez más adeptos en la comunidad universitaria y en sectores y actores sociales que, en su momento, no lograron descifrar las reales intenciones del grupo que hoy abandera la fórmula del pensamiento único en la vieja casona rosalina de Rafael Buelna Tenorio.

De nuevo agradecemos la oportunidad de defender públicamente nuestros puntos de vista, y apreciamos quedar de Usted, respetuosamente.

Dr. Eduardo Fernández González, MC José Guadalupe Llanes Ocaña, Dra. Ana Lucía Escobar Chávez, Dr. Carlos Zavala Sánchez.

Modificado por última vez enViernes, 07 Junio 2013 23:44
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