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Educación superior y justicia penal Destacado

Contados a partir del 18 de junio de 2008, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de justicia penal y de seguridad pública, nos encontramos a poco menos de 18 meses de que venza el plazo de 8 años para la entrada en vigor el nuevo modelo de justicia penal (NSJP).
El NSJP que en su origen contó con el respaldo tácito de los tres poderes de la Unión a partir del reconocimiento de los límites del sistema de impartición de justicia vigente que han resultado, entre otros, en altos índices de impunidad y de violación de los derechos humanos, tiene la aspiración de hacer efectivo el estado de derecho así como el conjunto de prerrogativas legales de los involucrados en casos judiciales.


A partir de ese hecho se han venido publicando notas periodísticas, comunicados oficiales o reportes de investigación, que dan pistas sobre el nivel de avance de la implementación y operación del nuevo modelo de justicia. Destaca, por ejemplo, el “Reporte de hallazgos para el seguimiento y la evaluación de la implementación y operación del nuevo sistema de justicia penal en México” y el “Reporte de hallazgos sobre los avances de la implementación y operación de la reforma penal en México”, editado en 2013 y 2014, respectivamente, por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), A.C., en el que se puede encontrar el mapa de los avances registrados por cada entidad federativa a partir de la medición de variables relacionadas con las condicionantes de la implementación, los facilitadores de resultados y el seguimiento y evaluación de resultados.   
En este contexto, el 21 de julio de 2014 la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), A.C., firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación y la Conferencia Nacional de Gobernadores, a efecto de impulsar acciones en la educación superior para coadyuvar en la instrumentación del NSJP. En particular, se puso de manifiesto la disposición de la ANUIES para promover la actualización y adecuación de los planes y programas de estudio de la Licenciatura en Derecho, así como programas para la capacitación y la actualización de ministerios públicos, jueces, policías, defensores, peritos, entre otros.
¿Cuál ha sido el aporte de las instituciones asociadas a la ANUIES en el NSJP? Para responder a esta interrogante, durante los meses de septiembre y octubre de 2014, la ANUIES solicitó información a las 65 instituciones asociadas que ofrecen la carrera de Derecho, entre las que se encuentran las universidades públicas federales y estatales del país, así como las universidades particulares de mayor prestigio.
A manera de nota aclaratoria, debe decirse que la población escolar de las 65 IES asociadas  que cursaba la Licenciatura en Derecho era de 154 mil 617 estudiantes, siguiendo las estadísticas de la ANUIES (ciclo escolar 2012-2013). De éstas, respondieron a la solicitud de información 46 instituciones que atienden al 72por ciento de la matrícula total.
De acuerdo con el sondeo, las instituciones de educación superior que respondieron manifestaron que, a partir de la reforma, inició procesos de adecuación de planes programas de estudio en áreas jurídicas, de actualización y capacitación del personal académico, así como de habilitación y equipamiento de espacios para la enseñanza del nuevo modelo. En consecuencia, al momento de la encuesta, sólo el 40por ciento de las instituciones registró un nivel de avance del 100por ciento, y una proporción equivalente al 19por ciento del total de instituciones, reportó avances del orden del 75por ciento. El resto tiene avances entre el 25 y el 50por ciento.
La población de estudiantes de la Licenciatura en Derecho vinculada a estos resultados, es equivalente al 59 por ciento. En otras palabras, aproximadamente seis de cada diez alumnos tienen la certeza de que su institución, su programa de estudios y sus profesores están en condiciones de ofrecerles una preparación profesional acorde los requerimientos de la reforma penal. Se espera que en el transcurso del primer semestre de este año este porcentaje se incremente en la medida en que las instituciones asociadas actualicen su información o demuestren sus avances.      
Con estos resultados, en el marco de la XLVI Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES celebrada el 28 de noviembre en la Universidad de Guanajuato, la ANUIES y la Suprema Corte de la Nación entregaron un distintivo a 26 instituciones, públicas y particulares, que demostraron estar a la vanguardia en la materia y en este sentido han coadyuvado en la capacitación de los principales actores involucrados en el NSJP.
Este ejercicio abona a la imagen que se ha venido construyendo sobre el desarrollo de la instrumentación del nuevo modelo de justicia, considerando que en junio de 2016 éste debe operar totalmente en todo el país. El tema por supuesto no es menor, de ahí que vale la pena considerar seriamente la observación del CIDAC sobre la necesidad de profundizar en el seguimiento y evaluación de los avances registrados a nivel nacional, así como fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional. Esta preocupación muy probablemente sea atendida desde diversas instancias gubernamentales y no gubernamentales en la medida en que se acerque el plazo perentorio.
En el ámbito de la educación superior, los estudiantes interesados en el estudio del Derecho deben tener acceso a información de instituciones que ofrecen condiciones de enseñanza y aprendizaje del Derecho conforme a las nuevas disposiciones jurídicas. Para ello, es muy importante que dependencias gubernamentales y organizaciones civiles directamente vinculadas con este nivel de estudios generen las condiciones de certidumbre que el asunto amerita. Está de por medio no sólo la formación de los nuevos profesionales, sino también el logro de un sistema de justicia que evite la impunidad y los presuntos culpables.  

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Modificado por última vez enJueves, 05 Febrero 2015 12:38
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