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Presupuesto cero y pre-Criterios: Restricciones y peligros Destacado

Los dos temas que enmarcan estas líneas, expuestos la semana anterior, son el inicio anticipado de un año difícil. 2016 tendrá un retroceso en el monto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) por primera vez en mucho tiempo, tal como ya ha sido anunciado, afectando a casi la mitad de los programas que ya estaban clasificados como prioritarios en 12 secretarías o dependencias del gobierno federal. Pero hay otra parte “no anunciada”, solo entreabierta como una incógnita, la del llamado Presupuesto Cero que, bajo la idea de una reingeniería del PEF, podría modificarlo radicalmente.
El proyecto de presupuesto que finalmente presente la SHCP a la Cámara de Diputados, en septiembre próximo, tiene restricciones. Una relacionada con los llamados “gastos ineludibles” (75 por ciento del total, según la Auditoría Superior de la Federación o 85 por ciento como afirma el PAN) y otra con base en la legislación nacional y compromisos. Ante todo esto hay, empero, una pregunta fundamental:   si a casi medio año de que el PEF llegue a la Cámara de Diputados ya hay reducciones en programas etiquetados como prioritarios ¿qué podría acontecerle a los restantes cuando la marcha de la economía nacional se está dando con un alto grado de incertidumbre?


 Como lo señala el documento de Pre-Criterios, entregado a la Cámara de Diputados el pasado 31 de marzo, el gasto corriente del gobierno federal creció a una tasa real anual de 5.2 por ciento entre 2000 y 2013, contrastando con el 2 por ciento del crecimiento del PIB  en ese mismo lapso. Ojo: no se trata de una diferencia aritmética de 3.2, es una proporción que ronda el 150 por ciento entre un indicador y otro. De 10.9 del PIB que representaba dicho gasto en el año 2000, se pasó a un 15.2 en 2013.
Entre lo ya marcado como ajustes para el próximo año sobresalen los siguientes: a) los programas de Sedesol, de Apoyo Alimentario y Pensión para Adultos Mayores, tendrán bajas de 101 y 403 millones; b) SEP: Educación Superior y Posgrado (1,070 millones), Investigación y Desarrollo tecnológico (309), servicios de Media Superior  (218), Escuelas de Tiempo Completo (311), Programa Nacional de Becas (367) c) Conacyt: Desarrollo Científico y Tecnológico (46), Investigación Tecnológica para Negocios (140), Investigación Científica y Publicaciones (19).
Como respuesta a la interrogante planteada al final del párrafo inicial de este texto, todos los ajustes marcados expresamente en el documento de Pre-Criterios no son la última palabra en esa materia. Como se lee ahí mismo: “no consideran el efecto de reingeniería integral que se realizará en la administración pública federal . . .”.
En esas condiciones, la ‘libertad’ de la SHCP para presentar el proyecto presupuestal deberá ser ejercida con gran responsabilidad, toda vez que existen restricciones de orden legal que la Cámara de Diputados está obligada a salvaguardar, así como ciertos compromisos ineludibles. Entre esas restricciones se encuentran las siguientes: a) la Ley General de Desarrollo Social indica, en su Artículo 18, “los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público . . . y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales”;  b) la misma ley en su Artículo 20 señala que el gasto social  no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior; c) la Ley General de Educación, en su Artículo 23, establece que el gasto del Estado “no podrá ser menor al  ocho por ciento del PIB,  destinando en este monto, al menos, el uno por ciento a la investigación científica y al desarrollo tecnológico de las IES públicas”; d) a lo anterior habría que sumar todo el presupuesto federal comprometido para pago de deuda, pensiones, servicios de salud y educación ya funcionando, transferencias y aportaciones a las entidades federativas, subsidios (el de las IES  federales y estatales) . . . ¡ah!, y los compromisos derivados de tratados internacionales, válidos en términos del Artículo Primero Constitucional y ratificados por resolución de la Suprema Corte de Justicia, tal y como es el caso del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros (véase A. Sepúlveda, “Recorte al Presupuesto para Derechos Humanos, Diario de Chihuahua,  7 de marzo).
Finalmente, es importante aclarar que todas estas restricciones no son absolutas (inclusive la Ley General de Desarrollo Social emplea la fórmula “excepto en los casos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el PEF”) pero, a la hora que los sectores afectados con reducciones ‘pataleen’, o hagan presión, el conflicto político estará rondando.

Carlos Pallán Figueroa

Miembro de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Modificado por última vez enJueves, 16 Abril 2015 12:05
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