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La resistencia de los clanes sindicales Destacado

Salvo la reforma constitucional de 1953 para otorgar la ciudadanía a las mujeres a nivel federal, no se recuerda en México una reforma que no haya generado resistencias y movilizaciones.
Lo fueron las grandes reformas constitucionales que debieron abordar temas fundamentales para la estabilidad del sistema, como los que enfrentaron Juárez y su generación por ejemplo, al retirar de la Constitución el tema de la “religión de Estado”, que había sido plasmado en la Constitución de 1824. La defensa de ese principio por la corriente conservadora del pensamiento nacional dio lugar a constantes enfrentamientos políticos y cambios ríspidos de gobiernos, que Jesús Reyes Heroles en su obra El liberalismo mexicano ubicara como la sociedad fluctuante; un período de 33 años con 29 personas ejerciendo la presidencia. Y conste, que esa gran reforma que cambió el rumbo de México se hizo con un Estado muy débil y en proceso de formación. ¿Cómo le hizo esa gran generación de liberales del siglo XIX para ganar una batalla histórica que se antojaba imposible y que aún genera problemas en España y Argentina por no haberla realizado a tiempo?
Cambios radicales también los introducidos por el Constituyente de 1917, que tomó como base la reforma de 1857. Eliminó la Vicepresidencia y la reelección, consolidó el dominio de la nación sobre sus recursos naturales, consolidó la educación laica y gratuita y plasmó principios para la separación entre la iglesia y el Estado, entre otros. Dichas reformas generaron rebeliones (cristeros), resistencias (presiones de EUA) y no pocos hechos violentos (asesinatos políticos).


Tanto esas como las del siglo 19 fueron pensadas, cabildeadas y operadas por generaciones de mexicanos que respondieron al llamado de la historia y asumieron su responsabilidad ante México.
No tuvieron temores ante los intereses creados y lo arriesgaron todo por defender sus ideas y sus proyectos nacionales. Muchos de ellos sufrieron persecuciones, fueron asesinados, derrocados o exiliados. Ahora son recordados por las batallas que libraron, y sus reformas promovidas demostraron a lo largo del tiempo que no estaban equivocados, que los vientos de cambio en el mundo obligaban a México a adaptarse, a cambiar y a posicionarse mejor en su papel como nación.

Las reformas de la modernidad
Con el tiempo y en medio de los dos siglos (20 y 21) vinieron las reformas políticas que fortalecieron la estabilidad y le dieron cauce a la pluralidad: las económicas, que abrieron a México ante el mundo y aceleraron los intercambios para favorecer el crecimiento, el empleo y la inversión; las jurídicas, para fortalecer la administración de justicia, la defensa de las libertades, a multiculturalidad y la protección de los derechos humanos; y las sociales, para combatir el analfabetismo y el atraso educativo, las enfermedades infecciosas y garantizar la seguridad social.
En todos los casos, y más allá de la legitimidad de las reformas que con el tiempo cuajaron, hubo resistencias de todo tipo y apuestas en contra por parte de quienes desde un principio apostaron por su fracaso.
Algo así ha sucedido con la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto y que involucra a  los gobernadores de los estados.
La reforma incluyó cambios al artículo 3º constitucional, cambios profundos en la Ley General de Educación y dos nuevos ordenamientos: La Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Una de las reformas de mayor alcance en el sistema que ya no fue —como las anteriores— a la obligatoriedad en algún nivel del sistema educativo o buscando ampliar la cobertura, sino que fue diseñada para recuperar la deteriorada, competida e invadida rectoría estatal y pugnar por una mayor calidad de la educación; ésa la más grave enfermedad del sistema educativo mexicano en la transición del siglo 20 al 21, y a la que por mucho tiempo se soslayó por atacar primero, lo relativo a la cobertura en los distintos niveles y por estar el sistema atado a fuerzas que impedían su reforma.
Durante años, el Sistema Educativo Mexicano (SEM) fue rehén de los intereses creados, de los sindicatos, de la Coordinadora, de las inercias, los gobernadores y de la abulia de funcionarios dejados que por comodidad o temor o complicidades dejaban hacer.
Con el papel y las facultades asignadas al Estado mexicano por la Constitución en materia educativa, en casi un siglo se ha dado un crecimiento cuantitativo impresionante del sistema educativo público.
Esta-dísticas nacionales nos muestran
que entre 1917 y el 2016 en número de escuelas se pasó de 9,736 a 258,401. En cantidad de alumnos, de 682,489 a 36,745, 571  y de maestros, de 22,939 a 1, 975,731.
Un sistema educativo con un aparato gigante que no ha dejado de crecer en cantidad (pero no en calidad) y en el que no se ha dejado de invertir con resultados visibles en el número de personas que han aprendido a leer y escribir, con la obligatoriedad gradual y los accesos a la educación básica y media superior con amplia expansión de la educación superior.
El excesivo crecimiento del SEM no llevó necesariamente al mejoramiento de la calidad, y el sistema empezó a crujir con los indicadores internacionales de la educación en México cuando la nación empezó a competir en el nivel mundial, y las instituciones públicas y privadas comenzaron a adentrarse en la situación real de los principales indicadores de nuestro sistema educativo...y surgieron las interrogantes:  ¿Estamos tan bien en materia educativa como para dejar las cosas como están? ¿Están equivocados y/o mienten los indicadores de los organismos nacionales e internacionales de evaluación, que señalan nuestros atrasos como para no reaccionar ante la crisis educativa que vivimos? ¿Vamos a seguir tolerando la forma como se deciden actualmente las cuestiones torales del sistema educativo nacional que luce pesado, oxidado, lento y disfuncional para el desarrollo en pleno siglo XXI? ¿Se le ha quitado fuerza al Estado para tratar de garantizar sus propios programas educativos? ¿Abdicó el Estado de sus obligaciones sociales a favor de la organización sindical como sucedió en los gobiernos del PAN, a los que tuvieron siempre  condicionados a cambio de apoyo político?
Porque el debate debe ir más allá de la sola agenda educativa, para no caer en la simplificación histórica de que los problemas educativos empezaron en 2012. Es necesario replantear de fondo la verdadera fuerza y el poder del Estado mexicano
para impulsar las reformas que México necesita para no estancarnos  en la simulación de cambiar de espejo, pero no de imagen.

Instituciones secuestradas
El definitivo “NO” a las “plazas hereditarias” en el sistema educativo, fue una de las expresiones más aplaudidas hacia el presidente Enrique Peña Nieto el día de su toma de posesión. No le faltaba razón al presidente. La gente se emocionó porque ¡al fin se mostraba voluntad política para combatir una de las lacras principales del sistema educativo nacional!
Muchas de las instituciones educativas y otras de interés público han degenerado en verdaderos rehenes de “clanes familiares” o de organizaciones que sobre saturan de parientes las instituciones, creyendo que sus familiares son los más capaces y autorizados para ocupar las plazas vacantes, violentando el principio de igualdad que debe de existir en las contrataciones en instituciones que son sostenidas por el pueblo de México y no por las familias, los parientes y las organizaciones.
Esa deformación ha llegado a poner en riesgo a las instituciones por el relajamiento de la disciplina y las lealtades alternas de quienes alentados por sus padrinazgos jalan más con el padrino que con la autoridad. Ahí está en mucho la explicación sobre la baja calidad de la educación mexicana y el desorden que se advierte en instituciones públicas.
Son —en gran parte— los que han desatado la campaña contra la reforma educativa calificándola como “reforma laboral”, porque les afecta —en los mecanismos de selección o ingreso al sistema— o porque no encuentran otra manera de atacarla. Ese calificativo revela un gran desconocimiento de las nuevas leyes y abulia para el verdadero debate.
Otros más la juzgan en relación a la verdadera participación de los maestros en la reforma, algo que de sobra ha quedado demostrado con las altas tasas de participación de los maestros en las tareas de evaluación,
y la menguada respuesta que ha existido al llamado de las organizaciones opositoras a involucrar a padres de familia en las luchas de resistencia a la misma, aspirando a convertir una protesta educativa en un problema político.
Además, el diálogo se ha dado, y los hechos publicitados en los últimos días, no ha sido porque se “proteste contra la reforma educativa”, sino porque a través de esos mecanismos de protesta y acción política, se ha tratado de interrumpir la prestación se un servicio público, cerrando escuelas afectando a terceros que nada tienen que ver con los conflictos.
En el pasado, las luchas magisteriales que llevaron a la conformación de la CNTE (de 1979 en adelante), tenían como punto concurrente la disputa por las dirigencias seccionales del SNTE en los estados y el incremento de los salarios. Con mucho trabajo político de la SEP, la organización sindical y los gobernadores de los estados, en un tiempo las demandas coincidieron y las fuerzas se equilibraron en aquellas entidades con alternancia política donde la CNTE le bajó el nivel a sus luchas. Pero la posterior formación del PANAL con el SNTE le metió ruido a la lucha en entidades donde no distinguía colores ni ideologías y apostaba por alianzas desaseadas donde las cosas se fueron complicando por la confusión entre el Poder de las secciones y el del partido a la hora de participar políticamente. En unas apoyaban al gobierno en otras —dependiendo de la corriente política en alianza—lo atacaban, aunque siguieran recibiendo del mismo gobierno los apoyos para hacer política. Esa fue la gran fisura,  la gran contradicción a la que todavía no le encuentran ni respuestas ni salidas.
Esa desaseada alianza experimentada entre el PAN en el Poder y el PANAL en el sexenio pasado, provocó que la reforma constitucional del presidente Peña Nieto no haya sido sancionada en el Congreso de Sonora y que por eso se generara por años, un ambiente oficial de oposición a la Reforma.
Aparte, provocó que el proyecto de Ley Estatal de Educación presentado (y aprobado entonces por los diputados incluyendo a los del PRI) fuera parcial y contradictorio con lo establecido por la reforma federal y que —por esa omisión— después el gobierno federal entablara controversia constitucional contra Sonora ante la Suprema Corte de Justicia que le derogó  27 de los 96 artículos a la citada ley.
Si la memoria política no fuera tan corta, bien podríamos identificar las principales coordenadas de la crisis,  y evitaríamos las patéticas simplificaciones de la historia que han originado mucho del conflicto que ahora estamos viviendo. 

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