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La nueva transparencia en universidades y sindicatos Destacado

El pasado 5 de mayo entró en pleno vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promulgada un año atrás. Esto quiere decir que los llamados sujetos obligados deben proceder ya en los términos ahí marcados, así como haber realizado algunas acciones básicas en los doce meses transcurridos, so pena de hacerse acreedores a las sanciones ahí enunciadas. Entre tales sujetos se encuentran todos los organismos e instancias pertenecientes a los tres Poderes de la Unión, en los órdenes federal, estatal y municipal; organismos autónomos; fondos y fideicomisos públicos; partidos políticos; y, en general, “cualquier persona física, moral o sindicato que ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad”. En el caso de las universidades públicas son aplicables ambas condiciones, particularmente cuando se les sitúa en el ámbito de “organismos autónomos”. Por lo que se refiere a los sindicatos, pertenecientes o no a dichas universidades, el criterio de recibir recursos públicos los obliga ya a poner a disposición de agremiados y público en general cierta información específica.


Por lo que corresponde a las instituciones de educación superior (IES), y a diferencia de la antigua Ley en la misma materia, expedida en 2002, los cambios son enormes. En su condición de sujeto obligado, aquellas deben cumplir con una cincuentena de acciones comunes a toda esa categoría de destinatarios de la Ley. Además, específicamente, en las universidades autónomas la información que se ponga a disposición del público, en formatos predeterminados y  por vía digital (páginas o portales electrónicos), deberá presentarse en nueve rubros distintos. Entre ellos: a) planes y programas de estudios; b) procedimientos administrativos; c) remuneraciones del personal; d) convocatorias a concursos de oposición.
Por lo que corresponde a los sindicatos, su personalidad de sujetos obligados es una de las primicias de la Ley del año pasado. A partir de ahora, la información que debe proporcionar, también por vía electrónica, se divide en una docena de rubros diferentes, destacando dentro de ellos: a) recursos económicos y en especie que reciban; b) ejercicio y destino final de los mismos; c) el texto de convenios y contratos suscritos; d) padrón de afiliados; e) directorio del comité ejecutivo.
La Ley de 2015 ha traído cambios sustanciales respecto a la de 13 años atrás. Entre los principales: a) la catalogación de información reservada por los sujetos obligados sólo podrá hacerse por razones de interés público y seguridad nacional; b) en los casos en que proceda, dicha reserva se limita a cinco años (y no a los 12 de la ley anterior); c) se agilizan notablemente los plazos para atender solicitudes de información.
Por lo que atañe a las IES, la autonomía no puede ser invocada como razón para no proporcionar información, de tal modo que si la Unidad y el Comité de Transparencia de cada una de ellas no responde en tiempo y forma, la atención sobre lo solicitado estará a cargo del órgano garante correspondiente, el INAI o el de la entidad federativa.
A partir del 5 de mayo, también se puso en funcionamiento la Plataforma Nacional de Transparencia, un sofisticado recurso tecnológico que permite ya, a los órganos garantes y al  público en general, saber el grado de cumplimiento que, en torno a “los procedimientos, obligaciones y disposiciones de la Ley” tengan los sujetos obligados. Entre otras características, la Plataforma concentrará todos los portales de dichos sujetos. En el caso de universidades y sus sindicatos, será muy sencillo observar omisiones y retrasos en esa materia. Por lo que toca a las primeras, un buen número se quedaron estacionadas en la ley de 2002 que, siendo un avance en su momento,  ha quedado notablemente rezagada.
La transparencia y el acceso a la información pública es, simultáneamente, un derecho o garantía fundamental para que toda persona “pueda atraerse información, informar y ser informada” como expresaba Jorge Carpizo. Se da en el marco del Artículo 6º constitucional, referente a la libre manifestación de las ideas.  El notable avance con a Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2015 requerirá de acciones consecuentes en las universidades públicas y sus sindicatos en el país.

Carlos Pallán Figueroa

Miembro de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana.

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