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Juan Carlos Romero Hicks: La nueva ley de educación superior debe ser plural y respetuosa de la autonomía Destacado

Una nueva ley de educación superior no sólo debe incluir los principios que contempla la Constitución General de la República, sino que debe respetar también la naturaleza diversa de las casas de estudio así como la autonomía universitaria, la libertad académica y la pluralidad, entendida como divisa y no como un “tolerado”.
Además, debe incluir el respeto a los derechos laborales de las comunidades, de los propios trabajadores, y por otro lado, que sustente principios fundamentales como la búsqueda de la verdad, la libertad y todos los valores que hacen grande al ser humano.
Así lo aseguró en entrevista para Campus, el senador Juan Carlos Romero Hicks, ex gobernador del estado de Guanajuato y actual presidente de la Comisión de Educación del Senado.


El también ex rector de la Universidad de Guanajuato,  expresó que el objetivo de las mesas de debate sobre la legislación de la educación superior es actualizar la normatividad en este nivel educativo ya que el marco jurídico que con el que se cuenta es insuficiente.
Adicionalmente, Romero Hicks señaló que en la  Constitución Política del país se consignan algunos rasgos preliminares en la Ley General de Educación,  y está vigente una Ley para la Coordinación de la Educación Superior de diciembre de 1978, que prácticamente no tiene vigencia ni utilidad.
A años de distancia, expresó, hay una serie de temas que necesitamos poner en perspectiva y que hoy son muy importantes. En primer lugar, el aspecto del financiamiento que obedece a fórmulas discrecionales,  sin embargo no atiende a criterios normativos ampliamente difundidos y reconocidos. En segundo término, hay temas de acreditación, de reconocimientos de validez oficial de estudios, de la situación de globalización en un mundo, donde las personas tienen movilidad académica tanto al interior del país como en el continente y alrededor del mundo. Necesitamos, dice, resolver cómo es que se van a atender esas circunstancias.
Está el tema de la vinculación con toda la sociedad, con el sector de empleadores, con el sector gubernamental, entonces se han ido acumulando una serie de temas muy trascendentes que lamentablemente no están debidamente atendidos, agregó el ex Director General de Conacyt.
“Por eso es que en esa perspectiva se ha iniciado nuevamente un proceso de reflexión donde está participando la ANUIES que representa aproximadamente al 80 por ciento de la matrícula de educación superior del país y 170 casa de estudios superiores. La propia secretaría de Educación Pública. La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (Fimpes), que representan el resto del conjunto para llegar al cien por ciento, así como también ambas cámaras del Congreso de la Unión. En esto, debemos tener una amplia consulta dentro de las comunidades universitarias, con los alumnos, los profesores, directivos, egresados, así como también a los especialistas”

Foros abiertos a la sociedad
 Sobre la apertura de los foros, el senador consideró que todo debe ser abierto y de cara a la sociedad. Por fortuna, con las nuevas tecnologías se puede interactuar de muchas maneras, de manera presencial, en línea, de manera escrita.
“Hoy lo que requerimos es hacer varias tareas. Primero, partir de un diagnóstico donde hay documentos muy importantes de asociaciones como ANUIES, las propias autoridades educativas, los propios documentos rectores de las casas de estudio, sus planes de desarrollo. A partir de ese diagnóstico, ubicar el tratamiento para clasificar qué correspondería a política pública y qué es lo que correspondería a temas normativos”.
En esto, hay varias soluciones, comentó Romero Hicks. Una de ellas es una ley general de educación superior. Otra sería ajustar la Ley General de Educación y abrir un título especial. Ya esto en técnica jurídica se vería. Lo que es importante es que las normas que se puedan diseñar y rediseñar, respondan a la atención de la problemática del diagnóstico.
El resultado, señala, debe ser un documento más amplio de diagnóstico, otros documentos de política pública y además una normatividad mucho mejor enfocada  que sea de vanguardia, de un mundo global, de una universidad mexicana que busca excelencia académica y pertinencia social y que tenga resultados, rendición de cuentas, transparencia, evaluaciones no solamente de las propias instituciones sino que también esté al escrutinio de la sociedad a la que nos debemos.
Al incluir diversas modalidades en educación superior, Romero Hicks dijo que la ley debe ser una norma general, suficientemente amplia para que todos los regímenes jurídicos puedan estar considerados.
“Por ejemplo, en la parte pública, tenemos universidades federales como es el caso de la UNAM, el IPN, la UAM. Están las universidades públicas estatales autónomas en las 32 entidades federativas. Se encuentra también el subsistema de institutos
tecnológicos, tanto los federales como los descentralizados así como las universidades politécnicas, las universidades multiculturales, que son gran parte del espectro público, así como algunos de los centros públicos de investigación, muchos de ellos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Conacyt, u organismos como el CINVESTAV”.
Y continuó: “Eso de alguna manera describiría la parte principal de las instituciones públicas junto con los institutos nacionales de salud. La otra parte es la educación particular. Tenemos diferentes instituciones que están incorporados o con un documento de validez oficial de estudios en una variedad muy diversa de instituciones. Unas en la SEP, otras en las secretarías locales, en las universidades públicas autónomas, en las públicas federales, algunas tienen acuerdos especiales de los gobernadores. Necesitamos poner, en este conjunto, un orden para tener más claridad”.

Autonomía, transparencia y reconocimiento social
Al hablar sobre las universidades públicas estatales, Romero Hicks refirió que su autonomía debe ser considerada dentro de la nueva legislación a partir de su ley orgánica.
“Prácticamente todas tienen su autonomía que les da su libertad de docencia, de investigación, de extensión y difusión de la cultura y que la propia autonomía lo señala desde su nombre. Tienen la capacidad de auto normarse a sí mismas y esto tiene tres componentes: uno, el principio de libertad académica y las tareas de docencia e investigación; el tener su propio patrimonio y ordenarlo con transparencia y rendición de cuentas; y su capacidad de normarse a sí misma con sus órganos de gobierno que tienen que ver con las grandes decisiones académicas y administrativas de cada casa, eso es un principio desde la constitución y deberá respetarse.
Aunque en aspiraciones debe tratarse de un modelo único para la educación, la universidad es tan diversa que no puede haber un sólo modelo académico o administrativo o normativo en cuanto a su organización interna. Es parte de la propia naturaleza de la institución, acotó.
“Como su nombre lo dice, es una universalidad. Lo que se necesita es una unidad de propósitos para cumplir su misión académica, su misión social y evidentemente atender a su propio régimen jurídico para que tengan sus características de gobernanza en su actividad interna y en el caso de las instituciones públicas, con toda la transparencia y acreditación tanto pública y social como se espera de ellas”. 

Salvador Medina Armienta

Modificado por última vez enMiércoles, 22 Junio 2016 05:22
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