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¿Autonomía en el olvido? Destacado

La autonomía universitaria en tierras latinoamericanas es casi centenaria a causa de los cordobeses argentinos que sembraron en 1918 las ideas libertarias en los campus académicos.
En México, relacionados con el despertar e el sur del continente, aunque años antes se había concedido la autonomía a la Universidad de San Luis Potosí, es a partir del movimiento de 1929 en la Universidad Nacional, adquirió un sentido vital entre los universitarios.
Se fortaleció  como su derecho más apreciado y se convirtió en la esencia y la energía de la libertad de cátedra y la actitud crítica e independiente de los poderes, principalmente del gobierno.


En 1980 se elevó a rango constitucional, con lo cual se ratificó su autodeterminación académica, orgánica y administrativa.  No obstante, por diferentes razones  y circunstancias, unas ajenas a la vida interna de las comunidades, otras surgidas en sus mismos campus, se ha tenido que defender en los palacios legislativos, en los tribunales, en los foros públicos y en las calles.
Por evidentes circunstancias que voy a tratar de señalar, quienes hicieron política universitaria en los años sesenta y setenta,  valoraban  la autonomía en una dimensión distinta a la que hoy exteriorizan en ciertos círculos educativos. Las libertades que se fueron sembrando en las universidades, en el contexto de un régimen semi autoritario, era evidente que no la gozaban los ciudadanos. La universidad era, de algún  modo, un espacio único, especial, respecto  de la vida social y de otras instituciones, en donde los estudiantes y grupos de maestros gozaban de condiciones para desarrollar una actitud ideología contestataria y antisistema.
Esto, con el tiempo, generaría situaciones  contradictorias y complejas que quedarán plasmados e algunos hechos. En los años sesenta, los estudiantes abrieron las puertas de las instituciones y salieron a las calles. Palabras como revolución, democracia y libertad, se escucharon en los campus con un sentido distinto al que les imprimía el régimen  político de la Revolución mexicana.
Los estudiantes la usaban para plantear el cambio del statu quo y el régimen para la conservación de éste. Las protestas estudiantiles de esta década y la siguiente, detonaron el despertar ciudadano; algunos partidos, grupos y hasta ciertos individuos, incapacitados o impedidos para hacer política en el sistema electoral, encontraron refugio en las universidades. y en ellas reclutaron a la militancia que habría de participar en el proceso de democratización del país.
La carga de la crítica de la realidad social y política la asumían los universitarios y las luchas contra el autoritarismo del gobierno partían de las universidades. Aquel fenómeno que se puede concebir como la contribución del movimiento universitario a las sucesivas reformas democratizadoras del sistema político, gestó algunas de las contradicciones a que me referí. Como el movimiento estudiantil, el  sindicalismo universitario emergente en los años setenta, logró importantes avances en favor de los académicos y administrativos, por ejemplo  en el régimen jurídico laboral de las instituciones de educación superior públicas. Justamente, la reforma constitucional de la autonomía, incluyó expresamente que las relaciones laborales “se normarán por el Apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere”.
No obstante, los movimientos estudiantil y magisterial, en el contexto de los  sucesos, y posterior a la represión del gobierno en 1968 y 1972,  otros hechos como las luchas  de los trabajadores electricistas, telefonistas, y a la violencia urbana y rural que encabezaron grupos guerrilleros, influyeron en ellos, generando en algunos grupos desviaciones y deformaciones políticas que afectaron el carácter democrático y progresistas de este proceso político.
En ese contexto, las huelgas y las luchas de los estudiantes  se convirtieron en campo propicio para la gestación y propagación del germen de los radicalismos izquierdistas al interior de la universidades por parte de algunos grupos que a la postre dañaron la vida académica e institucional, en lo particular en  aquellos centros donde la protesta  marcó la pauta de los movimientos sociales.
El antigobiernismo natural del movimiento desarrolló diversas patologías políticas. Junto con algunos partidos de la misma izquierda, los grupos más radicales se adueñaron de los sindicatos y del movimiento estudiantil, usándolos con fines instrumentales y, muy pronto los vimos emulando las formas corporativas del sistema que criticaban.
Muchos de los expedientes que dieron entrada a las nuevas generaciones de maestros y funcionarios, o muchas decisiones relacionadas con  la vida de los claustros académicos o con la organización administrativa obedecían o se subordinaban a los intereses de un  partido o un grupo.
Estos mecanismos antidemocráticos y patrimonialistas, orquestados y aplicados por grupos que controlaban internamente las escuelas y los centros, determinaron muchas de las  prácticas políticas que hasta la fecha prevalecen.
A través de personajes políticos influyentes y experimentados de la izquierda,  esta política contaminó el proceder de algunos gobiernos universitarios.
Una conducta que derivaba en un tácito desconocimiento de la autonomía, ya en que en nombre de ella, lo que revelaba el cinismo político que había germinado las semillas del radicalismo, se ocultaban el instrumentalismo y el patrimonialismo que unos y otros, partidos, sindicatos y las mismas administraciones universitarias, aplicaban en las universidades.
Esto explica porque fueron capaces de superar los cambios que en la economía y la política se produjeron en el país en los años ochenta; sobrellevaron  la crisis fiscal del Estado, se amoldaron a las políticas derivadas de la globalización, la apertura económica, y fueron lo suficientemente pragmáticos para no enfrentarse a  las nuevas políticas educativas y presupuestales del gobierno federal, que con formas más eficaces y sigilosas, lograron un cometido que la propia naturaleza de las política de planeación y evaluación generaba: la relativización de la vida académica autónoma de las universidades.
No obstante, los esquemas de control que se implantaron en el pasado inmediato, no acabaron con algunos de los malos hábitos en el manejo de las administraciones universitarias, de los sindicatos y de los grupos estudiantiles, lo cual contribuía al debilitamiento y hasta cierto punto a la gradual desvalorización de la autonomía.
Varias  casas de estudio quedaron impregnadas, como escribió Adrían Acosta,  de algunas de las  “las monedas falsas que circulan libremente y sin restricciones entre muchos sectores de sus integrantes, “como por ejemplo, la idea de que un gobierno universitario debe ser un gobierno popular y democrático, o de que la academia debe estar al servicio de la racionalidad política, o de que la universidad es, debe ser, gratuita”.
Pese a lo fenómenos  contrastantes ocurrido en esos años de transición universitaria, las universidades públicas pudieron administrarse a partir de la autonomía.
Es verdad que varias de ellas, además, de enfrentar las nuevas políticas federales que tenían un impacto directo en el financiamiento, tuvieron la necesidad de superar los momentos traumáticos y amargos que varios gobiernos locales les hicieron pasar, restringiendo por su cuenta los recursos financieros o entrometiéndose de distintas maneras en su vida interna.
La experiencia dictó una enseñanza para todos los actores políticos, sin embargo: que el gobierno,  los poderes fácticos y los grupos políticos del más antagónico signo, no desconocían la vulnerabilidad de la Universidad y, consecuentemente, de la autonomía, y que en determinadas circunstancias, podrían acudir a el mecanismo siniestro de utilizar esa vulnerabilidad a su favor y conveniencia.
En el mundo universitario, entonces, se tomó consciencia de que la autonomía es un derecho  que como cualquier otra garantía jurídica, está expuesta a ser violentada por dichos factores de poder e incluso, por las propias comunidades, en  este caso, motivados por el interés de controlar instituciones públicas con grandes presupuestos o  por el deseo de utilizarla con fines políticos para beneficio de partidos, grupos o personales. Este fenómeno influyó en la formación de élites universitarias cada vez más profesionales y expertas en el ejercicio del poder universitario, y consecuentemente, dispuestas a utilizar  a las instituciones como escenario de disputas y conflictos, con fines poco edificantes y en algunos casos, hasta perversos.

Financiamiento  y autonomía
El polémico tema del financiamiento ha sido sustantivo y adjetivo de las relaciones entre los gobiernos y las instituciones de educación superior públicas.
Se entiende que es expresión de uno de los problemas estructural del país: la crónica debilidad de la economía nacional, y atado a ello,  la carencia de una política de Estado para la educación superior, y yo diría, verdaderamente comprometida con la autonomía y con el desarrollo de la educación superior como un tema fundamental para el futuro del país.
Todo ello ha venido ocurriendo cuando comprobamos el extraordinario crecimiento de la matrícula en la educación superior, que pese a altibajos en la inversión estatal, en lo que va de este siglo, no ha parado de crecer. Los esfuerzos financieros del Estado, sin embargo, no han disminuido  la problemática derivada de la falta de subsidio suficiente.
En el contexto de esta y otras limitaciones materiales, uno de los  alegatos críticos de los universitarios ha sido que ante la falta de reglamentación de la fracción VII de la autonomía, los gobiernos federal y estatal han hecho un uso discrecional de los recursos tomando en cuenta razones políticas, pero también a través de los nuevos mecanismos que han impuesto las políticas educativas desde los años ochenta, entre ellos los tan de moda y debatibles instrumentos de financiamiento extraordinario., y que como ha reseñado Javier Mendoza,  todo ello ha redefinido el concepto de autonomía.
Es una realidad, como señalaban ya el mismo Javier Mendoza y un grupo de expertos en Revista de la Educación Superior Número 129, (Volumen 33 • Enero - Marzo de 2004) de la ANUIES, siguen sin dilucidarse  jurídicamente, “entre otros, cuatro aspectos relacionados con la autonomía: los procedimientos bajo los cuales las universidades autónomas por ley deben ser auditadas por la Auditoría Superior de la Federación; el tema de la seguridad en el campus universitario y la intervención de la fuerza pública; la vinculación de las políticas financieras federales con la autonomía de las universidades, y la rendición pública de cuentas por medio de la evaluación de los resultados”.
¿Qué queda entonces por hacer con la autonomía ante este congelamiento jurídico y político respecto de la autonomía? Primordialmente, reconocer que en lo académico, en lo político y lo financiero, la autonomía ha sufrido fuertes afectaciones. No todas las universidades son capaces de diseñar y poner en marcha planes y programas académicos de acuerdo a sus políticas institucionales. En lo político, la intervención de los gobiernos y de los partidos, ha adquirido formas en algunos casos deleznables. En lo financiero, la autonomía se vuelve aún más difícil de ejercer por las crecientes regulaciones de los organismos fiscalizadores de la federación y de los estados.
En estas condiciones, en un marco donde la legalidad es un vacío que deja las manos libres a los poderes o a cualquier grupo de oportunistas que pretenda alienar a la universidad a sus intereses particulares  para intervenir en la vida universitaria, es urgente, como lo han planteado algunos dirigentes universitarios,  una nueva ley  que de garantía plena la autonomía, sin  olvidar que, históricamente, son las comunidades de estudiantes y profesores, y autoridades académicas, la fuerza moral y política de la autonomía,  en la que encarnan la libertad, la independencia y la dignidad de los universitarios.

Jorge Medina Viedas

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