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Freno al ajuste, subsiste incertidumbre Destacado

Aunque no en los términos originales que eran devastadores, al final el recorte al gasto en varios de los programas prioritarios se concretó y eso va a impactar en el rendimiento de las instituciones de educación superior.
Esa es la realidad: las universidades públicas del país enfrentan una situación de pronóstico reservado.
La petición de los rectores para reasignar recursos quedó muy por debajo de lo que la Cámara de Diputados destinó en la propuesta final del Proyecto de Egresos de la Federación 2017.


Mientras que las instituciones solicitaron 2 mil 125.8 millones de pesos, la reasignación destinada por los legisladores fue apenas de 941 millones de pesos. Es decir menos de 50 por ciento de lo que requerían las universidades del país para cubrir sus requerimientos mínimos.
La negociación y el cabildeo emprendidos por los rectores desde hace varias semanas rindió frutos, aunque el escenario económico internacional no permitió un mayor impacto positivo en las finanzas de las universidades.
Ahora la preocupación radica en la manera en cómo podrán operar los programas que recibían recursos adicionales y que solventaban problemáticas como el reconocimiento de plantilla docente y la carga financiera generada por los esquemas de jubilaciones y pensiones.
Algunos rectores estiman que deberán ajustar sus metas y sus prioridades para no afectar en lo más mínimo el funcionamiento académico de las instituciones.
Lo de siempre: hacer más con menos.
De acuerdo con sus cálculos, el crecimiento de la matrícula y los programas para impulsar la calidad también se encuentran en una situación que no es para nada ventajosa.
Además, los sindicatos universitarios podrían complicar el escenario en los próximos meses debido a que las demandas salariales y laborales van a enfrentar también estas limitaciones que no pudieron asignar mayores recursos a la educación superior del país.

Los cálculos de inicio
De entrada, la propuesta de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) era de una ampliación de 2 mil 125. 8 millones de pesos.
Muchos de esos recursos, serían para subsidios federales, reconocimiento plantilla docente y para paliar las crisis financieras de las universidades generadas, en su mayor parte, por sus adeudos en pensiones y jubilaciones, uno de los rubros más castigados en la propuesta enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión.
Sin embargo, la expectativa de las universidades del país no pudo ser cumplida a cabalidad y solo recibieron un porcentaje de esos recursos que, a todas luces, eran necesarios para su mejor operación y gestión.
Del monto de ampliaciones presupuestales para la educación pública correspondientes a un total de mil 951 millones de pesos, la mayor parte se destinó a educación superior.
Es decir, 941 millones de pesos más a lo estimado por el Ejecutivo en su propuesta.
Esto se suma a los mil 800 millones que ya estaban contemplados en el Proyecto de Presupuesto que envió el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados.
Con esa cantidad, de acuerdo con estimaciones de la ANUIES, en términos nominales no iba a haber decremento en el Subsidio Ordinario, pero la afectación impactaba de lleno en los Fondos Extraordinarios.
Ahí es donde se reasignarán los recursos adicionales conseguidos de último momento en la Cámara de Diputados. Ahora la clave es cómo distribuirlos para que tengan un mayor impacto dentro del entorno de limitaciones en que se gestó esta partida extra.
Porque los requerimientos financieros de las universidades del país en estos rubros son considerables.
Por ejemplo, en cuanto a los Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales, una sola institución, como la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) requiere cuando menos 100 millones de pesos para cuando menos contar con una cantidad similar a la de este año.
Esta partida se aplica desde el 2002 y en 14 años el gobierno federal les ha inyectado 26.6 mil millones de pesos a las universidades autónomas del país para que puedan resolver sus problemas financieros, paguen pensiones y jubilaciones y saneen sus finanzas.
Los recursos que se les han invertido hasta el momento representan el 11.6 por ciento de la deuda que todavía mantienen las instituciones, de acuerdo con el último reporte disponible de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El presupuesto para la atención de los problemas estructurales de las universidades se incrementó al pasar de 2 mil 018 millones de pesos en 2015, a 2 mil 713 mil millones de pesos en 2016, lo que representa un incremento de 34 por ciento.
Algunas de estas instituciones que han requerido mayor cantidad de recursos federales para resolver sus problemas relacionados con los regímenes de jubilaciones y pensiones y con la regularización de sus plantillas de trabajadores son Nuevo León, Guadalajara, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua, Baja California e Hidalgo.
Estos centros de enseñanza superior recibieron en conjunto mil 118 millones 284 mil 800 pesos en el rubro de Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES, lo que representó 52 por ciento del total del presupuesto aprobado de 2 mil 146 millones de pesos para 30 entidades con estos problemas estructurales en 2015.
El problema estriba ahora, es cómo operar el programa en medio de una asignación muy por debajo de lo estimado.

Cifras y tendencias
De acuerdo con una revisión del presupuesto destinado al Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 2016, de 2002 a la fecha se les han entregado a las universidades públicas estatales 26 mil 603 millones 919 mil 883 pesos.
Todo, etiquetado de la siguiente manera: 13 mil 799 millones de pesos para pago de pensiones, 3 mil 150 millones de pesos para reconocimiento de plantilla y 9 mil 654 millones en apoyos para saneamiento financiero.
Y aunque, a decir de las propias instituciones de educación superior, los fondos de financiamiento extraordinario para universidades públicas estatales impactaron en la mejora del costo por alumno, redujeron el pasivo en pensiones y jubilaciones, y garantizaron el reconocimiento de la plantilla administrativa.
Incluso, este año ya se comenzaron a sufrir ciertas afectaciones en  este programa, según el reporte de resultados del Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (UPES) en 2016, emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Y es que mientras el Congreso aprobó 2 mil 713 millones de pesos, de los cuales solo se recibieron 2 mil 109 millones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en febrero de este año.
De estos recursos, 853 millones se destinaron a las reformas estructurales de las UPES con la finalidad de avanzar en la reducción de los pasivos derivados de pensiones y jubilaciones, lo que benefició a 28 universidades estatales.
Además se contó con 150 millones para el reconocimiento de plantilla administrativa y se destinaron mil 106 millones a apoyos para el saneamiento financiero de las UPES, con la finalidad de abatir la brecha en el costo por alumno en educación superior.
La SEP detalla que las instituciones públicas beneficiadas comprobaron mediante estudios actuariales los resultados favorables alcanzados en el periodo 2002-2015, de quienes, en su caso, recibieron fondos federales extraordinarios durante más de una década.
Un escenario que no fue del todo considerado por las autoridades federales en el diseño del gasto para 2017 y su posterior reasignación hace unos días.
Y más, cuando para los rectores del país existe la posibilidad de que los fondos públicos extraordinarios que se destinan al incremento de matrícula en programas de licenciatura reconocidos por su buena calidad también se vean afectados.
Aunado, dicen, a un menor aumento en el número de estudiantes de posgrado reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Todas las posibilidades
Para Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), puntualiza que el ajuste al gasto en el ámbito de innovación científica y tecnológica no representará una disminución en la matrícula.
Sin embargo, coarta los proyectos de desarrollo y ampliación en cobertura educativa de nivel medio superior que la institución tenía programados para 2017.
Sin duda, será un año difícil en diferentes rubros, particularmente en la educación superior; el crecimiento de la matrícula es directamente proporcional a un presupuesto que se reciba para lo mismo, aunque no es de manera inmediata, sí están relacionados.
“Si no se recibe un incremento presupuestal, será difícil incrementar la matrícula pero continuaremos trabajando para mejorar la cobertura en la entidad”, sostiene.
Serna González estima que con los recursos asignados, muchas de las instituciones podrán operar al límite hasta agosto de 2017, pero a partir de esta fecha deberán gestionar recursos extraordinarios ante el Estado y la Federación.
Por su parte, el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Fernández Fassnacht, señaló que nunca será suficiente el presupuesto que el Congreso de la Unión destine para la educación superior en este país.
“El presupuesto para la educación superior, ciencia y tecnología, nunca será suficiente, siempre las instituciones de educación superior, los centros de investigación, sabemos qué hacer con mayores recursos”, sostiene.
“Aunque sabemos que el país está pasando por una situación difícil, autoridades educativas, hacendarias, como al Congreso de la Unión, debemos apostar a la educación superior, la ciencia y la tecnología”, argumenta Fernández Fassnacht.
Heriberto Grijalva Monteverde, rector de la Universidad de Sonora (Unison), responsabilizó al gobierno federal del estancamiento en el crecimiento de matrícula estudiantil para el siguiente ciclo escolar, por su falta de apoyo presupuestal.
Explicó que el presupuesto aprobado por diputados federales en materia de educación superior trae un crecimiento de tres por ciento, sin embargo considera que en términos reales es de cero pesos.
“Se va a mantener la matrícula, ya no podemos recibir más, sería irresponsable porque no tenemos para pagar los incrementos salariales, no puede ser posible trabajar en esa parte, es demasiado estar acortando el gasto en muchas cosas, si no lo cortamos es porque vienen etiquetados, afortunadamente”, señala.

Carlos Reyes

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