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Autonomía y Responsabilidad Social Universitaria Destacado

Los avances en los objetivos derivados de la Declaración del Milenio aprobada en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas de septiembre de 2000, son prueba, a la vez que testimonio, de que más allá de cubrir las necesidades básicas del ser humano, el abastecimiento de agua, los servicios de saneamiento y el uso que hacemos de los recursos hídricos son factores determinantes para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe.
La Declaración del VII Encuentro de redes universitarias y consejos de rectores de América Latina y el Caribe, reconoció que las instituciones de educación superior, las redes universitarias y Consejos de Rectores, los organismos de la sociedad civil, las asociaciones de profesores, investigadores, estudiantes y gestores, el sector empresarial en buena representación de América Latina y el Caribe y otros países amigos han logrado el consenso alrededor de cinco aspectos en ruta a la Conferencia Regional de la Educación Superior (CRES) 2018, entre ellos la autonomía universitaria en clave de responsabilidad social.


Así cuando hablamos de autonomía en clave de responsabilidad social, nos referimos a aquella que resulte de una reforma universitaria que garantice la contribución social respecto a ámbitos como la cooperación al desarrollo, la sostenibilidad ambiental, la integración y accesibilidad, cuyos retos inmediatos están siendo generados, entre otros factores, por la demanda de pago de servicios municipales (agua, luz y recolección de basura).
En este sentido, el presente trabajo busca contribuir en la construcción de la Agenda CRES 2018, de manera particular a estructurar responsabilidades colectivas y personales, cronogramas, plazos y términos en torno a una reforma universitaria que garantice la autonomía en clave de responsabilidad social, en tres apartados.

1.- La autonomía universitaria en el Siglo XXI
A dos años de celebrarse el centenario del Grito de Córdoba, Argentina 1918, la Declaratoria de San Miguel de Allende, Guanajuato, concluyó en que es necesario analizar las condicionantes legales para ratificar la autonomía universitaria en clave de responsabilidad social.
Y no podría ser de otro modo, ya que es en la autonomía universitaria donde radica la personería jurídica de la universidad. Como bien señala, Sergio García Ramírez, la autonomía universitaria hace referencia a “la condición en la cual la universidad (como un individuo) conserva, con libertad e independencia, aquello que constituye su manera de ser esencial, característica y propia”.
Sin autonomía, la universidad no puede considerarse una institución separada y quedaría a merced del Estado, quien podría manejar libremente su patrimonio, determinar sus órganos de gobierno y funciones sustantivas; lo que hace inviable toda posibilidad de cumplir su misión con responsabilidad social, al quedar abandonada a los vaivenes políticos y del mercado que determinan, de una manera u otra, el ejercicio del poder estatal.
La educación a pesar de ser un servicio público, no es una función administrativa, puesto que no existe una publicatio praevia que implique un traslado de estas funciones del Estado a los particulares, sino una actividad de interés general que se caracteriza por las cargas de eficiencia, continuidad, prestación masiva, eficacia y generalidad que recaen sobre el prestador.
A lo anterior hay que sumarle que, cuando se considera a las universidades como entidades del sector público se presupone que necesariamente deben organizarse como entes autónomos universitarios y, en consecuencia, que en cualquiera de los niveles educativos, deberá tomarse en cuenta las normas especiales que rigen su estructura y funcionamiento debido al régimen legal especial que ostentan las universidades.
Esto significa que, además de las normas sobre conformación de órganos de dirección, de ejecución y la forma de aprobar y organizar los programas, la autonomía constitucional como principio incide especialmente en materia presupuestal, con el fin de que los ingresos, sin importar su origen, no puedan convertirse en un obstáculo a la autodefinición de lineamientos educativos e institucionales.
Sin embargo, y sobre esto debe insistirse, la Universidad se encuentra en indefensión frente a una controversia constitucional interpuesta por un órgano del Estado o de gobierno, toda vez que —como podrá observarse a continuación— no es considerada como tercero interesado, al no contar con la calidad de entidad, poder u órgano establecido en la Carta Magna para tener carácter de parte en las controversias constitucionales.

2.- Retos de la autonomía universitaria en clave de la responsabilidad social
Por principio de cuentas, quisiera hacer una breve revisión de las controversias constitucionales ejemplares por su impacto en el desarrollo sustentable, y que gobiernos municipales de diferentes países de América Latina han interpuesto ante el Poder Judicial, como mecanismo de presión para exigir el pago de servicios de agua potable, alumbrado público e impacto ambiental a las universidades. En la tabla pueden observar un resumen de estas controversias.
Todo parece indicar que como consecuencia de las recomendaciones hechas por el Banco Interamericano de Desarrollo a los gobiernos de América Latina, de reformar las atribuciones de los municipios para allegarse de mayores ingresos, las instituciones de educación superior están siendo presionadas a modificar su régimen patrimonial establecido en las Constituciones de los países y en consecuencia su régimen de autonomía.
Desde esa perspectiva, en ruta a la Conferencia Regional de la Educación Superior 2018 miramos el ascenso del movimiento universitario que ha sido obligado a enfrentar las controversias constitucionales motivadas por el cobro de servicios municipales, como el caso de nosotros en Colima; los recortes presupuestales y restricciones a la autonomía, como es el caso de Brasil; el movimiento universitario lo podemos observar ya sea a través de negociaciones políticas o huelgas estudiantiles como en Argentina y en algunos casos enfrentamiento directo a las fuerzas públicas.
Todos estos casos, ya han sido reportados y analizados en otros trabajos pero nosotros los vemos ahora como reflejo de un interés común que propicia el crecimiento del movimiento universitario.
Dentro de esa dinámica, hemos aceptamos el principio constitucional según el cual una norma jurídica no puede contradecir a una de mayor jerarquía y reconocemos las reformas constitucionales orientadas a fortalecer las haciendas municipales, pero también creo que todos coincidimos, en que la reforma universitaria tiene también alcance constitucional.
En este sentido debemos recalcar que la Universidad es un bien público, descentralizado del estado, autónomo y con personalidad jurídica o moral. La principal consecuencia que surge de esta última disposición de la Ley es la capacidad de la institución para adquirir y administrar bienes.
Es asimismo un bien o servicio de interés colectivo permanente. Dicho en breve: la educación superior es un bien público social y su acceso universal es un derecho humano.
Yo quisiera reiterar en que la autonomía es un derecho constitucional. Que sin autonomía, la universidad no puede considerarse una institución separada y estaría a merced del Estado.
Como dice el Dr. Sergio Ramírez, entiendo que la capacidad del Estado para regular y establecer reglas del juego en relaciones institucionalizadas en el espacio público (económicas, reglamentarias, legislativas) es proporcional a las posibilidades de desarrollo de la educación superior.
Y por eso, cuanto más autónomo es el movimiento universitario, más profundo, amplio en perspectivas y más libre para lograr sus objetivos de responsabilidad social.
Finalmente reconocemos la existencia del principio de respeto a los derechos adquiridos, que en este caso, es el reconocimiento a una exoneración a favor de las universidades de América Latina y el Caribe, por todo tipo de tributos.

3.- Conclusiones: Declaratoria por la Autonomía Universitaria en clave de la responsabilidad social
Por todas estas razones históricas, legales y con el propósito de brindarle sustentabilidad a las instituciones de educación superior, se propone a la UDUAL formular una declaratoria por la autonomía universitaria en clave de la responsabilidad social en América latina y el Caribe que recomiende:
Concluir la reforma universitaria en América latina para elevar a rango constitucional la autonomía plena, la paridad estudiantil, la libertad de cátedra y la libre discusión de las ideas, donde todavía no se haya hecho o se encuentre de manera inconclusa.
Hacer las reformas constitucionales necesarias para que la Universidad no se encuentre en la indefensión frente a una controversia constitucional toda vez que no es considerada como tercero interesado, al no contar con la calidad de entidad, poder u órgano establecido en la Carta Magna para tener carácter de parte en las controversias constitucionales.
Fortalecer la capacidad política de las Instituciones de Educación Superior, como un asunto vital, para establecer relaciones de cooperación con los municipios como convenios y tasas educativas especiales sobre servicios aplicables a las universidades públicas o subsidiadas por el Estado, en tanto se resuelvan las reformas anteriores.
Esta capacidad política de las universidades marca el ingreso a una nueva etapa de su desarrollo institucional fincada en la confianza tanto de las negociaciones políticas como en las instituciones del Estado, debidamente articuladas y sustentadas en sus respectivas comunidades.

El observatorio por la defensa de la autonomía
Con el afán de formular el texto definitivo de esta propuesta, se sugiere al Observatorio por la defensa de la autonomía llamar a los asociados al aprovechamiento de este escenario plural y abrirlo a un gran diálogo que pueda nutrir los casos ejemplares de controversias constitucionales a las que se enfrentan las universidades de América Latina y el Caribe, con el afán de ampliar nuestros horizontes y compartir las experiencias de lucha, actuación y negociaciones políticas emprendidas por sus titulares durante la última década.
Así mismo, se sugiere hacer una compilación de las normas, sentencias, resolutivos y jurisprudencias sobre las controversias constitucionales en contra de las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe que sirva de soporte documental de la propuesta.
• Instituciones iniciales
Se propone conformar un grupo de universidades de diferentes países de América latina y el Caribe, preferentemente de Brasil, Argentina, Perú, Costa Rica y México, que hayan sufrido los embates de los gobiernos municipales por controversias constitucionales por el pago de servicios municipales.
• Instancias responsables
Será la comisión para la defensa de la autonomía universitaria de la UDUAL la instancia responsable de recabar, recibir, corregir y presentar en el marco de la CRES 2018, con la aprobación del pleno de la UDUAL, la propuesta definitiva de Declaratoria por la Autonomía Universitaria en clave de la responsabilidad social.

Cronograma de actividades
La etapa preparatoria para la definición de la agenda de trabajo y responsabilidades para la formulación del texto definitivo de la iniciativa de Autonomía en clave de responsabilidad social:
• De septiembre a noviembre de 2016, las instituciones iniciales invitadas a redactar el texto y las asociadas con interés de apoyar la iniciativa deberán ratificarlo oficialmente.
•Hacer atenta solicitud a la Universidad de Guadalajara para que en su calidad de responsable del Observatorio por la defensa de la Autonomía Universitaria, abra un sitio para la recepción y compilación de experiencias de lucha, actuación y negociaciones políticas emprendidas por las universidades durante la última década.
•A más tardar en noviembre la Comisión para la defensa de la autonomía universitaria de la UDUAL, convocará a reunión de trabajo para designar a los responsables y la Comisión encargada de la redacción definitiva del texto.
La etapa de seguimiento para la redacción, revisión y aprobación del texto definitivo de la iniciativa por parte de la UDUAL deberá llevarse a cabo durante el 2017; la Comisión encargada de la redacción se reunirá las veces que sean necesarias, de manera virtual o presencial. La aprobación del texto definitivo podrá hacerse en la última reunión de la UDUAL en 2017.
La presentación del texto aprobado se hará en el marco de las celebraciones del Centenario de la Reforma Universitaria en Córdoba, durante la Conferencia Regional de Educación Superior en junio 2018.

José Eduardo Hernández Nava

Rector de la Universidad de Colima

 Ponencia leída en San Juan, Puerto Rico en la reunión de la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL, el 22 de septiembre.  El rector es miembro de la Comisión de defensa de la Autonomía de la UDUAL, que prepara los festejos del Centenario de la Autonomía.

Modificado por última vez enJueves, 24 Noviembre 2016 01:06
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