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La autonomía demanda vigencia y nuevos desafíos Destacado

La autonomía universitaria encara nuevos desafíos que las universidades públicas deben aprender a leer. Esta figura, que le ha dado a las instituciones la solidez jurídica necesaria, permanece vigente pero demanda actualizarse frente a los nuevos actores y ante nuevos escenarios.
Bajo los principios de la autonomía, las universidades han logrado fortalecer su desarrollo académico y han mantenido, en la mayoría de los casos, una estabilidad y una gobernabilidad a prueba de intervenciones externas e intentos por desequilibrar su vida interna.
El próximo año la reforma universitaria de Córdoba, en Argentina, que dio pie a la autonomía universitaria cumple 100 años. El movimiento estudiantil que culminó con el manifiesto que se extendió a otros países en la región latinoamericana llega al centenario de vida.
Y en ese contexto, comenta algunos rectores, las universidades públicas tienen la obligación de defender la autonomía ante todo. Porque se trata de otros tiempos muy distintos a los que forjaron aquel manifiesto de 1918.
Pero, en esencia, dice, el espíritu de esa declaratoria permanece porque las instituciones de educación superior demandan ese espacio de organización y gestión que les permite construirse como espacios de pluralidad y diálogo.
Hoy, explican, los presupuestos al límite, los recursos condicionados por los gobiernos estatales, la participación directa o indirecta de actores implicados en la política que continúan o retoman su trayectoria en el mundo académico, son solo algunos de los retos que la autonomía le pone a las universidades.
Aunado a ello, las tendencias del mercado laboral y la tentación de asumirse como jueces o líderes de opinión de algunos rectores que hacen suyas ciertas causas ajenas a la academia, son también parte del escenario que la autonomía debe reforzar para garantizar su debido ejercicio.
Hacia allá debe apuntar el espíritu del manifiesto de Córdoba a sus 99 años de existencia. Una autonomía que no sea ni un cheque en blanco ni un pretexto para aislar a las universidades bajo reglas distintas a las que rigen a toda la sociedad.

Los cimientos
En 1918, en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, los líderes estudiantiles, encabezados por Deodoro Roca, lograron concretar la autonomía universitaria, y con ella el cogobierno, los concursos de oposición, la libertad de cátedra y otras características que se reformaron en los estatutos.
Para Roberto Escalante Semerena, secretario general de la  Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), este manifiesto debe ser considerado el primer llamado a conseguir, ampliar y defender la autonomía como una conquista del pensamiento libre.
Sin embargo, comenta, la autonomía universitaria debe ser entendida como el autogobierno responsable de los universitarios, quienes no deben soslayar que es parte de una serie de derechos sociales como el derecho a la educación y a la libertad de pensamiento, al conocimiento científico y a la concepción laica de la vida y la convivencia.
En ese sentido, apunta, “la autonomía de un gobierno universitario demanda probidad, exige transparencia e interpela al Estado en su obligación de ofrecer la educación como un bien social”, comenta.
Ahí es donde, agrega Escalante Semerena, recae la responsabilidad en el manejo de los recursos, en la dotación autónoma de reglas y patrones de conducta, de autoridad y consenso, como expresiones de la vida democrática universitaria.
“Pero hoy, hacer posible esa realidad demanda recursos, inteligencia, creatividad y cooperación. Algunos problemas actuales de la educación así lo revelan”, comenta.
Para José Trinidad Padilla López, exrector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la capacidad de decisión y autogobierno, como hace 100 años, son un derecho esencial y un asunto que compete solo a la comunidad que integra a las universidades.
Desde la elaboración de los planes de estudio que serán impartidos en las aulas universitarias, todo es parte de una realidad que debe ser discutida solo por la comunidad y no impuesta por los poderes públicos estatales o municipales.
 “Eso es lo que constituye la verdadera autonomía universitaria, en la defensa de su derecho a autogobernarse y la responsabilidad de decidir los cambios en sus programas de estudios, su estructura académica y administrativa y sus órganos de gobierno”, considera.
Sin embargo, sostiene que autonomía no significa soberanía, por lo cual las universidades no pueden asumirse como entes soberanos, más allá de las determinaciones que les da la autonomía.
En tanto, Renán Solís Sánchez, abogado general de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), apunta que las instituciones de educación superior del país tienen una autonomía, pero no basta con que haya sido elevada a rango constitucional, ya que ésta debe ejercerse.
 “La universidad pública que no conoce, no vive y no ejerce la autonomía, simplemente lesiona gravemente el principio constitucional de autonomía universitaria”, asegura.
Y es que, dice el exdirector de la Facultad de Derecho de la UAD, “creer en la autonomía universitaria, presumirla, invocarla, ejercerla, nunca querrá decir privilegio, sino responsabilidad.
Y esa responsabilidad, explica, significa no aislarse, si no coadyuvar en las soluciones que demanda el país, al tiempo que no debe traducirse en la creación de un Estado dentro de otro; sino inmersa en el orden jurídico nacional.
“La autonomía es el cerebro y corazón de la universidad pública y esta, la universidad pública, es cuna de las mejores causas de la República”, sostiene.
Pero siempre, reconoce, hablar de universidad y autonomía es navegar en un océano de confusiones, errores e interpretaciones indebidas.
“Es el poder legislativo quien otorga la autonomía, no la Constitución; lo que existe en ella es el principio de autonomía y esto lo destaco porque con frecuencia suceden estos errores, incluso, el Poder Judicial de la Federación ha referido que la autonomía la otorga la Constitución y no es el caso”, explica.

Hacia la corresponsabilidad
Para Juan Carlos Romero Hicks, exrector de la Universidad de Guanajuato (UGto), la autonomía universitaria no debe contraponerse a la transparencia y rendición de cuentas.
Sin embargo, argumenta el Presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, los nuevos marcos regulatorios no deben exceder la autogestión de recursos y la designación de autoridades y plazas universitarias.
Esto, ante los retos, tentaciones y críticas que genera el ejercicio de la autonomía al interior de las instituciones públicas de educación superior del país.
Por ello, señala, la autonomía de las universidades es un concepto dinámico que se ha enriquecido, pero que mantiene su eje de acción en la facultad de autorregulación, autogobierno y auto gestión administrativa, como los marca la fracción VII del artículo 3 de la Constitución.
De esta manera, dice, se garantiza, la libertad de cátedra, la designación de profesores idóneos mediante procedimientos estrictamente académicos, la elaboración y la aprobación de su propio presupuesto, la protección de los recintos universitarios y el reconocimiento a los universitarios para elegir libremente a sus propias autoridades.
“La Universidad tiene que adelantarse y pensar más allá del recinto universitario, pues la autonomía sirve para fortalecer sus capacidades permitiendo su propio desarrollo, pero se deben evitar tentaciones propias de la autonomía”, apunta.
Asimismo, la autonomía no se debe confundir con el aislamiento y el abandono de la vida colegiada, ya que es cuando se pierde el vínculo con la comunidad.
“No hay que confundir la exigencia de no injerencia ideológica con la diversidad del pensamiento científico, ni tampoco en apego a la autonomía universitaria se debe negar a cumplir sus obligaciones como ente financiado con recursos públicos”, advierte.
Y es que, con la opacidad y falta de rendición de cuentas, se trasgrede la obligación que se tiene con sociedad, con los organismos públicos y con la misma comunidad universitaria.
En ese sentido, dice Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la autonomía universitaria y la transparencia pueden ser complementarias, sin embargo el país debe de dar más pasos para evitar los riesgos en materia de  autonomía para evitar presiones innecesarias.
Se trata, puntualizó, de preceptos constitucionales que no son excluyentes, sino complementarios porque uno debe ser garante del otro.
“El reto radica en armonizarlos mediante prácticas institucionalizadas que permitan promover la transparencia sin vulnerar la autonomía y balancear el acceso a la información y la protección de los datos personales”, comenta.
Por eso, dice, las universidades públicas autónomas, están llamadas a un triple propósito: transparentar y rendir cuentas; fomentar la cultura de la transparencia a través de sus acciones, investigaciones y formación de recursos humanos; y proteger los datos personales de los miembros de su comunidad.
“Muchas veces es preferible enfrentar los problemas que implican la transparencia y rendición de cuentas, que la opacidad, pero debemos trabajar para evitar que la transparencia sea utilizada para vulnerar la autonomía, presionar o intentar corromper. Sin vulnerar la transparencia y el derecho a la información, hay que proteger la autonomía”, subraya.
Un ejemplo de cómo la autonomía ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos son las modificaciones  en torno a la fiscalización de las universidades públicas del país.
Esto, debido a que las leyes orgánicas de las universidades deben modificarse para que los contralores internos ya no serán designados a propuesta del rector.
Esto, explica Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato (Ugto), no resulta violatorio de la autonomía.
“La designación de las entidades colegiadas de las universidades públicas, se rigen en el artículo 3 de la Constitución Política, lo que significa que en el ejercicio de la autonomía de todas las universidades públicas del país, la designación de sus órganos internos corresponda a las propias instituciones”, explica.
Porque, argumenta, las universidades no pueden estar al margen del régimen de fiscalización externa.
“Eso de ninguna manera y eso no es nuevo, nosotros estamos sujetos a auditorías de organismos estatales, federales y como organismo público autónomo no estamos exentos de ello”, dice.
Una autonomía, comenta, que tiene que encontrar nuevos caminos para no quedar anquilosada, sino convertirse en una herramienta y una figura que permita a las instituciones un mejor desarrollo académico y administrativo.
Es decir, buscar esa congruencia con su propia normativa y con los requerimientos de la sociedad. Porque a casi 100 del manifiesto de Córdoba, el espíritu de la autonomía debe estar por encima de todo.  


Esfuerzos internacionales
De acuerdo con la UDUAL, los rectores de México, Latinoamérica y el Caribe están movilizados a favor de las garantías que demanda la educación superior, considerada como un bien social, pero también procurando insertar a nuestras instituciones en la pista del conocimiento global.
En ese contexto, han trabajado para  recuperar la historia y los valores de la autonomía en materia de responsabilidad estatal, libertad de cátedra e investigación, transparencia, vinculación social y gobernabilidad democrática.
Las universidades agrupadas en la UDUAL, ya discuten y debaten sobre los nuevos caminos de la autonomía en la heterogénea complejidad de contextos como Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, México, Perú y República Dominicana, principalmente.
En sus resoluciones se advierten seis grandes líneas de retos: primero, la educación virtual y la necesaria creación de un sistema latinoamericano de educación en línea; segundo, la pertinencia de buscar financiamiento en las agencias multilaterales de desarrollo, atendiendo al carácter decisorio de la educación en los modelos de desarrollo.
Además, la búsqueda de nuevos modelos de financiamiento que rentabilicen el conocimiento, no que mercantilicen la educación, con asociaciones virtuosas con la empresa, los gobiernos y actores locales, así como organizaciones solidarias; y preservar el carácter laico de la educación sin lastimar los derechos individuales.
Ello, sin olvidar la preservación de las instituciones como espacios de tolerancia de pensamiento y conocimiento, enfrentando los desafíos de las ciencias de la vida, como la genómica, con una actitud “gen-ética”, que impulse el conocimiento científico con los valores culturales de nuestra observación del mundo, y por último, insertarse en la globalidad con identidad propia.
A decir de la UDUAL, las universidades del país deben enfrentar los desafíos  frente a este nueva “hora americana” de la educación superior, como en su momento lo hicieron los firmantes de la Federación Universitaria de Córdoba.

La autonomía universitaria encara nuevos desafíos que las universidades públicas deben aprender a leer. Esta figura, que le ha dado a las instituciones la solidez jurídica necesaria, permanece vigente pero demanda actualizarse frente a los nuevos actores y ante nuevos escenarios. Bajo los principios de la autonomía, las universidades han logrado fortalecer su desarrollo académico y han mantenido, en la mayoría de los casos, una estabilidad y una gobernabilidad a prueba de intervenciones externas e intentos por desequilibrar su vida interna. El próximo año la reforma universitaria de Córdoba, en Argentina, que dio pie a la autonomía universitaria cumple 100 años. El movimiento estudiantil que culminó con el manifiesto que se extendió a otros países en la región latinoamericana llega al centenario de vida. Y en ese contexto, comenta algunos rectores, las universidades públicas tienen la obligación de defender la autonomía ante todo. Porque se trata de otros tiempos muy distintos a los que forjaron aquel manifiesto de 1918. Pero, en esencia, dice, el espíritu de esa declaratoria permanece porque las instituciones de educación superior demandan ese espacio de organización y gestión que les permite construirse como espacios de pluralidad y diálogo. Hoy, explican, los presupuestos al límite, los recursos condicionados por los gobiernos estatales, la participación directa o indirecta de actores implicados en la política que continúan o retoman su trayectoria en el mundo académico, son solo algunos de los retos que la autonomía le pone a las universidades. Aunado a ello, las tendencias del mercado laboral y la tentación de asumirse como jueces o líderes de opinión de algunos rectores que hacen suyas ciertas causas ajenas a la academia, son también parte del escenario que la autonomía debe reforzar para garantizar su debido ejercicio. Hacia allá debe apuntar el espíritu del manifiesto de Córdoba a sus 99 años de existencia. Una autonomía que no sea ni un cheque en blanco ni un pretexto para aislar a las universidades bajo reglas distintas a las que rigen a toda la sociedad. Los cimientos En 1918, en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, los líderes estudiantiles, encabezados por Deodoro Roca, lograron concretar la autonomía universitaria, y con ella el cogobierno, los concursos de oposición, la libertad de cátedra y otras características que se reformaron en los estatutos. Para Roberto Escalante Semerena, secretario general de la  Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), este manifiesto debe ser considerado el primer llamado a conseguir, ampliar y defender la autonomía como una conquista del pensamiento libre. Sin embargo, comenta, la autonomía universitaria debe ser entendida como el autogobierno responsable de los universitarios, quienes no deben soslayar que es parte de una serie de derechos sociales como el derecho a la educación y a la libertad de pensamiento, al conocimiento científico y a la concepción laica de la vida y la convivencia. En ese sentido, apunta, “la autonomía de un gobierno universitario demanda probidad, exige transparencia e interpela al Estado en su obligación de ofrecer la educación como un bien social”, comenta. Ahí es donde, agrega Escalante Semerena, recae la responsabilidad en el manejo de los recursos, en la dotación autónoma de reglas y patrones de conducta, de autoridad y consenso, como expresiones de la vida democrática universitaria. “Pero hoy, hacer posible esa realidad demanda recursos, inteligencia, creatividad y cooperación. Algunos problemas actuales de la educación así lo revelan”, comenta. Para José Trinidad Padilla López, exrector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la capacidad de decisión y autogobierno, como hace 100 años, son un derecho esencial y un asunto que compete solo a la comunidad que integra a las universidades. Desde la elaboración de los planes de estudio que serán impartidos en las aulas universitarias, todo es parte de una realidad que debe ser discutida solo por la comunidad y no impuesta por los poderes públicos estatales o municipales.  “Eso es lo que constituye la verdadera autonomía universitaria, en la defensa de su derecho a autogobernarse y la responsabilidad de decidir los cambios en sus programas de estudios, su estructura académica y administrativa y sus órganos de gobierno”, considera. Sin embargo, sostiene que autonomía no significa soberanía, por lo cual las universidades no pueden asumirse como entes soberanos, más allá de las determinaciones que les da la autonomía. En tanto, Renán Solís Sánchez, abogado general de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), apunta que las instituciones de educación superior del país tienen una autonomía, pero no basta con que haya sido elevada a rango constitucional, ya que ésta debe ejercerse. “La universidad pública que no conoce, no vive y no ejerce la autonomía, simplemente lesiona gravemente el principio constitucional de autonomía universitaria”, asegura. Y es que, dice el exdirector de la Facultad de Derecho de la UAD, “creer en la autonomía universitaria, presumirla, invocarla, ejercerla, nunca querrá decir privilegio, sino responsabilidad. Y esa responsabilidad, explica, significa no aislarse, si no coadyuvar en las soluciones que demanda el país, al tiempo que no debe traducirse en la creación de un Estado dentro de otro; sino inmersa en el orden jurídico nacional. “La autonomía es el cerebro y corazón de la universidad pública y esta, la universidad pública, es cuna de las mejores causas de la República”, sostiene. Pero siempre, reconoce, hablar de universidad y autonomía es navegar en un océano de confusiones, errores e interpretaciones indebidas. “Es el poder legislativo quien otorga la autonomía, no la Constitución; lo que existe en ella es el principio de autonomía y esto lo destaco porque con frecuencia suceden estos errores, incluso, el Poder Judicial de la Federación ha referido que la autonomía la otorga la Constitución y no es el caso”, explica. Hacia la corresponsabilidad Para Juan Carlos Romero Hicks, exrector de la Universidad de Guanajuato (UGto), la autonomía universitaria no debe contraponerse a la transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, argumenta el Presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, los nuevos marcos regulatorios no deben exceder la autogestión de recursos y la designación de autoridades y plazas universitarias. Esto, ante los retos, tentaciones y críticas que genera el ejercicio de la autonomía al interior de las instituciones públicas de educación superior del país. Por ello, señala, la autonomía de las universidades es un concepto dinámico que se ha enriquecido, pero que mantiene su eje de acción en la facultad de autorregulación, autogobierno y auto gestión administrativa, como los marca la fracción VII del artículo 3 de la Constitución. De esta manera, dice, se garantiza, la libertad de cátedra, la designación de profesores idóneos mediante procedimientos estrictamente académicos, la elaboración y la aprobación de su propio presupuesto, la protección de los recintos universitarios y el reconocimiento a los universitarios para elegir libremente a sus propias autoridades. “La Universidad tiene que adelantarse y pensar más allá del recinto universitario, pues la autonomía sirve para fortalecer sus capacidades permitiendo su propio desarrollo, pero se deben evitar tentaciones propias de la autonomía”, apunta. Asimismo, la autonomía no se debe confundir con el aislamiento y el abandono de la vida colegiada, ya que es cuando se pierde el vínculo con la comunidad. “No hay que confundir la exigencia de no injerencia ideológica con la diversidad del pensamiento científico, ni tampoco en apego a la autonomía universitaria se debe negar a cumplir sus obligaciones como ente financiado con recursos públicos”, advierte. Y es que, con la opacidad y falta de rendición de cuentas, se trasgrede la obligación que se tiene con sociedad, con los organismos públicos y con la misma comunidad universitaria. En ese sentido, dice Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la autonomía universitaria y la transparencia pueden ser complementarias, sin embargo el país debe de dar más pasos para evitar los riesgos en materia de autonomía para evitar presiones innecesarias. Se trata, puntualizó, de preceptos constitucionales que no son excluyentes, sino complementarios porque uno debe ser garante del otro. “El reto radica en armonizarlos mediante prácticas institucionalizadas que permitan promover la transparencia sin vulnerar la autonomía y balancear el acceso a la información y la protección de los datos personales”, comenta. Por eso, dice, las universidades públicas autónomas, están llamadas a un triple propósito: transparentar y rendir cuentas; fomentar la cultura de la transparencia a través de sus acciones, investigaciones y formación de recursos humanos; y proteger los datos personales de los miembros de su comunidad. “Muchas veces es preferible enfrentar los problemas que implican la transparencia y rendición de cuentas, que la opacidad, pero debemos trabajar para evitar que la transparencia sea utilizada para vulnerar la autonomía, presionar o intentar corromper. Sin vulnerar la transparencia y el derecho a la información, hay que proteger la autonomía”, subraya. Un ejemplo de cómo la autonomía ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos son las modificaciones en torno a la fiscalización de las universidades públicas del país. Esto, debido a que las leyes orgánicas de las universidades deben modificarse para que los contralores internos ya no serán designados a propuesta del rector. Esto, explica Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato (Ugto), no resulta violatorio de la autonomía. “La designación de las entidades colegiadas de las universidades públicas, se rigen en el artículo 3 de la Constitución Política, lo que significa que en el ejercicio de la autonomía de todas las universidades públicas del país, la designación de sus órganos internos corresponda a las propias instituciones”, explica. Porque, argumenta, las universidades no pueden estar al margen del régimen de fiscalización externa. “Eso de ninguna manera y eso no es nuevo, nosotros estamos sujetos a auditorías de organismos estatales, federales y como organismo público autónomo no estamos exentos de ello”, dice. Una autonomía, comenta, que tiene que encontrar nuevos caminos para no quedar anquilosada, sino convertirse en una herramienta y una figura que permita a las instituciones un mejor desarrollo académico y administrativo. Es decir, buscar esa congruencia con su propia normativa y con los requerimientos de la sociedad. Porque a casi 100 del manifiesto de Córdoba, el espíritu de la autonomía debe estar por encima de todo. Esfuerzos internacionales De acuerdo con la UDUAL, los rectores de México, Latinoamérica y el Caribe están movilizados a favor de las garantías que demanda la educación superior, considerada como un bien social, pero también procurando insertar a nuestras instituciones en la pista del conocimiento global. En ese contexto, han trabajado para recuperar la historia y los valores de la autonomía en materia de responsabilidad estatal, libertad de cátedra e investigación, transparencia, vinculación social y gobernabilidad democrática. Las universidades agrupadas en la UDUAL, ya discuten y debaten sobre los nuevos caminos de la autonomía en la heterogénea complejidad de contextos como Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, México, Perú y República Dominicana, principalmente. En sus resoluciones se advierten seis grandes líneas de retos: primero, la educación virtual y la necesaria creación de un sistema latinoamericano de educación en línea; segundo, la pertinencia de buscar financiamiento en las agencias multilaterales de desarrollo, atendiendo al carácter decisorio de la educación en los modelos de desarrollo. Además, la búsqueda de nuevos modelos de financiamiento que rentabilicen el conocimiento, no que mercantilicen la educación, con asociaciones virtuosas con la empresa, los gobiernos y actores locales, así como organizaciones solidarias; y preservar el carácter laico de la educación sin lastimar los derechos individuales. Ello, sin olvidar la preservación de las instituciones como espacios de tolerancia de pensamiento y conocimiento, enfrentando los desafíos de las ciencias de la vida, como la genómica, con una actitud “gen-ética”, que impulse el conocimiento científico con los valores culturales de nuestra observación del mundo, y por último, insertarse en la globalidad con identidad propia. A decir de la UDUAL, las universidades del país deben enfrentar los desafíos frente a este nueva “hora americana” de la educación superior, como en su momento lo hicieron los firmantes de la Federación Universitaria de Córdoba.

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