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Acreditación a estudiantes deportados podría provocar desórdenes académicos y financieros Destacado

La reforma a la Ley General de Educación para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) emita criterios generales de revalidación de estudios en universidades privadas a jóvenes (dreamers) deportados de Estados Unidos que quieran continuar su educación superior en México, podría abrir la puerta a una serie de complicaciones administrativas, financieras y académicas que pondrían más atenuantes sobre la mesa que beneficios.


Las disposiciones legales propuestas por el Ejecutivo y que fueron aprobadas recientemente por el Senado de la República, con 107 votos a favor, enfrentan una serie de vacíos legales que le abren la puerta a un laberinto mucho más complejo que el problema coyuntural que buscan resolver.
De acuerdo con representantes de las instituciones de educación superior y especialistas en el tema, la reforma pone en riesgo la calidad de la educación si es que se aplica de manera indiscriminada y sin criterios estrictos.
Además, dicen, generará afectaciones financieras en las universidades públicas del país, debido a que su entorno actual pasa por limitaciones presupuestales que se agudizarían para recibir a los miles de jóvenes procedentes de Estados Unidos.
Incluso, advierten, se deben revisar aspectos como la autonomía universitaria y la capacidad de cada una de las entidades federativas para asumir el compromiso.
Si bien la reforma tiene un espíritu benéfico mediante el que se busca respaldar a los estudiantes que podrían ser deportados, lo cierto es que esta medida no resuelve el problema de fondo ni mucho menos.
Se trata, comentan, de medidas que responden a una situación muy focalizada pero la acreditación y revalidación de estudios es apenas una de las aristas que pondrán a prueba a la educación superior del país.
Más allá de las reformas, que ahora son analizadas en la Cámara de Diputados, plantean que se requiere una estrategia de largo plazo, incluyente y a nivel nacional para enfrentar un problema que no se agota en el terreno académico.

Escenario complejo
Para Mónica Jacobo Suárez, investigadora y profesora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), se requiere de un cambio sustantivo que permita un proceso de revalidación y acreditación mucho más ágil y transparente.
“Otra cosa que veo ausente es una estrategia a seguir con las universidades autónomas o institutos. Creo que es algo que tendría que plantearse desde la iniciativa de ley”, apunta.
También están ausentes las cédulas profesionales, apunta, lo cual es un tema importantísimo. Y advierte que si no vamos al fondo de estos problemas, difícilmente se va a tener el impacto que se quiere lograr.
 “Si bien no todas las profesiones lo requieren para trabajar, es fundamental para algunas, como ingenierías. Y tenemos casos de personas, de jóvenes que llevan ya más de seis años y que no han podido trabajar porque tienen que obtener su cédula profesional.
Para Mónica González Contró, abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque se trata de una reforma legal muy importante, y está enfocada a los tiempos que se viven, hay que pensar en todas las consecuencias que puede tener.
“Esta reforma más allá de la coyuntura, implica una reforma a una Ley General, y por esto, nos preocuparía a nosotros el tema especialmente de la calidad de la educación, de la calidad de las instituciones que podrían otorgar esta revalidación”, considera.
Argumenta que debe reconocerse que hay una gran proliferación de instituciones de educación superior que brindan este tipo de estudios, por lo que no podría ser una autorización indiscriminada, creemos, sino que tendría que especificarse.
“También probablemente especificar que se trata de una medida temporal que atiende condiciones muy específicas. El público, digamos, a quien está dirigido; y desde luego la supervisión por parte de la Secretaría de Educación Pública para garantizar que estas revalidaciones las lleven a cabo instituciones que puedan garantizar también la calidad en la educación”, advierte.
De lo que se trata, subraya González Contró es que en esta misma línea del derecho a la educación, se ponga especial atención en garantizar no solamente el acceso, sino la calidad.
“Que no se caiga, como es el riesgo, en una mercantilización de los servicios educativos, que siempre hay un riesgo porque presumiblemente serán muchos los migrantes que regresen”, dice.
A ello, explica Néstor Quintero, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, debe sumarse que la repatriación pone en riesgo la capacidad financiera de las instituciones de educación superior.
“Estamos conscientes de que actualmente uno de los elementos que se ha comentado aquí es la calidad y la hemos cuidado. Creo que todos en eso estamos muy seguros de lo que podemos ofrecer; pero sí haría un llamado, que se pudiera hacer de forma transversal el análisis de lo que es la educación media superior y superior en todos sus aspectos; principalmente en el de infraestructura y en el de financiamiento”, comenta.
Y es que, sostiene, actualmente las universidades públicas enfrentan un fuerte castigo en nuestro presupuesto, que les permite, a pesar de ello, cubrir con los indicadores que se han propuesto en materia de cobertura.

Rediseñar los vacíos
Para Sylvie Didou Aupetite, investigadora del Centro de Investigaciones Avanzadas (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), es bastante clara la situación a la cual se enfrentan.
“Y el hecho de que esta iniciativa de ley es una iniciativa reactiva a la circunstancia en la cual hay cierto miedo a que venga o retorne una población de origen mexicano y por ende, las universidades se encuentren confrontadas a la necesidad de atender las universidades y las escuelas en general, se encuentren confrontadas a la necesidad de atender a esa población”, comenta.
La investigadora comenta que también hay necesidad de una instancia que centralmente valide y sistematice la información a nivel de la autoridad estatal y de la federal para saber cómo se están moviendo los flujos.
“Creo que tenemos que aprovechar también todo el trabajo que se está haciendo ahora para modernizar nuestro sistema de revalidación y de equivalencia en términos generales para todos los que tienen que pasar por ese procedimiento; tenemos que pasar de un dispositivo muy mecánico y burocratizado a uno que sea, más inteligente”, plantea.
Por eso, propone que uno de los temas que no están en el texto de la ley o que habría que reforzar, es que la obligación no sea de un solo sentido.
“Es decir, que no sea solamente la obligación del que quiere revalidar, que tenga que presentar papeles y documentos, sino que también las instancias que revalidan tengan obligaciones”, puntualiza.
En ese aspecto, Rodrigo Guerra Botello, Secretario General de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), reconoce que revalidar estudios es una tarea complicada que conlleva una serie de requisitos y está involucrada la seriedad y el rigor académico de una institución que recibe.
“Y revalidar estudios del extranjero es aún más complicado; y revalidar estudios de connacionales repatriados en cantidades y fechas que no sabemos, lo va a hacer aún mucho más”, advierte.
Dice que ajustar leyes y ajustar acuerdos secretariales, es apenas el primer kilómetro de un largo camino porque implica retos operativos, académicos, sociales, financieros y hasta políticos.
“Creo que debemos tener un enfoque integral; si nos quedamos en el enfoque legislativo solamente, creo que el trabajo no está completo y a través de leyes y acuerdos no podemos inscribir jóvenes y repatriarlos”, argumenta.

Estrategia más a fondo
De acuerdo con Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el asunto es de gran relevancia porque se trata de jóvenes que se encuentran en riesgo de no concluir sus estudios.
Esto, argumenta, representaría una enorme pérdida de capacidades, talento y esfuerzo; y por ello es importante generar oportunidades suficientes para que estos jóvenes tengan la posibilidad de satisfacer sus necesidades académicas, científicas, culturales, sociales y realizarse como seres humanos.
En ese sentido, la ANUIES, emitirá la convocatoria y el procedimiento para iniciar la operación del  Programa Universitario Emergente Nacional para la Terminación de Estudios Superiores, PUENTES, en coordinación con la Subsecretaria de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública.
El programa, agrega, contempla las acciones emprendidas por el Ejecutivo y se alinea a los proyectos de modificaciones a la Ley General de Educación y al referido acuerdo 286.
Sin embargo, comenta Valls Esponda, el camino es complejo y requiere de una mayor coordinación conjunta.
“Se requiere de un esfuerzo conjunto para facilitar la integración de los estudiantes mediante procedimientos expeditos y medidas de apoyo, tales como tutorías, acompañamiento, asesorías académicas, regularización en el uso del idioma español y otras que se consideren necesarias”. señala.
Al respecto, Hiram Raúl Peña Libien, Secretario de la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), las universidades deben ser parte central de esta estrategia a largo plazo.
“Tenemos las universidades también que aportar a la investigación, a la divulgación del fenómeno de la migración, para que a partir de ahí, también al interior de nuestras universidades, le demos elementos al Estado mexicano de cómo poder atender esta problemática desde la visión de la academia”, dice.
Una visión que debe tomar en cuenta siempre la autonomía universitaria, aunque ésta no signifique que la universidad está aislada del cuerpo normativo nacional, sino que las propias reglas de operación de la institución le permiten determinar libremente los aspectos, entre otros, de su academia y del ejercicio de este derecho a la educación.
“Aquí indudablemente que tendríamos, con el auspicio de la ANUIES, que ser convocados los titulares de las universidades, los diferentes rectores, los abogados generales de las instituciones, a efecto de poder, así como lo hemos hecho en otros análisis, por ejemplo en materia de amparo, cómo está el marco normativo de cada universidad”, señala.

Juego de números: Jara Guerrero
Para Salvador Jara Guerrero, Subsecretario de Educación Superior de la SEP el problema de los dreamers, se debe dimensionar,   aunque no es fácil saber cuántos estudiantes de nivel superior que hayan nacido en México y que sean susceptibles de ser deportados allá en Estados Unidos.
“Creo que los números hay que verlos con cuidado; no creo que represente realmente un problema para la educación superior en México. Atendemos aquí cuatro millones de estudiantes. Si jugamos un poco con los números y pensamos que va a llegar un uno por ciento, unos 40 mil”, explica.
Por ello, plantea el problema más grave, es cómo se va a equivaler o a equiparar un diploma de un oficio que en  México no tiene el mismo reconocimiento social y académico.
“Entonces cuál sería el beneficio de alguien que llega con un papel, con un diploma de acreditación, cuando aquí se le contrata sin ningún documento, como un carpintero; me parece que hay otros problemas; lo que nos estamos dando cuenta es que tenemos cuellos de botella”, apunta el subsecretario.
En ese sentido, la desregulación no tiene que implicar falta de calidad, se trata de uno de los puntos más importantes que se tienen que cuidar.
“Las acciones que tomemos y yo le pido respetuosamente a los legisladores, que no vayan a aprobar cosas que sean imposibles, porque entonces vamos a entrar con lo que muchas veces en México, que creamos leyes para que no sean cumplidas; que se tome muy en consideración las condiciones del país”, dice.
En eso coincide María Luisa Flores del Valle, Vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien plantea que aparte de los migrantes que vengan a estudiar aquí, no se debe olvidar que en México ya existe un número interminable de jóvenes que tampoco tienen un espacio en una educación superior.
“Esos también son importantes y que esos también, si no ponemos atención, van a generar un problema social muy importante cuanto más edad vayan teniendo”, alerta.


Estrategia ¿de corto alcance?
 De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, se implementarán algunas medidas para facilitar el ingreso al sistema educativo sin importar la condición migratoria o los documentos con los que cuente, y que serán apoyadas por las instituciones públicas y privadas de educación superior son:
En cuanto a la reducción de requisitos:
• Se simplifican los requisitos en todos los tipos educativos, incluyendo el superior, para facilitar la revalidación de los estudios cursados en el extranjero, de tal forma que no será necesaria la apostilla de los documentos de identidad y académicos, la traducción por perito reconocido, la entrega de planes y programas de estudio cursados o la presentación de los antecedentes académicos, e incluso se permite la validación electrónica de todos estos documentos.
• La equiparación de estudios mandatada en la ley se simplifica a través de tablas de correspondencia elaboradas por la Secretaría.
• Se simplifica el trámite de revalidación con apoyo de las instituciones de educación
• Una vez que los beneficiarios estén incorporados a los servicios educativos, la institución de educación pública o privada de todos los tipos educativos donde se pretenda continuar los estudios, deberá elaborar una opinión técnica y tramitar la revalidación ante la autoridad educativa correspondiente, quien considerará únicamente ese dictamen para otorgar la revalidación correspondiente.
• El Certificado de GED (General Education Development) corresponderá a una revalidación total respecto del bachillerato general que se imparte en el SEN.
• Se identifica a las escuelas/instituciones con mejores condiciones para recibir a los beneficiarios
• En colaboración con la ANUIES y la FIMPES se establecerán mecanismos para que cada institución de educación superior tenga instrumentos de nivelación y tutoría para ayudar a los jóvenes a una integración eficiente, reduciendo al máximo el abandono.
• Se promueve el ingreso al sector productivo y la certificación de sus competencias laborales
•Los beneficiarios podrán gestionar ante las autoridades educativas correspondientes, revalidaciones totales de los estudios de educación superior que hayan concluido en el extranjero para facilitar su ingreso al sector productivo o para continuar sus estudios dentro del SEN.
•Se desplegará el programa piloto Educación sin Fronteras con el objeto de atender a paisanos por medio de un programa especial para certificar su primaria y secundaria en los principales estados mexicanos de origen de los adultos migrantes.
•Se promoverá en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores y/o la Conferencia Nacional de Autoridades Educativas la celebración de convenios, a fin de que se apliquen las mismas acciones en toda la República.

Carlos Reyes

Modificado por última vez enMiércoles, 08 Marzo 2017 23:13
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