Menu
Ganan Oro y Plata 97 etiquetas de vino en la XXV Edición de Cietvo de la UABC

Ganan Oro y Plata 97 etiquetas de v…

En el XXV Concurso Intern...

Selecciona el Imjuve a estudiante de la UdeC

Selecciona el Imjuve a estudiante d…

Rafael Covarrubias Gonzál...

Inauguran cuarta edición del Librofest Metropolitano en la UAM

Inauguran cuarta edición del Librof…

La Casa abierta al tiempo...

UdeG fortalece vinculación académica con universidades de Francia

UdeG fortalece vinculación académic…

La Universidad de Guadala...

UASLP firma acuerdo con grupo automotriz

UASLP firma acuerdo con grupo autom…

La Universidad Autónoma d...

Informe de actividades en la UABJO Igualdad de género y transparencia  contra desigualdad: bautista martínez

Informe de actividades en la UABJO …

La “Nueva cultura univers...

Realizan tercera gran carrera Píntate de valores en la UAS

Realizan tercera gran carrera Pínta…

La Tercera Gran Carrera P...

Sociedad Estadunidense de Ingenieros Civiles reconoce a la UAEM

Sociedad Estadunidense de Ingeniero…

La Sociedad Estadunidense...

Analizan en la UJAT retos de la mercadotecnia social

Analizan en la UJAT retos de la mer…

Con la participación de e...

Ciencia y deporte en el Día del Politécnico

Ciencia y deporte en el Día del Pol…

En el contexto de la conm...

Prev Next

La educación superior a 700 ediciones de distancia Destacado

La educación superior a 700 ediciones de distancia Campus

A casi 15 años del nacimiento de esta publicación, hay retos y muchos desafíos., pero también alternativas para las iinstituciones educativas
El derrotero de la educación superior del país, durante el último tercio de 2002, estaba enmarcado por una situación presupuestal que les impedía tener un crecimiento financiero sostenido y por un índice de cobertura muy por debajo de las necesidades nacionales y las expectativas a nivel internacional.
El sistema atendía 2 millones 259 mil estudiantes, inscritos en todas las modalidades, lo que significaba una cobertura de 22 por ciento, lo que era muy cuestionado por rectores y especialistas en aquel entonces.


El gasto federal para el sector educativo era, en promedio, de 273 mil 752 millones de pesos durante ese año, aunado a los 61 mil 500 millones de pesos invertidos por los estados, se lograba un gasto total de 339 mil millones de pesos.
Una cifra que, a decir de la Secretaría de Educación Pública, en aquel entonces significaba un 5.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Uno de los temas prioritarios y que se posicionó en la mesa de discusión fue lo referente a la calidad y la evaluación de la educación en todos sus niveles, aunque la crítica y los cuestionamientos se enfocaron más hacia el nivel básico.
Apenas unos meses antes de que esta publicación decidiera iniciar su recorrido semanal por estos andares, se había conformado el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), a cargo del exrector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Felipe Martínez, quien fue su primer director.
Se trató de un proceso enmarcado por las disputas externas e ideológicas que quisieron hacerse, desde un inicio, de esta institución y conducir y establecer los parámetros cualitativos con los cuales comenzó a medirse más marcadamente la educación.
Un INEE que buscó operar con plena autonomía de las autoridades educativas y de las corrientes sindicales, pero que nunca pudo desmarcarse al cien por ciento de estos actores.
Años más tarde, el INEE logró un avance en cuanto a su autonomía y Martínez Rizo dejó las riendas del instituto en manos de Sylvia Schmelkes, académica de la Universidad Iberoamericana (UIA).
Por aquella época, a finales de 2002, Schmelkes se encontraba en la recientemente creada Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe en la SEP.
Desde ese espacio buscó conformar un proyecto que colocara a las comunidades indígenas en condiciones mucho más equitativas en comparación con el resto del sistema educativo del país.

El escenario a distancia
En aquella época, la Secretaría de Educación Pública se encontraba a cargo de Reyes Tamez Guerra, ex rector de la Universidad Autónoma de Nuevo Léon (UANL), y quien casi dos años atrás había sido designado en el cargo para cumplir aquella promesa hecha por el entonces candidato panista a la Presidencia de la República, Vicente Fox.
Durante una asamblea general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), celebrada durante su campaña, el exgobernador de Guanajuato se comprometió a que el próximo titular de la SEP saldría de los rectores y la designación recayó en manos del regio.
Después de dos años al frente de las oficinas de Brasil, Tamez Guerra implementó varios programas encaminados a elevar la cobertura y mejora la equidad, pero siempre fue cuestionado debido a la escasa inversión destinada a las universidades públicas del país.
Si bien la inversión acumulada, en el caso de la educación superior alcanzó por primera vez el 1 por ciento del PIB y se invertían adicionalmente recursos presupuestales por 2 mil 200 millones de pesos, las necesidades rebasaban cualquier monto.
A finales de 2002, de acuerdo con el segundo informe de actividades de la gestión presidencial de aquellos días, se asignaban recursos para  200 mil becas, como parte del llamado Programa Nacional de Becas (Pronabes).
Para ese entonces, se habían creado 45 instituciones de educación superior en total en el país. De éstas, 14 universidades tecnológicas, 15 universidades públicas estatales y 16 institutos tecnológicos.
Ese era el entorno en el cual se desarrollaba la educación superior a finales de 2002. Años despúes Tamez Guerra concluiría su gestión al frente de la SEP y se dedicó de manera abierta a la política.
Tras su paso por la Cámara de Diputados, trinchera desde la cual no apoyó alguna iniciativa significativa en la materia, se alejó de la escena pública y regresó a la academia con un perfil que lo blindara de cualquier cuestionamiento.
Por aquellos días, desde la Subsecretaría de Educación Superior, operada por otro ex rector, se comenzaron a impulsar los llamados recursos extraordinarios para las universidades públicas del país.
Julio Rubio Oca, exrector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y exsecretario general de la ANUIES, comenzó a construir un modelo de financiamiento adicional que permitió a las instituciones del país hacer frente a algunos de los problemas económicos más apremiantes, como los adeudos por los sistemas de pensiones y jubilaciones instaurados en varias casas de estudio, así como la plantilla no reconocida en la nómina.
El último tercio de 2002 llegó con una inversión de mil millones de pesos que el Congreso autorizó para las reformas estructurales en las universidades, 14 universidades públicas modificaron sus contratos colectivos y sus sistemas de jubilaciones y pensiones, lo que generó una disminución en el pasivo del orden de los 40 mil millones de pesos.
Este modelo comenzó a rendir frutos desde aquellos años debido a que etiquetaba los recursos para que las universidades los destinaran de manera directa en los rubros que lo requerían, aunque algunas de las instituciones advirtieron que esto generaba una competencia desigual por acceder al financiamiento.
Mediante estos programas, se evaluó el desarrollo institucional y los programas de fortalecimiento institucional de las propias instituciones de educación superior. Es decir, más de 430 proyectos.
Fue la segunda vez que las instituciones recibieron recursos adicionales por indicadores de desempeño institucional y por evaluación externa.
Durante los seis al frente de la Subsecretaría, Rubio Oca logró consolidar el modelo de financiamiento y otras medidas de carácter estructural dentro del sistema de educación superior.
Tras su salida de la administración gubernamental, el exrector general de la UAM, asesoró a varias universidades públicas del país y recibió varios reconocimientos por las aportaciones que desde ese lejano 2002 comenzaban a modificar la forma de gestión de las instituciones de educación superior.

Otros actores y rostros
En el terreno legislativo, la labor educativa estaba controlada por el PRI en ambas cámaras. Por un lado, la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, era presidida por Enrique Meléndez Pérez, uno de los hombres más influyentes dentro del magisterio en aquel entonces.
El tamaulipeco era pieza clave dentro del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y a la entonces lideresa del gremio, Elba Esther Gordillo.
Desde su posición, impulsó ciertas reservas a la autonomía del INEE y pugnó porque el entonces llamado “Programa Escuelas de Calidad” distribuyera los recursos con menor impacto mediático de lo que en realidad beneficiaba a los planteles. Años más tarde, desapareció de la escena educativa y magisterial.
La pinza legislativa era cerrada en el Senado de la República por Natividad González Parás, quien desde la presidencia de la Comisión de Educación catapultó lo que sería años más tarde su candidatura al gobierno de Nuevo León.
En su posición en la Cámara alta, González Parás también dio prioridad al tema de las evaluaciones educativas especialmente en el nivel básico. Sobre la educación superior no tuvo tanta influencia, más allá de pugnar por mayores recursos para el sector.
En los campus universitarios, los actores de aquellos años enfrentaban distintos retos y dificultades.
En la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente terminaba de tejer los hilos que requería para devolver la gobernabilidad a esa institución después de tan prolongado conflicto.
Casi un año después, la Junta de Gobierno de la UNAM lo designó como rector de la Máxima Casa de Estudios para un segundo periodo, donde permanecería hasta noviembre de 2007.
En el caso del Instituto Politécnico Nacional (IPN), su director general en aquel entonces, Miguel Ángel Correa Jasso, intentó posicionar el tema de la autonomía de la institución sin una base sólida y sin una consulta al interior de la comunidad.
Aunque envío al Ejecutivo una iniciativa para dotar de autonomía al IPN, y a pesar de que la comisión especial del Consejo General Consultivo trabajó durante meses, la autonomía del IPN no llegó.
La postura de las autoridades educativas fue siempre en función de que el IPN tuviera una autonomía política, una autonomía financiera y una autonomía legislativa que le permitiera avanzar y consolidarse, pero nunca se pudo concretar.
En las universidades públicas estatales, personajes como Víctor Arredondo, en la Universidad Veracruzana (UV), Rafael López Castañares, en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), y Trinidad Padilla López, en la Universidad de Guadalajara (UdeG), así como Luis Mier y Terán, en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), comenzaban a despuntar y a posicionarse en el sector d.esde el que trabajaron y lo siguen haciendo 700 números después.
En la ANUIES Jorge Luis Ibarra Mendívil se encontraba al frente del organismo desde hacía un año. Logra por aquellos días, un Fondo Extraordinario a las Universidades Públicas para la disminución de pasivos resultantes de pensiones y jubilaciones.
Dos años después, gestionan y obtiene recursos de la Cámara de Diputados para correr el Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario, así como una partida para atender el problema de las plantillas de personal de las universidades públicas, aplicable en 2005.
Eran los tiempos en los que las universidades públicas del país concursaban por recursos adicionales que no convencían a todos, y que generó algunos roces entre la SEP y la UNAM.
Ese era el entorno en aquellos años. Un sistema de educación superior que llega a este 2017 con una cobertura de 35.8 por ciento, por debajo de América Latina, cuando la meta de 40 por ciento para el año próximo está en riesgo debido a las limitaciones presupuestales.
Además, las disparidades no ceden terreno en muchos de los temas. Mientras que en algunos estados otorgan 10 por ciento de los recursos, lo cual evidencia las falencias de un sistema que sigue evolucionando.  


La retrospectiva
En aquellos días, de 1992 a 2002 egresaron un poco más de 1 millón 900 mil profesionistas de nivel superior, de éstos, el 93 por ciento estaba laborando; de este 93 por ciento que estaba laborando, un poco más del 60 por ciento estaba incorporado en labores que requieren una formación de educación superior y un poco menos del 40 por ciento estaba realizando ocupaciones en grupos que no requieren conocimientos de educación superior.
Además, se tenía poco desarrollo en carreras de dos años, muy necesarias para el desarrollo del país, después de terminar bachillerato.
Mientras en países desarrollados su matrícula de educación superior está compuesta por un 60 y hasta un 70 por ciento de estudiantes de carreras de dos años y el resto en carreras tradicionales de cuatro, cinco o seis años, en nuestro país, el 91 por ciento de estudiantes se encuentra en carreras tradicionales y solamente un 3 por ciento en carreras de dos años.
Por eso, se impulsó el sistema de universidades tecnológicas. Hasta ese momento, se habían creado 54 cuando la idea era llegar a 65.
En materia de evaluación, la educación superior se sometía al escrutinio de manera externa por diferentes entidades como el Ceneval, los CIEES y otros organismos.
Hoy, la cobertura enfrenta escenarios muy dispares. Prevalecen enormes brechas: Mientras que en la Ciudad de México hay una cobertura de 90 por ciento, en tanto que la zona sur sureste es de 26.8 por ciento.
  Y es que la educación en México, sigue siendo más que un vehículo de movilidad social, una institución que reproduce la desigualdad social.
57 por ciento de los estudiantes de 20 a 24 años, provenientes del cuartil de hogares de mayores ingresos, tuvieron acceso a la educación superior, frente a sólo el 8 por ciento de los jóvenes del cuartil más pobre, es decir, una brecha de 7 a 1.
Como lo plantea el actual rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, en los próximos meses, con respecto a la educación media superior habrá, entre 50 a 100  mil jóvenes adicionales que aspiren a ingresar a la educación superior, y eso es un factor que cada vez complica más el entorno.
Para las instituciones públicas, ya saturada, crecer con calidad, con menor presupuesto, es materialmente imposible; y para las instituciones privadas, mientras no crezca significativamente la economía familiar, aumentar la matrícula sin detrimento a la calidad, se antoja una meta difícil de alcanzar pues ya cubren al 29 por ciento de la población en edad de estudiar.
700 números después hay retos y muchos desafíos. Pero sin duda, 700 números después hay alternativas que las universidades e instituciones de educación superior pueden aún construir.

Carlos Reyes

volver arriba

Redes y más

Universidades BUAP UAEMEX UV