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El régimen jurídico del servicio público en la educación superior Destacado

Cada Estado, para realizar sus fines, cuenta con una serie atribuciones que se traducen en medios para alcanzar las metas que en particular se propone en un momento histórico determinado. Uno de esos medios es el servicio público que, a través de la actuación de los órganos que integran la administración pública, busca satisfacer diversas necesidades de interés general indispensables para la vida social, que se ejerce a través de prestaciones de tipo técnico, en las que son básicas la regularidad y continuidad.
Existen servicios públicos que el Estado debe prestar de forma exclusiva para satisfacer una necesidad de interés general. Como ejemplo pueden señalarse los de seguridad pública o defensa nacional, que por sus características y fines resultan indelegables en los particulares. Sin embargo, existen servicios o actividades que no son exclusivos del Estado, pero que también son esenciales para el desarrollo de una sociedad. Tal es el caso de la prestación de servicios de salud o asistencia, que de conformidad con el régimen prevaleciente en nuestra Constitución, pueden ser delegados en otros sujetos, a través de diversas figuras jurídicas como autorizaciones, permisos y concesiones. En este caso se encuentra también la educación superior en México.


La Constitución y la Ley General de Educación, al regular los aspectos relacionados con este nivel educativo, establecen que los prestadores de educación superior son el Estado y sus organismos descentralizados; las universidades a las que la ley les reconoce autonomía, y los particulares, con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Además, atendiendo a la estructura del Estado mexicano, organizado en una federación, el servicio público de educación superior puede ser prestado por la federación, los estados y los municipios, ya que se trata de una facultad concurrente.
Conforme a lo previsto en la Ley General de Educación, la educación superior, que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes, está compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende además la educación normal en todos sus niveles y especialidades. Estos servicios educativos son impartidos en nuestro país a través de entidades de carácter público, por ejemplo, el Institutito Politécnico Nacional, que tiene la naturaleza jurídica de un órgano desconcentrado de la SEP; o bien por medio de sus organismos descentralizados creados ex profeso para tal fin, como sería el caso de la UNAM o la UAM por nombrar sólo algunas. Vale la pena mencionar que los organismos descentralizados pueden tener como finalidad atender áreas estratégicas y/o prioritarias de la Nación. Siendo un área prioritaria aquella que está destinada a la satisfacción de los intereses nacionales y necesidades populares, para las universidades públicas el servicio público no se agota en el mero hecho de impartir clases, sino que para dichos entes  además consiste en impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.
Ha sido una necesidad constante en la sociedad y cada vez con una mayor demanda, acceder a la Educación, pero no a cualquier tipo de educación, sino a una Educación de calidad que permita al individuo mejorar los conocimientos, destrezas y habilidades que requiere para la vida profesional y, asimismo, reforzar la autonomía intelectual que expanda su horizonte ético y cultural, además de aspirar a alcanzar los demás fines previstos en el artículo 3° Constitucional. Así, la Educación Superior es un servicio público que tiene vital trascendencia para la sociedad, si se parte de la premisa de que la Educación constituye el elemento toral para el desarrollo económico, político y social de la Nación.  

La educación como fenómeno urbano
Ahora bien, es importante señalar que, durante la segunda mitad del siglo XX, México experimentó un proceso de industrialización que repercutió en su estructura económica y social. A partir de ese momento, la urbanización se ha ido acelerando, por lo que las instituciones de educación superior, han sido testigos de la valoración de la educación como un fenómeno eminentemente urbano, y esto ha sido así, a consecuencia del crecimiento poco planeado de las ciudades y los desequilibrios regionales.Además, el país se ha incorporado a los mercados mundiales mediante su participación en acuerdos comerciales con países del norte, centro y Sudamérica, así como de Europa, por lo el país cuenta con el acceso seguro y preferencial a mercados de varias decenas de países que representan millones de consumidores.
Actualmente, la sociedad mexicana es más urbana y moderna; sin embargo, siguen existiendo también regiones del país que no se han beneficiado del crecimiento económico. La adaptación de las personas a los retos que implica este nuevo modelo ha acentuado la desigualdad de los mexicanos.
En el plano político, el país ha vivido una ampliación de su vida democrática, que forma parte esencial del momento que el país está experimentando. Las novedades en dicho ámbito han consolidado importantes logros, como lo ha sido la alternancia de gobiernos en el ámbito estatal y federal; así como el fortalecimiento de los partidos y asociaciones políticas.
En lo social, también se han experimentado cambios fundamentales, como las formas de asociación que restringían a las agrupaciones gremiales y sectoriales. Hoy en día, existen múltiples iniciativas de organización de la sociedad.
Lo anterior, indudablemente impone como necesidad que el régimen jurídico del servicio público  de educación superior que impera en México se adecue a las necesidades regionales, económicas, políticas y sociales prevalecientes, independientemente de que el prestador sea un ente público o privado, toda vez que el resultado de la educación debe responder a ciertas necesidades de modernización y competitividad para alcanzar el desarrollo económico y social que el país requiere y que se impone como una necesidad en las épocas actuales. Esto, sin soslayar bajo ningún argumento y bajo ningún medio la finalidad humanista de toda la educación.
El servicio público educativo prestado por instituciones públicas y privadas, lamentablemente no está generando productos que permitan innovar y propiciar desarrollo económico, así como responder a los retos de la sociedad del conocimiento. Corresponde al ente público que tutela el servicio, al sujeto que lo presta, e inclusive al propio usuario o destinatario del mismo, reflexionar sobre esta problemática y, para ello, debe recordarse que existen principios doctrinarios del servicio público que contribuyen a realizar esta tarea.
En primer lugar, puede mencionarse el principio de adaptabilidad del servicio, que consiste en la necesidad de actualización y modernización de los servicios educativos, siempre y cuando se cuente con los medios para realizarlo. En segundo lugar, se encuentra el principio de transparencia, el cual implica la más amplia libertad posible al público en general de que se les brinde el conocimiento de todo lo que concierne al servicio y su prestación. Finalmente, está el principio de control interno y externo sobre las condiciones de su prestación, que involucra la responsabilidad del órgano público supervisor del servicio y del prestador, para que el servicio público se preste atendiendo al marco jurídico aplicable y a ciertos principios de eficiencia.
Seguir estos principios podría ayudar a fortalecer el sistema educativo mexicano y hacer que esté a la altura de las necesidades que demanda un mundo cada vez más interconectado. Un servicio público de educación deficiente constituye una barrera para el desarrollo productivo del país, ya que limita la capacidad de la población para comunicarse de una manera eficiente, trabajar en equipo, resolver problemas, usar efectivamente las tecnologías de la información para adoptar procesos y tecnologías superiores, así como para comprender el entorno en el que vivimos y poder innovar. No debe olvidarse entonces que la importancia de sus propósitos y la trascendencia de sus logros, determinan que la educación sea un área prioritaria en todo plan de gobierno y una responsabilidad que deben compartir todos los sectores de la sociedad, pues sólo a través de ella se podrá robustecer nuestro capital más importante, que es el humano, y formar así mujeres y hombres comprometidos con una sociedad más justa y más próspera.

 

Fernando Serrano Migallón

Escritor, jurista, politólogo.

 

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