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Disparidades de la repatriación educativa Destacado

Las reformas legislativas que permiten ya la incorporación de niños y jóvenes mexicanos al sistema educativo, procedentes de Estados Unidos, ponen contra la pared a los estados del país.
A los desequilibrados índices de cobertura y eficiencia terminal entre las entidades fronterizas con la región centro, occidente y sur del país, se suman la falta de infraestructura adecuada y los mecanismos necesarios para garantizar la calidad educativa.
Autoridades de los estados advierten que las reformas a la Ley General de Educación, aprobadas recientemente por el Congreso de la Unión no contemplan la capacidad instalada ni la variabilidad del flujo migratorio.


Si bien consideran que se trata de una iniciativa con fines nobles, también preocupa que el regreso de miles de niños y jóvenes los ponga al límite en materia financiera, formación de recursos humanos y pertinencia de los estudios que ofrecen.
Mientras algunos de los estados, acostumbrados al constante regreso y tránsito de migrantes, perciben que la reforma legal, impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto, no traerá variaciones considerables en su dinámica local, otros perciben un problema que puede crecer de manera considerable en los meses y años por venir.
Y es que, argumentan, la legislación los faculta ya para incorporar a los mexicanos repatriados al sistema educativo y revalidar los estudios realizados en Estados Unidos, el camino apenas inicia.
Varios de los procesos y procedimientos ya se aplican y algunos se encuentran en marcha, pero reconocen las autoridades estatales adolecen de algunos apoyos y algunos acompañamientos que es necesario implementar.
En ese marco, dicen, el proceso de repatriación no será nada sencillo. El foco de atención más riesgoso es en la educación media superior y superior, donde la cobertura se encuentra por debajo de los niveles deseables y la llegada de miles de alumnos pondrá a prueba la capacidad operativa de cada uno de los estados.

Las diferencias se acumulan
Las reformas que ya están en marcha se han convertido desde ahora en un desafío que varios estados deberán afrontar sin la capacidad suficiente para recibir a los mexicanos que retomen sus estudios en suelo nacional.
Patricia Gabriela Vázquez del Mercado, secretaria de Educación de Puebla, plantea que de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el estado ha dejado de ser una entidad expulsora para ser una entidad receptora de migrantes.
“Generalmente, las autoridades educativas de repente nos vemos en la necesidad y en la urgencia de adecuarnos a la normatividad. Y yo lo que quiero pensar es que ese no va a ser un problema, que nosotros vamos a poder hacer la armonización, que nosotros vamos a avanzar en los ajustes que sean necesarios a nivel local”, comenta.
Y para ello, asegura, se tendrán que dar los acuerdos respectivos con las universidades particulares en cada una de las entidades, bajo ciertos parámetros acordes con las necesidades de cada estado.
En tanto, Héctor Fernando Espín Morales, director general de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Morelos, plantea que si bien las revalidaciones o equivalencias parciales pueden ser útiles, por parte de las instituciones particulares con REVOE, se trata de un proceso que se debe delimitar.
“Si bien es cierto hay algunas con prestigio, que incluso tienen simplificación administrativa y demás cuestiones que avalan su calidad, hay otras que no”, señala.
Para Ricardo Miguel Medina Farfán, secretario de Educación del Estado de Campeche, aunque esta iniciativa está enmarcada dentro de un contexto específico, con las circunstancias políticas que se viven actualmente con Estados Unidos, se pudo abrir la posibilidad y el beneficio no solo para los connacionales, sino para los  originarios de Centroamérica y de Sudamérica.
“Creo que es fundamental de cualquier sistema educativo, poder desarrollar y, en consecuencia, atraer el talento, generar las mejores capacidades. Y en este sentido, la posibilidad de dar estas facilidades, de romper estos obstáculos legales que muchas veces puede representar la norma”, apunta.
Y es que, explica, en Campeche, se reportan 850 personas extranjeras en el sistema educativo de ese estado. De éstas, la mayor parte, 87 por ciento, se encuentran estudiando el nivel básico; 4 por ciento en media superior; y 9 por ciento en nivel superior.
Y aunque 56 por ciento corresponde a personas cuyo origen o su nacionalidad proviene de Estados Unidos, el porcentaje restante es de personas provenientes de Centroamérica, del Caribe y de Sudamérica.
“Creemos, entonces, que con este proceso de facilitar este trámite, puede ser muy atractivo para algunos talentos, gente que pueda ver en nuestro sistema educativo, en las instituciones nacionales, una oportunidad de crecimiento, de desarrollo, una gran posibilidad para entonces acercarse a nuestra entidad, acercarse a nuestro país”, comenta.
Sobre todo, dice el funcionario, potenciar las capacidades en el ámbito de la educación superior, de la investigación, del desarrollo y del posgrado.
“En nuestra entidad, este último año tuvimos un crecimiento en los procesos de revalidación del 10 por ciento. Muchos de esos también son trámites que, si bien son de personas que provienen de instituciones de Estados Unidos, también hay una alta presencia de instituciones de Sudamérica y particularmente de Centroamérica”, explica.

Desafíos por delante
Para Víctor Caballero Durán, Secretario de Educación del Estado de Yucatán, las reformas a la Ley General de Educación representan un desafío porque de los 106 municipios de la entidad, 51 tienen una presencia importante de personas que se encuentran en el extranjero y fundamentalmente en los Estados Unidos.
“Vemos esta reforma como una gran oportunidad para poder atender, apoyar a los compatriotas, connacionales, que estén en la circunstancia de retornar a sus ciudades de origen, pero nos parece que esta reforma va mucho más allá de la situación que se da de manera coyuntural, dice.
Caballero Durán advierte que el alcance no se debe agotar ahí, sino que en sentido amplio, puede apoyar a “maximizar la movilidad de los estudiantes, de los profesionistas, tanto dentro del territorio nacional, como de aquellos que vengan o regresen de otros países o que estén en alguna circunstancia de estudiar en algún país del extranjero”.
Por su parte, Francisco de Jesús Ayón López, secretario de Educación del Estado de Jalisco, apunta que el problema para muchas entidades será en el nivel medio superior debido a que el tema de la movilidad y los reconocimientos de validez oficial se complicarán demasiado.
“Tenemos un número determinado de sistemas de Educación Media Superior en los cuales tendremos que generar un tronco común de los mismos y dejar a un lado las sinergias de cada estado o las sinergias de cada entidad.
“Esto, para poder visualizar un gobierno central que genere un tronco común de los bachilleratos tecnológicos, unitarios y todos los que tengan que buscarse, comenta.
Y pone un ejemplo concreto que habla de lo complejo que puede ser el asunto de la revalidación de estudios si es que no se tiene el tacto suficiente para su operación.
“En mi estado tengo más de 800 jóvenes de Veracruz de una institución privada que no cuenta con la calidad que quisiéramos todos, que pagaron por un estudio, que les dijeron que en 28 días podían conseguir un título de bachillerato.
“Por eso un REVOE que se solicita en Jalisco, se tiene que generar el mismo en el estado de Jalisco, tener la validación nacional y que el mismo sólo esté circunscrito al estado de Jalisco, para evitar estos asuntos”, dice.
En tanto, Pablo Cuarón Galindo, Secretario de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua, plantea que tan solo en Ciudad Juárez, de acuerdo con los datos del INEGI, en 2015, el 30 por ciento de la población del municipio de Juárez nació fuera del estado.
“Si bien Juárez es receptor constante de migración interna, proveniente la mayoría de Coahuila, de Durango, Zacatecas, Veracruz, Oaxaca y la Ciudad de México, sabemos que ese fenómeno incrementa exponencialmente las necesidades de atención, en educación, en salud, en trabajo, en vivienda”, advierte.
Y mientras se consolida un nuevo sistema de revalidación de estudios, la entidad establecerá sistemas de monitoreo y control para la óptima implementación del mismo.
Esto, para que los dos o tres próximos ciclos escolares se le permita a la Secretaría la facultad de monitorear y, en su caso, sancionar a escuelas particulares que realicen revalidaciones sin estricto apego a la normatividad vigente.
“Las posibilidades a las que nos enfrentamos hacen diversas variables, como que los niños y jóvenes que regresen consideren que Estados Unidos es su país de origen, buscando la posibilidad entonces de volver a cruzar nuevamente la frontera.
“Esto nos lleva a un reto adicional de integración escolar temporal o parcial, que cada centro de trabajo propicie la retención y continuidad en el tránsito educativo, evitando que sean discriminados facilitando su proceso de adaptación”, comenta.

Las alternativas a mediano plazo
Lo cierto, dice Alberto Frutis, secretario de Educación de Michoacán, un estado eminentemente de migrantes, es que la coyuntura política con Estados Unidos, plantea un reto en materia de revalidaciones y acreditaciones.
“Nosotros en 2016, en preescolar otorgamos 150 revalidaciones; en primeria, 4 mil 193; secundaria 10 mil 193; bachillerato 10 mil 211; y en superior mil 539, dándonos un total tan sólo en 2016 de 26 mil 286 revalidaciones, sin incluir datos de las universidades autónomas”, asegura.
Aunado, comenta, al problema de ampliar la infraestructura personal, sobre todo en la educación media y superior.
“De por sí en nuestro sistema nacional, por la curva demográfica, todavía tenemos todos los estados problemas, bueno, pues nos viene uno más”, señala.
En su oportunidad, Héctor Rivera Valenzuela, secretario de Educación de Baja California, dice que el entorno es distinto para cada una de las entidades.
Tan solo en su estado, menos de 50 por ciento de los bajacalifornianos tienen padres que nacieron en Baja California, por lo cual ese mosaico de patrones culturales de todo el país, los acerca más a lo que puede ser un incremento en el flujo migratorio en caso de uan repatriación masiva.
“Hemos tenido grupos de migrantes, así como ahora tenemos a 19 mil haitianos y africanos entre Mexicali, Tecate y Tijuana; tenemos iraquíes, brasileños, centroamericanos, colombianos, argentinos, de todo el mundo.
“Nosotros no tenemos de ninguna manera una misma visión en términos de lo que va a suceder, aunque el Colegio de la Frontera, que es la instancia más importante del país en materia de estudios fronterizos y de migración, nos ha dicho que a Baja California van a llegar 19 mil repatriados”, considera.
Un reto que luce, de inicio, disparejo para muchas de las entidades del país, pero al cual deberán ajustarse lo más pronto posible para cumplimentar las reformas recientemente aprobadas.
Y es que, como lo explica Beatriz Cabrera, de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, el tema de las revalidaciones se complica en el nivel superior.
“En lo que estamos trabajando en esa parte, es en no darle la potestad a las particulares sin tener un marco normativo muy claro y puntual de hasta dónde pueden ellos llegar con el tema de las revalidaciones, nos sería indispensable.
“No queremos generar otro monstruo que además se contagie, porque donde dejemos colar a una escuela que no cuente con la calidad que se necesita para hacer ese tipo de procedimientos, otra que lo sea o lo pueda hacer de mejor manera va a decir ¿yo por qué no?”, finaliza.

Flujo a la baja y desigualdad
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración, el tema del retorno de mexicanos es un tema histórico que se reporta desde hace muchos años.
Durante la gestión de George Bush, del año 2001 al 2008, se registraron 4 millones 603 mil mexicanos retornados.
En el periodo del presidente Barack Obama, que va del 2009 al 2016, se reportaron 2 millones 848 mil mexicanos en retorno.
Y la tendencia sigue a la baja.
El 80 por ciento de ellos venía hablando inglés y con habilidades distintas para insertarse a la vida productiva de México.
Sin embargo, no solamente necesitaban empleo y necesitaban atención institucional, o sea recibir la oferta institucional de todos los programas, incluida la educación.
Dentro de los mexicanos que vienen en retorno, nosotros hemos registrado a los menores de edad y así, el año pasado recibimos apenas 13 mil menores de edad, o sea, mexicanos que tienen menos de 17 años.
En el tema de los dreamers, el INM tiene un registro de 750 mil jóvenes en los Estados Unidos.
De estos, el 78 por ciento son mexicanos, que son alrededor de 585 mil.
Asimismo, datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, señalan que los mexicanos más vulnerables en Estados Unidos se concentran en 35 condados.
Esto, principalmente e n California, en Illinois, en Arizona, en Texas, en Nevada, en Nueva York, en Denver y en Utah, en Georgia.
En estos 35 condados se concentran al 75 por ciento de los mexicanos más vulnerables por no contar con los documentos necesarios para su estancia.

Carlos Reyes

Modificado por última vez enJueves, 27 Abril 2017 01:17
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