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El desplome del sueño brasileño Destacado

Brasil está que arde. En las últimas semanas, cientos de miles de personas han salido a la calle en las principales ciudades del país para exigir la renuncia del presidente Michel Temer, quien está enfrascado en un escándalo de corrupción. Los manifestantes también están protestando en contra de las medidas de austeridad gubernamentales, que han pegado fuertemente al sector educativo, entre otras áreas.
En la protesta más violenta, del 24 de mayo, Temer mandó al ejército para restaurar el orden en la capital del país, en donde los manifestantes habían prendido fuego a varios ministerios federales. Horas después, el presidente declaró que Brasil se encontraba en “estado de sitio”. Para millones de brasileños, se asomó el espectro de la dictadura militar que gobernó al país de 1964 a 1985.


Aunque Temer pronto revocó el orden autorizando el uso de la fuerza militar, la crisis política pinta cada vez más aguda. La campaña para desaforar al presidente cobra fuerza desde el 20 de mayo, cuando un magnate del sector alimenticio acusó formalmente a Temer de corrupción, crimen organizado y obstrucción de justicia. El empresario, Joesley Batista, entregó a la Procuraduría (Fiscalía) General de la República grabaciones en donde, supuestamente, se escucha a Temer negociando sobornos junto con el ex candidato presidencial, Aécio Neves (el presidente niega las acusaciones).  
Aun en un país acostumbrado a los escándalos de corrupción, éste ha alcanzado proporciones alarmantes. No obstante, las revelaciones en contra de Temer quizás no hubieran tenido tanto impacto si no fuera por las draconianas medidas de austeridad impuestas por su gobierno en diciembre pasado, que han desatado la ira popular. Las medidas, contenidas en la Propuesta de Enmienda Constitucional 55 (PEC 55), congelan el gasto social federal durante 20 años, con pequeños ajustes para la inflación.
Entre los campos más afectados está la educación, que había registrado grandes avances durante 13 años de gobiernos de izquierda. Entre 2003 y 2014, la matrícula en educación superior más que duplicó, de 3.9 a 8.1 millones de estudiantes. A la vez, la matrícula neta (la proporción del grupo de entre 18 y 24 años que está inscrita en la educación superior) aumentó de 10 a 18 por ciento.
También se democratizó el acceso a las universidades a través de medidas compensatorias de gran envergadura—las llamadas políticas de acción afirmativa—para afrobrasileños y egresados de escuelas públicas, entre otros cambios. El gobierno de Rousseff había fijado metas aún más ambiciosas para la próxima década, planes que quedan congelados bajo la PEC 55.
Proponentes de las medidas de austeridad insisten en que son necesarias ante la actual crisis económica en el país. Después de unos 15 años de fuerte crecimiento, la economía brasileña se contrajo 3.8 por ciento en 2015. El resultado fue una explosión de descontento social, que culminaría con el desafuero de la ex presidente Dilma Rousseff en agosto de 2016. La ex mandataria fue acusada de desviar fondos de bancos gubernamentales para llenar los huecos presupuestales, en un afán por asegurar su reelección en 2014. Rousseff niega las acusaciones. Pero no pudo hacer lo mismo con los flamantes casos de corrupción en contra de miembros de su Partido de Trabajo, en donde también está señalado el ex presidente Lula.
Para los críticos de la PEC 55, el gobierno está buscando una excusa para llevar el país a la derecha. Temer, quien tomó posesión como presidente interino en mayo de 2015 para después ser ratificado en agosto de ese año, ha intentado revertir casi todos los programas sociales impulsados por su antecesora y por el gobierno de Lula (2003-2010). Las medidas de austeridad son aún más drásticas que las adoptadas por Grecia y otros países sufriendo crisis económicas. En palabras de Philip Alston, el relator especial de la ONU sobre pobreza y derechos humanos, la PEC 55 es “una medida radical al que le falta toda sutileza y compasión”.

Fin del sueño brasileño
La crisis en Brasil no es solamente política o económica, sino también anímica. Hace unos años, el país fue señalado como una de las cuatro “economías en potencia”, junto con Rusia, India y China (los famosos BRIC). Por fin, parecía que Brasil cumpliría el sueño nacional de ser “el país del futuro” (la frase, que forma parte del folklore brasileño, proviene del libro del mismo nombre de Stefan Zweig, de 1941). Sin embargo, bajo Rousseff, se dejaron ver los hoyos en la estrategia económica petista. La caída en los precios internacionales de materias primas a partir de 2014 dejó claro la sobredependencia de ese rubro en la economía brasileña. A su vez, la persistencia de problemas estructurales (sobre todo en materia fiscal), la falta de infraestructura adecuada y la galopante corrupción impactaron negativamente en la productividad del país.
A su vez, Brasil pareció estar avanzando a pasos gigantes en la lucha en contra de la desigualdad social. El presidente Lula, un ex líder sindical con apenas educación secundaria, implementó una mezcla de ambiciosas programas sociales con medidas pro-libre mercado, ganando adeptos de ambos lados del espectro político. Fue tal la aprobación de Lula que, en 2009, el entonces presidente estadounidense Barack Obama calificó a su homólogo como “el político más popular del mundo”.
Ahora, el propio Lula se encuentra enfrascado en un escándalo de corrupción. Está acusado de orquestar una elaborada red de sobornos hacia el gigante estatal de petróleos, Petrobras, por parte de potenciales contratistas. Lula insiste que las acusaciones son una táctica política para evitar que se presente a las próximas elecciones presidenciales en 2018. No obstante, para poder competir, él debe sortear por lo menos cinco juicios en su contra.

La revolución social de Lula
A pesar del embrollo político y legal, Lula sigue gozando de enorme popularidad (aunque no así su sucesora, Rousseff). Según las encuestas más recientes, si las elecciones fueron hoy, él ganaría en la primera ronda. Eso se debe en gran medida a los grandes avances en materia social y económica durante sus ocho años de gobierno, algunos de los cuales continuaron durante los cuatro años de gobierno de Rousseff.
Según Penildon Silva Filho, vicerrector para licenciatura de la Universidad Federal de Bahía en Brasil, el mayor logro de Lula fue la creación de una “nueva clase trabajadora” en el país. Silva, quien estaba en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de México en abril para hablar de los cambios en materia educativa en Brasil, destacó la enorme reducción en la pobreza durante el gobierno de Lula. Entre 2003 y 2012, el número absoluto de pobres cayó de 62 millones a 29.4 millones, y proporcionalmente, de 44 a 16 por ciento de la población. Tal cambio se debe en gran medida al programa de transferencias económicas directas, Bolsa Familia, que alcanzó a un máximo de 40 millones de personas durante el gobierno de Rousseff.
A la vez, durante la época se crearon 20 millones de empleos formales y la tasa de desempleó cayó de 12.3 por ciento a 4.9 por ciento en 2015, según Silva. También se pactó con el sector empresarial para casi duplicar el salario mínimo—de 419 a 737 reales. Como resultado, Brasil dejó de ser uno de los primeros países del mundo en términos de desigualdad económica—antes, sólo se ubicaba detrás de Sudáfrica y Lesoto. El coeficiente GINI cayó de 0.59 a 0.52, una reducción significativo, aunque no suficiente.

Los avances en educación
Igualmente impresionantes fueron los logros en materia educativa. Entre 2003 y 2016, el gasto total al sector subió de 4 al 6.8 por ciento del PIB. También se aumentó el número de años escolares obligatorios a 13 años, y se implementaron medidas de apoyo para niños pobres. Éstas incluyen el transporte y servicio de salud escolar gratuitos para 24 millones de estudiantes de nivel básico, según Silva.  
Los cambios a nivel superior fueron aún más notorios, tanto en términos de cantidad como de equidad. Entre 2002 y 2014, se multiplicó por cinco el monto de financiamiento de las universidades, de 9 a 45 mil millones de reales. A su vez, el número de lugares en las universidades federales—que suelen ser las mejores del país—se incrementaron de 109 mil a 230 mil.
En el mismo periodo, se crearon 18 nuevas universidades federales y más de 170 nuevos campus universitarios, la mayoría en el interior del país. Entre ellas está la Universidad de Integración Latinoamericana (UNILA), en la frontera de Brasil con Argentina y Paraguay, y la Universidad de Integración Internacional de la Lusofonía Afrobrasileña (UNILAB), en la empobrecida región Noreste del país. Ambas instituciones reflejan el giro en la política exterior de los gobiernos petistas hacia un fortalecimiento en los lazos sur-sur. Bajo Lula, China remplazó a Estados Unidos como el principal socio comercial de Brasil.
Destacan también las estrategias ambiciosas en materia de ciencia y tecnología. En 2011, Rousseff creó el programa Ciencia sin Fronteras, que buscaba enviar 100 mil estudiantes brasileños a cursar estudios de licenciatura y posgrado en las universidades mejor posicionadas en el mundo. Para enero de 2016, 92 mil estudiantes habían beneficiado del programa, que da preferencia a las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). En 2014, se anunció una nueva etapa del programa, que buscaba enviar otros 100 mil estudiantes fuera para 2017—otro plan que quedó troncado por la crisis económica y el llamado “golpe de estado” de Temer.
Por último, el gobierno tomó medidas para fortalecer la educación superior técnica. En 2003, se revocó un decreto del gobierno anterior prohibiendo la creación de nuevas escuelas técnicas en el país, medida que, a su vez, había sido inspirada en un directivo del Banco Mundial, según Silva. En la próxima década, se crearon más de 300 nuevos campus de los Centros Federales de Educación Tecnológica (CEFET), según cifras del gobierno. A partir de 2008, los CEFET formarían parte del recién creado Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología.

La democratización del sistema
También hubo avances significativos en materia de equidad. En 2003, se adoptaron las primeras políticas de acción afirmativa para egresados de preparatorias públicas y afrobrasileños. En ese año, la Universidad Estatal de Rio de Janeiro y otra universidad del estado reservaron 40 por ciento de sus lugares para esos dos grupos y para estudiantes discapacitados. La política fue altamente controvertida, debido al auto imagen de Brasil como una “democracia racial”. Surgieron muchas demandas legales en contra de las cuotas raciales, las cuales llegarían al máximo tribunal del país. Sin embargo, el movimiento a favor de las medidas fue imparable y en la siguiente década más de 100 universidades públicas adoptaron cuotas para grupos tradicionalmente subrepresentados.
En 2005, el gobierno de Lula creó el Programa Universidad para Todos (ProUni) para ampliar el acceso de estudiantes pobres en el sector privado. A diferencia de muchos países de la región, 73 por ciento de la matrícula en educación superior brasileña está en instituciones privadas. El programa, que también fue altamente controvertido en su momento, perdona impuestos a universidades que otorgan becas a 10 por ciento de sus estudiantes, quienes deben provenir de familias con ingresos de hasta 3 salarios mínimos. Para 2015, más de 1 millón de estudiantes habían ingresado a la educación superior a través de las becas ProUni.
Las políticas de acción afirmativa recibieron un fuerte impulso en 2012, cuando el Tribunal Superior Federal resolvió a favor de la constitucionalidad de las cuotas raciales. Meses después, el Congreso aprobó la Ley de Cuotas, que reserva 50 por ciento de los lugares en las 64 universidades federales para egresados de preparatorias públicas. A su vez, el porcentaje de estudiantes afrobrasileños dentro de los beneficiarios (conocidos como cotistas en Brasil) debe ser proporcional al del estado en donde se ubica la universidad.  
Esas medidas han cambiado, literalmente, la faz de la educación superior en Brasil. Antes, la mayoría de estudiantes de las universidades públicas—que son gratuitas y suelen ser las mejores—provenía de escuelas privadas y de ascendencia europea. Eso a pesar de que 88 por ciento de los brasileños estudian en escuelas públicas y 53 por ciento se auto declaró como negro o pardo en el último censo de 2010.
El gobierno de Rousseff buscó continuar y expandir muchas de estas políticas bajo el Plan Nacional de Educación 2014-2024, que fijaba ambiciosas metas para la siguiente década. Incluyen: erradicar el analfabetismo; llegar a 95 por ciento de graduados de educación básica y 85 por ciento de matrícula bruta en el nivel media superior; igualar los niveles de estudios entre negros y no negros; alcanzar el 50 por ciento de matrícula bruta y 33 por ciento en matrícula neta en educación superior, con por lo menos 40 por ciento de las matrículas en el sector público; y llegar a una inversión púbica en educación equivalente al 10 por ciento del PIB. En conjunto, las 20 metas buscaban lograr el desarrollo con equidad, enfoque que fue insignia de los gobiernos de Lula y Rousseff.

Después del “golpe”
En los casi dos años desde el desafuero de Rousseff, ese panorama ha cambiado de forma radical. Temer, anterior vice presidente y miembro del centro-derechista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), ha perseguido una agenda gubernamental de franco corte neoliberal. Para los partidarios de Rousseff, el desafuero fue en realidad un “golpe político” orquestada por parte de los partidos conservadores, que dominan en el Congreso.
La campaña contra Rousseff fue encabezada por Eduardo Cunha, el entonces líder de la Cámara de Diputados. El legislador renunció en septiembre de 2016 bajo acusaciones de que había escondido 40 millones de dólares de providencia ilícita en cuentas bancarias secretas.  Cunha, quien fue arrestado el siguiente mes, es uno de docenas de políticos brasileños—de ambos lados del espectro político—señalados en conexión con el mayor escándalo de corrupción en la historia del país. Para marzo de este año, la investigación sobre lavado de dinero, conocido popularmente como el Lava Jato (lava coches), tenía en la mira a 170 políticos, según el diario El País.
Sin embargo, hay más en juego que el acceso a las vastas finanzas públicas. Detrás de la lucha política están visiones del país radicalmente opuestas. Con Temer, Brasil ha dado un giro decisivo hacia la derecha en materia económica y social, con políticas que parecen tomadas directo del gobierno de Donald Trump. El mandatario brasileño busca reducir impuestos para los sectores más ricos y las empresas, mientras desmantela programas sociales “asistencialistas”. Como parte de la segunda estrategia, el gobierno ya dio de baja a 5 millones de beneficiarios del programa Bolsa Familia, lo que representa un ahorro gubernamental de 350 millones de dólares.
El impacto de las medidas de austeridad en el campo educativo también ha sido mayúsculo. Según Silva, el Ministerio de Educación y Cultura espera recibir 3 mil millones de dólares menos de lo presupuestado en el Plan Nacional de Educación. Tales recortes llegan en un momento en que algunas de las universidades más importantes del país se encuentran en números rojos—incluyendo la Universidad de São Paulo, la Universidad Estatal de Campinas y la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Según Silva, esta última enfrenta una deuda de 80 millones de dólares.
Como resultado, algunas universidades públicas están debatiendo si cobrar aranceles a estudiantes ricos o en cursos profesionalizantes. Tales propuestas tienen el respaldo del Ministro de Educación de Temer, Jose Medonça Filho, quien sugirió el año pasado de que se cobrara para las maestrías profesionales y los cursos de extensión. Las declaraciones desataron fuertes críticas, debido a la larga historia de gratuidad en la educación superior pública del país.
A su vez, la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo anunció en enero que reduciría la proporción de impuestos que canaliza al consejo estatal de investigación (conocido como FAPESP, por sus siglas en portugués), de 1 por ciento a 0.89 por ciento. Según los críticos, el cambio a la constitución estatal de 1989 pondría en entredicho el papel del estado como el líder indiscutible en investigación científica a nivel latinoamericano.
Por último, una reforma a la Ley de Educación de 1996, que está siendo discutida en el Congreso, establecería sistemas paralelos de educación media superior: uno de corte técnico y orientado al mercado de trabajo y otro como preparación para la educación superior. Aunque la ley previene que los estudiantes escojan en cuál sistema inscribirse, en la práctica, se generaría dos caminos diferenciados según la clase social.
Para Silva, tales propuestas marcan una ruptura en las políticas de combate a la desigualdad en el país. Según el funcionario universitario, “causa espanto cuando un gobierno interino, sin mandato popular, busca implementar políticas diametralmente opuestas. Es un retroceso en todo lo que fue logrado desde 1990”.
Ante la actual crisis política y social en el país, el futuro de la agenda de Temer pinta incierto. El presidente ha insistido en que no se demitirá, a pesar de las series acusaciones en su contra y una confrontación social cada vez más violenta. Finalmente, cualquier que sea el desenlace de la crisis, el daño ya está hecho. El sueño brasileño ya se desplomó.

Marion Lloyd

Académica y periodista

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