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Política, delito y autonomía Destacado

En contra de lo que podríamos pensar, la realidad no se oculta, somos nosotros los que la negamos
Jean-Francois Gayraud

Aunque indignante, la violencia y el tráfico de drogas en los campus universitarios no son una novedad. Es un fenómeno que afecta a muchas universidades del mundo.
Esta premisa no busca evadir los casos concretos que con frecuencia conmocionan a las instituciones de educación media y superior del país, principalmente, sino enfatizar que el problema atañe a las comunidades educativas pero también al Estado y a la sociedad, por todas las implicaciones que entraña que el narcotráfico y la violencia estén amenazando de forma creciente la vida escolar.


Organizados en cuadrillas, los abastecedores de alcohol y drogas son vistos en territorios inaccesibles a la policía, a la caza de sus presas, los estudiantes.
Los incidentes trágicos por este motivo y la impunidad ostentosa de quienes los provocan, han prendido los focos de alarma en las instituciones educativas.
La criminalidad es una de las más graves amenazas que padece el mundo de hoy y México está atrapado en el error del gobierno de Felipe Calderón de haber iniciado la guerra contra el narcotráfico sin conocer el terreno e ignorando el nivel de profundidad del fenómeno en el tejido social.
Ni imaginamos nunca la forma en que esta guerra iba a evolucionar, ni mucho menos en lo que México se iba a convertir.
No es, por lo mismo, un asunto al que se le conozcan caminos sencillos y empíricamente satisfactorios.
Aquí el tema es que cuando se trata de enfrentar a grupos violentos, como los narcomenudistas, dentro de una universidad pública y autónoma, por fuerza hay que considerar que el problema añade otras variables que le dan a este verdadero cáncer social un carácter único.
Todos sabemos que la susceptibilidad y el rechazo de las comunidades académicas, —resentidas por la represión contra los movimientos democráticos estudiantiles y magisteriales de las década de los 60 y 70— a la presencia de fuerzas policíacas en sus campus, ha sido una limitante para frenar a diferentes grupos que delinquen, medran y hasta mercantilizan la política estudiantil sirviendo a intereses ajenos a la institución o presionando a través de tomas o plantones para satisfacer los propios, generalmente económicos.
Así, los delincuentes, al amparo de la impunidad que les ofrece la autonomía y la valla de protección involuntaria que levanta la misma comunidad, han escalado en “cantidad y calidad” sus acciones de tal manera, que no sólo en las universidades autónomas sino en el ámbito de la educación, en la escuelas públicas y privadas, se configura un tema de salud pública y de seguridad, pero también de orden educativo y social que en este momento es de suma gravedad.
Empeora la situación el hecho de que las agresiones físicas, los robos y hasta los asesinatos se han incrementado en varias universidades y preparatorias del país, los cuales son señales inequívocas de que la delincuencia podría llegar a descomponer las bases de sustentación de la vida educativa de estas casas de estudio.
En consecuencia, el problema exige que sea examinado estructuralmente y desde una perspectiva académica. No es un tema que prescinde del rigor analítico científico. Al contrario. Tal vez sea tiempo de cuestionar la educación misma que se imparte a la luz de sus carencias pedagógicas y ante la evidente ineficacia de la enseñanza de los valores, desgastados por la retórica y la trivialidad de muchos profesores, que consideran que transmitirlos a los estudiantes es una pérdida de tiempo.    
No puede la Universidad como institución ni sus autoridades convertir cada caso, cada agresión contra uno de sus miembros en una refriega mediática y en un mero desahogo condenatorio y culpabilizador de parte de la autoridad universitaria o educativa contra los aparatos de seguridad. Hay que denunciar el hecho, sí, pero ahondar con ojo científico en la problemática que le afecta su funcionamiento. ¿No vale considerar ahora, en un análisis de los especialistas y vaya que los hay en la UNAM, por ejemplo, el efecto que ha producido en el incremento de la delincuencia en Ciudad Universitaria, la larga ocupación del Justo Sierra?
No es recriminación contra nadie, pero en varias universidades la tolerancia de las autoridades a grupos que de diversas formas medran dentro de las casas de estudio, han debilitado la vida institucional, lo cual hace suponer a los delincuentes que pueden asaltar a los alumnos, robar computadoras, aparatos de aire acondicionado, o vender drogas sin riesgo alguno de ser detenidos.
La exigencia al gobierno federal, al de la Ciudad de México o a los gobiernos estatales, debe complementarse con el auxilio intelectual y académico de las propias universidades, de las autoridades universitarias que disponen de recursos humanos perfectamente capacitados para hacer un diagnóstico y plantear soluciones que permitan garantizar que estudiantes, profesores, investigadores vivan plenamente su derecho de pensar, de aprender, de crear, de ejercer la crítica en un ambiente de libertad y seguridad.  

Jorge Medina Viedas

Modificado por última vez enJueves, 29 Junio 2017 00:51
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