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Educación superior: El mapa y el territorio Destacado

El inminente inicio de las campañas electorales del 2018 en nuestro país significa la vuelta al primer plano de una etapa de rituales que culminará, si todo sale bien, en la elección de un nuevo presidente y quizá de un nuevo oficialismo político a partir del 1 de diciembre del próximo año. En esa  movilización rutinaria  de partidos, grupos políticos formales y fácticos, medios y ciudadanos, organizaciones sociales y militantes de las más diversas causas, se configurarán agendas,  se promoverán intereses, se prometerán ilusiones y se ofrecerán compromisos sobre (casi) cualquier cosa. Las ocurrencias y los arrebatos retóricos, la demagogia y los buenos deseos, las inefables estupideces y, quizá, algunas ideas interesantes, se constituirán como el ruido de fondo de campañas de partidos y candidatos.  La educación en general, y la superior en particular, se constituirán como arenas de debate que perfilarán propuestas y programas para el período 2018-2024.


En el campo universitario los posicionamientos políticos han comenzado a ser públicos desde hace algunos meses. Como ha sucedido en los últimos  cinco procesos electorales presidenciales (desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, pasando por las campañas de Zedillo, Fox y Calderón), las universidades por su propia cuenta o a través de sus organizaciones representativas (ANUIES, Fimpes) han organizado foros para externar propuestas, ideas, reflexiones. En un territorio extenso y accidentado poblado por casi 4 mil instituciones que albergan a más de 7 mil establecimientos públicos y privados, universitarios y no universitarios, habitados cotidianamente por más de 4 millones de estudiantes y 365 mil profesores, en donde se ofrecen casi 7 mil 500 programas de licenciatura y posgrado, es indispensable el uso de mapas y brújulas para identificar tensiones, dilemas, problemas y posibles alternativas de solución.
Ideas dominantes, usos y costumbres, rutinas y estructuras más o menos estables caracterizan la vida cotidiana de los distintos territorios de la educación superior mexicana contemporánea. La disputa por los liderazgos políticos que se avecina permitirá eventualmente fijar los términos del debate sobre el tema, generalmente construido sobre mapas imaginarios formados por una mezcla complicada de datos, experiencias, creencias e ideologías. Después de todo, es probable que justamente por esta mezcla de impurezas, los mapas suelan ser más interesantes que el territorio (Michel Houellebecq dixit).
Las coordenadas básicas del ejercicio tienen que ver con la identificación de cuatro puntos cardinales: financiamiento, gobierno, autonomía y calidad.  Ellos forman el mínimo irreductible de los asuntos críticos que configuran el mapa de las decisiones y posiciones políticas y de  políticas que suelen dominar el debate, las discusiones y los intereses de los actores que protagonizan las prácticas cotidianas de la vida universitaria mexicana. Por supuesto, hay temas cruciales que también habría que considerar en el mapa, como son la cobertura, la equidad en el acceso, la rendición de cuentas, la organización del curriculum, las condiciones del profesorado universitario, la investigación y el posgrado, o la normatividad. Sin embargo, esos serían puntos “geográficos” de referencia territorial del mapa, no sus puntos cardinales de orientación.

Politicas a corto plazo
Financiamiento. Todos los actores prácticamente coinciden que señalar que el financiamiento a la educación superior es irregular, insuficiente y cuya principal ausencia es que no tiene una perspectiva de largo plazo. Las universidades públicas y la ANUIES han insistido desde hace muchos años en que es necesaria una “política de Estado” en el tema del financiamiento público, una política “sustentable”, “transexenal” y “plurianual”, que se sostenga a pesar de las crisis y vaivenes de la disponibilidad presupuestal y de los ritmos de crecimiento del  PIB, de la macroeconomía y otras “externalidades”. Las IES privadas, por su parte, reclaman mayores libertades para fijar sus costos de matrícula y facilidades fiscales para ofrecer sus servicios, en un mercado que tiene muchos nichos de oferta y demanda, algunos consolidados, otros por descubrir. En este punto del mapa hay más intereses y buenos deseos que propuestas de realismo político, que implican decisiones y acciones que siempre afectan a alguna parte de los intereses involucrados.
La experiencia de los últimos sexenios muestra que, salvo períodos específicos, el tema del financiamiento público ha sido rutinario, sin cambios estratégicos y  obsesionado con la lógica del financiamiento extraordinario ligado a  recompensas y castigos al desempeño institucional (paradójicamente una lógica extraordinaria que, con la fuerza de los usos y costumbres burocráticas sexenales, ya forma parte de los cálculos ordinarios de las instituciones). La expansión de la oferta privada ha ocurrido también en un contexto de opacidad fiscal y baja regulación pública, lo que implica que se conoce muy poco el monto y comportamiento de los financiamientos privados en la educación superior mexicana.
Pero el tema del financiamiento tiene que ser contextualizado en el marco más amplio de los temas del gobierno, la autonomía y la calidad de la educación superior. Para decirlo en breve, esos temas se pueden sintetizar en tres grandes afirmaciones generales: a) padecemos un déficit de gobierno que significa también un déficit de autoridad en el campo de la educación superior; b) la autonomía universitaria se encuentra sujeta desde más de dos décadas a un paradigma de políticas basado en la evaluación y la rendición de cuentas, que se traduce en un conservadurismo institucional persistente; y c) la calidad institucional de la educación superior es un campo ambiguo y contradictorio que mezcla retóricas difusas y prácticas confusas. A estos tres puntos del mapa dedicaremos la próxima colaboración.

Adrián Acosta Silva
Investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara.

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