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México está situado en los últimos lugares respecto de las acciones afirmativas dirigidas a los pueblos negros, afirmó Heladio Reyes Cruz, coordinador técnico de la organización Ecosta Yutu Cuii, promotora del desarrollo y la conservación de la Costa de Oaxaca.
Durante su participación en el II Foro por el reconocimiento constitucional y el desarrollo de los pueblos afromexicanos refirió que aunque el gobierno federal firmó en 1947 distintos acuerdos internacionales relacionados con las garantías de no discriminación y los derechos al territorio, los resultados son aún endebles.


El trabajo de las comisiones nacionales para Prevenir la Discriminación y para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en aras de generar datos sobre esos pueblos y lograr su reconocimiento en las leyes supremas de Guerrero y Oaxaca hace parecer que “estamos bien comprometidos y que somos impulsores” de las causas que defiende ese segmento de la sociedad mexicana, pero falta mucho por hacer.
En el encuentro organizado por el Programa de Vinculación y Desarrollo Comunitario de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el líder comunitario expuso que en la costa oaxaqueña hay al menos 15 –municipios –de los 33 que comprende todo el estado– con población negra, por lo que las autoridades locales pertenecen a ese grupo demográfico y, por lo tanto, “tienen la responsabilidad de entender” las problemáticas que les atañen.
Hay localidades integradas casi en su totalidad por afrodescendientes y en algunas los habitantes se dividen en negros, mestizos e indígenas, gobernados todos por alcaldes que “deben asumir la responsabilidad de apoyar el movimiento negro”, pues no son el tercero sino el primer nivel de autoridad.
“Es al que los ciudadanos van a solicitar el servicio de agua, dinero para construir el jardín de niños y hasta ayuda porque se enfermó la abuelita”, comentó.
Constantino García Cisneros, munícipe de Cuajinicuilapa, Guerrero –en los límites entre esa entidad y Oaxaca y cuya población es mayoritariamente afrodescendiente– resaltó los logros constitucionales “al incluir de manera oficial a los pueblos negros en Oaxaca y Guerrero, pero no basta con que estemos reconocidos desde el artículo octavo hasta el 14 en nuestra Constitución, pues tienen que continuar el trabajo y el proceso legislativo”, porque no se tienen todavía las leyes reglamentarias respectivas.
Sin la reglamentación secundaria de los artículos que hablan de los derechos de los pueblos indígenas afromexicanos, “simplemente no habremos de tener las políticas públicas del gobierno indispensables: programas y acciones determinados y definidos para poder impulsar, tanto a los pueblos indígenas como a los afromexicanos”.

Redacción Campus

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