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Una anodina política de admisión Destacado

La universidad no puede ser un “canal de movilidad social” a costa de su calidad. La universidad no puede ser un “canal de movilidad social” a costa de su calidad. Especial

La acostumbrada protesta por los llamados “rechazados”, es-
te verano tomó cierto impulso cuando la  UNAM reconoció que hubo un error en los resultados de los 11 mil 51 aspirantes  a ingresar a su bachillerato, por lo que se comprometió a revisar y asignar lugares a quienes alcanzaran el puntaje requerido.


Y dicho y hecho, “los especialistas (de la UNAM) detectaron un desfase entre algunas de las plantillas de preguntas y las hojas de respuestas”, y a más de tres mil estudiantes y otros tantos padres de familia les volvió el alma al cuerpo al recibir su carta de aceptación, después de que algunos ya enarbolaban públicamente sus certificados de secundaria con promedios arriba de 9, indignados por el error evidente.
Pero el factor tecnológico, el “desfase” ocurrido con los aspirantes a la UNAM, puede pasarse por alto; diríamos que es una nimiedad si pensamos en la compleja dimensión que adquiere la política pública en materia de ingreso a la educación superior, cuya deriva experimentada durante años  son una serie de presiones y protestas, que sin llegar a ser —hasta ahora— de una resonancia mayor, revelan una falla en el sistema educativo y una serie de distorsiones sobre las implicaciones y la naturaleza del examen de admisión.

Exámenes de admisión, ¿para qué?
En primer lugar, se tiende a pensar que esta prueba es como una malla que las autoridades educativas tienen preparada para seleccionar con un sentido clasista y discriminatorio.
Asimismo,  es  visto —y tácitamente aceptado por las propias autoridades educativas—como una injusticia estructural de este sistema, el cual es acusado de  hacer poco por evitar que haya “rechazados”, éste último, por cierto, un sustantivo que a la vez es un adjetivo que los victimiza a priori, y por lo cual han de recibir todo tipo de consideraciones de parte de sus presuntos victimarios y de ciertos medios que no se detienen a investigar el mar de fondo que hay en este proceso, no del examen, que ya sería demasiado, sino de los agentes movilizadores de la protesta.
Con ello se busca establecer en la opinión pública que “los rechazados” son un problema organizado por el gobierno que se opone al ingreso de los estudiantes a la educación media y superior. Esta es una acusación absurda pero hay quienes la sostienen dogmáticamente, y en el batiburrillo que todo esto causa, se justifica como una de las principales bases de su protesta.
Es, por supuesto, un argumento carente de sentido: sólo un gobierno que quiera auto inmolarse se atrevería a fijarse como uno de sus objetivos impedir que sus jóvenes estén en las aulas.
Asimismo, en cada coyuntura del examen, son frecuentes los sofismas y las actitudes irracionales. Ahora, con el “desfase” en la UNAM, los grupos y los cabecillas de siempre, (con sus mismos socios mediáticos) se han aprovechado para negociar más plazas para “los rechazados”, e incluso, dándose el lujo de inventar necias teorías acerca del “examen estandarizado”.
Ya encaminados, los agentes negociadores del examen, obligaron a la autoridades educativas del área metropolitana, a compartir aseveraciones demagógicas, falsas o al menos discutibles, como por ejemplo que estos exámenes de admisión “no son instrumentos orientados a determinar la aprobación o reprobación, por lo que de sus resultados no se puede concluir que los jóvenes que no consiguieron un lugar ha sido descalificados”.  
¿Entonces qué son los exámenes? ¿Para qué sirven? ¿Son un mero protocolo? ¿Una simulación? No, de seguro; hay mucha experiencia en estos procesos; pero con estas abdicaciones de la autoridad se retrocede académicamente y, de algún modo, dejamos la puerta abierta  a la incuria y a la corrupción.  

Hablar con la verdad
No es una característica dominante de nuestra vida pública que los actores, sean funcionarios o líderes políticos de cualquier rango y alrededor de cualquier tema conflictivo, hablen con la verdad y se atrevan a discutir cara a cara y en forma civilizada sus argumentos.
En el caso de los exámenes de admisión, sin negar que hay un problema de capacidad instalada en las instituciones o falta de inversión pública, lo que no se quiere ventilar públicamente —por parte del gobierno y de las autoridades universitarias— es que no todos los que presentan el examen de admisión, al margen del nivel social al que pertenecen, están preparados para ingresar a la educación superior. No es vocacional ni educativamente posible. No todos tienen las mismas capacidades ni las han cultivado como para estudiar una carrera universitaria. Y para eso, para hacer válidos estos y otros argumentos, es necesario hablar con la verdad, dar datos concretos y argumentar frente a quienes no solamente llevan la delantera en la opinión pública, sino que con arbitrariedad y soberbia presionan para que las instituciones cedan plazas a “los rechazados”, muchos de los cuales no tuvieron el puntaje exigido por la normatividad académica.
Habrá que decir abiertamente —y actuar en consecuencia— que  la universidad no puede ser únicamente “canal de movilidad social” sino prioritariamente, ha de ser una institución de alta calidad científica, respaldada por académicos que garanticen que los egresados sean profesionales confiables y capaces; y al mismo tiempo, ha de contar con profesores éticamente responsables, que no sean alcahuetes de estudiantes que llegan a sus aulas como resultado de un alegato mentiroso como el  mencionado arriba, o a resultas de la presión y de las marrullerías de los  “líderes” sempiternos del maniqueísmo del examen de admisión.  
Si se siguen avalando mecanismos nefandos para que ingresen quienes no tienen la preparación suficiente, va a pasar en nuestras grandes universidades lo que sucedió en la Hungría de la Segunda Guerra: los húngaros —avalados en la superioridad alemana— crearon una élite, los vitéz, que según relata Sandor Marai, era una especie de aristocracia que se hizo de todos los privilegios, imponiendo el favoritismo en las universidades, incluso en los exámenes, a tal grado que el título universitario perdió toda credibilidad.
Lo que sucedió en realidad, cuenta Marai, es que “un paciente aquejado de dolor de muelas se lo pensaba dos veces antes de acudir a un dentista que fuera vitéz, porque se temía que ese sabio con enchufe en la universidad, no había aprendido la ciencia de la odontología como Dios manda…”.
Como lo narrado por Marai, tiene absoluta vigencia lo que contaba el eminente Doctor José Laguna García siendo director de la Facultad de Medicina de la UNAM, una vez que tuvo que admitir a cientos de estudiantes de primer ingreso a la Facultad, como resultado de la presión de los grupos políticos. El doctor Laguna decía con pesar que algunos de esos jóvenes carecían de las aptitudes educativas necesarias para ejercer la venerable y exigente profesión de médico.
Pues por ahí, en alguno de los hospitales o consultorios a los que usted acude, no dude que algunos de los que fueron admitidos en alguna universidad bajo las formas anómalas mencionadas como, el influyentismo o  el chantaje político, son los responsables de las dispraxis frecuentes de las que son víctimas cientos, miles de pacientes en nuestro país. O sea, uno de estos “rechazados”, pueden estar prescribiendo una cirugía urgente de vesícula confundiendo su diagnóstico con una apendicitis.
Todo esto que ocurre en las universidades hoy en día en el México de la educación superior, puede ser consecuencia de una política de admisión dubitativa y endeble, expresión a su vez de nuestras deformaciones sociales y colectivas

Jorge Medina Viedas

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