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Jubilaciones y pensiones: el lado frágil de la negociación presupuestal Destacado

Jubilaciones y pensiones: el lado frágil de la negociación presupuestal Cuartoscuro

Los sistemas de pensiones y jubilaciones de las universidades públicas del país las agobian, las asfixian financieramente y amenazan con colocarlas en una posición de inviabilidad económica.
Aunque en los últimos años han logrado reformas a los esquemas de prestaciones, que han privilegiado a los sindicatos tanto de académicos como de trabajadores administrativos, el endeudamiento no cede.
Tanto que apenas hace unos meses un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestal (CIEP) advierte que la situación es insostenible para 14 de 34 instituciones de educación superior pública.
A las puertas de la que será la última negociación con la actual legislatura, los rectores apuestan a que la prioridad presupuestal para la educación superior apunta solamente a garantizar el pago del incremento salarial que año con año absorbe gran parte de los recursos, así como a garantizar la operación de las áreas administrativas de las casas de estudio.
El tema de las jubilaciones, como ha sido en los últimos dos años, enfrenta limitaciones que las deja de lado, así como el reconocimiento a la plantilla docente no regularizada y los recursos para investigación e innovación.
Saben los rectores que el pago de pensiones y jubilaciones ha logrado mejorar en alguna medida los pasivos, pero mucho ha dependido de la asignación de recursos adicionales a concurso que poco a poco cuesta más trabajo garantizar.
Y más ahora que las autoridades educativas apuntan hacia un esquema de financiamiento que descanse en una mayor recaudación a nivel estatal para que sean los estados quienes asignen dinero a las universidades públicas del país para que enfrenten estos pendientes.
Las pensiones y jubilaciones serán uno de los puntos finos en la siguiente negociación y de ello dependerá en gran medida que las instituciones de educación superior, hoy a punto del colapso, tengan margen de maniobra en el corto y mediano plazo.
Mucho se ha  invertido en los últimos años para sanear a las universidades públicas y la tendencia puede resultar favorable, pero interrumpir esa política podría ser una bomba de tiempo que haga inviable la vida académica e institucional de las universidades públicas estatales del país.

Complicaciones en puerta
Para Blas José Flores Dávila, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), la crisis pensionaria en esa institución podría tardar hasta ocho años en resolverse debido a que enfrenta un severo déficit financiero.
Explicó que no se trata ni se debe ver como una crisis de corto plazo, sino que se trata de un problema que ha comenzado a tocar fondo desde hace varios años.
El problema, argumenta el rector de la UAdeC, es que en los próximos años el asunto tiende a agudizarse debido a que habrá un mayor número de jubilados y pensionados por lo que las contribuciones no serán suficientes.
 “Son años críticos en los que hay que tener mucha prudencia en los que debemos tener un equilibrio en las escuelas y en la pensión”, apunta.
Y es que la UAdeC es una de las 14 instituciones de educación superior que enfrentan este déficit en las peores condiciones financieras.
Además de la UAdeC, las universidades en crisis están las de Guanajuato, Chiapas, Zacatecas, Guerrero, Baja California, Yucatán, Coahuila, Del Carmen, Nuevo León, Michoacana de San Nicolás Hidalgo, Morelos, Nayarit, así como el Instituto Tecnológico de Sonora.
Sobre esto, el rector señala que de entrada se debe concretar una correcta operación del fondo de pensiones porque vienen los años más complejos para la institución.
Y aunque la UAdeC ha cumplido con el pago de todas las prestaciones que se incluyen en la pensión, los fondos son insuficientes, por lo que los recursos concursables que abre la Cámara de Diputados deben seguir siendo un respaldo para las instituciones de educación superior del país.
‘’Insistiremos en la necesidad de tener ese fondo en la Comisión de Educación, como con las autoridades hacendarias’’, adelanta Flores Dávila.
Flores Dávila recuerda que tan solo en 2016 el ajuste presupuestario para el saneamiento de pensiones tuvo un impacto a la baja.
Y el problema apremia, ya que tan solo hasta 2014, el déficit generado por las pensiones de 34 universidades públicas equivale al 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y representa tres veces más del presupuesto asignado para la educación superior en 2017.
Para Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), las medidas para enfrentar este rezago económico deben ser radicales y creativas para lograr un efecto muy sólido.
Detalla que algunas de las propuestas que se deben analizar con seriedad y adecuarse a las necesidades y características de las universidades públicas del país es aumentar el número de años de servicio profesional, aumentar el salario regulador y las aportaciones de los trabajadores universitarios.
“Se trata de llegar a un acuerdo, a un punto de partida para buscar el mejor esquema para el funcionamiento de la universidad y ponerlo a consideración de la comunidad universitaria, incluidos sindicatos”, expresa.
Serba González puntualiza que los representantes sindicales deben ser mucho más sensibles en el tema, y deben aportar sus puntos de vista y propuestas para lograr el mejor de los consensos.
 “Hemos dado pasos importantes después de construir a través de foros, opiniones, reflexiones y estudios una propuesta de fortalecimiento, ahora falta la discusión y la aprobación de todos los sectores, comenta.
Otra de las atenuantes, dice el rector de la UMSNH, es determinar si los nuevos acuerdos se aplicarán en las futuras generaciones de jubilados, y por ende se respeten los derechos adquiridos por los jubilados y trabajadores en activo.
Porque el asunto en la UMSNH es también de llamar la atención debido al déficit de más de 200 millones de pesos.
“Debemos estar conscientes que se trata de un problema que nos afecta a todas las comunidades universitarias y en esa medida debemos aportar todos para enriquecer las propuestas.

Alternativas viables

El caso de la Universidad de Guanajuato (UGto) es otro de los feudos académicos donde los focos rojos se han encendido en torno al endeudamiento por los actuales sistemas de pensiones y jubilaciones.
De acuerdo con los datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestal (CIEP), esta institución es inviable financieramente desde 2013, una situación que comparte con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).
Debido a este escenario, los diputados aprobaron un fondo por mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2002, en apoyo a las Universidades Públicas Estatales para la realización de proyectos tendientes a solucionar esta problemática.
Desde entonces, esta iniciativa impulsada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), obligó de alguna manera al gobierno federal a asignar  recursos extraordinarios a estas instituciones, con el objetivo de incidir en la solución de los problemas estructurales de carácter financiero.
Recursos que desde su inicio se etiquetaron y se les denominó como ‘Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las UPES’, para que las instituciones puedan pagar sus pasivos laborales
Sobre esto, Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato (UGto), afirma que estos recursos deben estar siempre por encima de cualquier diferencia sindical.
Se trata, comenta, de un tema de trascendencia para toda la comunidad universitaria, para las presentes y futuras generaciones.
“Este es un tema que trasciende cualquier diferencia de una asociación sindical, es un tema que atañe a la comunidad universitaria, más allá de cualquier diferencia, nosotros estamos mucho más allá que eso”, dice Guerrero Agripino.
Se tiene que conformar, añade, un fondo de pensiones y después generar un esquema que administre el mismo, y al final revisar la figura jurídica que sea la más pertinente.
Pero un fondo, apunta, que no sea administrado unilateralmente, sino que tenga la participación de las asociaciones sindicales, así como la injerencia de las autoridades universitarias.
“En cuanto a los montos de aportación que se plantean, se tiene que generar la mejor propuesta que haga sostenible el problema estructural que se ha venido evidenciando” dice el rector de la UGto.
Y es que, reconoce Guerrero Agripino, en la medida que transcurra el tiempo y no se tomen medidas, todo será en detrimento del problema estructural que tienen las universidades públicas del país.
Por su parte, el rector de la Universidad de Sonora (Unison), Enrique Velázquez Contreras, señala que el tema de las pensiones y jubilaciones es uno de los pendientes que no han podido superar las instituciones de educación superior del país.
Explicó que una salida concreta al problema se ha complicado siempre porque se trata de gestiones directas con los sindicatos que en muchas ocasiones, tanto trabajadores académicos como administrativos, ponen de por medio sus intereses gremiales.
“Desde ahora es momento de gestionar ante la Federación y el estado, que se ofrezca un presupuesto que ayude el próximo año a atender este tipo de demandas; implica recursos tanto para el trabajador, donde tenemos que aportar mayor porcentaje de nuestro salario, pero implica también que la Universidad aporte más”, expresa.
Y romper, como considera el rector de la Unison, esa dinámica salarial que las ha dejado muy lejos de solventar por sí mismas las demandas salariales de los millones de sindicalizados.
Y más ahora, cuando la batalla por el presupuesto para la educación superior , dice Velázquez Contreras, para estar en otras prioridades y eso las pone en una situación mucho más desventajosa y a punto de la inviabilidad financiera.


Posibilidades netas
Para Francisco Javier Avelar González, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), el fondo de Pensiones y Jubilaciones de la institución tiene suficiencia financiera para los próximos 20 años, por lo que están garantizadas las prerrogativas laborales.
Y es que, aunque el número de extrabajadores es creciente, la viabilidad del fondo permite a la institución contar con tiempo suficiente para buscar los mecanismos que ayuden a fortalecerlo, y así evitar un déficit a partir del año 2037.
“Tenemos un fondo de pensiones y jubilaciones que se alimentaron de las aportaciones de los propios trabajadores, el 10 por ciento de su salario base va al Fondo de Pensiones y Jubilaciones”, explica el rector de la UAA.
Además, comenta,  la universidad se obliga a poner 1. 5 pesos por cada peso que pone cada trabajador, más aportaciones especiales federales de fondos concursables.
En principio, se tenía la proyección de que el fondo soportaría cerca de 15 años, pero  se incrementó su viabilidad.
“Nuestros salarios son relativamente bajos en un contexto de las universidades públicas estatales, nuestra jubilación en sí es muy buena porque garantiza la misma percepción que estando en activo.  Es decir, la pensión que da el Seguro Social, la Universidad la complementa de tal forma que el salario base sea el mismo”, explica.
Y aunque, como lo detalla el rector de la UAA, se dejan de recibir algunas prestaciones propias de la actividad, a cambio no se pagan impuestos.
Un esquema, plantea Avelar González, que cuando menos les ha permitido no caer en el déficit financiero que ya afecta directamente a otras instituciones de enseñanza superior.
En ese sentido, José Manuel Piña Gutiérrez, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) subraya que con la implementación de un nuevo régimen de pensiones y jubilaciones, la institución ha dado garantías a sus académicos y administrativos.
Por eso, debe ser prioridad en las universidades públicas proponer reformas estructurales que permitan hacer frente a los pasivos en pensiones y jubilaciones.
 “La reforma al sistema de pensiones de la UJAT implica ahorros en los flujos de egresos, por lo que disminuyen los déficits actuariales, dando certeza a los empleados de una pensión digna y segura”, precisa.
Y en ese esquema, es parte fundamental que los recursos financieros se manejen con transparencia, como en el caso de la UJAT, a través de un fondo de pensiones.
Esto, para incentivar la estabilidad económica de la institución y crear certidumbre en la fuente de empleo.
“La UJAT paga un bono de permanencia a los trabajadores académicos y administrativos de confianza, que por incorporación de la edad biológica deciden permanecer de manera voluntaria como trabajadores activos de la generación en transición”, explica.
Piña Gutiérrez asevera que con la implementación de este modelo, se ha privilegiado también, el sentido de solidaridad social que caracteriza a la UJAT.
Sin embargo, reconoce el rector de la UJAT, el problema de las pensiones y jubilaciones de las universidades públicas, está lejos de resolverse si se interrumpe la inversión que se ha venido ejerciendo en los últimos años.
“Estoy consciente de que se requieren reformas de segunda generación al sistema de pensiones, fundamentalmente para los trabajadores administrativos sindicalizados y para la generación en transición de trabajadores académicos y administrativos de confianza”, apunta.
Sólo de este modo se podrá, argumenta, modificar esa proyección que ahora deja al menos a 14 de las 34 universidades públicas estatales sin fondos para pagar pensiones de sus extrabajadores.

Carlos Reyes

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