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¿Fraude en las universidades? Destacado

¿Fraude en las universidades?

Un portal noticioso, Animal Político, dio a conocer una investigación periodística sobre lo que llamó el fraude maestro o el fraude del sexenio: graduados en desaparecer dinero público. Para cometer dicho fraude varias secretarías y otras dependencias del gobierno federal utilizaron a 8 universidades, entre las que destacan la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor).
En este esquema, las universidades subcontrataron a 128 empresas fantasma. Por estos servicios, cada universidad cobró su comisión. Las ocho recibieron algo más de mil millones de pesos. En la investigación se revisaron las cuentas públicas de 2013 y 2014 y se encontraron contratos ilegales por más de 7mil 670 millones de pesos, de los cuales 3 mil 433 millones no se sabe dónde fueron a parar, al igual que las comisiones que cobraron los administradores universitarios.


Hace unos días, la Editora General de Animal Político, fue entrevistada sobre el tema del fraude por la televisora alemana DW. El Financiero TV entrevistó a una periodista de Animal Político y a una persona representante de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, copartícipe de la investigación. En ambas entrevistas se hizo mención a las universidades, en términos generales. Se quedó en la atmósfera que todas las universidades tienen comportamientos semejantes.  Soltar que la corrupción llegó a las universidades públicas, así nada más, resta confiabilidad a las instituciones, cuando en verdad, la gran mayoría, ha acrecentado su prestigio y mantenido su dignidad.  
Las universidades no son las que se prestaron al fraude, sino sus funcionarios. Son personas concretas las que estuvieron involucradas y con su actuación han permitido que sus universidades queden en entredicho, lo cual es inadmisible, porque al menos las del estado de México y Morelos, tienen profesores y estudiantes comprometidos, dedicados y plenamente reconocidos por la academia.
Los directivos universitarios involucrados en el fraude han hecho un mal uso de la autonomía y del carácter público de sus instituciones, y eso se está prestando para que se desate una campaña de medios contra el conjunto de universidades públicas. A mediados de los años ochenta del siglo pasado, ya hubo una andanada de los medios contra las universidades, y los universitarios, que terminó perjudicando la buena imagen social de nuestras instituciones.
En el portal de un medio en Jalisco se señala: “destapan fraude maestro entre dependencias y universidades”. En el mensaje no se especifica cuáles. Dar mensajes que debilitan a las universidades públicas significa debilitar al país; significa devaluar el trabajo que hacemos los universitarios, tan necesario para resolver los problemas que enfrentamos en México.
Lo ocurrido, por ahora, debe llevarnos a reflexionar seriamente sobre el problema de la acumulación de poder en las autoridades unipersonales, y el control que ejercen sobre los cuerpos colegiados en la estructura del gobierno universitario. La relación autoridades- órganos colegiados debería ser de equilibrio, pero éste se ha roto, en varios casos, y propicia conductas patrimoniales de los funcionarios y malas relaciones políticas con el gobierno y la sociedad. En las 8 universidades que intervinieron, los funcionarios coludidos no tuvieron contrapeso para detener su acción fraudulenta.
El desequilibrio permite que los académicos sean dejados de lado por la administración, desvirtuando los propósitos y principios institucionales. A las comunidades universitarias les toca arreglar este punto, en cada institución, sin interferencias externas. Al gobierno federal y al estatal les toca deslindar responsabilidades de los funcionarios que han cometido fraude y proceder en consecuencia.
Por otro lado, cabe aclarar que las universidades públicas requieren financiamiento complementario para realizar plenamente sus tareas. Los ingresos propios por la prestación de servicios docentes o de investigación, a personas, empresas o instituciones, deben continuar estimulándose.
En las universidades públicas, los ingresos extraordinarios están reglamentados, pero sería oportuno, de una vez, hacer una revisión de las normas ahora que se aplican auditorías del gobierno. En el terreno jurídico debe estar muy clara la sanción para quienes se comportan de manera fraudulenta. Todos los universitarios deben conocer de quiénes se pueden aceptar recursos, bajo qué condiciones, para qué, cómo se procesa su registro y seguimiento, y cuáles son los usos que se les pueden dar.  Por lo demás, es relevante que las universidades públicas sean fuente de conocimiento que beneficie a los sectores privado, público y social, con las debidas retribuciones económicas a las instituciones.
A los universitarios nos corresponde cuidar el espacio público y cuidar que no se pervierta mediante malos manejos administrativos de los funcionarios en las universidades. No podemos dar pretexto para que vengan a decir que en todas las universidades hay deficiencias en su conducción e ineficiencia en su manejo. Las universidades y los universitarios debemos dar ejemplo para que se reconozca y respete la esfera pública en la vida social del país.

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UNAM. Seminario de Educación Superior, IIS. Profesor de la FCPS.

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