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La reconstrucción y las universidades/ I Destacado

La colaboración más eficaz por parte de las universidades sea la que tiene que ver con el tema de vivienda. La colaboración más eficaz por parte de las universidades sea la que tiene que ver con el tema de vivienda. Especial

Cumplido el primer mes del inicio del septiembre negro de este 2017 sus efectos devastadores, con heridas aún abiertas, son enormes. En los territorios asolados por huracanes y sismos aún se atiende parcialmente la emergencia y ya han empezado acciones que van más allá de la superación de la misma, algunas reales y otras más con intención simbólica o de oportunismo político. La reconstrucción es el siguiente gran paso e implica dinero, organización y experiencia. Sobre esta última, las lecciones de los sismos de 1985 no fueron aprendidas y aplicadas a cabalidad, hasta ahora. En los pasados 30 días, la presencia e impulso oportunos de las fuerzas armadas, una mejor preparación en los tres órdenes de gobierno y las acciones más solidarias y organizadas de la sociedad civil fueron los signos dominantes en la adversidad; positivo sí, pero todavía incompleto y, con frecuencia, fuera de tiempo en las zonas afectadas, lo mismo urbanas que rurales. Para lo que viene, ese gran paso llamado reconstrucción, cabría la pregunta: ¿qué papel le corresponde jugar a las Instituciones de Educación Superior?


La parte de patrimonio público, en servicios (escuelas, hospitales, edificios y oficinas) e histórico (zonas arqueológicas, monumentos, iglesias) ya está contemplada en lo fundamental, en el recuento hecho en la reunión de gabinete para evaluar daños del 27 de septiembre, encabezada por el presidente Peña.  Falta, desde luego, que las cantidades correspondientes (27 mil millones de pesos) sean incorporadas en el todavía vigente presupuesto 2017 y el del próximo año, acontecimiento este último que debería darse, a más tardar, el 15 de noviembre. Aún en esos casos, y bajo el supuesto de que las cantidades mencionadas estén disponibles, será necesario que las IES coadyuven, con sus conocimientos, tecnología y experiencia, en lo que deberá ser un gran esfuerzo nacional. Ya lo hicieron 32 años atrás.
Posiblemente la colaboración más eficaz por parte de las universidades sea la que tiene que ver con el tema de vivienda, ya que diversas voces gubernamentales en la federación, pero también en los estados, están insistiendo en proceder con base en programas de autoconstrucción. Inclusive, se está ya repartiendo dinero (120 mil pesos por monedero electrónico a cargo de Bansefi, en uno de los programas más significativos o generosos), acción encomiable por su celeridad y atingencia, pero cuestionable en términos de anticipación a la eventual recurrencia de fenómenos sísmicos, los cuales se presentarán más temprano o más tarde, según advierten “los grupos de sismología e ingeniería  de la UNAM” (Rosaura Ruiz, “19 de septiembre de 2017: un desastre humano”, El Universal, 7 de noviembre).
Según notas de prensa, en la zona afectada, y con números aún preliminares, hay 150 mil viviendas dañadas, 52 mil con pérdida total. Atender todo este universo en programas de autoconstrucción, aún disponiendo de los recursos financieros correspondientes, es acudir a una solución “más costosa y peligrosa que la formal”, según opina Marco Tulio Mendoza de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Cierto que esta última, la de programas formales de construcción, se antoja imposible en el corto plazo; baste mencionar que en todo 2016 dichos programas produjeron 50 mil viviendas. Como dice Javier Delgado Campos, del Puec-Unam: “El temblor descubrió la insuficiencia de los mecanismos tradicionales (autoconstrucción) para producir vivienda”. Además, como también se argumenta, las cantidades hasta ahora visualizadas, o en vías de (120 mil pesos), sólo servirían para el 30 por ciento de una vivienda promedio (los datos anteriores se consignan en “¿Porqué la vivienda en México está mal construida?”, El Universal, 5 de octubre).
En conclusión: las 52 mil viviendas dañadas en su totalidad deberían ser atendidas en un programa que, conservando las líneas mínimas definidas, fuese asistido con la asesoría (diseño, construcción, supervisión) de las casas de estudio superiores, públicas y privadas (¿una tarea para la Anuies y Fimpes?) en estrecha colaboración con los organismos oficiales y el comité de reconstrucción correspondiente. En los casos restantes, 100 mil, notablemente referido a viviendas dispersas geográficamente, con heterogénea construcción, la asesoría seguiría siendo indispensable a fin de que el recurso financiero aplicado sirviese también para resguardar vidas y patrimonios. Todo ello ante un futuro fenómeno sísmico de gran intensidad que inexorablemente volverá a presentarse.  

Carlos Pallán Figueroa

Ex secretario general ejecutivo de la ANUIES

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